La JEP le ganó el pulso al uribismo

Contexto: Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia

Para la Corte Constitucional el Congreso de la República no tiene la competencia para establecer penas y sanciones diferentes a las que están establecidas en el Artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Por lo tanto, si el Congreso quiere establecer una pena diferente, por ejemplo, para los delitos sexuales contra menores, tendrían que introducir una reforma a la constitución para que estos delitos sean tratados por la justicia ordinaria y no por la transicional.

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Delitos sexuales en el marco del conflicto

Este es uno de los puntos más polémicos en la reglamentación de la JEP. La senadora Marizta Martínez del partido de la U propuso que la ley ordinaria juzgara los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes para que los victimarios no tuvieran la posibilidad de acceder a las penas alternativas de la ley Estatutaria para la paz.

Sobre el tema, la presidenta de la JEP explicó que si el delito sexual en contra de menores fue en el marco del conflicto, puede acceder a los beneficios de penas alternativas que ofrece la JEP, pero si este delito no tiene nada que ver con el conflicto entonces el caso pasa a ser juzgado por la justicia ordinaria.

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Por otro lado, el  magistrado Antonio Lizarazo explicó que en el modelo de justicia transicional, las sanciones no se imponen en relación con la naturaleza de los delitos, sino en cuanto al grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad, reparación de las víctimas y garantía de no repetición.

Extradición

Con la polémica viva por el caso de Jesús Santrich, el uribismo había propuesto que la JEP no pude decretar pruebas sobre delitos que están en proceso de extradición, a lo que Linares precisó que en los casos que aplique, “la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional son los que tienen la última palabra en materia de extradición”.

En resumen, la Corte ratificó el Artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 que establece una prohibición de extradición a los miembros de las FARC por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016 y una posibilidad de extradición para los delitos posteriores definidos por el mismo artículo, es decir que en el caso de demostrarse que los delitos se cometieron porsterior a la firma de los acuerdos de paz, se remitirá a la justicia ordinaria para que sean investigados en Colombia, sin exclur la posibilidad extradición.

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Sala especial para militares en la JEP

Una sala especial con nuevos magistrados con un proceso de juzgamiento especial y único era la propuesta del centro democrático en este punto. Aquí la corte tumbó por completo esta iniciativa y ratificó que los militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado deberán pasar por la JEP en las mismas instancias que los otros actores.

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Inhabilidades de magistrados de la JEP

En las modificaciones del Congreso se habían impuesto inhabilidades a la mayoría de los magistrados por haber participado como abogados en casos de derechos humanos, proceso judiciales relacionados con el conflicto armado y a quienes han demandado al estado.

Aquí nuevamente la Corte declaró que estas inhabilidades no eran ajustadas a la ley ya que el Congreso no puede poner requisitos adicionales a los que ya están establecidos en la Constitución.

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Participación en política

La Corte Constitucional determinó que a quienes se les aplique las sanciones propias podrán seguir teniendo la posibilidad de participar en cargos políticos, siempre y cuando la sanción no acarree privación de la libertad, con lo que la persona no perdería sus derechos políticos pero sí estaría inhabilitado para ocupar cualquier cargo público.

Cabe recordar en este caso los tipos de sanciones que establece la justicia transicional, las cuales son:

las sanciones propias se darán cuando haya verdad, justicia, reparación y no repetición, y no conllevan necesariamente una restricción de la libertad. Las sanciones alternativas serán aplicadas a quienes no acepten responsabilidad en hechos del conflicto y pierdan el juicio, o lo acepten en la fase condenatoria antes de que haya sentencia. Ellos tendrán de cinco a ocho años de cárcel. Y las sanciones ordinarias serán para quienes no acepten responsabilidad y a la postre sean encontrados culpables. Acarrean penas de 15 a 20 años en la cárcel. También estará la sanción de la exclusión, que permitirá a la JEP expulsar a quienes hagan violanciones graves o reincidan en los delitos.

Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia

El proyecto de ley estatutaria que busca poner en marcha la Justicia Especial para la Paz (JEP), fue aprobado en medio de la maratón legislativa que corrieron los Congresistas durante la vigencia del ‘fast track’, el mecanismo expedito para la aprobación de leyes de implementación del acuerdo de Paz. El proyecto fue aprobado en conciliación en el Senado de la República el 30 de noviembre del año pasado, fecha en que se venció el término del ‘fast track’.

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Ahora, el conjunto de normas que regirán el nuevo modelo de juzgamiento que surgió de las negociaciones del Acuerdo de Paz y se encargará de judicializar a quienes hicieron parte del conflicto armado entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc  está siendo revisado por la Corte Constitucional quien le entregará el aval necesario para que entre en funcionamiento.

Como aporte a este proceso de revisión, Dejusticia interveno ante el alto tribunal con énfasis en seis artículos del proyecto de ley que, de acuerdo con esta organización, deben ser analizados por parte de la Corte:

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Primero: la JEP debe poder seleccionar solo los casos donde se juzgue a los máximos responsables de las conductas más graves del conflicto

El primer punto al que se refirió Dejusticia fue al parágrafo 2° del artículo 19, que estipula que la JEP no podrá renunciar al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables. Esto es inconstitucional porque vulnera el núcleo esencial del deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

El efecto práctico de esta norma será el de impedir que el Estado, en cabeza de la JEP, utilice la selección para concentrar su acción en los máximos responsables de las conductas más graves y representativas de las cometidas en el conflicto armado, que son precisamente los casos para los cuales se introdujo el principio de selección al nuestro ordenamiento jurídico.

Si no se aplican criterios de selección que permitan enfocarse en los máximos responsables de las conductas más graves y representativas cometidas en el conflicto armado, se puede poner en riesgo el núcleo esencial de esta obligación.

Segundo: Participación política de excombatientes y el cumplimiento de sanciones “alternativas”

El segundo artículo del proyecto de ley que se analizó en la intervención es el artículo 31, según el cual la participación política de excombatientes y el cumplimiento de sanciones alternativas y ordinarias impuestas por la JEP serán incompatibles.

En la intervención se argumentó que esta norma se ajusta parcialmente a la Constitución, ya que desarrolla tanto los propósitos de la paz como los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado interno.

Al mismo tiempo, se expusieron las razones por las que se considera que la expresión “alternativas” es inconstitucional, pues resulta violatoria del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 1/17, tal y como fue interpretado por la Corte Constitucional.

Esto por cuanto resulta de vital importancia adoptar medidas de inclusión política de excombatientes para asegurar la sostenibilidad de procesos de paz, a la vez que se justifica, desde un punto de vista constitucional, la participación política de excombatientes.

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Tercero: Impedirle a la JEP el acceso a información sobre terceros y agentes del Estado impide que los colombianos conozcan lo ocurrido en el conflicto

El tercer artículo estudiado fue el que prohíbe que la JEP tenga conocimiento de las compulsas de copias que le hayan sido remitidas a la Fiscalía General de la Nación por la Jurisdicción de Justicia y Paz (inciso segundo (parcial) del literal b del artículo 79 del proyecto de ley), relacionadas con conductas de terceros o agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que no hayan manifestado previa, expresa y voluntariamente su intención de someterse a la JEP.

“Consideramos, como expusimos en la intervención, que esta norma es inconstitucional porque contraviene el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional”, señaló Dejusticia.

Además, dicha limitación va en desmedro de la dimensión colectiva del derecho a la verdad, esto es, aquella que compromete a la sociedad en su conjunto con el derecho a conocer lo ocurrido en el conflicto, las razones y circunstancias que posibilitaron las graves y masivas violaciones a los derechos humanos, con miras a evitar que tales hechos vuelvan a ocurrir.

Cuarto: Los requisitos planteados por el proyecto para la posesión de magistrados de la JEP son inconstitucionales

La intervención incluyó también un análisis sobre la constitucionalidad de los requisitos para la posesión de magistrados de las Salas y el Tribunal para la Paz de la JEP (parágrafos únicos de los artículos 100 y 104 del proyecto de ley).

Dichos requisitos, adicionales a los indicados en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996, son inconstitucionales porque, primero, violan los principios del debido proceso, buena fe y confianza legítima, pues fueron introducidos luego de la escogencia de los magistrados de la JEP, lo cual está proscrito por el ordenamiento jurídico colombiano. Asimismo, dichos requisitos-inhabilidades son irrazonables y desproporcionados, por cuanto son inadecuados e innecesarios para preservar la independencia de los magistrados de la JEP, al tiempo que reproduce la estigmatización contra los defensores de los derechos humanos.

Quinto: Delitos sexuales deberían ser juzgados por la JEP, como lo indica el Acuerdo Final

De otro lado, en la intervención se presentaron las razones por las que esta organización considera que el artículo  que consagró la imposición de penas de la Ley 599 de 2000 Código Penal y la imposibilidad de aplicar subrogados penales para quienes cometieron delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, es inconstitucional.

En primer lugar, el numeral 60 y el acápite denominado “listado de sanciones” del Acuerdo Final establece que la JEP podrá aplicar “en todos los casos” penas propias, alternativas u ordinarias y que la JEP podrá aplicar subrogados penales bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

En segundo lugar, el artículo viola de manera directa la Constitución Política, particularmente el artículo 13 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 (AL 1/17), que regula las sanciones que pueden imponerse dentro del marco de la JEP de conformidad con el Acuerdo Final, en el que no se contempla esta exclusión.

En tercer lugar, consideramos que es una modificación sustancial en materia de penas del Acuerdo Final que desconoce el arreglo de justicia transicional que permitió terminar el conflicto armado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y, en consecuencia, vulnera el Acto Legislativo 02 de 2017 (en adelante AL 2/17), según el cual las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.

En cuarto lugar, también viola el principio de proporcionalidad, pues da un tratamiento punitivo desigual a los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidos dentro del marco del conflicto armado, con respecto a otros delitos de similar gravedad dentro del mismo contexto, por lo que el legislador está incurriendo en un exceso punitivo contrario a la Constitución Política.

Sexto: Modelo de gobierno y administración de la JEP que expone el proyecto es constitucional pero debería condicionarse

Finalmente, se analiza la constitucionalidad del modelo de gobierno y administración de la JEP definido en varios artículos del proyecto de ley estatutaria.

En primera instancia, Dejusticia considera que el modelo de gobierno y administración de la JEP expuesto en el proyecto de ley estatutaria es constitucional, en términos generales, porque se ajusta a los lineamientos previstos en el Acto Legislativo 1/17 y se circunscribe a las competencias establecidas en el procedimiento legislativo especial.

Además, respeta en términos generales los principios constitucionales de separación de poderes, economía y eficiencia administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó a la Corte Constitucional condicionar la interpretación constitucional del primer inciso del artículo 112 del PLE, en el entendido de que el órgano de gobierno de la JEP independientemente de si se trata del creado provisionalmente por el PLE o el que diseñe la misma JEP debe observar los principios constitucionales de economía, eficiencia administrativa y armonía entre las instituciones del Estado consagrados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política.

Los logros y las dificultades para consolidar la paz en Colombia

Sobre la primera inquietud hay más certezas porque ha habido un seguimiento importante de varias instituciones especializadas, pero sobre la segunda hay mucha incertidumbre y solamente se podrían plantear hipótesis.

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Sobre el tema de la implementación, el balance es agridulce, sobre todo si recordamos que la negociación se hizo para construir la paz y la reconciliación nacional sobre la base de lograr un acuerdo político nacional, encaminado a realizar las reformas y ajustes institucionales que son necesarios para atender los retos que la paz demande.

Por el contrario, lo que hemos visto es que el país continúa polarizado entre quienes buscan hacer trizas los acuerdos y quienes defienden su consolidación.

Hay hechos que han enrarecido este proceso como el pedido en extradición de Jesús Santrich por un supuesto envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, su encarcelamiento y la imposibilidad de posesionarse en la Cámara de Representantes, lo mismo que la negativa de asumir su representación en el Senado de la República por parte de Iván Márquez aduciendo falta de garantías e incumplimiento de los acuerdos firmados.

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Los logros

1. La dejación de las armas por parte de las Farc y su transformación en un movimiento político.

Se debe recordar que se entregaron a la ONU 8.112 armas en los 26 campamentos ubicados en todo el país. Esta cifra se convirtió en la mayor, si la comparamos con cualquier otro proceso similar en Colombia y en otras regiones del mundo, pues equivale a más de un arma por combatiente.

2. La llegada de los representantes de esta exguerrilla al Congreso de la República con sus curules en Senado y Cámara de Representantes.

Las Farc deberán no solamente defender la implementación de los acuerdos de paz, sino también ampliar su agenda política incorporando otros temas referidos a la inclusión de amplios sectores sociales del ámbito urbano. Tendrán un duro camino que recorrer, abandonar las armas luego de 53 años de lucha armada, implica que se asuma con seriedad y compromiso el cambio de las balas por las ideas.

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3. El avance, así sea precario, del punto de Reforma Rural Integral con el impulso a los PDET, que tienen en el Tolima una de las regiones con mayor avance.

Se construirán participativamente los Planes de Acción para la Transformación Regional que tendrán una duración de diez años que buscan resolver los problemas más importantes de la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

4. La creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, que busca aclarar las responsabilidades colectivas del Estado, de las Farc, de los paramilitares y otros grupos en el conflicto.

La CEV trabajará por develar lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado en Colombia. Esta comisión parte de un activo muy valioso e importante y es tener como su presidente a Francisco De Roux, sacerdote jesuita, incansable defensor de los derechos humanos en el país.

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5. La entrada en vigencia de la Jurisdicción de Paz JEP, aún en medio del interés de algunos sectores por estigmatizarla.

La JEP está llamada a satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación y a la lucha contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.

Las dificultades

1. El asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos que se ha disparado preocupantemente luego de la segunda vuelta presidencial y que no ha tenido un rechazo contundente de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

Los líderes asesinados han sido básicamente reclamantes de tierras, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de la campaña de la Colombia Humana, además de miembros de la comunidad LGTBI, entre otros.

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2. La reintegración a la vida civil de los excombatientes, que sienten gran incertidumbre por su seguridad personal y jurídica, además del abandono e incumplimiento en lo referido al aspecto de los proyectos productivos y acceso a la tierra para trabajar.

Este es uno de los temas más complejos puesto que ante esta situación, se dan las condiciones para que los excombatientes sigan abandonando los ETCR y se puedan vincular a la disidencia de las Farc y otras bandas criminales que vienen emergiendo en las diferentes zonas que antes controlaba esta guerrilla.

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3. La intención de acabar la JEP de algunos partidos políticos como el Centro Democrático que solamente entienden la justicia como la cárcel para las Farc e impunidad para los demás actores que participaron en la guerra.

En los últimos días las críticas a este mecanismo de justicia transicional se ha arreciado e incluso ya se anticipa la iniciativa de un referendo para eliminarla, a pesar de que muchos actores participantes del conflicto armado están dispuestos a someterse a este mecanismo judicial.

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Frente a lo que hará el nuevo gobierno, solamente se conoce la intención expresada del presidente electo, de unir al país para pasar la página de la polarización, no impugnar el acuerdo de paz pero si hacerle algunas “correcciones”, sin embargo preocupa que su nuevo ministro de defensa ya anuncie que habrá una iniciativa legislativa para regular la protesta social, propuesta que levanta suspicacias alrededor de su verdadero propósito.

Dentro de las “correcciones” se ha conocido que:

1) Se presentará una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en ningún caso;

2) Frente a la JEP se promoverá una reforma para que los guerrilleros que cometieron delitos atroces paguen prisión en un sitio de reclusión permanente así no sea una cárcel y no solo una pena alternativa;

3) que los guerrilleros no puedan hacer política antes de pagar esa pena de prisión y que los agentes del Estado no sean juzgados por la JEP sino por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia,

4) Eliminar las nuevas instituciones del agro y reforzar el Ministerio de Agricultura a través de bienes públicos y de incentivos tributarios a la agroindustria a cambio de que cree empleos formales para los campesinos.

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La participación política de las Farc y la Juridiscción Especial de Paz son la columna vertebral del acuerdo, por lo que estas modificaciones perturbarían sin duda la implementación del mismo. Lo que está por verse es si lo anunciado en campaña será lo que va a hacer en el gobierno, especialmente si no solamente defienden el proceso de paz, las fuerzas democráticas y progresistas en el país, sino también la comunidad internacional.

La paz imperfecta del acuerdo sin duda es mejor que la más perfecta de las guerras y sobre eso ha llamado la atención al presidente electo Iván Duque, la comunidad internacional, las Naciones Unidas y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional que con diferentes intereses reivindican la necesidad de consolidar este proceso en Colombia.

Finalmente, no debemos olvidar que más de ocho millones de colombianos votaron por la defensa de la paz, por la implementación de los acuerdos y especialmente porque entendamos que esta, no solamente es el silencio de los fusiles de los ejércitos en contienda, sino una serie de transformaciones sociales que garanticen la inclusión económica, social y política de gigantescos sectores sociales tradicionalmente excluidos.

A un año de la dejación de armas, así va la reincorporación de las antiguas Farc

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Contexto: Este es el Conpes para la reincorporación de ex combatientes de las Farc

Por: Nataly Ramírez*

Han pasado 11 meses desde que empezó en firme el proceso de reincorporación de los excombatientes del hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

En agosto de 2017, cuando las “zonas veredales” pasaron a convertirse en espacios de capacitación y normalización había 6.804 ex Farc en 26 espacios para iniciar diferentes proyectos productivos.

Hoy lo que dicen los reincorporados es que este proceso ha avanzado muy poco; posición diferente tiene el Gobierno, que además reiteró que la reincorporación es un proyecto a largo plazo, otras voces también dieron su opinión.

Jesús Nevaldo Perea Perea es un líder social del departamento del Chocó, una de las personas que más vivió la violencia por el conflicto con las Farc, y por eso ha seguido muy de cerca lo que ha pasado con esta exguerrilla y sus integrantes.

Con preocupación habló sobre lo que pasó en el espacio de capacitación y normalización de Vidrí del municipio Vigía del Fuerte (Urabá Antioqueño).

Para él, a esta zona la reincorporación nunca llegó y eso llevó a que los excombatientes hoy se encuentren en nuevos grupos subversivos como el ELN.

 

“Los excombatientes quedaron tirados en esta zona; los comandantes salieron y  los muchachos quedaron sin bancarizar, un gran número de ellos eran menores de edad y no tuvieron la oportunidad de sacarles la documentación adelante, el Gobierno no llegó con propuestas para ellos (…) son ellos los que hoy están participando en las nuevas estructuras criminales, los que antes eran de las Farc hoy son del ELN”

 

Jairo Quintero integrante del componente Farc, del consejo Nacional de Reincorporación (el Gobierno también hace parte) explicó que lo ocurrido con el espacio en Vidri hizo parte de una decisión que tomó el Gobierno de manera unilateral, de eliminarlo “porque supuestamente ahí no había nadie”, además indicó que en otro espacio ocurrió lo mismo.

“Son esas decisiones arbitrarias que tomó el Gobierno, los excombatientes de esta zona fueron reubicados, los mismo pasó en El Gallo del municipio de Tierralta (Córdoba)”.

Frente a las denuncias de que supuestamente se estarían yendo los excombatientes a nuevas organizaciones delictivas, el integrante de la Farc indicó que la intención de la gran mayoría es permanecer en el proceso, sin embargo, aseguró que el Gobierno no ha cumplido en diferentes aspectos, que la reincorporación no avanza como esperaba y por eso hoy no se puede negar que aproximadamente el 10% desistió del proceso (cifra que coincidió con los reportes de la Fundación Paz y Reconciliación)

 

Foto: Colprensa.

 

¿Cuáles son los retrasos que denuncia la Farc?

Con la eliminación de los dos espacios quedan 24 lugares oficiales en donde los excombatientes intentan desarrollar diferentes proyectos productivos, vivir con la renta básica que durante 24 meses les pagará el Gobierno como parte del acuerdo, en donde además quedó estipulado que aparte del desembolso de dos millones de pesos por una única vez, también podrían recibir 8 millones de pesos cuando se presenten proyectos productivos, sin embargo para la ex guerrilla esta es una realidad que aún no se vive.

 

“Hasta el momento solo hay 8 proyectos aprobados, pero no se ha hechos el desembolso de un solo peso, no tenemos tierra y como estábamos en ley de garantías nos decían que eso retrasaba aún más los desembolsos” aseguró Jairo Quintero.

 

Los proyectos a los que hace referencia tienen que ver con iniciativas de ganadería, agricultura, entre otros, sin embargo, en sus palabras, denunció otra realidad por la que hoy están pasando los ex combatientes y que ha sido ratificada por las Naciones Unidas: no hay tierra para desarrollar los proyectos.

Lo que han hecho los excombatientes es que con los dos millones iniciales más el porcentaje que mensualmente se les da arrendaron algunas tierras a campesinos de zonas aledañas, de esa forma iniciaron a sembrar frutas y verduras, a comprar peces, pollos; y desarrollar diferentes iniciativas propias del campo, pero ahí según Jairo Quintero viene otro problema.

“No se diseñó una política para que los excombatientes puedan vender sus productos, entonces lo que ellos han hecho muchas veces se ha perdido porque no hay quién les compre, ha pasado en Putumayo, en Tumaco se perdieron 14 toneladas de pepino y auyama”

En el tema de bancarización tampoco se han completado las cosas, la Farc dice que cerca de 300 excombatientes aún no han sido bancarizados:

“También nos quejamos porque este tema se limitó a que se pueda retirar el beneficio económico, pero más allá de eso no podemos aspirar, tenemos las puertas cerradas”.

Ante este panorama, Jairo Quintero aseguró que muchos exguerrilleros decidieron buscar las zonas en las que estaban antes de reagruparse en los espacios de capacitación y normalización, pero no para hacer actividades delictivas, sino porque en estas zonas se encuentran los lazos afectivos.

“Eran 70 frentes en todo el territorio nacional antes del desarme, se concentraron en 26 espacios, pero ahora la gente volvió al área de los frentes, ahí están con las familias. Hay 32 espacios adicionales que suma cerca de mil 500 personas”

 

Según Quintero, eso explica que hoy los espacios de capacitación tengan menos integrantes, sin que eso quiera decir que no están vinculados al proceso “nosotros hacemos seguimiento de la gente y podemos decir que tenemos el control de al menos el 85% de la guerrillerada”.

 

La Farc reconoce en medio de las dificultades los avances que se han tenido con los exguerrilleros que ahora son escoltas, con los estudios para que todos nivelen el bachillerato y puedan continuar con su formación académica, con las personas que hoy están vinculadas al programa de desminado humanitario.

Por eso, el hoy grupo político indicó que no se detendrán en su anhelo de construir la paz pero para eso el llamado una vez más está en “darle prioridad a los espacios de capacitación ahí está el futuro, si no ocurre, la situación será cada vez más compleja”.

 

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Foto: Colprensa.

 

¿Qué piensan los analistas?

La fundación Paz y Reconciliación ha venido haciendo seguimiento a toda la reincorporación de la Farc y reiteró que las irregularidades expuestas por los excombatientes son ciertas en su gran mayoría, Ariel Ávila su subdirector, aseguró que hay falencias en los cuatro puntos claves de la reincorporación que son: seguridad jurídica, seguridad física, reintegración socioeconómica y participación en política.

“Hay al menos 300 guerrilleros que permanecen en las cárceles la crisis aumenta por el caso Santrich, entonces los excombatientes tienen inseguridad en ese sentido; a la fecha han matado a 58 reincorporados y a 18 familiares después de la firma; la reincorporación socioeconómica también ha tenido dificultades, a la fecha no hay un solo proyecto colectivo productivo en marcha, es decir han pasado 11 meses y no hay seguridad en nada, en el único aspecto en donde se ve un mayor cumplimiento es en la participación en política”.

Frente la situación de las disidencias y los ex combatientes que ahora se están yendo a otras organizaciones Ávila destacó:

“Hay más o menos 57 municipios de 242 donde operaban las Farc con disidencias… más o menos 1.300 guerrilleros han reincidido que representa el 10% de toda la población”.

Desde la Fundación PARES, pese a las dificultades hay puntos claves que desarrollados de forma correcta puede sacar adelante la reincorporación de los excombatientes.

  1. La asignación de tierras para los proyectos productivos
  2. Garantizar mínimo un proyecto productivo por espacio territorial que mejore las condiciones de varias familias
  3. Acelerar la capacitación para los que son escoltas y ofrecer una oferta educativa que satisfaga las necesidades.
  4. Se necesita un plan de reincorporación especial para los mandos medios “por ejemplo un “romaña” un “paisa”, lo que se les ofrece hasta el momento no alcanza sus expectativas y recordemos que gran parte de la reincidencia paramilitar fue producto de no existir un plan para mandos medios”

 

El Gobierno y su respuesta

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La primera respuesta que da el Gobierno a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN es que cuando se habla de reincorporación no se necesita necesariamente de un espacio físico, su director Andrés Stapper, recordó que desde el 16 de agosto del año pasado los excombatientes no tienen que estar por obligación en estos espacios, sin que eso impida que estén vinculados al proceso.

“Lo primero que no se puede olvidar es que la reincorporación no es un proyecto a corto plazo, es algo que tenemos proyectado para varios años hoy tenemos 6044 ex guerrilleros que se han presentado y un gran porcentaje que se encuentran en los nuevos asentamientos”

desde la ARN se informó que lo primero que se hizo fue una reincorporación temprana que tiene que ver con temas como afiliación al sistema de salud, bancarización, el inicio de desembolsos, nivelación del bachillerato y capacitaciones en diferentes ámbitos que, les permita empoderarse para que puedan iniciar los proyectos productivos.

 

 

La ARN respondió a los retrasos que fueron reportados por la Farc, en diferentes aspectos, sobre la demora en el inicio de los proyectos productivos y el hecho que a la fecha no se haya hecho ningún desembolso, su director reiteró que se deben tener unos tiempos específicos.

“Sería irresponsable girar por girar el dinero sin que antes exista una capacitación a los excombatientes, se necesita de las competencias para que se puedan crear proyectos sostenibles a largo plazo” y complementó su tesis asegurando que cuando se han perdido las cosechas es porque precisamente no se hace un análisis previo sobre las cadenas de valor, “no es sembrar por sembrar, sino tener todos los procesos para que este tema sea efectivo” sostuvo  Andrés Stapper.

Aparte de los 8 proyectos que ya están aprobados, la Agencia destacó 214 iniciativas productivas que se han desarrollado por liderazgo de los excombatientes y 52 nuevos proyectos colectivos que están avanzando en su formulación para presentarlos ante el Consejo Nacional de Reincorporación.

Desde la ARN se reconoció que uno de los grandes inconvenientes para que se puedan desarrollar estos proyectos es la falta de tierra, aunque “en el acuerdo no quedó establecido en ninguna parte que las Farc iban a ser objeto de adjudicación de tierra” por eso para superar este inconveniente se están analizando varias rutas para poderlo superar.

“Son varios los caminos con los cuales se busca que los reincorporados puedan acceder a la tierra; tema que se está analizando con la  Agencia Nacional de Tierras; primero se priorizará cuando se hayan identificado los proyectos productivos, no se dará por ex combatiente sino por proyecto, las tierras no serán compradas sino en arriendo o comodato (obligados a devolverla), finalmente con la Unidad de activos especiales, serán entregados en arriendo aquellos terrenos que se encuentren en proceso de extinción de dominio”.

Ahora se trabajará en una reincorporación a largo plazo

Para el Gobierno lo que se ha hecho hasta el momento es parte de la reincorporación primaria, sin embargo, lo robusto del tema hasta ahora se formalizó.

El pasado 3 de julio la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN anunciaron la  aprobación un Conpes, documento que fija parámetros técnicos y presupuestales, para la reincorporación efectiva de la Farc desde varios puntos durante los próximos 8 años, con una inversión de 6.3 billones de pesos.

 

 

En esta política de reincorporación estarán involucradas 19 entidades del Gobierno en más de 97 acciones orientadas en garantizar los siguientes objetivos.

1. Reconstrucción de tejido social, fortalecer la confianza y convivencia entre los excombatientes, su familia y entorno.

2. Fortalecer las líneas productivas, rutas de acceso a mayores beneficios o programas productivos con el capital semilla de 8 millones en lo colectivo o en lo individual.

3. Acceso para esa población a temas de educación, salud y seguridad social, entre otros.

 


Vía Radio Nacional