¿Es válida la exigencia a Cuba de entregar a los negociadores del ELN?

Por: Rodrigo Uprimny Yepes 

Aun a riesgo de que algunos me gradúen de terrorista o de abogado del ELN, considero que la exigencia del gobierno Duque de que Cuba capture y le entregue a los negociadores del ELN no sólo es un error político sino que, además, es jurídicamente  insostenible.

Comienzo por reiterar que el atentado del ELN en la Escuela General Santander fue no sólo atroz sino que, además, es una violación grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que el ELN dice respetar.

Contrario a lo sostenido por esa guerrilla en su , no es cierto que los cadetes de una escuela policial  o militar sean un objetivo militar legítimo pues no participan aún directamente en las hostilidades sino que son estudiantes que algún día podrían llegar a pertenecer a la Fuerza Pública y convertirse en combatientes, pero que en ese momento son aún estudiantes.

Y en todo caso, si hubiera dudas sobre el estatus de combatientes de los cadetes, el ELN debió aplicar la regla del DIH de que, “en caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará civil”, como lo dice el artículo 50 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra, que se refiere a conflictos internacionales pero que la mayoría de sus normas y principios son aplicables también a conflictos internos, como lo reiteró la sentencia C-225 de 1995 de la Corte Constitucional.

Pero no quiero entrar en el debate sobre si ese atentado violó o no el DIH pues considero que incluso si hubiera sido conforme al DIH, era en todo caso un ataque injustificable no sólo por el dolor que ocasionó sino, además, porque, como bien señaló el colega Currea-Lugo, con ese atentado fue el ELN quien hizo .

Era totalmente previsible que después de un atentado de esa magnitud, el gobierno Duque rompiera unas negociaciones que estaban estancadas, por la falta de voluntad real de progreso de las dos partes.

Pero si la decisión de Duque de romper la negociación era esperable, aunque no estoy seguro de que fuera la mejor opción, su petición a Cuba de que capture y le entregue a los negociadores del ELN es un error político y jurídico.

El punto esencial es que los presidentes (sea Duque hoy o Santos anteriormente o Uribe en su momento) actúan internacionalmente como representantes del Estado y por eso sus actuaciones comprometen internacionalmente al Estado colombiano como un todo.

No puede entonces Duque decir que no está vinculado internacionalmente por las actuaciones de los gobiernos precedentes y por ello en principio debe cumplir con  que el gobierno Santos había asumido para las negociaciones en La Habana, no sólo frente al ELN sino también frente a los países garantes del proceso de paz, como Cuba, Noruega, Chile, Venezuela y Brasil, según el cual, en caso de  ruptura de la negociación, habría que darle un tiempo razonable y unas garantías a los negociadores el ELN, para que puedan retornar a Colombia. Y luego el Estado colombiano podrá obviamente combatirlos.

Algunos colombianos podrán indignarse con ese tipo de garantías, en especial después de un atentado atroz como el de la Escuela General Santander, y podrá seducirlos la astucia del gobierno Duque de exigir a Cuba la captura de los negociadores del ELN pues sería un golpe duro a esa guerrilla.

Sin embargo, ese tipo de garantías son usuales en las negociaciones de paz pues sin ellas ningún proceso de paz sería posible, ni ningún tercer país aceptaría ser garante o sede de unas negociaciones de paz, pues en cualquier momento el Estado podría romper unilateralmente la negociación y pedir la captura de los negociadores, como efectivamente lo está haciendo el presidente Duque.

Por ello en el pasado, los gobiernos colombianos que realizaron procesos de paz, pactaron y respetaron ese tipo de protocolos, como bien lo señaló Así lo hizo Pastrana en el Caguán y también Alvaro Uribe en el proceso de paz que adelantó con el ELN y que tuvo rondas de negociación en La Habana y en Caracas pues cuando éste fue roto, se aplicó un protocolo para el traslado de los comandantes del ELN a Colombia.

Los argumentos jurídicos del gobierno Duque para defender la petición de captura de los negociadores del ELN han sido básicamente tres:

  1. Que no está incumpliendo su palabra ni ningún protocolo pues nunca validó la mesa de La Habana con el ELN al punto de que nunca envió formalmente negociadores;
  2. Que esos protocolos son del gobierno anterior y no lo comprometen, para lo cual el gobierno Duque, por intermedio del alto consejero de paz Miguel Ceballos, ha invocado la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional, que según el gobierno les confirmaría esa tesis; y que en todo caso,
  3. Y que incluso si el protocolo existiera, no podría aplicarse pues el ELN es un grupo terrorista y ciertas resoluciones del Consejo de  Seguridad de la ONU, en especial la , obligarían a Cuba a entregar a los negociadores por cuanto no puede albergar terroristas. Pero esas tesis y esos argumentos son insostenibles jurídicamente, por las siguientes razones:

Primero porque, como ya lo señalé, los protocolos suscritos internacionalmente por el gobierno Santos para las negociaciones con el ELN, aunque no son un tratado, representan un compromiso internacional del Estado colombiano, que debe ser cumplido de buena fe.

Y esta obligación incluye a los gobiernos posteriores, que deben cumplir de buena fe con ese compromiso, salvo que decidan modificarlo expresamente y siguiendo los procedimientos establecidos por el derecho internacional.

¿Qué tal que en las relaciones internacionales un Estado dijera que no va a cumplir con un compromiso internacional previo porque éste fue adquirido por un gobierno anterior? Sería el fin del derecho internacional y de la posibilidad de relaciones internacionales pacíficas.

Por eso el principio consagrado en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que fue introducido precisamente por propuesta del delegado colombiano en la redacción de ese documento, de que es deber de los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales de buena fe.

Segundo, porque no es cierto que el gobierno Duque hubiera desconocido la mesa de diálogos de La Habana con el ELN.

Es cierto que Duque nunca envió negociadores pues consideró que estas conversaciones no podían seguir si el ELN no aceptaba previamente ciertas cosas, como renunciar al secuestro y liberar a todos los secuestrados, que son exigencias que compartimos muchos de quienes hemos apoyado este proceso de paz.

Pero eso no significa que Duque hubiera desconocido esa mesa de conversaciones pues no sólo la mantuvo (aunque sin enviar negociadores) sino que también continuó con la suspensión de las  órdenes de captura de los negociadores del ELN, que no tendría sentido si no hubiera proceso de paz.

Además, el Comisionado de Paz Ceballos, como lo destaca Juanita Goebertus, tuvo varias conversaciones telefónicas con los negociadores del ELN y tuvo relación constante con el embajador de Cuba, uno de los Estados garantes del proceso. Estos actos son entonces una aceptación ante la comunidad internacional, y en especial ante los países garantes, de que el proceso de paz existía y podía reanimarse, aunque estuviera estancado.

No puede entonces el gobierno Duque ahora sostener que no existía ningún proceso de paz con el ELN, cuando había hecho actuaciones inequívocas que mostraban que el proceso de paz existía,

Por eso, tercero, la exigencia del gobierno Duque a Cuba de que capture y le entregue a los negociadores del ELN viola la doctrina del derecho internacional del “estoppel”, que es una consecuencia de los principios de buena fe y de confianza recíprocas.

Sin meternos en demasiadas complejidades técnicas, esta doctrina prohíbe a una persona (en derecho privado) o a los Estados (en derecho internacional) actuar en contravía de sus propios actos previos, cuando estos han generado razonablemente una expectativa de comportamiento en terceros.

Por consiguiente, si un Estado ha hecho creer, por sus comportamientos, afirmaciones o inclusos sus silencios, a otros Estados, que su posición sobre un asunto es A, entonces no puede ulteriormente cambiar su posición y sostener la tesis B, simplemente porque ahora le es más beneficiosa, por cuanto estaría violando la buena fe y la confianza de esos otros Estados.

En este caso, el Estado colombiano, tanto por las actuaciones del gobierno Santos como por las propias actuaciones del gobierno Duque, razonablemente hizo creer a los Estados garantes, y en especial a Cuba, que existía un protocolo que iba a ser respetado en caso de que las negociaciones se rompieran.

Estos Estados aceptaron ser garantes de ese proceso en ese entendido, que derivaba de actuaciones inequívocas del Estado colombiano en esa dirección.

No puede ahora entonces el Estado colombiano sostener que ese protocolo no existe y que los negociadores deben ser capturados y entregados pues iría en contra de sus anteriores posiciones, que habían generado una confianza legítima en los países garantes.

Cuarto, este comportamiento del gobierno Duque podría configurar una violación grave al DIH pues podría llegar a ser calificado como un acto de perfidia, que puede llegar incluso a ser un crimen de guerra.

La perfidia, según el DIH (Ver art 37 del Protocolo I), es cuando una parte en un conflicto armado captura, hiere o mata a integrantes del enemigo, violando su buena fe pues les da a entender que gozan de cierta protección jurídica o fáctica, que luego desconoce. Uno de los ejemplos clásicos de perfidia es cuando una parte simula la intención de negociar para proceder a matar o capturar al enemigo.

Precisamente en este caso, el Estado colombiano ofreció una protección a los negociadores del ELN para negociar (que en caso de ruptura de las conversaciones se aplicaría un protocolo para su retorno a Colombia) y ahora pretende desconocer esa protección para proceder a su captura. ¿No es eso perfidia? Si no lo es, al menos se le parece mucho.

Frente a estos cuatro elementos, que implican que Colombia está internacionalmente obligada a respetar el protocolo firmado por el gobierno Santos con el ELN y frente a los Estados garantes del proceso de paz, no son válidos los dos posibles contra argumentos ya señalados del gobierno Duque.

No es válido invocar la sentencia C-379 de 2016 pues ésta en ninguna parte analiza el valor de ese tipo de protocolos sino que estudia otros aspectos de los procesos de paz. Es cierto que esa sentencia señala que la política de paz es responsabilidad esencial del gobierno, por lo que se entiende que gobiernos ulteriores pueden modificarla, pero en manera alguna esa sentencia dice que los protocolos firmados por un gobierno con un grupo insurgente ante Estados garantes para regular cómo se pone fin a una negociación no tienen ningún valor frente a gobiernos ulteriores.

Tampoco es relevante invocar las resoluciones del Consejo de Seguridad de lucha contra el terrorismo o las declaraciones de ese consejo que condenaron como terrorista el ataque del ELN a la Escuela General Santander.

Es cierto que la resolución 1373 de 2001, adoptada poco después del  ataque a las torres gemelas, establece obligaciones fuertes a los Estados frente al terrorismo y que esa resolución es vinculante pues fue adoptada por el Consejo de Seguridad invocando el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

Entre esas obligaciones está la de que los Estados no deben dar refugio a los integrantes de organizaciones terroristas y deben colaborarse mutuamente para judicializar a quienes incurran en actos terroristas.

Y es cierto igualmente que el Consejo de Seguridad condenó el ataque del ELN y lo calificó de terrorista y señaló que sus autores deben ser castigados.

Sin embargo, el punto central es que Cuba no está albergando a los negociadores del ELN con el fin de dar apoyo a esa organización en su lucha armada (caso en el cual podría acusársela de violar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad) sino que lo ha hecho por solicitud del gobierno colombiano para poder avanzar en un proceso de paz, aceptado por el Estado colombiano, y conforme a unos protocolos que definían como debía procederse en caso de que las conversaciones se rompieran.

Y en ninguna parte el Consejo de Seguridad ha dicho que no puede haber garantías temporales de ese tipo para lograr una negociación de paz incluso con grupos calificados de terroristas por una sencilla razón: sin esas garantías, sencillamente las negociaciones de paz son imposibles.

Por consiguiente, no es cierto que esos protocolos para casos de ruptura de las negociaciones con un grupo calificado como terrorista, desconozcan las resoluciones del Consejo de Seguridad. Es más, el Consejo de Seguridad avaló todo el proceso de paz con las FARC, que incluyó garantías semejantes.

En síntesis, creo que la decisión del gobierno Duque de exigir la entrega de los negociadores del ELN carece de fundamento jurídico.

Pero más allá de esa discusión jurídica, las consecuencias políticas de esa exigencia son muy negativas. Con esa decisión, el Estado colombiano tira al mar la llave para cualquier paz futura pues ningún líder guerrillero aceptará en el futuro entrar a una negociación si sabe que en cualquier momento el gobierno puede capturarlo mientras está negociando.

Ni ningún Estado serio aceptará ser garante de eventuales proceso de paz en Colombia pues no querrá quedar en la situación en que hoy Colombia puso a Cuba, a la que le pidió que fuera sede y garante del proceso de paz, con un protocolos en caso de que las conversaciones fueran rotas, y ahora la acusa de cómplice del terrorismo si no le entrega a los negociadores del ELN en contravía de lo acordado en el protocolo.

Además, las labores humanitarias en este conflicto armado con el ELN, que podrá intensificarse, como puede ser la entrega de secuestrados, se verán seriamente comprometidas, pues con este precedente la guerrilla desconfiará de cualquier garantía que le ofrezca el Estado colombiano.

Pero además, esa decisión compromete la credibilidad internacional del Estado colombiano en cualquier campo pues si, en un asunto tan crucial como la paz, Colombia incumple flagrantemente su palabra y sus compromisos internacionales, entonces es lógico que otros países piensen que es un Estado poco confiable en todos los campos.

Entiendo y comparto la indignación de la mayoría de los colombianos frente a este atentado criminal del ELN, que además hace muy difícil cualquier negociación de paz con ese grupo guerrillero. Y hasta puedo entender que algunos ciudadanos puedan pensar que si el ELN  no respeta el derecho internacional humanitario, entonces que no hay razón para que el Estado colombiano respete frente al ELN sus compromisos, como los relativos al respeto de ese protocolo para el retorno de los negociadores del ELN a Colombia en caso de ruptura de las conversaciones.

Pero esa lógica es inaceptable pues implica el fin del Estado de derecho, que precisamente se funda en la idea de que el Estado se comporta respetando el derecho incluso frente a aquellos que irrespetan el derecho.


Publicado en DeJusticia 

¿En qué quedó la paz y qué podemos esperar para el 2019?

¿En qué quedó la paz y qué podemos esperar para el 2019?

Por Kyle Johnson*

El 2018 fue un año lleno de incertidumbres, de ires y venires y, al mismo tiempo, de cierto progreso en la ejecución o el cumplimiento de los acuerdos suscritos en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Fue un año agridulce para la paz: el uribismo ganó las elecciones presidenciales, se pusieron en marcha algunas partes claves del acuerdo, comenzó la reincorporación de los excombatientes y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político de la exguerilla, llegó al Congreso de la República. Lo más probable es que 2019 sea un año igual de agridulce en ese sentido: algunas partes del acuerdo seguirán progresando, probablemente lentamente, pero otras serán frustradas.

No lo han hecho trizas

Las elecciones presidenciales representaron el momento más decisivo para el Acuerdo de Paz este año. Iván Duque y Gustavo Petro se disputaron la Presidencia en segunda vuelta. Duque aspiró por el Centro Democrático, partido que lideró el “no” en el plebiscito de 2016; y Petro es el líder de la Colombia Humana, movimiento que apoyaba su implementación completa.

Duque proponía “modificar” el acuerdo, aunque dentro de su partido las propuestas variaban significativamente, incluyendo “hacerlo trizas”. Sucedía lo mismo con los conservadores, de la corriente de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. La victoria de Duque creó un ambiente de incertidumbre, pues quedó claro que el balance de poder surgido del plebiscito se había mantenido hasta 2018. El miedo de volver a la guerra surgió en algunos sectores, especialmente en la izquierda.

Sin embargo, las iniciativas de Duque sobre cambios al acuerdo eran más que todo simbólicas. Por ejemplo, propuso que el narcotráfico no fuera delito conexo con la rebelión política. Su propuesta no afectaría a los líderes de la Farc sino, como él mismo lo dijo, a aquellos miembros de la exguerrilla que cometan crímenes después de firmar el acuerdo y a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El costo político de desmantelar abiertamente partes del acuerdo era y sigue siendo muy alto, como explicó Crisis Group en un informe de junio del año pasado. Acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, no era una opción viable por la presión que ejercieron la comunidad internacional, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, expertos en justicia transicional y gran parte de la sociedad civil colombiana. Por eso Duque ha adoptado posiciones variadas, que por un lado apoyan aspectos del acuerdo, como la reincorporación de los excombatientes, pero por otro lado no respaldan las reformas estructurales, sobre todo las relacionadas con el sector rural.

La justicia transicional y sus mecanismos

Dos importantes mecanismos de justicia transicional empezaron a operar: la JEP y la Comisión de la Verdad. Ambas son partes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado por el Acuerdo de La Habana. La primera permitirá castigar los crímenes más graves y sistemáticos, revelar la verdad judicial, darles seguridad jurídica a los excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, y contribuir a la reparación de las víctimas. La JEP está en una batalla política por su legitimidad, al tiempo que ha empezado a trabajar casos muy complejos, como el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, la Comisión de la Verdad buscará contar una verdad histórica y puede jugar un papel fundamental en la reconciliación de la sociedad cuando termine su mandato, en tres años.

Erradicación forzada y aspersión

El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018. Miles de familias campesinas firmaron acuerdos con el Gobierno Nacional para sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos, como Guaviare, los campesinos erradicaron sus cultivos voluntariamente, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— habían firmado acuerdos de sustitución.

Según el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, Colombia llegó a la cifra más alta de cultivos de coca en su historia, con 171.000 hectáreas sembradas en 2017. Esto hizo que el nuevo Gobierno disminuyera el énfasis sobre los programas de sustitución y en su lugar haya aumentado la erradicación forzada, incluso volviendo a la política de aspersión aérea, pero ahora con drones.

Una reincorporación accidentada

La reincorporación de la guerrilla, que oficialmente empezó en agosto de 2017, enfrentó varios problemas en 2018. Por ejemplo, la mayoría de excombatientes de las Farc se fueron de los territorios donde habían dejado sus armas y donde iniciarían, en teoría, su proceso de reincorporación. Muchos de los que se han quedado empezaron sus propios proyectos productivos y otros crearon nuevos espacios para reincorporarse. En Bogotá, la FARC y el Gobierno están en desacuerdo sobre el mejor modelo de reincorporación.

Sus choques hicieron que los proyectos que se habían planeado no se ejecutaran bajo el gobierno Santos. Bajo el gobierno Duque, varios proyectos nuevos han sido aprobados y financiados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). También fue el comienzo de la vida política legal de los exguerrilleros, pero ese inicio tampoco estuvo exento de obstáculos: Timochenko retiró su candidatura a la Presidencia; la FARC no obtuvo ni el 1 % de los votos en las elecciones legislativas y Jesús Santrich fue detenido antes de posesionarse como congresista.

Aunque ha habido tensión entre la exguerrilla y la bancada del Centro Democrático, el país también ha visto momentos positivos, por ejemplo, cuando alias Marcos Calarcá pidió perdón por los crímenes cometidos por las Farc en Huila. Sin embargo, la FARC está dividida y no hay consenso sobre el camino que debería seguirse, pues sus miembros perciben que el Estado ha incumplido el acuerdo y que el Congreso ha deformado lo que inicialmente se pactó. Por eso, cada vez hay más riesgo de que una parte significativa de la exguerrilla regrese al monte.

El año de las disidencias

El 2018 fue quizás el año con mayor número de disidencias en las regiones. La confrontación entre disidencias en Nariño ha convertido a Tumaco en una de las ciudades más violentas de América Latina; en el oriente, el proyecto de Gentil Duarte de “refundar” la guerrilla ha tomado fuerza, salvo en Putumayo; en Catatumbo, la disidencia del frente 33 ha empeorado la crisis humanitaria desatada por la confrontación entre el Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Eln; en el norte de Antioquia, diferentes disidencias siguen enfrentadas con el Clan del Golfo y han llegado incluso hasta el sur de Córdoba; en Cauca, disidentes del frente 30 fueron responsables del secuestro y asesinato de cuatro líderes comunitarios de la zona del río Naya.

¿Qué podemos esperar para 2019?

Es difícil predecir lo que sucederá, pero hay algunos escenarios que pueden identificarse. La reforma rural integral podría estar en peligro, pues es probable que las leyes que no han sido aprobadas hasta ahora tampoco tengan éxito en 2019. Mientras Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización (antes, Posconflicto), dice tener un interés real en ejecutar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuyo primer borrador se basa en un análisis erróneo sobre la situación actual y los problemas de la implementación del acuerdo. Además, Archila ha salido en los medios a decir que no hay suficiente plata para volver realidad el acuerdo.

La política de seguridad de Duque, orientada a revivir el plan de consolidación territorial que existió bajo los gobiernos de Uribe y de Santos, dará algunos frutos en 2019, sobre todo en cuanto al combate contra diferentes jefes de las disidencias, e incluso contra algunos mandos del Eln.

Lo más probable es que la violencia disminuya por pactos entre grupos armados o por la victoria del uno sobre el otro. Pero el control territorial del Estado no aumentará, pues la política de seguridad de consolidación no apunta adecuadamente a lograrlo y quedará por verse si se puede revertir la tendencia del aumento de cultivos de coca. La erradicación forzada puede dar algunos frutos en el corto plazo, pero seguramente se verán más protestas por parte de los cocaleros en el proceso.

La JEP enfrentará un año decisivo. Aunque las leyes necesarias para asegurar su existencia han sido aprobadas, su legitimidad política sigue en juego. Sin embargo, es probable que la condena de alguno de los líderes de las antiguas Farc sea un primer paso para ganar esa legitimidad. Más aun si también profiere condenas por los casos de ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública. Lo que logre frente a la incertidumbre que produce la ausencia de el Paisa e Iván Márquez también será decisivo.

Finalmente habrá que ver los resultados de las elecciones locales. No está del todo claro si las fuerzas políticas a favor de la paz tendrán éxito, pero tampoco es claro que los partidos aliados al Gobierno obtengan victorias, si se tiene en cuenta la baja popularidad del presidente. Además, estas serán las primeras elecciones locales con participación de la FARC como partido político: ¿serán capaces de poner concejales o de obtener alguna Alcaldía? En resumen, el año que viene el Acuerdo de Paz seguirá adelante, aunque siga cojeando.

 


Publicado originalmente en Razón Pública. Lea el artículo original aquí. 

*Analista sénior de International Crisis Group en Colombia y Razón Pública.

Avanza proyecto para que las víctimas tengan curules en el Congreso

Recordemos que una vez firmado el acuerdo de paz, en el 2017 se presentó el proyecto de acto legislativo para crear 16 circunscripciones especiales de paz, las cuales se traducen en 16 curules que las víctimas del conflicto ocuparían en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa se hundió por falta de un voto y así quedó en el limbo la representación de las víctimas en el Congreso.

Posterior a esta derrota, el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, radicó un nuevo proyecto de ley para crear 16 curules para las víctimas cuyo proyecto ya no se llama “especiales de paz” sino “para las víctimas del conflicto armado”. Este proyecto busca, a parte de las curules, la participación de las víctimas en el Consejo Nacional Electoral CNE con representantes transitorios.

Luz verde para las víctimas

La Comisión Primera de Senado discutió y aprobó el informe de ponencia presentado por el senador Roy Barreras (Partido de la U) con 14 votos a favor y uno en contra. El coordinador ponente del Uribismo, José Obdulio Gaviria se opuso a la ponencia de su colega en la corporación, argumentando que estas circunscripciones deben centrarse en una circunscripción única poblacional y no territorial.

A su vez, el senador del Mira, Carlos Guevara radicó tres proposiciones que tenían como finalidad modificar el artículo 1 del proyecto y establecer una circunscripción nacional para las víctimas, habilitar a la totalidad del censo electoral para participar en la elección de los representantes de estas circunscripciones y que se permitiera la inscripción de candidatos víctimas que hayan sido exiliados y se encuentren radicados en el exterior. Sin embargo, estas fueron negadas por la Comisión Primera.

Finalmente, el miércoles 12 de septiembre el ponente Roy Barreras llegó al acuerdo con todas las bancadas de estudiar las proposiciones negadas para que pudieran ser incorporadas en la ponencia que llegará a la plenaria del Senado. El articulado del proyecto que venía como estaba en la ponencia fue aprobado con 14 votos a favor y uno en contra. El senador Carlos Guevara quien se apartó del consenso de la Comisión, explicó que volverá a presentar sus proposiciones si estas no son acogidas en el nuevo informe de ponencia.

Los ponentes Roy Barreras y José Obdulio Gaviria tendrán 15 días para elaborar el nuevo texto que será discutido en la plenaria del Senado.

Gobierno y Eln, análisis y propuestas para avanzar en los diálogos de paz

Ante este panorama el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, realizó un análisis del estado actual de los diálogos de paz y nueve propuestas para avanzar en este proceso.

Aunque se percibe un ambiente de pesimismo y desconcierto respecto a las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln, sí han existido avances y lo más importante, la voluntad de las partes para continuar en la búsqueda concertada de la paz siguen presentes.

La voluntad de paz manifestada

En su discurso de posesión, el presidente Duque manifestó que: “Un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”

Tres días antes de la posesión de Duque, en una entrevista con Telesur, Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del Eln, ante la pregunta sobre las nuevas condiciones del Gobierno entrante para la continuación del proceso dijo: “Los que sean los escuchamos, porque esa es la negociación”

El pasado 24 de agosto, en declaraciones al New York Times Beltrán resaltó que el propósito del proceso es sacar la violencia de la política, y por primera vez habló de la dejación de armas y puso sobre la mesa la propuesta de realizarla de manera gradual. También reveló que había hablado con el nuevo Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y que había detectado “voluntad de paz” y que es posible lograr un acuerdo con el Eln en el gobierno de Duque.

Otro hecho que le da esperanza a las negociaciones, es la decisión del Gobierno Duque de solicitar al Secretariado General de las Naciones Unidas, prorrogar un año más la Misión de Verificación, autorizada por el Consejo de Seguridad Nacional por unanimidad.

El objeto central de esta misión de Verificación había sido los acuerdos con las Farc-Ep en relación con la reincorporación, sin embargo jugó un papel muy importante en el pasado cese al fuego bilateral entre el Eln y el Gobierno Nacional.

Pese a a crítica situación de los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los territorios de conflicto e inmensa importancia para el país, y la posibilidad de que esta situación afecte de manera negativa en la posibilidad de una salida pacífica al conflicto, podría decirse que sí existe voluntad explícita del Eln para continuar con los diálogos de paz con el presidente Duque.

Por su parte el Gobierno en cabeza de Iván Duque ha expresado su interés en revisar el estado del proceso y ajustar lo necesario para continuar con los diálogos. Duque también ha sido claro en que, si bien quiere la paz, tiene críticas a la forma en la cual se realizó la negociación con las Farc-Ep, por su parte el Eln ha insistido en darle un carácter distinto y propio a su proceso, lo anterior pinta un buen panorama para que Gobierno y Eln puedan construir un proceso en el cual ambos se sientan más cómodos.

Un nuevo proceso, nuevos retos, más propuestas

En ese sentido, el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz sugiere nueve puntos a tener en cuenta en la construcción de ese nuevo proceso entre las partes mencionadas con un enfoque distinto y criterios a la hora de plantear dichos ajustes:

  1. Establecer como objetivo central y explícito del proceso “sacar la violencia de la política”.
  2. Reorientar las conversaciones hacia el desecalonamiento gradual del conflicto armado, que implique alivios humanitarios para las comunidades en los territorios de manera inmediata, terminando con el secuestro y la extorsión y permita llegar a un cese bilateral y definitivo como punto de llegada y no de partida.
  3. Acelerar e intensificar el componente de la participación de la sociedad, en su diversidad, de manera organizada, a partir de los principios y criterios consignados en la declaración política del pasado 1 de agosto, creando espacios de participación efectiva en territorios específicos para darle soluciones reales a las comunidades.
  4. Compromisos diáfanos y efectivos frente a la defensa de la vida de los líderes sociales.
  5. A partir de la noción de que es posible y deseable, firmar y empezar a implementar un acuerdo final con el Eln en los 4 años del actual mandato presidencial: Se debe establecer una calendarización y ajustes metodológicos que permita a la mesa tener mayor claridad acerca de los tiempos y la tareas en el corto, mediano y largo plazo, pero que a demás, y sobre todo, le de una clara señal al país que el proceso sí va hacia buen puerto, calve para motivar la participación de una sociedad aún muy escéptica e indiferente.
  6. Establecer el principio de negociación basado en “acuerdos parciales de vigencia inmediata” que permitan que la implementación no esté desfasada del proceso de conversaciones.
  7. En cuanto a la participación de la comunidad internacional, se debe aprovechar su inmenso potencial de colaboración y todo ajuste o ampliación de la arquitectura actual debe ser el resultado de acuerdos bilaterales
  8. Sería recomendable contemplar, lo más pronto posible, traer la Mesa de Diálogos a territorio nacional, con la Iglesia Católica como garante, ojalá con el apoyo del Vaticano. La experiencia de las audiencias de Tocancipá y Bogotá el año pasado, así como la visita a Casa de Paz de Antonio García, durante el gobierno de Uribe, muestran su viabilidad.
  9. Diseñar e implementar un plan de comunicación y pedagogía para la paz desde la Mesa de conversaciones a lo largo del proceso.

Este documento, se suma al gesto de Paz que el Gobierno Español a través de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez realizará al presidente Duque, y en el que incluso, se exploró la posibilidad de que el país ibérico sea sede y epicentro de la reactivación de la mesa de diálogos.

El Eln en el Tolima

Es importante señalar que esta organización, en el Departamento del Tolima ha tenido una histórica presencia marginal en el norte del Tolima, a través del Bloque Bolcheviques del Libano, integrado por las comisiones Guillermo Ariza, Armando Triviales y Héroes 20 de Octubre.

Esta estructura ha recibido importantes golpes por parte de las autoridades, el más reciente de ellos ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando en inmediaciones del municipio de Soacha en Cundinamarca, fue capturado Elisedio Vallejo Agudelo alias “Mono Eliseo” quien pertenecía a dicha estructura criminal, y en la actualidad, sería el encargado del trabajo político de dicho frente en el Tolima.

Señalemos que de acuerdo con diversos informes entre 1990 y el 2001 del total las acciones armadas registradas en el Departamento, el 19% correspondió a acciones del Eln y entre el 2001 y el 2012 cayeron al 4%.; a comienzos de este 2018 circuló información sobre lonque serianun reactivamiento de las estructuras de esta guerrilla en el norte del Tolima, sin embargo autoridades militares y de policía han descartado esta situación.

Cualquiera que sea el estado actual de esta organización, se hace imperioso avanzar hacia la consolidación de una paz completa en la que se profundice la implementación de los acuerdos de la Habana con las Farc-Ep y se reactiven y avance en los diálogos con el Eln.