Gobierno y Eln, análisis y propuestas para avanzar en los diálogos de paz

Ante este panorama el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, realizó un análisis del estado actual de los diálogos de paz y nueve propuestas para avanzar en este proceso.

Aunque se percibe un ambiente de pesimismo y desconcierto respecto a las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln, sí han existido avances y lo más importante, la voluntad de las partes para continuar en la búsqueda concertada de la paz siguen presentes.

La voluntad de paz manifestada

En su discurso de posesión, el presidente Duque manifestó que: “Un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”

Tres días antes de la posesión de Duque, en una entrevista con Telesur, Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del Eln, ante la pregunta sobre las nuevas condiciones del Gobierno entrante para la continuación del proceso dijo: “Los que sean los escuchamos, porque esa es la negociación”

El pasado 24 de agosto, en declaraciones al New York Times Beltrán resaltó que el propósito del proceso es sacar la violencia de la política, y por primera vez habló de la dejación de armas y puso sobre la mesa la propuesta de realizarla de manera gradual. También reveló que había hablado con el nuevo Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y que había detectado “voluntad de paz” y que es posible lograr un acuerdo con el Eln en el gobierno de Duque.

Otro hecho que le da esperanza a las negociaciones, es la decisión del Gobierno Duque de solicitar al Secretariado General de las Naciones Unidas, prorrogar un año más la Misión de Verificación, autorizada por el Consejo de Seguridad Nacional por unanimidad.

El objeto central de esta misión de Verificación había sido los acuerdos con las Farc-Ep en relación con la reincorporación, sin embargo jugó un papel muy importante en el pasado cese al fuego bilateral entre el Eln y el Gobierno Nacional.

Pese a a crítica situación de los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los territorios de conflicto e inmensa importancia para el país, y la posibilidad de que esta situación afecte de manera negativa en la posibilidad de una salida pacífica al conflicto, podría decirse que sí existe voluntad explícita del Eln para continuar con los diálogos de paz con el presidente Duque.

Por su parte el Gobierno en cabeza de Iván Duque ha expresado su interés en revisar el estado del proceso y ajustar lo necesario para continuar con los diálogos. Duque también ha sido claro en que, si bien quiere la paz, tiene críticas a la forma en la cual se realizó la negociación con las Farc-Ep, por su parte el Eln ha insistido en darle un carácter distinto y propio a su proceso, lo anterior pinta un buen panorama para que Gobierno y Eln puedan construir un proceso en el cual ambos se sientan más cómodos.

Un nuevo proceso, nuevos retos, más propuestas

En ese sentido, el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz sugiere nueve puntos a tener en cuenta en la construcción de ese nuevo proceso entre las partes mencionadas con un enfoque distinto y criterios a la hora de plantear dichos ajustes:

  1. Establecer como objetivo central y explícito del proceso “sacar la violencia de la política”.
  2. Reorientar las conversaciones hacia el desecalonamiento gradual del conflicto armado, que implique alivios humanitarios para las comunidades en los territorios de manera inmediata, terminando con el secuestro y la extorsión y permita llegar a un cese bilateral y definitivo como punto de llegada y no de partida.
  3. Acelerar e intensificar el componente de la participación de la sociedad, en su diversidad, de manera organizada, a partir de los principios y criterios consignados en la declaración política del pasado 1 de agosto, creando espacios de participación efectiva en territorios específicos para darle soluciones reales a las comunidades.
  4. Compromisos diáfanos y efectivos frente a la defensa de la vida de los líderes sociales.
  5. A partir de la noción de que es posible y deseable, firmar y empezar a implementar un acuerdo final con el Eln en los 4 años del actual mandato presidencial: Se debe establecer una calendarización y ajustes metodológicos que permita a la mesa tener mayor claridad acerca de los tiempos y la tareas en el corto, mediano y largo plazo, pero que a demás, y sobre todo, le de una clara señal al país que el proceso sí va hacia buen puerto, calve para motivar la participación de una sociedad aún muy escéptica e indiferente.
  6. Establecer el principio de negociación basado en “acuerdos parciales de vigencia inmediata” que permitan que la implementación no esté desfasada del proceso de conversaciones.
  7. En cuanto a la participación de la comunidad internacional, se debe aprovechar su inmenso potencial de colaboración y todo ajuste o ampliación de la arquitectura actual debe ser el resultado de acuerdos bilaterales
  8. Sería recomendable contemplar, lo más pronto posible, traer la Mesa de Diálogos a territorio nacional, con la Iglesia Católica como garante, ojalá con el apoyo del Vaticano. La experiencia de las audiencias de Tocancipá y Bogotá el año pasado, así como la visita a Casa de Paz de Antonio García, durante el gobierno de Uribe, muestran su viabilidad.
  9. Diseñar e implementar un plan de comunicación y pedagogía para la paz desde la Mesa de conversaciones a lo largo del proceso.

Este documento, se suma al gesto de Paz que el Gobierno Español a través de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez realizará al presidente Duque, y en el que incluso, se exploró la posibilidad de que el país ibérico sea sede y epicentro de la reactivación de la mesa de diálogos.

El Eln en el Tolima

Es importante señalar que esta organización, en el Departamento del Tolima ha tenido una histórica presencia marginal en el norte del Tolima, a través del Bloque Bolcheviques del Libano, integrado por las comisiones Guillermo Ariza, Armando Triviales y Héroes 20 de Octubre.

Esta estructura ha recibido importantes golpes por parte de las autoridades, el más reciente de ellos ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando en inmediaciones del municipio de Soacha en Cundinamarca, fue capturado Elisedio Vallejo Agudelo alias “Mono Eliseo” quien pertenecía a dicha estructura criminal, y en la actualidad, sería el encargado del trabajo político de dicho frente en el Tolima.

Señalemos que de acuerdo con diversos informes entre 1990 y el 2001 del total las acciones armadas registradas en el Departamento, el 19% correspondió a acciones del Eln y entre el 2001 y el 2012 cayeron al 4%.; a comienzos de este 2018 circuló información sobre lonque serianun reactivamiento de las estructuras de esta guerrilla en el norte del Tolima, sin embargo autoridades militares y de policía han descartado esta situación.

Cualquiera que sea el estado actual de esta organización, se hace imperioso avanzar hacia la consolidación de una paz completa en la que se profundice la implementación de los acuerdos de la Habana con las Farc-Ep y se reactiven y avance en los diálogos con el Eln.

A los líderes sociales no solo los matan, sino que los estigmatizan

A los líderes sociales no solo los matan, sino que los estigmatizan

Las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre los asesinatos y persecuciones a líderes sociales, han desencadenado preguntas y prejuicios sobre el por qué y quiénes están detrás de estos crímenes. A falta de garantías lo que el Estado ha ofrecido es estigmatización y mitos sobre el liderazgo social en Colombia.

Contexto: Cinco claves para entender la ola de violencia contra líderes sociales

La organización Somos Defensores dice en su informe semestral que evaluó el periodo entre enero y junio de 2017, que los asesinatos habían aumentado en un 30%. La ONG Indepaz asegura que en Colombia 170 líderes y lideresas fueron asesinados sólo en 2017, casi 53 asesinatos más que en 2016. Estas cifras, concluye la organización, muestran un incremento del 45,29%. Es como si asesinaran a un líder cada 2 días.

La ONU, apenas en marzo de 2017 ya alertaba sobre el aumento de los asesinatos. Alegó que el año pasado la cifra llegó a 127 líderes asesinados y que la mayoría murieron en zonas previamente ocupadas por las Farc, lo cual podría debilitar la implementación de los acuerdos.

Aunque no coinciden respecto del número de muertes registradas, estas tres organizaciones concluyen que entre 2016 y 2017 hubo un escalamiento en estos asesinatos. Una de las razones por las cuales es complejo determinar el número exacto de asesinatos, es que las organizaciones tienen distintas definiciones de lo que es y no es un líder social.

Contexto: “Nos están matando”, el documental sobre el asesinato de líderes sociales

En medio de este escalamiento de la violencia, surgen algunas afirmaciones sobre el liderazgo social que La Paz en el Terreno agrupó en tres mitos sobre el liderazgo social en Colombia.

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Jose Luis Prieto, Líder asesinado

Los matan porque son guerrilleros

Históricamente los líderes y lideresas sociales han sido estigmatizados y señalados de simpatizar e incluso, de pertenecer a grupos guerrilleros como las Farc, recientemente desmovilizadas, o el ELN, entre otros. Debido a esto pasan a ser sujetos de amenazas, persecuciones y asesinatos, pero hace falta entender un poco mejor este proceso.

En los años cincuenta, cuando se acentuó el discurso anticomunista en el país, el miedo hacia la izquierda se transformó en aversión y finalmente en violencia. Así lo explicó el historiador Juan Carlos Chaparro en el programa radial “Hitos contra el liderazgo social”, de Rutas del Conflicto.

El temor de algunos sectores tradicionales de que la izquierda se tomara el poder, puso en el mismo saco a sectores reclamantes de derechos, junto con militantes de la izquierda política y grupos armados simpatizantes de esta ideología. Es decir, en su más alto punto, este discurso tildó de guerrillero a todo aquel que, con acciones o por medio de la opinión, se opusiera a la continuidad de la política tradicional en el país.

Contexto: Así están matando y amenazando a los líderes sociales

Barrancabermeja es un caso ilustrativo. Esta ciudad santandereana en el Magdalena Medio fue escenario de una arremetida paramilitar a finales de la década de los 90 y principios del siglo XX, en la que las Autodefensas de Santander y del sur del Cesar, que posteriormente se unieron al Bloque Central Bolívar, se tomaron a sangre y fuego los barrios en los que consideraba habían bases urbanas subversivas.

Lo cierto es que ‘Barranca’ reunía tres elementos que marcaron su historia del conflicto, la industria petrolera más próspera de la región, movimientos sindicales que velaban por condiciones laborales dignas y la presencia del ELN en el territorio. A su llegada, los paramilitares señalaron a los sindicatos y otros movimientos sociales como simpatizantes, colaboradores y promotores de la guerrilla y fue con esta excusa que perpetraron más de 10 masacres de grandes magnitudes en ese período. Sólo en la masacre del 16 de mayo de 1998, los ‘paras’ mataron a 7 personas y secuestraron a otras 25, a quienes también asesinaron y desaparecieron en el transcurso de las dos semanas siguientes.

Contexto: Más de 120 líderes comunales han sido asesinados en 2017

Pero no es sólo una cuestión de discurso malversado. Existen sectores políticos y económicos que al ver amenazados sus intereses debido a un liderazgo social, optan por señalamientos hacia líderes y organizaciones comunitarias, a sabiendas del riesgo que eso les implica.

“Si uno lo mira en su conjunto, este fenómeno estaba orientado a garantizar el orden establecido, es el caso del paramilitarismo. No fue exclusivamente una herramienta para combatir el comunismo, sino que en muchas regiones fue un instrumento para garantizar la cooptación del poder local, político y económico asociado a la tenencia de la tierra.”, explica Juan Carlos Chaparro, historiador y profesor de la Universidad Nacional.

Es decir, que no se trata sólo de un asunto ideológico, sino también de un uso estratégico de la estigmatización para la defensa de intereses particulares.  El caso de la empresa bananera Chiquita Brands, hallada culpable por hacer pagos a las Auc, ilustra muy bien esta situación. La investigación judicial que condenó a la empresa, en 2007, a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, arrojó que la alianza entre la empresa y el grupo armado estaba pensada para garantizar el control del territorio y ejercer control sobre los trabajadores reclamantes de condiciones dignas.

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Archivo de Rutas del Conflicto

Contexto: Pacho de Roux sobre líderes sociales: “era gente buena y justa, que luchaba de forma no violenta”

Un caso que ilustra los peligros de la estigmatización es el de la comunidad indígena Nasa, en Cauca, históricamente señalada de ser simpatizante de la guerrilla de las Farc. “Si usted analiza a los medios de comunicación sobre lo que hablan  sobre los pueblos indígenas, especialmente en el Cauca, cuando han habido movilizaciones, todas las movilizaciones siempre se dice que es auspiciada o promovida por la guerrilla de las Farc. Como si nosotros no pudiéramos tomar nuestras propias decisiones”, afirma Gustavo Ulcué, periodista indígena Nasa.

La prensa tuvo también una participación en este caso. Luego de varias tutelas, el 14 de septiembre de 2016, la Corte Constitucional ordenó al programa Séptimo Día rectificar la información que publicaron en su especial sobre esta comunidad indígena. En el reportaje afirmaban que la diferencia entre un indígena y un guerrillero se había perdido en varias regiones del departamento.

“Seguimos sufriendo siempre las violaciones de derechos humanos. Hemos tenido constantes amenazas, asesinatos, hurtos, mucho personal extraño recorriendo el territorio y frente a eso estamos trabajando en estrategias para ver cómo proteger el territorio”, agregó Fidelina Díaz, miembro de la Guardia Indígena.

No existe sistematicidad en el asesinato de líderes y lideresas en el país

Mientras que desde hace varios meses el Gobierno nacional ha insistido en que estos asesinatos no son sistemáticos, alegando que no es posible identificar un único grupo armado,  varios sectores sociales han insistido en que existen estructuras actuando organizadamente en contra de líderes en región.

Contexto: Asesinato de líderes sociales: la guerra que sigue viva

¿Qué hace que unos asesinatos puedan considerarse sistemáticos? El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le explicó a Noticias Uno el pasado 16 de diciembre de 2017 que si se pudiera comprobar que hay una sola organización dedicada a asesinar a líderes y lideresas a nivel nacional, reconocería la sistematicidad. Afirmó que los líderes mueren en el país por diversos motivos.

La sistematicidad, definida por la Corte Penal Internacional,“es un elemento de carácter cualitativo y hace referencia a la naturaleza organizada de los actos y la improbabilidad de que estos hubiesen ocurrido de manera aislada. Esta definición de sistemático desde la perspectiva del DIH, coincide con aquella según la cual se le puede dar este calificativo a algo que ‘procede de acuerdo a un plan.’”.

Contexto: Por simpatizar con Petro, “Águilas Negras” amenazan líderes sociales en Tolima

En resumen, el número de actores armados detrás de estos crímenes no es lo que determina si hay o no sistematicidad, el carácter premeditado y organizado para matar líderes y lideresas en región sí. Puede que no haya un único grupo, sino varios, dispersados por todo país y que cada cual opere con sistematicidad a nivel local.

Si es cierto que estas organizaciones proceden de acuerdo a un plan, la pregunta no es sólo quiénes están matando a los líderes y lideresas, sino, por qué. ¿A qué actores o instituciones no les interesa que un liderazgo concreto se haga visible?

“Estamos identificando unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de la eventual presencia de reductos de autodefensas, que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”, afirmó el el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al diario El Espectador, a finales de 2017.

Contexto: Intimidaciones contra líderes sociales del sur de Tolima

Luego de las declaraciones del Martínez, el expresidente Santos, sin admitir que hay una sistematicidad en estos asesinatos, afirmó que pondría en marcha un plan para defender a los líderes y lideresas. “La iniciativa contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del “Plan Orus”, que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las Farc.”, concluyó el exmandatario.

“Mientras se insista en que estas muertes no son sistemáticas, las investigaciones sobre estos hechos se alejan de la posibilidad de comprender el funcionamiento de estas estructuras que hoy operan en la penumbra, sin que sepamos muy bien quiénes son, para quién trabajan y qué es lo que buscan”, explicó el profesor Yann Basset, director del Observatorio de Participación Política.

A los líderes y lideresas los asesinan por conflictos de convivencia (líos de faldas)

Contexto: Asesinato a líderes es sistemático

En la misma entrevista en que dijo que no creía en la sistematicidad de los asesinatos, Villegas dijo que estas muertes eran en realidad producto de problemas de convivencia. “Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría un tema de linderos, un tema de faldas, un tema de reivindicación, un tema de pelea por rentas ilícitas”, afirmó el funcionario.

Esta frase causó revuelo entre quienes consideran que afirmaciones como esta invisibilizan la magnitud de lo que está pasando. Aunque es posible que algunas muertes no estén vinculadas con su liderazgo, no son pocos los casos en hay indicios fuertes para creer que sus muertes estaban relacionadas con su participación en la comunidad.

Contexto: Líderes sociales, ¿”Piedras en el zapato” para quién?

El 10 de noviembre de 2016, el líder social José Luis Prieto Tristancho estaba en su casa en Galapa, Atlántico, cuando un hombre, identificado como Joaquín Damiant de Moya Rodríguez, llegó y le disparó repetidas veces hasta matarlo.

Moya, quien había sido parte de la banda criminal Los Rastrojos, era empleado de Prieto y fungía como vigilante del barrio. Pasado el tiempo el líder se percató de que Moya utilizaba su trabajo para favorecer el expendio de drogas en la zona y resolvió despedirlo. En aquella confrontación, Moya amenazó de muerte a Prieto y un par de meses más tarde, cumplió su promesa.

¿Quién determina si esta es una muerte que se enmarca en el conflicto armado? En tiempos del llamado posacuerdo, pareciera que falta mucho por discutir en materia de reinserción y sobre estas formas de violencia que han llegado a las comunidades por cuenta del contexto actual.

Afirmar que los problemas de convivencia son la causa principal de estas muertes desvía la atención, una vez más, de las preguntas importantes. “¿Acaso la Unidad Nacional de Protección está atendiendo de manera oportuna a quienes denuncian estar en riesgo? A pesar de que múltiples ongs nacionales e internacionales publican informes de riesgo ¿por qué terminan muertos aquellos sobre los cuales se había alertado?”, intervino Basset.

 

Con información de [La paz en el Territorio]

Los proyectos productivos de excombatientes en Icononzo

Los proyectos productivos de excombatientes en Icononzo

Por: María Jimena Neira Niño*

 

 

Contexto: Este es el Conpes para la reincorporación de ex combatientes de las Farc

“La idea surge por los mismos incumplimientos del gobierno. La gente se desespera y a raíz de esas dificultades y necesidades de las personas, se fue pensando en cómo hacíamos para sostenernos económicamente. Siempre estamos esperando que el gobierno nos cumpla y el gobierno no nos va a cumplir. Se trata de nosotros, del esfuerzo y el trabajo que hagamos y de nuestro compromiso con el proceso”, afirma Gustavo, un fariano de 30 años que junto a Sonia está encargado del hotel.

Para llegar a esta vereda La Fila, del municipio de Icononzo al oriente del Tolima, desde el casco urbano, son aproximadamente 40 minutos de carretera destapada y a veces en mal estado, dependiendo del clima. Los integrantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, actualmente trabajan en la generación de nuevos proyectos productivos además del hotel y el restaurante en un restaurante de comidas rápidas y un proyecto de ecoturismo en la región.

En la Fila una de las cosas que más llama la atención es el restaurante, que abre sus puertas a cualquier persona que llegue. Lo manejan Carolina y Panchita, dos excombatientes que están todo el día cocinando, lavando loza y limpiando el lugar sin mucho descanso.

Cobran 7 mil pesos por cada comida y manejan un menú diario que puede ser modificado al gusto del cliente. Las personas que comen allí son generalmente profesoras y profesores, periodistas, funcionarios de la ONU y de otras entidades que visitan el ETCR y de vez en cuando excombatientes.

El restaurante queda ubicado en una de las cocinas comunales, llamadas “ranchas”, donde meses atrás cocinaban y comían excombatientes de esta zona. Ahora, con el dinero que le entra a cada persona, en las casas han adecuado pequeñas cocinas y fogones para cocinar. En el ETCR Antonio Nariño, las “ranchas” ahora son espacios de reunión y de aprendizaje, donde se dictan algunas clases.

Contexto: Cómo mantener a los guerrilleros de las Farc fuera del combate

 

 

La Cooperativa de Servicios es una iniciativa de excombatientes para ofrecer diferentes servicios en la zona a través de principios como la economía solidaria, un modelo económico basado en la cooperación, la autogestión y la autonomía y centrado en las personas.

Las otras dos cooperativas que hay en Antonio Nariño son la agropecuaria, encargada de los proyectos productivos. Maneja todo lo relacionado con animales: vacas, cerdos, gallinas y pescados, y también con los cultivos de sacha inchi -el que se muestra más avanzado-, arveja y frijol. La última cooperativa y la que está más atrasada es la llamada manufacturera, encargada de la producción objetos en cerámica y de prendas de vestir para el uso dentro del espacio y para la venta.

Otros excombatientes se apuntan al programa de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, de entrenamiento de escoltas, para generar una fuente de renta. Es el caso de Wilson (nombre cambiado para guardar su anonimato), que piensa entrar en el proceso, pero tiene dudas. Hoy con 50 años, Wilson tiene problemas en su columna que no ha podido resolver por la cantidad de trámites que debe hacer. De lo único que está seguro es que a la manigua, como llaman a la selva, no vuelve.

Contexto: A un año de la dejación de armas, así va la reincorporación de las antiguas Farc

En el Decreto 0580, publicado el 28 de marzo de 2018, se afirma que la fecha límite de abastecimiento de ciertos alimentos a los ETCR será el próximo 30 de junio de 2018, fecha estipulada por el gobierno nacional para que estos espacios empiecen a asumir su propio abastecimiento.

“Estamos convencidos de que la total interrupción de suministros alimentarios a los ETCR podría provocar una disminución significativa en el número de personas en esos espacios, afectando la viabilidad del proceso de reincorporación e impactando negativamente en el esfuerzo realizado por Autoridades, FARC y Comunidad Internacional hasta el momento” dijo al respecto en la W Radio, Jean Arnault, jefe de verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Para el excombatiente Gustavo, el atraso en los pagos para los proyectos productivos, por parte del gobierno, han llevado a que los proyectos todavía no funcionen y por esto, que el espacio Antonio Nariño no pueda valerse por su cuenta aún.

Contexto: Inclusión de excombatientes y educación para la paz, claves en el posconflicto

En La Fila ya no quieren entrevistas, quieren mejoras

Este es el punto de concentración de excombatientes de las Farc más cercano a Bogotá, con cerca de 3 horas de distancia. Por ello, ha sido una de las zonas más visibles y con más cubrimiento en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Como otras zonas, pero en mayor medida, también ha sido visitada por empresas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, estudiantes universitarios y jóvenes de partidos de izquierda que han dejado pintados murales de los grandes comandantes de la exguerrilla.

En este espacio de concentración que unos meses atrás acogió a tanta gente externa, ahora predomina el silencio y una que otra canción de salsa, vallenato o música popular. La comunidad fariana de Antonio Nariño no está interesada en más entrevistas, ya han dado muchas, afirma una excombatiente mientras alza a su bebé de cuatro meses. Otras personas sienten desconfianza y temen que lo que digan sea usado en su contra o en contra del movimiento.

A pesar de las visitas frecuentes, en esta zona siguen existiendo necesidades de infraestructura, de salud y de servicios básicos. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en su registro del ETCR de Icononzo, afirma que el avance infraestructural es del 100%.

 

 

 

En la zona hay un puesto de salud en alianza con el hospital de Icononzo pero no funciona permanentemente y brinda servicios básicos. En el reporte del Alto Comisionado para la Paz, también se afirma que el espacio cuenta con un servicio de ambulancia.

Sin embargo, el 26 de abril de 2018, cerca al ETCR, se estrellaron dos carros, uno de la comunidad fariana y otro de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el accidente resultó herida, por cortadas en el cuello, una excombatiente con embarazo de tres meses. En el espacio territorial no había ninguna ambulancia por lo que se solicitó una del casco urbano.

La ambulancia llegó cerca de una hora después y con ella se fue la excombatiente sin dejar de acariciar su barriga de embarazada.

Con información de La paz en el terreno

La propuesta de paz, (post)desarrollo y pluriverso de Arturo Escobar

Para el profesor de la Universidad de Carolina del Norte,  el conflicto armado y sus consecuencias son un síntoma de la crisis de ese proyecto civilizatorio, razón por la cual es imposible construir postconflicto desde las categorías propias de la modernidad.

En consecuencia, para Escobar, el post conflicto no debe ser entendido simplemente como un tránsito de la paz a la guerra, sino que es necesario entenderlo como un proyecto crítico del proceso civilizatorio de la modernidad. En otras palabras, el postconflicto es para él un proyecto en el cual sea posible refutar aquellas ideas, valores y políticas propias de la modernidad, que han derivado en un mundo desigual, poco incluyente y violento.

La clave de este proyecto crítico, según Escobar, en el cuestionamiento a los modelos económicos imperantes, ante los cuales hay que pensar y proponer alternativas al desarrollo. Para esto, señala, es fundamental el reconocimiento el pluriverso, es decir el reconocimiento de un mundo conformado a partir de miles de relaciones complejas entre humanos, y también con la naturaleza, o como lo definirían los zapatistas: un mundo en dónde caben todos los mundos. El reconocimiento del pluriverso, según Escobar, permite pensar fuera de las categorías de la modernidad y por tanto pensar en las alternativas políticas, sociales, culturales y económicas. Así mismo, en concordancia con lo anterior, Escobar redefine el concepto de paz como  el diseño para la autonomía y la liberación de la madre tierra.

En suma, la conferencia de Escobar permitió marcar un alto, un respiro, en las discusiones y reflexiones en torno a la paz, para volver a pensar, con otra mirada, algunos de los conceptos que muchas veces damos por hechos. En muchos casos, la saturación de las reflexiones sobre la paz nos hace olvidar que conceptos como paz, desarrollo, postconflicto, etc., en realidad son muy complejos y terminamos por ignorar sus múltiples dimensiones y significados.
Tomado de Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo
Desigualdad, posconflicto y la importancia del Análisis de Clase: un comentario

Desigualdad, posconflicto y la importancia del Análisis de Clase: un comentario

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. De acuerdo a un reciente estudio económico, basado en datos de las declaraciones de renta, en Colombia “el ingreso está altamente concentrado: el 1% superior de la distribución captó el 20,4% del ingreso total en 2010” .

Así mismo, “mientras que las encuestas de hogares muestran que la desigualdad medida por el coeficiente de Gini disminuyó entre 2006 y 2010, los resultados basados en impuestos dan una imagen diferente, en la que la concentración en la parte superior se ha mantenido estable”. Así mismo, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 25% de los propietarios rurales concentra el 95% de la tierra. 

Aunque el principal indicador que mide la desigualdad es el coeficiente de Gini, este presenta varias limitaciones. Por un lado, al basarse en encuestas que el Dane hace en los hogares colombianos, difícilmente captura información de los diminutos segmentos de la población acaudalada que concentran buena parte del ingreso.

Es poco probable que los encuestadores del Dane lleguen a los hogares de los banqueros, industriales, terratenientes y, mucho menos, que estos brinden información fidedigna de sus ingresos. Por tal razón, no es de extrañar que, “cuando los coeficientes de Gini basados en la encuesta se ajustan para tener en cuenta los ingresos superiores declarados en las declaraciones de renta, los niveles de desigualdad son mayores y la reducción de la desigualdad es menos pronunciada”

Así mismo, el coeficiente de Gini no dice nada sobre la relación entre la desigualdad en el ingreso y la estructura socio-productiva que produce y reproduce dicha desigualdad.

Las estadísticas sobre pobreza (monetaria o en necesidades básicas insatisfechas) también presentan el mismo problema. Así como las múltiples y ambiguas estimaciones sobre la “clase media”. Todas estas estadísticas permiten medir el fenómeno social de la pobreza y la desigualdad, realizar comparaciones, analizar evoluciones, etc. pero no dan luces sobre las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Las dificultades de estos indicadores -y la teoría social y económica tras ellos- se encuentra en la renuncia a la categoría de clase social y de estructura de clases, que tanta utilidad analítica les había otorgado a los economistas clásicos (Adam Smith, David Ricardo, etc.) y a Karl Marx; pero que fuera abandonada por el pensamiento económico dominante a partir de finales del siglo XIX (escuela neoclásica), y, en buena medida, por la sociología contemporánea a partir de la irrupción del pensamiento posmoderno para el que las clases sociales serían un mero “metarrelato” o “discurso” del siglo XX.

Así mismo, las visiones simplistas y dogmáticas del concepto de clase social -ampliamente difundidas por el estalinismo- también contribuyeron al desprestigio académico y político de dicha categoría.

Pero, independiente de lo que piensen los economistas neoclásicos, así como los sociólogos y politólogos posmodernos, las clases sociales existen y configuran buena parte de nuestra realidad social (económica, política, sociológica y cultural) y sus conflictos. Precisamente, la noción de clase social nos permite entender la relación entre pobreza, desigualdad y estructura socio-productiva de un país o región. Así como los conflictos políticos y sociales contemporáneos.

Para el enfoque marxista las clases sociales se definen, principalmente, a partir de la propiedad y control de los medios de producción, así como por la capacidad de explotar trabajo ajeno.

Todo lo cual genera contradicciones entre las distintas clases sociales. A pesar de sus múltiples análisis (económicos, políticos, historiográficos, etc.) sobre las clases sociales, Karl Marx no presentó una definición precisa del concepto de clase social, ni construyó una teoría general de las clases. Una de las definiciones clásicas de clase social, en la tradición marxista, la vendría a dar Vladimir Lenin en 1919:

Las clases son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social

Desarrollos teóricos y empíricos más recientes sobre el concepto de clase social, en el campo del marxismo, pueden encontrarse en Poder político y clases sociales en el estado capitalista de Nicos Poulantzas (1973), en Valor, explotación y clase de John Roemer (1989) y, sobre todo en los trabajos del sociólogo Erik Olin Wright a partir de los años 90’s.

Aquí es preciso resaltar que, aunque el análisis de clase no agota el hecho social (por la existencia de divisiones sociales y conflictos basados en el género, etnia, preferencia sexual, generación, entre otros), se hace imposible un análisis racional y objetivo de la realidad social -y sus conflictos- si se renuncia a esta categoría.

Para el caso colombiano merece especial atención los trabajos pioneros del sacerdote, revolucionario y precursor de la sociología en Colombia, Camilo Torres Restrepo, y su categoría de “clase popular”, base fundamental de la “Plataforma revolucionaria del Frente Unido del Pueblo” en los años 60’s. 

Para Camilo Torres la “clase popular” es una categoría que agrupa a las distintas clases trabajadoras explotadas o excluidas por el capitalismo (asalariados del campo y la ciudad, campesinos, desempleados, amas de casa, cuenta-propistas pobres) y que constituían las “mayorías del país”, en oposición a las “minorías” (que monopolizan el poder económico, político, mediático y eclesiástico) en su beneficio.

Partiendo de este análisis de clase -fuertemente influido por el pensamiento de Antonio Gramsci- Camilo Torres entendía la revolución como

un cambio fundamental de las estructuras económicas, sociales y políticas […] la revolución es indispensable porque ahora el poder se encuentra en manos de una minoría de más o menos 50 familias incapaces de afectar sus intereses por los de la mayoría, lo que significa que esta minoría posee también el control político, el de las elecciones, el de todos los medios y de todos los factores de poder y que al derribarse, se ejecuta lo que considero una revolución: el cambio de la estructura del poder de manos de la oligarquía a manos de la clase popular”

Grandes problemas de nuestra realidad nacional, como el extractivismo (y el respeto o no a las consultas populares), el asesinato de líderes sociales (156 en los últimos 14 meses), los conflictos por la tierra, la implementación de los acuerdos de paz, el narcotráfico, el “libre comercio”,  la corrupción, entre otros, difícilmente pueden ser entendidos y afrontados eficazmente sin un análisis de clase serio y riguroso, que parta de la contradicción fundamental entre los intereses de la “clase popular” y las “minorías” acaudaladas.

En este punto resulta preocupante (e indignante) que, para muchos sectores de la izquierda política, social e intelectual, el periodo posterior al desarme de las Farc-Ep, “el posconflicto”, se caracterice como un periodo de “paz y reconciliación nacional”, donde es válido que fuerzas que otrora se autodenominaban defensoras de los intereses de la clase popular, abracen alegremente el proyecto político de los personajes y partidos que han defendido históricamente los intereses de las clases opresoras, como Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle Lombana.

Todo bajo argumentos de “modernización política”, “apertura democrática”, “vencer el odio y asegurar la paz” y demás slogans que disfrazan una claudicación política: las “nuevas formas de hacer política” no son nada más que las viejas formas de venderse a los enemigos de las clases populares.


Alvaredo, F., & Londoño Velez, J. (2014). Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010. Revista de Economía Institucional16(31), 157-194.

Alvaredo, F., & Londoño Velez, J. (2014). Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010. Revista de Economía Institucional16(31), 157-194.

Lenin, V. I. I. (1986). Una gran iniciativa. Progreso.

Wright, E. O. (1979). Class structure and income determination (Vol. 2). New York: Academic Press.

Wright, E. O. (1985). Classes. London/New York.

Wright, E. O. (1997). Class counts: Comparative studies in class analysis. Cambridge    University Press.

Wright, E. O. (2005). Foundations of a neo-Marxist class analysis. Approaches to class analysis, 4-30.

Camilo Torres Restrepo. “Sólo mediante la revolución puede realizarse el amor al prójimo”. (Reportaje de Jean-Pierre Sergent, segundo semestre de 1965)

Algo ya denunciado por Lenin allá por 1899: “Y ahora preguntamos: ¿qué aportaron de nuevo a esta teoría aquellos bulliciosos “renovadores”, que tanto ruido han levantado en nuestros días, agrupándose en torno al socialista alemán Bernstein? Absolutamente nada: no impulsaron ni un paso la ciencia que nos legaron, con la indicación de desarrollarla, Marx y Engels; no enseñaron a los trabajadores ningún nuevo método de lucha; no hicieron más que replegarse, recogiendo fragmentos de teorías atrasadas y predicando a los trabajadores, en lugar de la doctrina de la lucha, la de las concesiones a los enemigos más encarnizados del proletariado, a los gobiernos y partidos burgueses, que no se cansan de inventar nuevos métodos de persecución contra los socialistas” (Acerca del Oportunismo)