Plan Nacional de Desarrollo fortalece proceso de reincorporación para excombatientes

Plan Nacional de Desarrollo fortalece proceso de reincorporación para excombatientes

Renta básica mensual
El Plan Nacional de Desarrollo modificó el artículo 8 del Decreto Ley 899 de 2017, que regula el beneficio económico de la renta básica mensual de los excombatientes de las Farc-EP, con lo que se fortalece el proceso de estabilización económica de 13.194 personas en proceso de reincorporación. Por otro lado, para que los excombatientes accedan al 90% del salario mínimo legal vigente, deberán cumplir la ruta de reincorporación que esta conformada por cuatro dimensiones: Formación Académica, Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Acompañamiento Psicosocial y Generación de Ingresos.
Acceso a territorios
Un segundo beneficio es el acceso a territorios para el desarrollo de proyectos productivos que le permitan a la población excombatiente el acceso a ingresos sostenibles a mediano y largo plazo desde la legalidad. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes con extinción de dominio, transferirá las tierras a las personas en proceso de reincorporación que tengan consolidado y aprobado su proyecto, para continuar con la estabilización socioeconómica y tránsito a la legalidad. Este traspaso se hará con el visto bueno de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). “Se materializa el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar a los excombatientes el acceso a tierras para el desarrollo de sus proyectos productivos de manera efectiva y bajo garantías legales, en el marco del proceso de reincorporación”, afirmó Andrés Stapper, Director General de la ARN. Asimismo, la política pública ‘Paz con Legalidad’, impulsada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo garantizando cómo principio institucional el regreso de los excombatientes a la vida civil a través de la legalidad y las oportunidades. El tercer beneficio pretende fortalecer la reincorporación de las personas que dejaron las armas en el marco de los principios de verdad, justicia y garantías de no repetición. Para lograr este objetivo, la ARN articulará la oferta institucional del gobierno nacional bajo tres principios: reincorporación social, con énfasis en el acompañamiento psicosocial; la reincorporación económica, con énfasis en las condiciones de estabilización socioeconómica a partir del desarrollo de proyectos productivos individuales o colectivos, y la reincorporación comunitaria, orientada a la creación de espacios de diálogo entre los excombatientes, sus comunidades receptoras, las víctimas y la institucionalidad presente en​ el territorio. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo concertará con los grupos étnicos (afrodescendientes, indígena y rom) la forma de cómo quieren adelantar el proceso de reincorporación. una vez se haya hecho el diagnóstico con la información suministrada por los grupos, se diseñará un programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género, la cual la ARN garantizará la articulación con las entidades competentes para la implementación del programa.
En 2018 se disparó el número de víctimas por la violencia

En 2018 se disparó el número de víctimas por la violencia

El informe “Retos humanitarios 2019” que entrega el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR recoge datos sobre el recrudecimiento de la violencia en Colombia en 2018, la reorganización de grupos armados y la disputa por los territorios abandonados por las Farc-Ep hacen volver la pesadilla de la guerra al país.

El equipo de la CICR atendió durante el 2018 un incremento en las emergencias humanitarias en las zonas del oriente y sur del país donde proliferan los constantes abusos hacia la población civil por parte de todos los actores armados.

El vacío estatal en estas zonas, el reordenamiento de grupos armados se fortalecieron las dinámicas de violencia que el país estaba superando poco a poco desde la firma del acuerdo de paz con las Farc-Ep. Dos de los casos más significativos del retorno de la violencia son las víctimas por minas antipersonal y el desplazamiento.

En 2018, la Unidad de Víctimas registró un significativo aumento de desplazamientos masivos y el número de víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos se triplicó. Afirma el informe de la CICR

desplazamiento

A esta tendencia, se suma una vergonzosa lista de abusos que parecen lejos de acabarse: homicidios selectivos, amenazas, desapariciones, violencia sexual, uso de menores de edad por parte de todos los actores armados, irrespeto a la Misión Médica, entre otros.

El mapa de las víctimas por minas en 2018

minas

Las cifras son preocupantes ya que los casos de personas afectadas por minas antipersonal se triplicaron en el último año y en regiones como Norte de Santander y Nariño el aumento fue del 800 y 600 por ciento respectivamente. En general son cinco los departamentos donde se ha recrudecido este flagelo que había disminuido casi por completo en el 2016 con la expectativa del acuerdo de paz. Pasamos de reportar 57 víctimas en 2017 a 221 en 2018.

Un desaparecido cada cuatro días

Otro aspecto que preocupa en el informe es la cifra de 2500 nuevos desaparecidos desde el 2016, uno cada cuatro días lo que evidencia que la desaparición forzada sigue siendo utilizada por todos los actores armados en el país.

En 2018, hicimos seguimiento a más de 2.500 casos de desaparición y obtuvimos información sobre la suerte de 216 de estas personas. Sin embargo, estos esfuerzos son apenas una gota en el océano: el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que hay más de 80.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto.

En Colombia existen 5 conflictos armados

En al rueda de prensa donde se presentó el informe, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch entregó datos adicionales sobre la emergencia humanitaria registrada en el documento. Uno de esos datos es la identificación de cinco conflictos armados que se libran en el territorio en el presente.

Primero está el que sostiene el Estado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego, el del Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocidos como “Los Pelusos” también considerados como una banda narcotraficante, siguen las disidencias de las FARC, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), esta última es una banda criminal heredera del paramilitarismo.

Y por último aparece el conflicto que sostienen el ELN y el EPL en las selvas del Catatumbo en la frontera con Venezuela, relacionado completamente a la lucha por el control de las rutas del narcotráfico.

Finalmente en el informe se hace un llamado al gobierno nacional para que garantice la seguridad de la población civil en estas regiones donde la violencia no ha cesado ya que el estado no ha logrado hacer parecencia real en todo el territorio nacional.

Colombia, la paz que nunca llega

Colombia, la paz que nunca llega

Por: Elena Jiménez
Para: EOM


Con el gobierno de Iván Duque y lo que muchos catalogan como la vuelta del uribismo a la presidencia colombiana, era de esperar que el proceso de paz no iba a mantenerse en los términos negociados por Santos. De hecho, apenas unos meses después del triunfo electoral de Duque, esta tesis ha acabado por confirmarse con la paralización de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), precedida por un atentado que tuvo lugar el pasado 17 de enero en una escuela policial de Bogotá y cuya autoría fue reconocida por facciones del ELN.

Ante estos últimos acontecimientos, cabe repensar el estado del conflicto colombiano, que, tras más de 50 años de guerra, atraviesa, sin duda, una nueva fase. Atrás quedan los años del presidente Santos y sus esfuerzos para pacificar el país desde las salas de negociación. Comienza una nueva era o, mejor dicho, una vuelta a los tiempos pasados del presidente Uribe, marcados por los enfrentamientos militares y la violencia en todas sus formas.

Más allá de Uribe, Santos o Duque, la paz ha sido uno de los principales puntos en la agenda política de cualquiera de los Gobiernos a la cabeza del país andino desde los años 80, pero los métodos para perseguirla, con mayor o menor éxito, han variado y evolucionado con el devenir de la propia guerra.

Para muchos, el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iba a ser el fin definitivo de un conflicto que se ha cobrado más de ocho millones de víctimas y que se ha ganado el título del más duradero de América Latina. Pero las profundas raíces de la guerra y la diversidad de actores e intereses han impedido que el escenario de posacuerdo se consolide hasta ver el conflicto verdaderamente superado.

En este punto transitorio en el que se encuentra el país latinoamericano vale la pena preguntarse cuáles han sido esos intentos anteriores, sus fallos y aciertos y por qué ninguno ha conseguido la tan ansiada paz en Colombia.

Las claves del conflicto colombiano: de la tierra al narcotráfico

No cabe ninguna duda de que Colombia vive inmersa en una guerra muy compleja desde el punto de vista analítico. La particularidad y diversidad de sus contendientes, la incapacidad de algunos actores por reconocer las causas del conflicto o la introducción de nuevas modalidades de enfrentamiento han dificultado enormemente la consecución de la paz.

Si bien no hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del conflicto, existe cierto consenso en que es en el período de La Violencia (1948-1958) cuando se fraguaron los principales antecedentes y a partir de los años 60 cuando se inicia el conflicto que aún perdura hasta hoy. La causa principal, o al menos un eje fundamental para entender el conflicto, es la disputa por la propiedad y explotación de la tierra, lo que desencadenó la formación de grupos guerrilleros de izquierda cuyo principal reclamo era la puesta en marcha de una reforma agraria en Colombia.

En un primer momento, estos grupos guerrilleros actuaban de una manera más o menos informal, pero con la prolongación del conflicto se fueron organizando. Las FARC, fundadas entre 1964 y 1966 y fuera de la lucha armada desde 2016, eran el principal grupo rebelde. En esos mismos años se creó el ELN, aún activo. Además, operaron el Movimiento 19 de Abril (M19), el Movimiento Quintín Lame (MQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) —todos ellos desmovilizados en los 90—, entre otros grupos insurgentes de izquierdas ya extintos.

Los 80 supusieron un punto de inflexión en el conflicto colombiano, en parte por la aparición de grupos paramilitares de derechas financiados por terratenientes para combatir a las guerrillas y que a partir de 1996 se unifican bajo las siglas de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Las fuerzas estatales, por su parte, enfrentan a las guerrillas desde su nacimiento y se las acusa de colaborar en algunos períodos con las milicias paramilitares de derecha.

El último eslabón, el más reciente, son los cárteles de narcotraficantes, responsables mayoritarios de la intensificación del conflicto a partir de los años 80. No son considerados parte beligerante de manera oficial, aunque, desde su irrupción en el escenario colombiano, el conflicto toma un tinte muy distinto, pues el negocio de la droga se convierte en el motor financiador de los grupos armados, tanto de las guerrillas de izquierda como de los grupos paramilitares, y actúa, por tanto, como factor transversal.

Es precisamente este cóctel de actores el que, sumado a la larga duración del conflicto colombiano, ha llevado a los distintos Gobiernos a protagonizar una larga y diversa lista de iniciativas, algunas basadas en el diálogo y la desmovilización y otras centradas en la lucha armada contra las guerrillas.

Los duros 80, un impulso para los primeros intentos de pacificación

Durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se dieron las primeras negociaciones entre el Estado y las guerrillas. Se podría decir que Betancur fue el primer presidente en reconocer las causas estructurales del conflicto —sobre todo en lo referente a la cuestión agraria—, lo que permitió algunas desmovilizaciones.

En ese período se crea la Comisión de la Paz y el Gobierno inicia conversaciones con las FARC, con las que llega a firmar un acuerdo de alto el fuego en 1985, y con otros grupos, como el M19 o el Ejército Popular de Liberación (EPL). También en 1985 se crea el partido Unión Patriótica (UP), en el que participan importantes personalidades de la guerrilla y de la lucha social, incluidos sectores de las FARC y el ELN.

Lo curioso es que, durante este proceso, la violencia no solo continúa, sino que alcanza uno de sus puntos más álgidos, lo que hace fracasar estrepitosamente el proyecto de paz de Betancur. Recordemos que los años 80 son los años de mayores enfrentamientos en Colombia entre los cárteles de narcotraficantes y los grupos guerrilleros, a lo que se añade también la presencia de cada vez más grupos paramilitares de extrema derecha. Además, a finales de 1985 el M19 toma el Palacio de Justicia y miembros de la UP son asesinados por paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas, lo que acelera su desaparición como partido.

Durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986- 1990), la experiencia de la UP llevó a las FARC a rechazar toda negociación con el Gobierno y a intentar aglutinar a todos los movimientos guerrilleros bajo un grupo insurgente común. Sin embargo, los grupos armados de menor peso optaron por la negociación política, lo que permitió la desmovilización sucesiva del M19, el MQL, el EPL y el PRT.

La desmovilización del M19 fue, en cierto modo, un dinamizador de todas las demás, que se producirían en los meses siguientes. Su base legal son unos acuerdos con el Gobierno colombiano que, entre otros elementos, suponían la creación del Consejo Nacional de Normalización, que acabaría coordinando también las siguientes desmovilizaciones.

Desde un punto de vista fáctico, se podría entender esta experiencia como un éxito del Estado colombiano y, aunque la reinserción estuvo centrada, sobre todo, en la participación política, no produjo grandes desajustes en la sociedad civil. Sin embargo, los cuatro grupos desmovilizados no dejaban de tener una participación relativamente marginal en el conflicto; aún quedaban activos las FARC, el ELN y los paramilitares, que se unirían en la AUC en los años siguientes.

De las negociaciones del Caguán a la mano dura de Uribe

El proceso de paz más sonado después del iniciado por Santos en 2012 fue el llamado Proceso del Caguán, puesto en marcha durante el Gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002). La iniciativa consistió en la desmilitarización de 42.000 km², que abarcaron cinco municipios de las regiones de Meta y Caqueté, entre ellos el municipio de San Vicente del Caguán, con el objetivo de instalar allí las negociaciones entre el Estado y los grupos guerrilleros que seguían activos, principalmente las FARC.

Para ello, el Gobierno tenía que retirar de la zona a la policía y a cualquier fuerza militar, hecho que se da en noviembre de 1998. En enero comienzan las negociaciones, marcadas por la falta de compromiso de las FARC y la incapacidad para llegar a un acuerdo sólido.

De hecho, es en este contexto cuando se produce el simbólico incidente de la silla vacía, que hace referencia a la ausencia de Manuel Marulanda —entonces presidente de las FARC— en la inauguración de las negociaciones del Caguán. Este fue el principio de un proceso que, con los años, se reveló totalmente fallido, ya que las FARC aprovecharon la desmilitarización para aumentar su control en la zona y avanzar posiciones en la guerra contra el Estado.

Zona desmilitarizada durante el Proceso del Caguán. Fuente: Wikimedia

Fue, en parte, este fracaso de Pastrana el que catapultó a Álvaro Uribe a la presidencia en 2002. Su mandato estuvo marcado por una dura lucha contra la guerrilla y el narcotráfico bajo la Política de Seguridad Democrática, financiada a su vez por el Plan Colombia, un acuerdo mediante el cual EE. UU. se comprometía a asistir económica y militarmente la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.

Los años de Uribe (2002-2010) tuvieron un balance aparentemente positivo: se redujeron las desapariciones, se exterminaron miles de hectáreas de cultivos de cocaína y los cárteles de narcotraficantes redujeron enormemente su poder. Sin embargo, problemas como la violencia o el narcotráfico cambiaron su forma, pero no desaparecieron, y la causa estructural del conflicto —el reparto y explotación de la tierra— no solo no se solucionó, sino que se agravó por las fumigaciones masivas de plantaciones de coca.

También en los años de Uribe se produjo la desmovilización del mayor grupo paramilitar: las AUC. Este fue el primer proceso explícitamente calificado de “desarme, desmovilización y reinserción” (DDR) y guiado por los estándares de la ONU. No obstante, fue muy criticado por los medios de comunicación y la sociedad internacional, pues la llamada “paz entre amigos” se consideró una mera formalidad para lavar la cara al Gobierno, que venía siendo acusado de colaborar muy estrechamente con los paramilitares en la lucha contra la guerrilla.

Además, no se puede hablar de un proceso de DDR exitoso, ya que la fase de reinserción falló y llevó a la mayor parte de estos excombatientes a convertirse en miembros del crimen organizado, lo que aún hoy supone un problema de seguridad nacional para Colombia.

El ocaso aparente del conflicto colombiano

En septiembre de 2012 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018), anunciaba a los colombianos el inicio de los diálogos con las FARC, el mayor grupo guerrillero del país, para la elaboración de un futuro acuerdo de paz. Las negociaciones duraron cuatro años y tuvieron La Habana como escenario principal.

En septiembre de 2016 se firma un acuerdo que no sale adelante tras un plebiscito en el que gana el no por un 50,21%. A pesar de la negativa, el presidente Santos sigue adelante con el proceso y reformula un acuerdo que se acaba ratificando en noviembre del mismo año por las cortes, sin pasar esta vez por consulta popular.

El acuerdo aborda seis puntos de negociación: una reforma agraria; un acuerdo de cese al fuego y un posterior proceso de desarme, desmovilización, reinserción e integración de los combatientes; la constitución del grupo guerrillero como partido político legal; solución al problema de las drogas ilícitas más allá de las fumigaciones; reparación a las víctimas, y, finalmente, las condiciones de implementación del acuerdo.

Se trata de un acuerdo muy complejo y con grandes perspectivas de triunfo. Tanto las FARC como el Gobierno eran conscientes en ese momento de que el conflicto estaba estancado y de que una paz negociada iba a proporcionarles mayores beneficios que seguir invirtiendo en la lucha armada.

Santos, principal conductor del proceso, contaba además con una enorme legitimidad nacional e internacional: dentro cuenta con la confianza de las Fuerzas Armadas —fue ministro de Defensa durante los años de Uribe— y fuera tiene el apoyo de la ONU, la Unión Europea y otros socios importantes de dentro y fuera de la región, como Cuba o Noruega.

El resultado del proceso fue la tan ansiada desmovilización de las FARC y el inicio de las negociaciones con el ELN. Las FARC dejaron las armas definitivamente en junio de 2016 y se insertaron en la política con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común —con las mismas siglas que el grupo guerrillero—. La FARC se presentó a las elecciones legislativas de 2018, aunque sin mucho éxito.

Pero ¿qué fue lo que falló en la estrategia de Santos para que el pueblo colombiano no confiara en el proceso de paz? Santos llega a la presidencia en 2010 auspiciado por el éxito de Uribe, y el hecho de que escogiera negociar con las FARC antes que enfrentarlas militarmente fue recibido como una traición por parte de los uribistas. Además, la huella del Proceso del Caguán está muy presente en los colombianos, que siguen sin confiar en la palabra de las guerrillas y temen que vuelvan a dejar la silla vacía, como hicieron las FARC en 1998.

Por otro lado, el proceso de paz iniciado por Santos no fue ni mucho menos perfecto y dejó algunos aspectos sin resolver. Aunque el expresidente se jacta de haber reducido enormemente la tasa de homicidios en el país, tras este dato se esconde otra preocupante cifra: la de líderes sociales y políticos asesinados, que ha aumentado desde 2016, fruto de la ausencia estatal en territorios antes controlados por los grupos guerrilleros y que ha favorecido la proliferación de narcotraficantes y paramilitares en las zonas más remotas del país.

Asimismo, el Gobierno se enfrenta aún al complicado reto de la justicia transicional. Desde las firmas del acuerdo se han creado tres organismos —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas— con el fin de juzgar a los culpables del conflicto y resarcir a las víctimas, una misión extremadamente complicada si se tiene en cuenta que uno de los puntos básicos del acuerdo es la reinserción de los exguerrilleros.

El gran desafío de Santos para apaciguar las críticas de la oposición uribista y, al mismo tiempo, cumplir con los acuerdos fue el de compaginar la reconciliación nacional con la justicia, algo que no parece haber conseguido. De hecho, los procesos judiciales iniciados hasta ahora avanzan con enorme lentitud e incluso con ciertas irregularidades, lo que ha seguido restando credibilidad al proyecto de Santos.

¿El fin de la paz?

Santos ya preveía que, tras su salida del Gobierno, el acuerdo de paz iba a tener que enfrentar grandes dificultades para seguir adelante, razón por la cual apostó por acelerar el proceso al máximo de sus posibilidades. No se equivocaba: en junio de 2018 ganó la mano dura de Uribe, pero escondida tras la figura de Iván Duque.

El 17 de junio de 2018, segunda ronda de las elecciones presidenciales, el pueblo colombiano elegía mucho más que a su presidente: elegía entre el pacifismo y la continuación de los acuerdos, opción patrocinada por Gustavo Petro, y la vuelta al militarismo, encarnada en Duque.

El actual presidente ya venía advirtiendo la necesidad de reformar algunos puntos del acuerdo de paz, pero el atentado reciente perpetrado por el ELN lo ha llevado mucho más lejos de esa promesa electoral: no solo ha suspendido las negociaciones con el grupo guerrillero, sino que ha incumplido el protocolo al ordenar la captura de los negociadores y se han dado pasos importantes para retomar la línea de actuación de Uribe.

A mediados de febrero, el Congreso de EE. UU. aprobaba un aumento de 27 millones de dólares para la financiación del Plan Colombia respecto al año anterior y la Casa Blanca recibía al presidente andino en una reproducción del encuentro que 16 años atrás protagonizaron George W. Bush y Álvaro Uribe.

Todo parece apuntar a que el futuro de Colombia se parecerá mucho a su pasado. El Gobierno no tiene ninguna intención de retomar los diálogos con el ELN y gran parte del pueblo colombiano, harto de sufrir las consecuencias de la guerra, lo respalda en esa decisión.

Ahora cabe preguntarse si los actos de Duque enterrarán los logros de Santos y si las posibilidades de un nuevo enfrentamiento entre la guerrilla y el Estado pueden llevar a reavivar a las FARC. De lo que no cabe duda es de que habrá que esperar al menos cuatro años para que vuelva a ponerse el foco en las causas estructurales del conflicto y en la construcción de una Colombia que supere las profundas heridas que ha dejado la guerra.

 

 

Tomado de: El Orden Mundial

¿Es posible la reconciliación en Colombia?

¿Es posible la reconciliación en Colombia?

Un país herido por más de cincuenta años en guerra enfrenta el reto de hacer la paz, más allá de los acuerdos entre el Estado y las Farc. El conflicto nos dejó un saldo de 8,7 millones de víctimas, una sociedad dividida, secuelas sociológicas, sentimientos de vulnerabilidad y deseos de venganza.

Pese a lo anterior, la reconciliación sigue siendo la única salida para frenar el horror de la guerra. De tal manera que una forma de medir la paz es también mirar cómo va el proceso de reconciliación entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado, ya que este punto es fundamental para evitar nuevos brotes de violencia.

Un análisis de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo[1] de la Universidad de los Andes, basado en investigaciones del Programa Transformando Territorios (PTT)[2], presenta cifras concretas de cómo está el nivel de aceptación de las comunidades para adelantar procesos de reconciliación con excombatientes, la posibilidad de pagar más impuestos para financiar la reincorporación y qué tan beneficioso o no consideran la reincorporación de las Farc a la vida cotidiana.

La reconciliación en las comunidades afectadas por la guerra

El estudio del PTT se aplicó en dos tipos de comunidades: (i) los municipios más afectados por el conflicto armado y beneficiarios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y (ii) municipios rural-urbanos del país. La encuesta se aplicó a cerca de 4.500 hogares en 172 municipios del país. Y se inició justo después que se autorizó la salida de los excombatientes de las FARC de las ETCR y antes de la llegada del Estado con los PDET.

Nota de politica 32 (digital)

En la encuesta, se midió el grado de molestia frente a la posibilidad de interacciones cotidianas con excombatientes de las Farc, donde 1 (no me molesta) y 10 (me molesta mucho).

En este punto, el resultado arroja que un 30 por ciento de los encuestados no manifiesta incomodidad por tener que compartir vecindario, puesto de trabajo o que sus hijos estudiaran en la misma escuela con hijos de excombatientes. Y el 70 por ciento restante presentó una calificación entre cinco o menos en la escala del 1 al 10 en molestia.

Nota de politica 32 (digital)

Por otro lado, 41 por ciento de los encuestados contestó que les molestaría mucho un posible noviazgo de una hija con un excombatiente. Esto quiere decir que aunque los encuestados aceptan compartir la vida cotidiana con los excombatientes, no parecen estar dispuestos a tener relaciones más cercanas y personales con ellos.

Sobre el tema de que tengan que pagar más impuestos para garantizar así el proceso de reincorporación más del 70 por ciento de los encuestados manifiestan algún grado de incomodidad y el 50 por ciento respondió con 10 puntos de molestia frente a la pregunta.

Nota de politica 32 (digital)

Frente a al optimismo de si se logrará la reconciliación y la reincorporación de los actores armados, sólo un 40 por ciento percibe que la reincorporación de las FARC a la vida civil es algo bueno o muy bueno, un 36 por ciento lo considera como regular y un 24 por ciento lo considera como malo o muy malo.

En ese sentido un 52 por ciento creen que los ciudadanos no perdonarán a las personas que hicieron parte del conflicto aunque estas busquen reincorporarse a la vida cotidiana lejos de las armas.

Nota de politica 32 (digital)

Pese a que las comunidades medianamente estarían dispuestas a convivir con los desmovilizados de las Farc, la percepción sobre el proceso de paz es otra. Según el análisis que presenta la Universidad de los Andes sobre esta investigación, la mala imagen del proceso de paz podría deberse a:

El resultado de procesos anteriores de paz fallidos, una baja confianza hacia el Estado, una información incompleta sobre el acuerdo de paz o las experiencias vividas durante la guerra, entre otros.

Los más afectados, los más reconciliados

Un factor determinante en la percepción de las personas sobre el tema tiene que ver con sus experiencias en la guerra. Aquellas comunidades con mayor victimización de las Farc son más negativas frente a la idea de reincorporación, tienen menos optimismo sobre la posibilidad de perdón y reconciliación entre habitantes y excombatientes y por supuesto, una mayor molestia a tener que contribuir con más impuestos para este proceso.

De tal manera que en las poblaciones con menos victimización por parte de las Farc y los paramilitares, hay un mayor pesimismo frente a la reincorporación y la reconciliación. Sin embargo, una mayor intensidad en la violencia paramilitar a nivel municipal, está correlacionada con un menor optimismo frente a la reconciliación y a la reincorporación.

En contraste, las poblaciones con mayor victmización directa parecen estar más dispuestos a hacer sacrificios frente al proceso de desmovilización. La mayor intensidad de la violencia, tanto de las FARC como de la guerrilla, disminuye la molestia de interactuar en la vida cotidiana con los desmovilizados de las FARC.

Obstáculos de la reconciliación

Según explica el análisis, en el conflicto, los actores armados no solo afectaron físicamente a las víctimas, el impacto sociológico en las poblaciones dejó “traumas que pueden influir en la capacidad de las víctimas para construir relaciones sociales y agota sus recursos emocionales.”

Esta condición puede explicar la limitada capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas y el pesimismo sobre los procesos de reconciliación.

Por lo tanto, es equivocado pretender que las huellas de la guerra se solucionen con la firma de un acuerdo de paz. Es necesario entender también el perfil de las víctimas y preparar a las comunidades para el posconflicto.

Otro aspecto es el pesimismo de la población frente a la posibilidad de alcanzar la paz. Esta actitud podría deberse a lo extenso de la guerra, los procesos de paz incompletos, desconfianza en el sistema judicial, la policía y el ejército.

“Una mayor confianza en el sistema judicial o en la policía y el ejército está asociada a un mayor optimismo frente al proceso de reconciliación, menor molestia a interactuar con los excombatientes de las FARC y menor reticencia a pagar impuestos adicionales para financiar el proceso de reincorporación.” Así lo explica Notas de Política

El fortalecimiento de estas instituciones y la confianza sobre ellas facilita la convivencia ya que si la protección de la pilicía y el ejército es efectiva se reduce el miedo del resurgimiento de la guerra y la desconfianza de convivir con excombatientes.

En esa medida, una justicia efectiva permite individualizar las responsabilidades sobre los crímenes cometidos durnate el conflicto lo que evita atribuir culpas colectivas a un grupo en particular.

Participación política y social, una opción para reconciliarnos

En la investigación se tomó en cuenta la conexión de los encuestados a redes políticas o de participación social, como también los regalos o trabajos que han recibido de un candidato cualquiera a cambio del voto.

Partiendo de esta información se pudo establecer que las personas con conexiones políticas, incluso las clientelares, tienen una probabilidad del 40 por ciento de considerar la reincorporación como algo muy bueno para la comunidad y igual porcentaje de optimismo frente a una posible reconciliación entre comunidad y excombatientes.

La explicación a este cambio de actitud podría obedecer a tres dinámicas, según el análisis de la Universidad de los Andes:

  • Primero, estas organizaciones pueden transmitir de manera sencilla las complejidades del acuerdo de paz con las FARC y reducir las aprehensiones hacia sus implicaciones.
  • Segundo, el acceso a las redes políticas permite a las comunidades acudir a los líderes políticos y demandar atención importante en el proceso de reconciliación.
  • Tercero, las organizaciones comunitarias en las regiones de conflicto tuvieron que vivir por décadas en medio de la guerra. Esto significó que, para sobrevivir, estuvieron obligadas a convivir, interactuar y negociar con los grupos armados.

Pese a lo anterior, en el punto sobre pagar más impuestos para garantizar estos procesos de reincorporación, el indice de molestia es mayor.

Finalmente, el artículo ¿Cómo nos reconciliamos? El papel de la violencia, la participación social y política, y el Estado en las actitudes frente a la reconciliación[3]propone seis recomendaciones a tener en cuenta para mejorar la percepción de las comunidades en el posconflicto:

  • Promover la reconciliación requiere de acciones concretas a nivel de la comunidad. Los efectos de la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial no son su‑cientes.
  • Diseñar intervenciones a nivel de la comunidad con la participación de los excombatientes residentes en éstas.
  • Fortalecer el sistema judicial y la justicia transicional para aumentar la con‑anza de la población en las instituciones del Estado.
  • Agilizar la presencia del ejército y la policia en los municipios más afectados por el con­icto y proteger a la población en estos municipios.
  • Diseñar e implementar programas psicosociales para contribuir a la recuperación emocional de las comunidades afectadas por el con­icto y las víctimas de la violencia.
  • Trabajar con las organizaciones políticas y sociales para lograr una mayor efectividad de las iniciativas de reconciliación.

Con información de: Notas de Política


[1] El análisis se titula: “¿Cómo nos reconciliamos? El papel de la violencia, la participación social y política, y el Estado en las actitudes frente a la reconciliación” y fue publicado en el portal Notas de Política de la Universidad de los Andes.
[2] 
Acerca del estudio, este trabajo es un resultado del Programa Transformando Territorios (PTT) financiado por International Development Research Centre (IDRC) y coordinado por Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
[3] Acerca de los autores: Leopoldo Fergusson es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Tatiana Hiller es asistente de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Ana María Ibáñez es profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Andrés Moya es profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Evaluar la JEP a la luz de las víctimas

Contexto: La JEP le ganó el pulso al uribismo

El sometimiento voluntario a la justicia (JEP) por parte de los actores armados del conflicto y las penas no privativas de la libertad, a cambio de verdad plena y contribución a reparar las víctimas, ha sido muy criticada por quienes la consideran muy benigna –o muy injusta- con (algunos) victimarios.

Sin embargo la JEP ha permitido que 11.468 personas se hayan sometido voluntariamente a la justicia: Farc 9.513, Fuerza pública 1.910; Protesta social 12;Agentes del Estado y otros grupos 33. Con estas cifras, el nuevo reto es demostrar con prácticas judiciales específicas que la justicia transicional separada de la ordinaria es la fórmula más segura para atender los derechos de las víctimas y su participación activa en los procedimientos judiciales.

Contexto: JEP no contempla indultos ni amnistías para delitos sexuales contra menores

Para lo anterior se podría plantear una evaluación de los resultados de la Jep, una evaluación del cumplimiento de sus propósitos y no bajo la lógica del costo-beneficio, ya que es muy temprano para esperar resultados relevantes de este proceso. Eso sin contar con que son al menos diez dependencias y competencias distintas y una sola jurisdicción verdadera.

Evaluar la JEP desde las víctimas

Una opción podría ser analizar las audiencias públicas de la JEP, tomando como criterio la opinión de las víctimas y sus representantes. Esta posibilidad permite que la sociedad y las víctimas puedan reconocer o no la diferencia entre la justicia ordinaria y la transicional, de modo tal que se pueda mejorar el trabajo adelantado por la Jep y el Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Víctimas: “El aporte de los victimarios ha sido decepcionante”

Contexto: Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia

La mayoría de los militares que han comparecido ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, lo han hecho amparados en la posibilidad que les otorgó la Ley 1820 de 2016l (artículo 51) de escoger la Sala a la cual se someten. Esta Sala podría otorgar un mecanismo de terminación anticipada al proceso. Estos beneficios solo serían aplicables a los miembros e la fuerza pública que no hayan tenido una participación determinante en los delitos ni estén involucrados en los crímenes más graves y representativos.

Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”

Esta jugada legal podría convertirse en un mecanismo de los militares victimarios para que no se sepa la verdad sobre los crímenes contra la humanidad en el marco del conflicto armado colombiano, ya que muchos podrían acabar con su proceso mucho antes de aportar a la verdad.

Debe advertirse que algunos militares de alto rango involucrados en ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) se han sometido recientemente a la Jurisdicción, quizá motivados por estos beneficios. Por eso y de manera pública, la Sala citó a audiencia de supervisión de libertad y control de régimen de condicionalidad a:

Contexto: ¡Abran paso que viene la JEP!

El mayor (R) Gustavo Soto Bracamonte, antiguo comandante del Gaula del Ejército en Casanare, condenado por la muerte de más de 13 personas en ese departamento (30 de agosto), el coronel (R) Gabriel de Jesús Rincón Amado, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15 del Ejército, involucrado en los casos de la ejecución de varios jóvenes del municipio de Soacha (27 de julio de 2018), el mayor general (R) Henry William Torres Escalante, antiguo comandante de la XVI Brigada, procesado por la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas (10 de julio de 2018) y el general (R) Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército Nacional y ex embajador en República Dominicana, a quien la Fiscalía General de la Nación investigaba por su presunta responsabilidad en falsos positivos cometidos entre 2006 y 2007 (13 de septiembre).

El desarrollo de estas audiencias judiciales puso a prueba uno de los supuestos fundamentales de la reforma constitucional que creó la JEP: si bien la búsqueda de la verdad es un objetivo de la jurisdicción y los comparecientes están obligados a aportar a la misma, ello no implica que tengan que asumir ningún tipo de responsabilidad ni auto incriminarse.

Así, mientras el que el mayor (R) Soto pidió perdón a los familiares y reconoció que las víctimas no eran delincuentes, aportando documentos para esclarecer los hechos, el general (R) Torres insistió en que no dio órdenes, ni ordenó ninguna muerte. Por su parte, el abogado del general (R) Montoya fue enfático en su audiencia: “El pedir perdón es para aquel que tiene arrepentimiento, y el general tiene claridad de su inocencia. Hay que dejar claro que nunca tuvo ninguna conducta por fuera de la ley“.

Dada su naturaleza preliminar, esta primera comparecencia no iba a avanzar en el proceso de esclarecimiento judicial. Pero las expectativas de las víctimas eran muy altas, quizá por falta de claridad sobre el alcance de la audiencia.

La mayoría de las víctimas que finalmente pudieron asistir a las diligencias consideraron que el aporte de los victimarios había sido decepcionante, dado que ellas esperaban un reconocimiento de responsabilidad, el restablecimiento de la dignidad de sus seres queridos, y una disculpa pública sincera.

En el caso de los oficiales de insignia, las víctimas contemplaron de manera pasiva como estos reiteraban, una vez más, ante los magistrados de la Sala, su absoluta inocencia. La última palabra la tendrá la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, sobre si estas declaraciones pueden considerarse como una genuina aportación a la verdad plena a la sociedad y las víctimas.

¿Cómo participan las víctimas en las audiencias públicas?

Contexto: Estas son las reglas de juego dentro de la JEP

A la luz del estándar del Derecho Internacional, la JEP debe seguir afinando sus procedimientos para que las audiencias en materia penal dejen de ser un espacio de revictimización -como lo han sido en el pasado- para pasar a ser un escenario de participación activa de las víctimas y con un contenido reparador.

En las audiencias de control de régimen de condicionalidad, las víctimas y sus representantes plantearon públicamente su preocupación por varios asuntos:

  1. Las formas jurídicas de la audiencia habrían sido excesivamente ritualistas, negando así la aplicación de la justicia material.
  2. La forma de convocar las audiencias públicas y de notificar a las víctimas no fue homogénea, y por eso algunos familiares de las víctimas de ejecuciones no pudieron asistir a las mismas.
  3. El procedimiento de acreditación de la calidad de víctima no es claro, dado que no se conoce cuándo se iniciará ese proceso, cuáles son los plazos para lograr la acreditación, o de qué modo las víctimas conocerán la decisión de la Sala. Cómo es de público conocimiento, la audiencia del general (R) Montoya tuvo que ser suspendida después de más de cuatro horas de discusión sobre estos puntos.

Así las cosas, todo el tema del posconflicto, justicia y reparación debe asumirse como un proceso en construcción, donde la sociedad y las víctimas deben incluirse para estar informados y así aportar al mejoramiento de estos procesos, no desde la politización del instrumento sino desde una mirada informada y crítica que beneficie realmente a las víctimas.

 

[Con información de: RazónPública.com ]