¿Cuántas celdas necesita Colombia?

¿Cuántas celdas necesita Colombia?

Uno de los innumerables problemas de los centros penitenciarios colombianos es el hacinamiento. De acuerdo con el más reciente informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el índice de sobrepoblación en los Establecimientos de Reclusión (ERON) es del 47.3%. Esto quiere decir que en las cárceles del país hay 37.188 personas de más.

Léase bien, 37.188. Si la cifra aún no le parece llamativa, entremos en detalles para evidenciar la dimensión del problema.

 

Crisis humanitaria

A finales del mes de mayo se registraron en Colombia 180.527 personas privadas de la libertad. La mayor parte de ellas (el 97.3%) se encuentra bajo custodia y vigilancia del INPEC y el resto en establecimientos de reclusión del orden municipal, así como de la Fuerza Pública.

Quienes están bajo la tutela del INPEC se ubican en tres modalidades de custodia: en establecimientos de reclusión o intramuros, o sea las cárceles (115.878), en detención domiciliaria (56.188) y bajo vigilancia electrónica (3.624).

El porcentaje de hacinamiento al que se refiere el informe corresponde a la población intramuros: en un espacio destinado para 78.690 personas habitan más de 115 mil.

Las normas de construcción de establecimientos penitenciarios indican que cada interno o interna debe contar con un espacio de 3.5 metros cuadrados y sus respectivos 3.0 metros cúbicos de aire en clima frío y 4.0 en clima cálido. Muy claro lo establece la Sentencia T-153 del Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, desde el 28 de abril de 1998.

No obstante, actualmente en Colombia, en una sola celda de 2.20 metros por 1.50 pernoctan entre 5 y 6 personas ¿cuántos centímetros cuadrados le corresponde a cada una para vivir?

Intente trasladarse mentalmente a una de aquellas celdas ¿cómo se sentiría? ¿por cuánto tiempo podría soportar semejantes condiciones? Añádale al asunto que en tan diminuto espacio solo se cuente con un camastro en donde dormir, ¿quién y cómo se gana el derecho a usarlo?

El problema del hacinamiento no es solamente de carácter físico, es también un problema de dignidad humana. Los y las internas se ven en la obligación de vivir en condiciones que superan todo límite de la tolerancia, lo que a su vez, se revierte en agresividad.

Así mismo, el problema no se restringe a las celdas, aparece generalizado en toda la cárcel, en sus instalaciones y dependencias. En las noches los pisos se convierten en completos “tapetes humanos” y las personas que desean movilizarse tienen que hacerlo con mucho cuidado para no golpear a los reclusos que allí duermen. Es una terrible y dolorosa realidad.

Durante muchos años los internos e internas han soportado las condiciones indignas y miserables de su encierro, esperando una solución que jamás ha llegado. La ausencia de una verdadera política penitenciaria y de una decisión estatal efectiva y comprometida no ha permitido ver la luz al final del túnel tenebroso de las celdas y pabellones.

Las cifras de hacinamiento de los últimos años lo demuestran:  En el 2011 llegaba a un 32.8%, en el 2012 a un 50.4% y en el 2013 a un 57.8%. En el año 2014 y con motivo de la ley 1709 que estableció la libertad para las personas que cumplieran las tres quintas partes de su condena, el hacinamiento bajó al 45.9%. En el 2015 tuvo un aumento considerable que alcanzó un 8.6% más.

A lo anterior debe añadirse que la infraestructura de la mayoría de los establecimientos penitenciarios es bastante antigua y el deterioro de las instalaciones es evidente.

El 89 % de los establecimientos del INPEC fueron construidos a partir de 1611 hasta principios de la década de 1990. En esos establecimientos está recluido el 61% de la población interna, es decir 70.725 personas hacinadas en construcciones viejas, derruidas y en pésimas condiciones físicas.

Tan solo el 7% de las construcciones disponibles en la actualidad se hicieron a partir del año 2000 y se pueden considerar como modernas ante la apabullante mayoría de las obsoletas.

Foto: Caracol Radio

Sindicados (as) y su larga espera

Una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria tiene que ver con el manejo de los procesos de las personas sindicadas, es decir, aquellas que han sido acusadas de haber cometido un delito, pero a quienes aún no se les ha llevado a cabo un completo proceso judicial que concluya su definitiva culpabilidad, como en el caso de las condenadas.

El sistema penal colombiano se soporta en el principio de la presunción de inocencia, es decir,  que nadie debe ser privado de su libertad a no ser que haya sido declarado responsable de una conducta punible a través de una sentencia en firme. No obstante, la ley permite la detención preventiva como mecanismo excepcional para garantizar la comparecencia de una persona a juicio, impedir que siga cometiendo delitos o evitar que entorpezca la labor de la justicia.

Al parecer, en Colombia nos hemos excedido en la aplicación de dicha medida, pues la cantidad de sindicados recluidos ha sido muy elevada. A finales de mayo de 2017 se registraron 35.591, lo que equivale al 30.7% del total de la población intramuros. Si el INPEC asumiera únicamente el control y vigilancia de los condenados, la cifra de la sobrepoblación penitenciaria sería tan solo de 1.597 personas, lo cual se traduciría en un índice de hacinamiento de 2.0%. La situación cambiaría en forma rotunda.

La permanencia de los sindicados en los establecimientos penitenciarios merece también una reflexión. De ellos hay 4.720 que llevan más de tres años esperando sentencia definitiva; de dieciséis a treinta meses de espera están 7.174; de once a quince meses hay 4.975; de seis a diez meses, 4.975 y finalmente, hay 10.987 personas, los recientemente capturados, que llevan hasta cinco meses a la espera de definir su situación jurídica.

Con el interés de contrarrestar la problemática de los y las sindicadas, y en esa vía, descongestionar las cárceles del país, la ley 1760 de 2015 fijó en dos años el plazo máximo de duración de la detención preventiva de sindicados(as) en delitos de especial gravedad o complejidad, y en un año para los de menor dificultad.

La ley por supuesto debió aplicarse pero como suele suceder en Colombia su ejecución depende de muchas circunstancias. La norma escrita para hacerla realidad requiere de desarrollos legales y de decisiones políticas de las autoridades de turno. Cuando se trata de condenar aparecen muchas ideas legislativas, hasta la pena de muerte, pero cuando se trata de aplicar normas como la citada, tiemblan las manos judiciales para ordenar una rebaja o una libertad, así lo indique la propia ley.

Muchas instituciones del orden económico, social y político del país le tienen físico miedo a la libertad y por eso se abusa de la detención preventiva llegando al extremo de una famosa frase que dice: “Un auto de detención no se le niega ni al mejor amigo”.

Si los jueces y fiscales colombianos acatan lo ordenado por la ley 1760 se inicia otra época penitenciaria, pero tanto aquellos como la misma sociedad colombiana, no están preparados para decisiones de tal magnitud.

En las políticas penales priman el cemento y los ladrillos para construir más penales pero no para ampliar los juzgados y su talento humano y menos aún para programas serios y estructurados de prevención del delito muy especialmente en los jóvenes.

Foto: Colprensa

Expectativa e improvisación

El gobierno se vio en aprietos ante los términos de la ley 1760 y tuvo que de manera urgente expedir otra norma al respecto. Se trata de la ley 1786 de julio de 2016 que aplaza la entrada en vigencia de algunos aspectos de la primera sobre racionalización de la medida de detención preventiva.

Todo esto con el fin de evitar la excarcelación masiva de presos. En ésta última norma se impone una obligación al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General y al Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de elaborar un plan de acción que se implemente, en el plazo de un año, con el objetivo de definir la continuidad de las medidas de aseguramiento que son susceptibles de prórroga.

Se confirma una vez más la improvisación en las políticas penitenciarias y lógicamente la falta casi absoluta de preparación de la justicia colombiana para afrontar el hacinamiento. El famoso populismo legislativo que crea enormes expectativas en el ámbito penitenciario pero que en la realidad nunca se cumple.

Es terrible el hacinamiento pero se puede solucionar y la prueba la constituyen las mismas leyes que nos ocupa. Falta por supuesto y como de costumbre, la aplicación real de la norma que depende de las decisiones políticas comprometidas de las autoridades no solo penitenciarias sino de todas las relacionadas con la justicia colombiana sumidas en la crisis institucional más grave de su historia.

Por supuesto que no se trata de desaparecer recluidos como por arte de magia sino de reflexionar sobre “la costumbre colombiana” de detener a una persona para investigarla posteriormente, en lugar de haberla investigado para detenerla, tal y como es la concepción anglosajona en materia de procesos penales.

El grave problema de las cárceles en Colombia y de las miserables condiciones de vida de los internos e internas, no ocupa ni ocupará en mucho tiempo un lugar destacado en las agendas políticas ni en los programas de gobierno y ahora ni siquiera en las promesas electorales de los candidatos porque simplemente no les interesan los presos colombianos y porque en la cárcel no se conquistan siquiera votos.

Muy a pesar de la enorme corrupción que preocupa a quienes van a parar a los centros “especiales” de reclusión como el pabellón de La Picota o las guarniciones militares porque los “ladrones de cuello blanco” disfrutarán de sus robos como en sus fincas de recreo o en sus mansiones.

Los demás internos con todo respeto: “Que se pudran en la cárcel”.