Así están matando y amenazando a los líderes sociales

Así están matando y amenazando a los líderes sociales

Por Mario Zamudio para Pacifista

“En promedio, entre enero y junio de 2017, cada día fueron agredidos dos defensores y cada 3 días fue asesinado uno de ellos”, sentencia el último informe de la ONG Somos Defensores, que desde hace varios años contabiliza y reporta la violencia contra los dirigentes sociales en el país.

A todas luces, la situación es preocupante. Desde que el gobierno y las Farc empezaron a implementar el acuerdo de La Habana, en diciembre del año pasado, los líderes sociales han sufrido como pocos la violencia ligada al posconflicto.

La apropiación de territorios “exFarc” por parte de otros actores armados, la lucha por las rentas ilegales y el eterno reclamo por la tierra los ha puesto en la mira de los violentos. Reciben panfletos amenazantes a nombre de toda clase de grupos armados, que los califican de guerrilleros, de sapos del gobierno, de amigos del terrorismo.

Ahora con el silencio de los fusiles con las Farc, la violencia se focaliza aún más contra este tipo de activistas”, señala el informe titulado Agúzate. Dicho documento fue elaborado con la idea de ser “una voz de advertencia a los defensores y defensoras del país, ante la falta de protección política efectiva por parte del Estado, especialmente en zonas rurales, en un ambiente cada vez más polarizado y difícil para la defensa de todo tipo de derechos y los activistas detrás de estas luchas sociales, a pesar del contexto de ‘paz’”.

Estos son los datos más relevantes del informe:

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Más líderes sociales asesinados

Una de las cifras más contundentes del informe de Somos Defensores señala que de enero a junio de este año han matado a 51 defensores de Derechos Humanos en Colombia.

 

¿Quiénes son las víctimas?

Según el informe, “de los 51 asesinatos, el 86% correspondieron a hombres (43 casos) y el 14% a mujeres (7 mujeres)”. La información recogida por Somos Defensores indica que el tipo de liderazgo social más amenazado en Colombia es el comunal y el campesino: 28 de los defensores asesinados tienen que ver con los movimientos que representan estos intereses en áreas rurales de difícil acceso.

 

¿Dónde los matan?

Según el informe, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son los lugares donde es más riesgoso ser líder social en Colombia. En estos dos sitios se “registran mayor número de defensores asesinados con 8 líderes cada uno”.

El documento también señala que “le sigue Antioquia con 7 casos; Cesar con 5 casos, Nariño con 3 casos; Chocó, Córdoba, Meta y Norte de Santander con 2 cada uno y finaliza con Arauca, Atlántico, Bogotá, Caldas, Caquetá, Casanare, Huila, La Guajira, Putumayo, Risaralda y Tolima con un caso respectivamente”.

 

¿Cómo los matan?

De acuerdo con las cifras encontradas por Somos Defensores, “de estos 51 homicidios, en 7 de ellos las fuentes consultadas confirman que, los defensores habían denunciado amenazas antes de su asesinato; en los restantes 44 casos no se había denunciado amenazas o no se tiene información sobre las mismas”.

Además, “de los 51 homicidios, 36 de ellos se realizaron con armas de fuego, 7 con arma blanca, 1 caso producto de golpes, 1 producto de violencia con un objeto contundente y en 6 casos se desconoce el mecanismo utilizado para el asesinato”, dice el documento.

Treinta y seis de los 51 homicidios se perpetraron mediante la modalidad de sicariato en la que uno o varios hombres desconocidos y armados, irrumpen en la vivienda del defensor, cerca de ella o en caminos que transita el líder y accionan armas de fuego contra su humanidad, ocasionándoles la muerte”.

Según el informe de Somos Defensores, “7 de los homicidios reportados estuvieron precedidos de la desaparición del defensor y posteriormente fue hallado su cuerpo. También fue evidente que los cuerpos de los defensores(as) asesinados(as) en 6 casos, presentaban signos de tortura con extrema sevicia”.

El documento también dice que es “evidente” el alto nivel de planeación de los asesinatos.

En el 80% de casos, se evidencia que los crímenes se presentan en las primeras horas de la mañana o en altas horas de la noche cuando los líderes salen hacia su trabajo o regresan de él o se encuentran descansando, e incluso varios de ellos fueron precedidos de la desaparición del líder”.

Finalmente, el informe dice que “en 5 casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores(as) fueron agredidos en los hechos”.

 

¿Quién los mata?

Según el informe, la “gran mayoría” de los responsables por los homicidios de líderes sociales en Colombia no se conocen, “muy a pesar de que la Fiscalía General de la Nación señale que más del 50 % de estos casos han sido esclarecidos”. La ONG extraña que el ente investigador no haya hecho explícitos los nombres de los defensores asesinados y de quienes ha “resuelto” los casos”.

 

Eso permite inferir, para Somos Defensores, que “hay una muy alto número de casos en los que se capturan personas pero se desconoce los autores intelectuales.

 

También los amenazan

En el primer semestre del año, “se registraron 225 defensores y defensoras amenazados(as) en todo el país”. Sin embargo, “se presentó una disminución de defensores amenazados del 3% (pasa de 232 defensores amenazados en 2016 a 225 en 2017 en el mismo periodo)”.

Los autores de las amenazas son, en su mayoría, grupos denominados como sucesores del paramilitarismo. No obstante, el informe también documentó que hubo un panfleto amenazante a líderes sociales enviado por miembros de la fuerza pública.

 

Así mismo, según el documento, “Cauca registra el mayor número de defensores amenazados con 59 casos, seguido de Bogotá con 40; Valle del Cauca con 26; Tolima con 18; Antioquia con 15, La Guajira con 14 y Santander con 11 defensores(as) amenazados(as)”.

Para Somos defensores es “preocupante los incrementos desproporcionados de las amenazas en Cauca, Tolima y la Guajira”.

Finalmente, la investigación revela que “el panfleto amenazante sigue siendo el método más utilizado para amenazar, con 139 defensores amenazados mediante este mecanismo; seguido de correos amenazantes con 26 casos; llamadas telefónicas con 24 casos, hostigamientos directos con 19 casos y el mensaje de texto con 17 casos cierran esta medición”.

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“El Estado debe reconocer la existencia del paramilitarismo”

Por Alfredo Molano Jimeno para El Espectador 20/20

Rémy Pagani es el alcalde de Ginebra (Suiza), la ciudad donde está consignado el documento original del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Por diez días estuvo en Colombia. Visitó zonas veredales, regiones golpeadas por la violencia como Santa Rita (Magdalena) o los municipios de Suárez y Lerma, en el Cauca. También viajó a Cajamarca (Tolima) para conocer de cerca el movimiento social contra la minería a cielo abierto. Estas son sus conclusiones.

 

¿Qué balance hace de su visita?

Conocía gente extraordinaria. Pensé que iba a encontrar a los miembros de las Farc, después de 53 años de conflicto, desmoralizados, pero al contrario, vi gente capaz de inventar estrategias de vida y futuro. Constaté que las Farc son una organización extraordinaria, que será fundamental en el futuro de Colombia. Claro, si no los asesinan.

 

¿Qué preocupaciones recibió de los guerrilleros con los que habló?

No sólo visité las zonas veredales, sino distintas regiones donde se viven conflictos sociales muy agudos. Por ejemplo, en Lerma (Cauca), la gente me expresó su preocupación por la falta de oportunidades laborales. Lo mismo me dijeron los desmovilizados de las Farc. La mayoría de estos habían dejado las armas desde que entraron a las zonas veredales. Así que sentí el deseo de la gente de trabajar, de trabajar la tierra y de capacitarse para entrar en la vida civil. Ellos fueron muy críticos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque consideran que no se les están ofreciendo oportunidades para capacitarse ni apoyos a los proyectos productivos. También escuché a algunas mujeres de las Farc que decían sentirse preocupadas porque existe el riesgo de que en el tránsito a la vida civil pierdan las conquistas de igualdad de género alcanzadas en las filas guerrilleras. Tienen miedo de que con el paso del tiempo las guerrilleras vuelvan a la cocina.

 

¿Cómo evalúa la actitud del Estado?

Me reuní con muchos funcionarios, por ejemplo, con el alcalde de Icononzo, una persona muy dispuesta a ayudar con el proceso de quienes dejaron las armas. Dijo, por ejemplo, que estaba buscando la manera de ofrecer tierras para que las puedan cultivar. Es una persona muy entusiasta y dispuesta a recibir a los exguerrilleros como ciudadanos. En general sentí una voluntad real de llevar al éxito esta transición.

 

¿Pero cómo ve la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de los más de 10 mil excombatientes?

Con los políticos con que pude conversar encontré mucha voluntad de llevar a cabo este proceso y en muchos vi valentía, pues esto implica peligros para ellos. Pero la valentía no es suficiente para lograr resultados. También se necesita que todos los funcionarios públicos apliquen con disciplina los acuerdos. En una negociación, cualquiera que sea, ninguna de las partes está completamente satisfecha. Es el equilibrio entre las dos voluntades. Pero una vez firmado un acuerdo, es para cumplirlo completamente, incluso las partes que a uno no le gusten. En Santa Rita (Magdalena), un pueblo desaparecidos por la violencia, hubo fallos para construir casas y financiar proyectos como el arreglo de vía, pero los fallos no se han aplicado. Y lo peor es que cuando los aplican, lo hacen estúpidamente. Por ejemplo, construyeron unas casas de menos de 50 metros cuadrados para una familia de cinco personas. Construcciones que son muy caras. En vez de reconstruir las que los paramilitares habían destruido. Estoy seguro, con la experiencia que tengo, que era más económico reconstruirlas que hacer unas nuevas. Tendrían casas de mejor calidad y mucho más cómodas. Estuvimos en una reunión con la Gobernación, el alcalde y delegados de diferentes entidades públicas en Santa Rita (Magdalena) y me sorprendió que durante tres horas se tiraban la pelota el uno al otro y nadie asumía la responsabilidad. Ahí hay falta de voluntad política.

 

El apoyo de la comunidad internacional ha sido muy importante para el Acuerdo de Paz, ¿cuál sería el mensaje para sus compañeros respecto a la implementación?

Es un gran honor para la comunidad internacional y para mi país ser llamados a apoyar el proceso de paz. Y al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Si se logra una paz completa en Colombia, el modelo de negociación será un gran ejemplo para otros países que viven situaciones de conflicto similares. El mensaje que les envío a mis colegas es que es necesario reorientar las maneras como apoyan el proceso. Las multinacionales deben repartir un poco de las ganancias que consiguen en Colombia para conseguir una mayor equidad social. Hablé con el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien me contó que estaban adelantando diálogos entre empresas para mejorar la repartición de las ganancias que produce la extracción de petróleo, minerales o en la producción de energías. Es muy importante que la comunidad internacional apoye este proceso y medie entre los actores y el sector empresarial, por ejemplo, en temas como la restitución de tierras. Por eso le propuse al senador Iván Cepeda crear una comisión internacional de observación y apoyo al proceso de paz.

 

Pero ¿cómo pueden contribuir al cumplimiento del Acuerdo?

¿Podrían por ejemplo sancionar al estado colombiano por incumplir lo pactado?

No creo en el efecto que las sanciones, creo en la confianza y la responsabilidad. Me entrevisté con el ministro del Interior, con los presidentes de la Cámara y el Senado, con alcaldes, como el de Ibagué, y mi conclusión es que hay voluntad de implementar los acuerdos. No creo que se pueda venir desde el exterior a exigir cosas, más bien creo en las relaciones de confianza y respeto. La Confederación Suiza decidió que en los próximos cuatro años va a invertir casi US$100 millones para apoyar el desarrollo económico, los derechos humanos y las acciones humanitarias en Colombia.

 

De lo que vio, ¿qué es lo que le parece más preocupante?

Con la dejación de armas de las Farc y la salida de sus regiones históricas dejaron un vacío de poder. Es muy importante que el Estado haga presencia y ocupe ese vacío. Debe protegerse a las organizaciones y a los líderes de esas zonas persiguiendo al paramilitarismo y debe empezar por reconocer que existe el paramilitarismo. Sin eufemismos para referirse a este problema. Si no lo enfrenta, va a ocurrir una catástrofe. El Ejército debe desmontar a los paramilitares, así como también el Estado debe reconocer a las organizaciones sociales como actores claves del desarrollo territorial. El papel de los ciudadanos no solo es el de ir a los centros comerciales a consumir, sino que tienen un papel político. Son ellos los que van a construir una cultura de paz y a traer los cambios que esta sociedad necesita.

 

¿Qué fue lo que más le produjo optimismo?

El alcalde de Ibagué me pareció una persona extraordinaria y me impactó positivamente el proceso que se ha hecho en el “carnaval de la vida”, donde miles de personas salen a protestar contra la minería de La Colosa con un eslogan muy bonito: “Porque amamos la vida, protegemos el agua”. Todo muy colorido y lleno de vida. Visité un cementerio, que es la memoria de la muerte de este país, y al respaldo estaba toda esta gente alegre luchando por la vida.

Autodefensas no, franquicias de matones

Los paramilitares nunca fueron una organización confederada, como Carlos Castaño y compañía intentaron hacérselo creer a Colombia. Aquel mito fundacional que las identificó en comunicados públicos y amenazas a la población civil como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue un invento.

Los “paras” fueron, para decirlo sin anestesia, franquicias de matones con intereses propios y dinámicas distintas que jamás obedecieron al Estado Mayor Conjunto.

Esta es la contundente conclusión de un Tribunal de Justicia y Paz que documentó 26 guerras entre diferentes grupos de autodefensa entre 1993 y 2005, muchas de las cuales se atizaron en tiempos de la desmovilización de más de 32 mil paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. El Espectador tuvo acceso a esta inédita sentencia.

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En un fallo de 268 páginas, cuyo ponente fue el magistrado Eduardo Castellanos, el tribunal revisó la historia de este grupo armado a fin de esclarecer “la verdad histórica y judicial”. En ese examen crítico estableció que esta organización ha tratado de imponer una narrativa oficial que pretendió mostrarla como una federación de grupos armados ilegales con vocación contrainsurgente, con un mando nacional responsable y con directrices políticas dictaminadas a lo largo de cinco conferencias.

No obstante, los hechos demostraron otra cosa. La historia del paramilitarismo en Colombia estuvo plagada de disputas internas y permanentes por el mando, los territorios, las poblaciones, los recursos económicos y los aliados estatales.

En resumen, su enemigo también estuvo adentro. En ese contexto, tras revisar 44 fallos de tribunales de Justicia y Paz se determinó que había que derrumbar de una buena vez aquel mito extendido sobre las AUC.

En el libro Colombia siglo XXI, las autodefensas y la paz el comandante paramilitar Carlos Castaño Gil sostuvo que el 18 de abril de 1997 en la región de Urabá se llevó a cabo la primera conferencia nacional de organizaciones antisubversivas regionales, donde se aprobó el acta de constitución de las AUC, se les atribuyó ser una confederación y se dictaminó un estatuto de régimen interno.

En mayo de 1998, según Castaño, se realizó la Segunda Conferencia y se “revalidó la idea de disciplina y subordinación jerárquica”. Y luego vinieron las otras tres. Al final, pura letra muerta. Cada bloque, frente o estructura hizo lo que le dio la gana.

“La visión de las AUC como una confederación nacional de contrainsurgencia irregular puede ser problemática, ya que desconoce las numerosas situaciones en las que hubo insubordinaciones, desacatos a la autoridad de Carlos y Vicente Castaño y conflictos entre los miembros del Estado Mayor”, señaló el fallo.

Estas guerras intestinas revelaron que jamás hubo una unidad de mando ni un movimiento nacional coordinado. Según el tribunal, 8 de las 26 disputas entre los “cacaos” de la violencia paramilitar se presentaron por reprimir eventos de resistencia e insubordinación, donde la llamada Casa Castaño y sus aliados se enfrentaron a las autodefensas de Martín Llanos en Casanare, a las de Hernán Giraldo en Magdalena y La Guajira, a las de Camilo Morantes en Barrancabermeja, al Bloque Metro de alias Doble Cero o a los matones de alias Cadena en los Montes de María.

Según la Real Academia de la Lengua, “confederación” traduce una unión estable de Estados en la que la relación entre los miembros se ordena bajo los principios de unidad, autonomía, jerarquía y participación. Es decir, todo lo contrario a lo ocurrido en las AUC.

“Si las confederaciones se rigen por principios de autonomía, no se entiende por qué se presentaron 14 conflictos violentos por motivos como invasiones de territorios o búsqueda de rentas por fuera de las delimitaciones geográficas acordadas.

Por ejemplo, la invasión del Bloque Tolima en las áreas del Frente Ómar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; el intento del Bloque Centauros de Miguel Arroyave por apoderarse de las autodefensas de los Buitrago en el Casanare y coparle sus territorios, o la injerencia del Bloque Central Bolívar sobre los corredores de movilidad que eran controlados por las autodefensas de Juan Francisco Prada en el sur del Cesar”.

Hechos que mostraron las ideas expansionistas y de irrespeto a la autonomía de mando que caracterizó el comportamiento de unos bloques paramilitares con respecto a otros. Un escenario que revela que las AUC, más que una agrupación coordinada, lo que representó siempre fue unos “feudos de poder”.

En el fallo, por ejemplo, se relatan intimidades del conflicto entre dos pesos pesados de la guerra y la virulencia paramilitar: Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Hébert Veloza, alias H.H. Todo empezó porque este último como comandante del sangriento bloque Bananero le “decomisó” a el Alemán un camión que transportaba insumos para el procesamiento de cocaína. Veloza se indignó porque no se le había consultado esa “vuelta” ni tampoco pagado “el impuesto al gramaje” respectivo.

El Alemán lo increpó diciéndole que “todos eran de la misma organización”. Sin embargo, H.H. no creyó ese discurso, se quedó con la mercancía y amenazó al comandante del bloque Élmer Cárdenas con asesinarlo. En sus confesiones a la justicia, Fredy Rendón relató esta historia y concluyó que el conflicto no escaló más porque él no quiso, ya que “H.H. era muy belicoso”.

Para el tribunal, los asesinatos de Carlos Castaño, de Doble Cero, de Miguel Arroyave, de Rodrigo Mercado, alias Cadena, así como otro largo etcétera de crímenes de mandos medios evidencian las pugnas de poder al interior de una organización edificada a retazos. El fallo es elocuente en este punto: “La forma prevalente de ascender en la estructura criminal no era mediante méritos y años de servicio como se planteó supuestamente en los estatutos internos de las AUC, sino mediante conspiraciones y asesinatos”.

El documento también ilustra la cadena de guerras sucesivas en el Urabá, los Llanos Orientales y la Costa Norte por cuenta del control de las rentas ilegales –narcotráfico, minería y extorsión, por ejemplo–. En su momento, el comandante del Bloque Norte Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 –extraditado a los Estados Unidos–, tildó de ladrón al jefe del Bloque Bananero Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito.

Incluso lo amenazó de muerte por haber acaparado rentas provenientes de multinacionales y comercializadoras nacionales de banano. Todo lo cual “es una prueba de la ausencia de criterios rectores a nivel de la cúpula de las llamadas AUC para repartir los recursos financieros. Cada comandante en su zona hizo lo que quiso hacer con absoluta autonomía y declaró guerras de manera unilateral cuando quería expandirse territorialmente, a pesar de los intentos (fallidos) de confederación por parte de la casa Castaño”.

El manejo del dinero en las filas y las alianzas o patrocinios a congresistas, gobernadores, alcaldes y ediles provocaron otras luchas, pues cada franquicia quería que su “ungido político” fuera el ganador en el ajedrez electoral. Eso, para no hablar de las insubordinaciones.

En junio de 2002, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, declaró en un comunicado que el Bloque Central Bolívar se retiraba definitivamente de las AUC. De hecho, a pesar de que estuvo presente en Santa Fe de Ralito (Córdoba) durante el proceso de paz, hubo necesidad de instalar mesas separadas con el gobierno Uribe para finalizar la desmovilización de sus hombres. A finales de ese 2002, también, alias Rafa Putumayo se rehusó a seguirle enviando dinero a Carlos Castaño y para evitar una guerra negoció un protectorado con Macaco.

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Y los ejemplos siguen. En 2003, Carlos Castaño echó de las autodefensas a Arnubio Triana, alias Botalón, jefe de los “paras” en el Magdalena Medio. La respuesta de Botalón fue tan sencilla como ilustrativa: “Respeté el mando de Castaño, pero nunca seguí sus órdenes”.

El ala “narca” que terminó colándose en el proceso –léase lo ocurrido con dos capos como Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, o Juan Carlos el Tuso Sierra– también provocó ajustes de cuentas, crímenes y reorganización de poderes. Empezando, claro, por el asesinato el 16 de abril de 2004 de Carlos Castaño por órdenes –ni más ni menos– que de otro narco: su hermano, Vicente Castaño Gil. En síntesis, las AUC nunca fueron unidas ni representaron un grupo nacional, y tampoco existió un control efectivo sobre la tropa, y aquello explica una desmovilización tan caótica que tardó 32 meses en finalizarse.

En este sentido, la conclusión del fallo resulta muy pertinente en la coyuntura de tropiezos y tiempos de desmovilización y entrega de armas de la guerrilla de las Farc.

“Mientras que las guerrillas y las autodefensas que en décadas anteriores firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno nacional tardaron un día en desmovilizarse, las denominadas AUC, por el contrario, demoraron aproximadamente 960 días desde la primera desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en diciembre de 2003 hasta la última del Bloque Élmer Cárdenas en agosto de 2006.

Inclusive este tiempo es cinco veces mayor al preestablecido por el Gobierno y las Farc, quienes en los Acuerdos Finales firmados en el teatro Colón de Bogotá, establecieron que el plazo máximo para la dejación definitiva de armas sería de 180 días”.

Queda claro, entonces, que las AUC fueron un sancocho entre interesados señores de la guerra, narcotraficantes y matones locales que desangraron a Colombia y desplegaron su barbarie, sin mandos ni jerarquías respetadas, y mucho menos sin un proyecto similar de lucha contrainsurgente como hasta hoy la narrativa de la violencia nos lo ha hecho creer.

Fuente: Colombia 2020 / El Espectador

Publicado el 7 de junio de 2017

Alias ‘Daniel contó cómo las Auc se tomaron el Tolima

Fuente: Verdadabierta.com

Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, es un teniente retirado del ejército que decidió ingresar a las filas de las autodefensas de Cordoba y Uraba en 1999. Desde entonces se convirtió en uno de los hombres de confianza de Carlos Castaño, en algunos casos fue el encargado de abrir nuevos frentes paramilitares en el país.

En su versión libre del 3 ,4 y 5 de diciembre ante la fiscal de Justicia y Paz, María Patricia Meza González ‘Daniel’ contó que recibió la orden de comandar el bloque Tolima, una fuerza de apoyo de Carlos Castaño que en poco tiempo consiguió apoderarse de los municipios de Piedras, Líbano, Lérida, Ibagué, entre otros.

El Bloque Tolima surgió entre 2000 y 2002, como resultado de la unificación de varias bloques paramilitares como el de Ramón Isaza en el Magdalena Medio y el Bloque Centauros a cargo de Martín Arroyave. Este grupo paramilitar tuvo influencia en prácticamente todo el departamento y las autoridades consideran que fue el responsable del repliegue del frente 21 de las Farc y algunos reductos del Eln y el Erp. En el norte del departamento, en el corregimiento de Las Delicias, en Lérida, tenía su base de operaciones.

Para lograr establecer este bloque, que contaba con 207 hombres al momento de su desmovilización en octubre de 2005, el ex jefe ‘para’ sostuvo que el Coronel Ciro Chitiva y Danilo Gonzáles, quienes se desempeñaron como comandantes de Policía en el Tolima fueron presuntamente sus colaboradores.

De Chitiva señaló que, cuando se desempeñaba como comandante en el Tolima, presuntamente les pasaba información de inteligencia para ubicar a sus víctimas y además los ayudaba para entrar en poblaciones de control guerrillero. Mientras que de González, ex comandante de la Policía en este departamento y quien llegó a ser director del Gaula en Bogotá, dijo que, cuando se retiró, presuntamente les sirvió de enlace entre su bloque y la Policía.

‘Daniel’ también mencionó como presuntos colaboradores de las autodefensas al capitán Camilo Rodríguez, comandante de Inteligencia del Batallón Rooke en Ibague; al oficial Eduardo Calderón del CTI y al Capitán Andrés Perdomo de la Fuerza Áerea

Según ‘Daniel’, el bloque Tolima consiguió consolidarse en el departamento porque reclutaron personal retirado del ejército que eran nativos y manejaba la zona.

También confesó la forma en que los hombres bajo su mando imponían presión a los policías y militares de la región. Según ‘Daniel’, apilaban cuerpos en las comisarías y comandos de policía de los pueblos para manchar las hojas de vida de las autoridades que no se dejaban corromper por las autodefensas.

Fue así, pagando y amenazando, que Diego José Martínez Goyeneche consiguió expandir el control de su bloque dejando un prontuario de más de 770 víctimas registradas en SIJYP (Sistema de Información de Justicia y Paz).

En su versión libre Diego José Martínez, también se refirió al fenómeno de la parapolítica en el Tolima. ‘Daniel’ confesó haber entregado al ex alcalde de San Luis, Armando Gamboa, apoyo financiero para su campaña. Gamboa fue asesinado en el 2005.

La Fiscal delegada preguntó al ex jefe ‘para’ por el asesinato de 8 miembros pertenecientes al pueblo Pijao, ‘Daniel’ aseguró que el asesinato de indígenas no se encontraba dentro de las políticas de las autodefensas pero aseguró que la guerrilla tenía infiltrados en esa comunidad.

Como parte de la diligencia la Fiscalía presento a ‘Daniel’ un organigrama con las fotos de los miembros del bloque Tolima para que los identificara. Martínez argumentó que era difícil para él reconocer a sus hombres después de tanto tiempo.

Durante los días 4 y 5 de diciembre Diego José Martínez Goyeneche enunció más de 24 asesinatos que confesará en su versión libre. Los crímenes fueron ordenados por ‘Daniel’ y cometidos por sus hombres de confianza. Algunos de ellos responden a los alias de ‘Fabian’, ‘Moises’, ‘Cara de Sapo’, ‘Juancho’, ‘Chocha gringa’, ‘Paisa’, ‘Augusto’, ‘Chala’ y ‘Guerrillo’

El protector de ‘Doble Cero

Alias ‘Daniel’ también relató en Justicia y Paz un episodio que aún es un enigma dentro las autodefensas. El fue testigo de cómo fueron los últimos años de uno de los más importantes cabecillas de las Auc, ‘Doble Cero’. En el 2004, ‘Doble Cero’ huye a Tolima, acosado por el cerco que le tendieron Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en el Magdalena y Nordeste antioqueños, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en el Valle de Aburrá y el Oriente.

Aunque los jefes paramilitares, al mando de los bloques Central Bolívar y Cacique Nutibara argumentaron en su momento que la guerra contra el disidente jefe del bloque Metro obedeció a su renuencia a vincularse a un proceso de negociación política que, en esa época apenas se esbozaba, lo cierto es que García Fernández manejaba un multimillonario “negocio”, relacionado con el continuo robo de gasolina al poliducto de Sabastopol, que pasa por el Oriente y atraviesa el Valle de Aburrá.

‘Doble Cero’ siempre justificó su “disidencia” con el argumento de que la confederación de grupos que había surgido tras la cumbre en la que se habían convertido como Autodefensas Unidas de Colombia -Auc- (a finales de 1997) sirvió de pretexto para vestir de camuflado y dar un estatus político a los más grandes narcotraficantes colombianos de la época.

“Nadie mató más gente en Medellín que ‘Doble Cero’”, dijo una vez un delegado de un organismo internacional, quien pidió en su momento el anonimato, durante una exposición en la que explicó la forma como la guerra entre los grupos de autodefensas y de estos con la guerrilla influida en la situación de zozobra y en la oleada de crímenes que vivía la ciudad.

Macaco y don Berna acorralaron a ‘Doble Cero’ al punto que lo obligaron a quedarse solo, pues muchos de los combatientes del bloque Metro terminaron muertos o portando el brazalete de los bloques Central Bolívar, Cacique Nutibara o Héroes de Granada.

En Medellín, los combates tuvieron muchas repercusiones en las comunas occidental y oriental, con enfrentamientos que duraban días y noches enteras y que se escenificaban en medio de la población civil.

Cuando el Cacique Nutibara copó los espacios del Metro, prosiguió su campaña de exterminio en esas comunas contra los reductos de la guerrilla, proyecto que también se saldó con decenas de muertes, centenares de desplazados y utilizando las calles como trincheras.

Ese cruce de fuegos terminó con la controvertida operación Orión, en octubre de 2002, cuando en una acción oficial, que contó con la colaboración de todos los organismos de seguridad y la Fiscalía, el entonces comandante de la IV Brigada, general (r), Mario Montoya Uribe, anunció que el Estado había recuperado un territorio que antes se disputaron los grupos ilegales.

En ese momento, ‘Doble Cero’ desapareció de la escena del conflicto armado y solo se supo de él, en mayo de 2004, cuando lo mataron sus antiguos compañeros en una calle cerca de El Rodadero, en Santa Marta.

García Fernández huyó de Antioquia en busca de protección de uno de los pocos aliados que le quedaban en ese momento a Carlos Castaño, el también ex máximo jefe de las Auc, también asesinados por sus ex compañeros en abril de 2004.

Castaño y ‘Doble Cero’ tenían vínculos fuertes de amistad, pues fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y se convirtieron en los instructores de miles de hombres que ingresaron a las filas de las autodefensas.