Pueblos indígenas y posacuerdo: ¿Más incumplimientos?

Pueblos indígenas y posacuerdo: ¿Más incumplimientos?

Por: María Rosa Helena López

En el 2004 se realizó la primera Gran Minga indígena por la Vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos en Colombia. En ese momento, organizaciones y autoridades indígenas invitaron a diversos sectores sociales a conformar de una gran fuerza de resistencia y lucha por la defensa de la vida y los territorios, frente a la implementación de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez y la grave violación de derechos humanos que conllevó.

Como resultado de esta movilización, en la que se llevó a cabo el Primer Congreso Indígena y Popular, se definió una agenda de diálogo con el Gobierno Nacional que incluyó un punto de reclamo por el incumplimiento de acuerdos pactados con gobiernos anteriores. Uribe Vélez desconoció la propuesta de diálogo y no fue sino hasta 2008 que accedió a participar de un encuentro en el territorio de convivencia y Paz de la María Piendamó. Allí se acordaron una serie de compromisos que fueron mayoritariamente incumplidos.

Desde entonces, y por haberse mantenido la dinámica del incumplimiento en el segundo período de dicho mandatario, así como en los dos siguientes del actual presidente Santos, las mingas siguieron desarrollándose como mecanismo de protesta hasta hoy:

  • 2004 – Gran Minga indígena por la Vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos
  • 2008 – Minga de Resistencia Social y Comunitaria (a la que se suman con mayor fuerza otros sectores campesinos y urbanos)
  • 2010 – Convocatoria a un gran Congreso de los pueblos (Participación de la Minga indígena en una gran coalición democrática de procesos, organizaciones y movimientos sociales)
  • 2013 – Minga indígena, social y popular en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía
  • 2016 – Minga agraria, campesina, étnica y popular.

Si bien cada minga se concentró en reclamos y reivindicaciones propias del momento específico en que se desarrolló, así como en alianzas con diversos sectores, pueden identificarse  tres problemas históricos aún no resueltos, que las atraviesan:

1. Pervivencia de los pueblos

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, se viene presentando una preocupante situación de vulnerabilidad y riesgo de exterminio físico de la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia. La Corte Constitucional había reconocido este problema en el 2009 al adoptar el Auto 004 en el que señala las afectaciones del conflicto armado interno en las comunidades, así como las gravísimas violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario de las que han sido víctimas.

La Corte indica que la respuesta estatal se ha limitado a la expedición de normas, políticas y documentos, que a pesar de su valor, tienen repercusiones prácticas bastante precarias. Aunque instó al Estado a implementar de manera inmediata mecanismos de protección, la situación no mejoró. En el informe de seguimiento a la aplicación en Colombia de las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas correspondiente al período 2010 – 2013, se manifiesta que la situación de derechos de esta población continúa siendo crítica, por lo que sigue vigente lo indicado por el Relator en 2009:

La precaria situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia refleja el desfase entre una legislación nacional avanzada y la poca efectividad real de las instituciones encargadas de su protección”.

El informe señala también que las normas y políticas promotoras del desarrollo económico basado en el fomento de los sectores minero, energético, forestal y agroindustrial, han traído serias consecuencias para los pueblos indígenas. Así mismo, que la política de seguridad y defensa no se ajusta a las obligaciones de respeto de derechos humanos de los pueblos indígenas e incurre en violación al DIH.

2. Autonomía política y territorial

Uno de los logros más importantes de la Constitución Política de Colombia de 1991 es haber reconocido derechos políticos y culturales a los pueblos indígenas, considerados hasta entonces como salvajes. No obstante, tan solo en el 2014 se expide el Decreto 1953 que reglamenta el artículo transitorio 56 de dicha carta política, referido al funcionamiento de las entidades territoriales indígenas.

Tuvieron que pasar casi 23 años de luchas permanentes, y particularmente la minga de 2013, para que se reconociera a los territorios indígenas la condición de entidad político administrativa, es decir, para que se les otorgara competencia y autonomía para administrar de forma directa los recursos del Sistema General de Participaciones, sus sistemas propios de salud, de educación, entre otros.

En la actualidad, no se ha avanzado en la implementación de dicho Decreto, por el contrario, éste ha sido atacado por el poder político tradicional hacendatario del departamento del Cauca, quien en su momento lo demandó.

3. Ampliación, saneamiento y constitución de resguardos

Durante su gobierno Álvaro Uribe se encargó de señalar a los pueblos indígenas como los mayores terratenientes del país, para así deslegitimar sus reclamos por tierras. Contrario a lo afirmado por el exmandatario, la situación que en este aspecto atraviesan las comunidades indígenas es bastante precaria, pues las familias, que crecen y se amplían con el tiempo, tienen cada vez menos tierra para subsistir.

De acuerdo con la ONIC, amplias áreas que han sido tituladas como resguardos son en la práctica fronteras de colonización controladas por actores armados o por empresas multinacionales extractoras de recursos naturales. Otras, a su vez, hacen parte de lo que se consideran reservas naturales no aptas para el desarrollo de actividades de agricultura. Así mismo, muchos de los territorios ancestrales, de los cuales fueron despojados pueblos indígenas por múltiples causas a lo largo de la historia, aún no son reconocidos ni titulados.

Del total de hectáreas correspondientes a los resguardos indígenas (39.854.772) el 93% está constituido por zonas de bosque natural. (DANE/Censo Nacional Agropecuario 2014)

En este sentido, la Consejería de Territorio de la ONIC señaló que para agosto de 2015 se hallaron registradas en el INCODER 828 solicitudes sobre titulación, constitución, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas, todas sin resolver. La mayoría de tales procesos con más de 24 años de trámite. Patricia Tobón Yagari, abogada del pueblo Embera afirma: “en siete años de vigencia presupuestal se constituyeron un total de 50 resguardos, según este promedio, para que el INCODER avance en el reconocimiento de 828 solicitudes (…) se calcula que se requeriría 107 años para lograr atender la titulación de los territorios indígenas”.

La minga en el posacuerdo

El desarrollo de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, trajo esperanza a los pueblos y autoridades indígenas, golpeados brutalmente por los distintos actores involucrados en el largo y cruento conflicto político militar. Se abría un nuevo camino para la resolución efectiva de tantos problemas de vieja data. Sin embargo, pronto se vislumbraron acciones que señalaron una continuidad del desconocimiento histórico de estas poblaciones en los procesos políticos y sociales de gran envergadura para Colombia:

  • La inclusión a última hora del capítulo étnico-territorial en el acuerdo final de Paz: tan sólo a dos horas del cierre de los acuerdos de paz, la Comisión étnica para la paz, conformada por la ONIC, el Consejo Nacional de Paz afrocolombiano –COMPA- y el Gobierno Mayor de Autoridades tradicionales, logró incorporar en el acuerdo las propuestas de los pueblos indígenas y afro colombianos para la construcción de la paz. A pesar de la insistencia de la comisión por participar activamente en el espacio de discusión en la Habana, el tiempo destinado para el asunto por los negociadores fue bastante exiguo.
  • Amenazas de exclusión del Capítulo étnico del plan marco de implementación de los acuerdos: En el mes de septiembre de 2017, la Comisión Étnica para la paz alertó a la opinión pública sobre la exclusión de los grupos étnicos en el proceso de implementación del acuerdo final de paz. Señalaron también el riesgo de que la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación -CSIVI- aprobara un plan de implementación sin indicadores étnicos específicos que permitan evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento de los puntos establecidos. Los miembros de la comisión étnica consideran esta actuación como una forma más de revictimización de los pueblos.
  • Reparamilitarización de los territorios indígenas: El cese definitivo al fuego entre las Fuerzas del Estado y la guerrilla de las Farc no ha sido suficiente para que llegue la paz y la tranquilidad a los territorios. Grupos neoparamilitares han incursionado en los resguardos, amenazando a las familias, ocasionando desplazamientos masivos y asesinando comuneros. En lo corrido del año se cuentan 40 dirigentes indígenas asesinados, 10 en el mes de octubre, entre quienes se encuentran Efigenia Vásquez Astudillo, del pueblo Kokonuco y comunicadora de la Emisora Renacer Kokonuko, en Puracé Cauca; Aulio Isarama Forastero, del pueblo Embera Dóbida y Gobernador del Resguardo Indígena Catru, en el Alto Baudó (Chocó).

Después de que las FARC salió de los territorios que controlaba, hay una disputa a sangre y fuego entre los paramilitares, las insurgencias, la Fuerza Pública y los grupos narcotraficantes, y nosotros estamos en la mitad, defendiendo nuestro territorio” Luis Fernado Arias. Kankuamo y Consejero Mayor de la ONIC.

En ese contexto de altísima complejidad, la actual Minga Nacional por la defensa de la vida, plantea como agenda de discusión 5 puntos relacionados con:

  • Garantías y proteción de los derechos humanos de los pueblos indígenas
  • Compra, constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, así como la firma del decreto de Autoridades Ambientales concertado y protocolizado con el Gobierno Nacional en la Mesa Permanente de Concertación desde el mes de marzo de 2017.
  • Implementación del capítulo étnico e inclusión efectiva de los pueblos indígenas en dicho proceso.
  • Cumplimiento de los más de 1.300 acuerdos establecidos hasta ahora con el Gobierno Nacional
  • Creación de un mecanismo que garantice los recursos que se requieren para el fortalecimiento de los planes de vida, la compra de tierras, la formalización de los territorios y otras necesidades que no han podido resolverse.

El sistema de información de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas reporta 1.932 compromisos incumplidos por el Gobierno Nacional en el período 1996 a 2017. El 63% corresponde a actos legislativos, administrativos y políticas públicas (con un 3% de cumplimiento); y el 37% restante a actas de sesiones de la MPC (con un cumplimiento aproximado del 30%).

Tras 4 días de movilización, ya son bastante las denuncias de ataques de la Fuerza Pública a los indígenas, así como de intenciones de deslegitimación y desprestigio de la protesta. Hasta que el Gobierno nacional no atienda y solucione las demandas históricas de los pueblos indígenas golpeados por la guerra, será completamente improbable la consolidación de una verdadera paz con justicia social.