Estas son las cifras de la violencia política en el país, según la MOE

El último informe elaborado por el Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE sobre violencia contra líderes políticos, sociales y comunales entre 1 de enero de 2018 y 9 de enero de 2019, ha registrado 330 víctimas de violencia política a nivel nacional.

En 153 de los casos (46%), el hecho de violencia terminó en homicidio.

La información es recopilada por la MOE a través del seguimiento detallado de noticias en medios de comunicación y reportes de organizaciones sociales y políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. Estos son los resultados de la recopilación:

En el último año, 27 departamentos y 147 municipios, han presentado agresiones en contra de candidatos a cargos de elección popular, funcionarios de elección popular, altos funcionarios de las administraciones a nivel nacional, departamental y municipal, líderes políticos y dirigentes de partidos y líderes sociales y miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC).

 

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También se estableció que el mes más violento fue julio de 2018, con 55 agresiones registradas (27 de ellas letales, es decir, atentados o asesinatos). El mes que le sigue es enero de 2018 con 36 agresiones y 19 asesinatos.

En el último trimestre (de octubre de 2018 al 10 de enero de 2019) se ha registrado en promedio 1,6 líderes víctimas de agresiones por día.

La violencia es más cruda entre más local sea el liderazgo. Cómo la siguiente tabla, los líderes comunales son lo más afectados por los homicidios:

 

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89 de las 330 víctimas (26,9%) registradas durante el período monitoreado, tienen filiación política clara (las demás son funcionarios públicos sin partido político o líderes sociales o comunales). Estas víctimas con filiación política clara pertenecen a 15 partidos políticos diferentes y dos coaliciones: el informe evidencia que todas las colectividades políticas son golpeadas por la violencia.

Los partidos políticos con mayor concentración de agresiones son: Farc, con 5 (27%) asesinados, seguido por Colombia Humana con 4 (22%). Asimismo, es importante mencionar que 8 de las víctimas registradas eran candidatos al Congreso: hubo 6 atentados y dos amenazas de muerte en contra de estos líderes.

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Por otro lado, tres candidatos presidenciales (Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras e Iván Duque), denunciaron haber recibido amenazas contra su vida en los primeros días de mayo de 2018.

Antioquia ha sido el departamento más golpeado por la violencia contra líderes políticos y sociales (55 víctimas, 29 de ellas asesinadas), seguido por Cauca con 50 víctimas (33 asesinatos), Norte de Santander con 26 víctimas (13 asesinatos), Valle del Cauca con 23 víctimas (8 homicidios), y Córdoba, Nariño y Putumayo con 14 víctimas (8, 11 y 10 de ellas asesinadas correspondientemente).

 

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Otra de las alarmantes cifras que arroja el estudio es que el 73% de los asesinatos han ocurrido en los territorios del posconflicto, es decir, en 15 de las 16 regiones PDET donde se implementa prioritariamente el Acuerdo de Paz.

El único PDET que no registra víctimas es el número 8, Montes de María.

También llama la atención el hecho de que 182 (55,2%) de los 330 de líderes víctimas fueron agredidos en municipios con registro de cultivos de uso ilícito. Aún más preocupante es el que 113 (73,9%) de los 153 asesinatos registrados en el año, hayan ocurrido en dichos territorios.

 

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¿Militarización de las regiones o implementación del acuerdo de paz?

Dos días de trabajo y más de setenta personas de varios municipios del Tolima participaron del encuentro regional de Prevención y Seguridad que se llevó a cabo en el ETCR Marquetalia, Cuna de la Resistencia en Planadas Tolima.

Al encuentro asistieron líderes y lideresas en representación de sus organizaciones sociales, así como de las instituciones del estado, entre ellas la y el secretario de gobierno de Planadas y Rioblanco, delegados de la gobernación del Tolima, la ONU, policía, ejército, fiscalía, ARN, UNP, veedurías ciudadanas, ASTRACATOL, representantes de víctimas y líderes de derechos humanos, exguerrilleros y exguerrilleras en proceso de reincorporación a la vida civil de los dos espacios territoriales y dirigentes del partido Farc-Ep departamental.

El objetivo, discutir sobre la seguridad en el departamento para los exguerrilleros y exguerrilleras, así como las y los líderes sociales, en el taller se realizó un mapeo de la región, y se dejó ver el vacío de poder que tienen las instituciones del estado en temas de prevención e implementación del punto tres del acuerdo de la Habana.

Mientras las instituciones insisten en la militarización de las regiones, las comunidades y la Farc-Ep sustentaron que el camino no es ese, por el contrario, la salida es la implementación del acuerdo de paz y así mitigar el anarquismo en las regiones donde antes operaban las Farc-Ep.

El argumento del estado para su propuesta militar es que “los problemas en las regiones en temas de seguridad, falta de educación, salud, vivienda, tierras para trabajar y la pobreza era por culpa de la guerrilla”

Con la firma del acuerdo de paz quedó demostrado que no es así, ni mucho menos el problema del narcotráfico era exclusivo de las guerrillas, el problema de fondo es el abandono del estado en todos los sentidos con las comunidades; sin empleo, sin tierras para trabajar, sin proyectos productivos, sin salud, sin educación, la juventud pierde su horizonte de vida y termina cayendo en la descomposición social.

Aunque la fuerza pública planteó que el problema ahora es el narcotráfico, las Farc-Ep señalaron que debe implementarse el punto cuatro del acuerdo, sobre sustitución de cultivo de uso ilícito, donde se aplique en su cabalidad la sustitución por cultivos lícitos, con proyectos que a futuro.

Frente al flajelo de la drogadicción, se planteó que es un problema de salud pública por atenderse y que el estado debe atacar el fenómeno del micro tráfico, el cual es financiado por el paramilitarismo.

Respecto al tema de la inseguridad, las comunidades plantearon la necesidad de impulsar la conformación de ‘guardias campesinas’, a lo que el comisionado de paz se opuso, argumentando que esta figura “es ilegal”.

De inmediato, el representante de la guardia campesina del municipio de Chaparral, con la conformación de Zonas de Reserva Campesina ANZOR y los cabildos indígenas, manifestaron la necesidad de fortalecer sus guardias, ya que las autoridades son incapaces de solucionar los problemas de la región.

De igual manera, exigieron a las administraciones municipales y departamentales que apoyen estas iniciativas con recursos y garantías, mientras tanto la veeduría ciudadana del departamento del Tolima, reclamó garantías en su participación de control político al acuerdo de paz.

Otro punto importante de este encuentro fue la necesidad inmediata de hacer un pacto político por la paz, pacto que es necesario aterrizarlo a nivel departamental y en cada municipio, entre las fuerzas políticas, organizaciones sociales, sectores del comercio y empresariales.

Finalmente, el escenario sirvió para intercambiar los puntos de vista de cada quién, pero quedó demostrado una vez más, que el estado muestra poco interés en fortalecer el desarrollo de las organizaciones sociales y las comunidades.

A los líderes sociales no solo los matan, sino que los estigmatizan

A los líderes sociales no solo los matan, sino que los estigmatizan

Las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre los asesinatos y persecuciones a líderes sociales, han desencadenado preguntas y prejuicios sobre el por qué y quiénes están detrás de estos crímenes. A falta de garantías lo que el Estado ha ofrecido es estigmatización y mitos sobre el liderazgo social en Colombia.

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La organización Somos Defensores dice en su informe semestral que evaluó el periodo entre enero y junio de 2017, que los asesinatos habían aumentado en un 30%. La ONG Indepaz asegura que en Colombia 170 líderes y lideresas fueron asesinados sólo en 2017, casi 53 asesinatos más que en 2016. Estas cifras, concluye la organización, muestran un incremento del 45,29%. Es como si asesinaran a un líder cada 2 días.

La ONU, apenas en marzo de 2017 ya alertaba sobre el aumento de los asesinatos. Alegó que el año pasado la cifra llegó a 127 líderes asesinados y que la mayoría murieron en zonas previamente ocupadas por las Farc, lo cual podría debilitar la implementación de los acuerdos.

Aunque no coinciden respecto del número de muertes registradas, estas tres organizaciones concluyen que entre 2016 y 2017 hubo un escalamiento en estos asesinatos. Una de las razones por las cuales es complejo determinar el número exacto de asesinatos, es que las organizaciones tienen distintas definiciones de lo que es y no es un líder social.

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En medio de este escalamiento de la violencia, surgen algunas afirmaciones sobre el liderazgo social que La Paz en el Terreno agrupó en tres mitos sobre el liderazgo social en Colombia.

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Jose Luis Prieto, Líder asesinado

Los matan porque son guerrilleros

Históricamente los líderes y lideresas sociales han sido estigmatizados y señalados de simpatizar e incluso, de pertenecer a grupos guerrilleros como las Farc, recientemente desmovilizadas, o el ELN, entre otros. Debido a esto pasan a ser sujetos de amenazas, persecuciones y asesinatos, pero hace falta entender un poco mejor este proceso.

En los años cincuenta, cuando se acentuó el discurso anticomunista en el país, el miedo hacia la izquierda se transformó en aversión y finalmente en violencia. Así lo explicó el historiador Juan Carlos Chaparro en el programa radial “Hitos contra el liderazgo social”, de Rutas del Conflicto.

El temor de algunos sectores tradicionales de que la izquierda se tomara el poder, puso en el mismo saco a sectores reclamantes de derechos, junto con militantes de la izquierda política y grupos armados simpatizantes de esta ideología. Es decir, en su más alto punto, este discurso tildó de guerrillero a todo aquel que, con acciones o por medio de la opinión, se opusiera a la continuidad de la política tradicional en el país.

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Barrancabermeja es un caso ilustrativo. Esta ciudad santandereana en el Magdalena Medio fue escenario de una arremetida paramilitar a finales de la década de los 90 y principios del siglo XX, en la que las Autodefensas de Santander y del sur del Cesar, que posteriormente se unieron al Bloque Central Bolívar, se tomaron a sangre y fuego los barrios en los que consideraba habían bases urbanas subversivas.

Lo cierto es que ‘Barranca’ reunía tres elementos que marcaron su historia del conflicto, la industria petrolera más próspera de la región, movimientos sindicales que velaban por condiciones laborales dignas y la presencia del ELN en el territorio. A su llegada, los paramilitares señalaron a los sindicatos y otros movimientos sociales como simpatizantes, colaboradores y promotores de la guerrilla y fue con esta excusa que perpetraron más de 10 masacres de grandes magnitudes en ese período. Sólo en la masacre del 16 de mayo de 1998, los ‘paras’ mataron a 7 personas y secuestraron a otras 25, a quienes también asesinaron y desaparecieron en el transcurso de las dos semanas siguientes.

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Pero no es sólo una cuestión de discurso malversado. Existen sectores políticos y económicos que al ver amenazados sus intereses debido a un liderazgo social, optan por señalamientos hacia líderes y organizaciones comunitarias, a sabiendas del riesgo que eso les implica.

“Si uno lo mira en su conjunto, este fenómeno estaba orientado a garantizar el orden establecido, es el caso del paramilitarismo. No fue exclusivamente una herramienta para combatir el comunismo, sino que en muchas regiones fue un instrumento para garantizar la cooptación del poder local, político y económico asociado a la tenencia de la tierra.”, explica Juan Carlos Chaparro, historiador y profesor de la Universidad Nacional.

Es decir, que no se trata sólo de un asunto ideológico, sino también de un uso estratégico de la estigmatización para la defensa de intereses particulares.  El caso de la empresa bananera Chiquita Brands, hallada culpable por hacer pagos a las Auc, ilustra muy bien esta situación. La investigación judicial que condenó a la empresa, en 2007, a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, arrojó que la alianza entre la empresa y el grupo armado estaba pensada para garantizar el control del territorio y ejercer control sobre los trabajadores reclamantes de condiciones dignas.

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Archivo de Rutas del Conflicto

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Un caso que ilustra los peligros de la estigmatización es el de la comunidad indígena Nasa, en Cauca, históricamente señalada de ser simpatizante de la guerrilla de las Farc. “Si usted analiza a los medios de comunicación sobre lo que hablan  sobre los pueblos indígenas, especialmente en el Cauca, cuando han habido movilizaciones, todas las movilizaciones siempre se dice que es auspiciada o promovida por la guerrilla de las Farc. Como si nosotros no pudiéramos tomar nuestras propias decisiones”, afirma Gustavo Ulcué, periodista indígena Nasa.

La prensa tuvo también una participación en este caso. Luego de varias tutelas, el 14 de septiembre de 2016, la Corte Constitucional ordenó al programa Séptimo Día rectificar la información que publicaron en su especial sobre esta comunidad indígena. En el reportaje afirmaban que la diferencia entre un indígena y un guerrillero se había perdido en varias regiones del departamento.

“Seguimos sufriendo siempre las violaciones de derechos humanos. Hemos tenido constantes amenazas, asesinatos, hurtos, mucho personal extraño recorriendo el territorio y frente a eso estamos trabajando en estrategias para ver cómo proteger el territorio”, agregó Fidelina Díaz, miembro de la Guardia Indígena.

No existe sistematicidad en el asesinato de líderes y lideresas en el país

Mientras que desde hace varios meses el Gobierno nacional ha insistido en que estos asesinatos no son sistemáticos, alegando que no es posible identificar un único grupo armado,  varios sectores sociales han insistido en que existen estructuras actuando organizadamente en contra de líderes en región.

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¿Qué hace que unos asesinatos puedan considerarse sistemáticos? El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le explicó a Noticias Uno el pasado 16 de diciembre de 2017 que si se pudiera comprobar que hay una sola organización dedicada a asesinar a líderes y lideresas a nivel nacional, reconocería la sistematicidad. Afirmó que los líderes mueren en el país por diversos motivos.

La sistematicidad, definida por la Corte Penal Internacional,“es un elemento de carácter cualitativo y hace referencia a la naturaleza organizada de los actos y la improbabilidad de que estos hubiesen ocurrido de manera aislada. Esta definición de sistemático desde la perspectiva del DIH, coincide con aquella según la cual se le puede dar este calificativo a algo que ‘procede de acuerdo a un plan.’”.

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En resumen, el número de actores armados detrás de estos crímenes no es lo que determina si hay o no sistematicidad, el carácter premeditado y organizado para matar líderes y lideresas en región sí. Puede que no haya un único grupo, sino varios, dispersados por todo país y que cada cual opere con sistematicidad a nivel local.

Si es cierto que estas organizaciones proceden de acuerdo a un plan, la pregunta no es sólo quiénes están matando a los líderes y lideresas, sino, por qué. ¿A qué actores o instituciones no les interesa que un liderazgo concreto se haga visible?

“Estamos identificando unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de la eventual presencia de reductos de autodefensas, que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”, afirmó el el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al diario El Espectador, a finales de 2017.

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Luego de las declaraciones del Martínez, el expresidente Santos, sin admitir que hay una sistematicidad en estos asesinatos, afirmó que pondría en marcha un plan para defender a los líderes y lideresas. “La iniciativa contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del “Plan Orus”, que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las Farc.”, concluyó el exmandatario.

“Mientras se insista en que estas muertes no son sistemáticas, las investigaciones sobre estos hechos se alejan de la posibilidad de comprender el funcionamiento de estas estructuras que hoy operan en la penumbra, sin que sepamos muy bien quiénes son, para quién trabajan y qué es lo que buscan”, explicó el profesor Yann Basset, director del Observatorio de Participación Política.

A los líderes y lideresas los asesinan por conflictos de convivencia (líos de faldas)

Contexto: Asesinato a líderes es sistemático

En la misma entrevista en que dijo que no creía en la sistematicidad de los asesinatos, Villegas dijo que estas muertes eran en realidad producto de problemas de convivencia. “Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría un tema de linderos, un tema de faldas, un tema de reivindicación, un tema de pelea por rentas ilícitas”, afirmó el funcionario.

Esta frase causó revuelo entre quienes consideran que afirmaciones como esta invisibilizan la magnitud de lo que está pasando. Aunque es posible que algunas muertes no estén vinculadas con su liderazgo, no son pocos los casos en hay indicios fuertes para creer que sus muertes estaban relacionadas con su participación en la comunidad.

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El 10 de noviembre de 2016, el líder social José Luis Prieto Tristancho estaba en su casa en Galapa, Atlántico, cuando un hombre, identificado como Joaquín Damiant de Moya Rodríguez, llegó y le disparó repetidas veces hasta matarlo.

Moya, quien había sido parte de la banda criminal Los Rastrojos, era empleado de Prieto y fungía como vigilante del barrio. Pasado el tiempo el líder se percató de que Moya utilizaba su trabajo para favorecer el expendio de drogas en la zona y resolvió despedirlo. En aquella confrontación, Moya amenazó de muerte a Prieto y un par de meses más tarde, cumplió su promesa.

¿Quién determina si esta es una muerte que se enmarca en el conflicto armado? En tiempos del llamado posacuerdo, pareciera que falta mucho por discutir en materia de reinserción y sobre estas formas de violencia que han llegado a las comunidades por cuenta del contexto actual.

Afirmar que los problemas de convivencia son la causa principal de estas muertes desvía la atención, una vez más, de las preguntas importantes. “¿Acaso la Unidad Nacional de Protección está atendiendo de manera oportuna a quienes denuncian estar en riesgo? A pesar de que múltiples ongs nacionales e internacionales publican informes de riesgo ¿por qué terminan muertos aquellos sobre los cuales se había alertado?”, intervino Basset.

 

Con información de [La paz en el Territorio]

La paz en Colombia: camino espinoso para el Estado y los defensores de ddhh

No es raro como colombiano levantarse cada mañana escuchando y leyendo en la radio, la televisión y las redes sociales: “hay otro líder social asesinado”. Día tras día hemos estado notando que, con la implementación de los acuerdos de paz en el país, la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha ido aumentando significativamente. Este contexto más que hacer parte de la cotidianidad de un colombiano permite hacernos varias cuestiones respecto a este aterrador y espantoso panorama nacional.

Manifestaciones sociales y llamados atemorizados pidiendo protección parecen no tener mucho impacto político en este momento. A pesar de ello, somos muchos los que de forma pacífica exigimos que se tomen medidas a los asesinatos sistemáticos de aquellos seres humanos que, por tener un pensamiento diferente y luchar junto a sus comunidades por su bienestar, son amenazados para finalmente lograr la extinción de sus vidas y la exterminación de sus poderosas palabras.

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Con el incremento de los asesinatos a líderes sociales algunas de las preguntas recurrentes de la población colombiana giran alrededor de las siguientes cuestiones:

¿Cómo es posible que la población de un país tenga que exigirle a su Estado que proteja, respete y promueva los derechos humanos? ¿el Estado colombiano no ha sido uno de los países participes en la ratificación de más de 30 instrumentos internacionales que están encaminados a proteger y velar por los derechos humanos? ¿el reconocimiento del Estado colombiano a los derechos humanos y su espaldarazo a la violación de estos derechos no radica en una contradicción estatal problemática y autodestructiva?

Al respecto, el profesor e investigador sobre historia Latinoamericana Jorge Orlando Melo Gonzáles afirma que en la mitad del siglo XX confluyeron dos de los fenómenos más relevantes a nivel mundial:

  1. la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y;
  2. el desarrollo de instrumentos internacionales de protección de los DD.HH. Dicho pensamiento liberal occidental fue acogido como la base de un orden que exige a todos los Estados el respeto y la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

Colombia se incorporó a este orden mundial mientras estaba en enfrentamiento armado interno. Desde entonces, según Melo, hubo un proceso contradictorio en el que el Estado colombiano ratificaba las convenciones internacionales de derechos humanos y simultáneamente era percibido por sus ciudadanos como un Estado que violaba las normas internacionales que había firmado con convicción. Dicha contradicción se agudizó con el auge del narcotráfico y la lucha contra la guerrilla.

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Adicionalmente, el historiador sostiene que especialmente desde 1978 los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos comenzaron activamente a generar campañas que impulsaban la protección de estos derechos.

Esto ha conducido a que dichos organismos tengan que denunciar al Estado como uno de los violadores de los derechos humanos en Colombia, debido a su participación en actos de tortura, ejecución y desaparición de guerrilleros y sus simpatizantes, su apoyo a grupos paramilitares, entre otros actos contrarios a las normas de derechos humanos ratificadas por el mismo Estado.

En este contexto, la defensa de los derechos humanos se convirtió en un tema político de Colombia. Con la Constitución de 1991 se crearon instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos, lo cual se evidencia con el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, la creación de la tutela, la Defensoría del Pueblo y otros mecanismos de protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

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A pesar de ello, Melo sostiene que el Estado colombiano ha tendido a percibir a las organizaciones privadas de defensa de los derechos humanos con desconfianza, puesto que se parte de la suposición de que varias de estas organizaciones pretenden dificultar la acción del Estado contra los grupos armados e insurgentes. Así mismo, históricamente el Estado ha llegado a tildar a dichas organizaciones como colaboradores que hacen parte de la estrategia comunista.

Hoy, con un proceso de paz en marcha, parece que el Estado colombiano continúa en la contradicción inicial, la aceptación de derechos humanos como normas que legislan al país y la constante violación de los derechos humanos al no defenderlos apropiadamente y, en algunos casos, ser un actor perpetrador de las violaciones de estos derechos. 

 

¿Cómo entender esta tensión históricamente persistente del Estado respecto a los derechos humanos? ¿no debe el Estado colombiano dar un viraje de su tendencia histórica en relación a los derechos humanos en un proceso de transición como lo es el proceso de paz pactado entre las Farc-ep y el gobierno? ¿no es esta tensión de fondo un asunto de legitimidad?

 

Con la implementación de los acuerdos de paz en el país y el incremento exacerbado de amenazas, asesinatos y muertes sistemáticas de defensores de derechos humanos, ambientalistas, promotores de paz, entro otros, es posible pensar que el Estado fortalece su posición y le da la espalda a la defensa y protección de los derechos humanos.

Pero, ¿Realmente continuamos en la contradicción inicial o hemos avanzado un poco al respecto?

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Según el informe realizado este año por la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de julio de 2018 ha habido 311 líderes asesinados en el país, cifra que va en aumento. Teniendo en cuenta el informe de Somos Defensores es relevante mencionar que en 2018 el incremento desproporcionado de líderes sociales asesinados se ha duplicado en contraste con las cifras del 2017.

Las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revelan que entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2018 se han registrado 123 casos de asesinatos a líderes sociales en el país. Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño son los departamentos más preocupantes y alarmantes respecto al incremento de defensores de derechos humanos a los que se le ha quitado la vida.

¿Dónde está el Estado?

Pues bien, según Diana Sánchez, Coordinadora del Programa Somos Defensores, se han detectado graves casos de corrupción por parte del Estado con respecto al asesinato de los líderes sociales en Colombia.

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Acorde a lo investigado en Somos Defensores, existe una mezcla entre grupos ilegales e instituciones del Estado que impiden dar cuenta de quiénes son los que están matando a los líderes sociales. Esto se da puesto que hay una interrelación entre el funcionamiento del narcotráfico, la minería y los asuntos de tierras que cuentan con la protección de ciertas autoridades locales.

Es decir que el trabajo entre autoridades locales y grupos ilícitos imposibilita que las investigaciones, para esclarecer la muerte de los líderes sociales, se lleven a cabo de forma transparente.

Por otro lado, la Fiscalía afirma que de los 170 casos de asesinatos a líderes sociales ya se han resuelto el 50% de ellos. No obstante, según Diana Sánchez, ninguno de estos casos resueltos ha dado con los perpetradores y organizadores de los asesinatos. Igualmente, la cantidad de asesinatos de líderes sociales durante los periodos de la presidencia de Juan Manuel Santos son 580, lo que indica que los avances de la fiscalía en realidad son limitados e insuficientes para la realidad que vive el país.

El caso del asesinato sistemático de líderes sociales también se ha convertido en preocupación para la Procuraduría General de la Nación.

El procurador Fernando Carrillo anunció que se iniciarán investigaciones para establecer las distintas relaciones entre los miembros de la Fuerza Pública con las organizaciones criminales de las regiones del país en los asesinatos de líderes sociales. Para el procurador existe una cooptación de los agentes estatales por parte de las organizaciones criminales, la cual debe empezarse a desmantelar para proteger a la sociedad civil.

Por su parte, el Presidente Juan Manuel Santos también anunció que se tomaran ocho medidas de choque, con el propósito de evitar la continuación y el recrudecimiento de asesinatos de defensores de derechos humanos en el país.

Por esta razón, el presidente ordenó al Ministerio de Defensa la intervención prioritaria por 30 días a los ocho departamentos en situación alarmante: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

 

Pero ¿realmente está es una solución al problema de asesinato de líderes sociales en el país? ¿un mes es tiempo suficiente para desmantelar aquellas redes criminales legales e ilegales que están acabando con la vida de ciertos seres humanos por sus ideas?

 

Cabe resaltar que es una realidad que el asesinato a líderes sociales se ha incrementado de forma alarmante en el país. Así como también se puede evidenciar que hay intentos –aunque no suficientes- por parte del Estado para tratar de disminuir el asesinato de los líderes sociales y, con este, de hacerle frente a la violación masiva de derechos humanos en Colombia.

Es decir, parece que el Estado al intentar mediar con la tensión entre el cumplimiento de los derechos humanos y la tendencia estatal de violar estos derechos está asumiendo una batalla que había sido históricamente ignorada.

Esta tensión y nueva batalla estatal se puede ver con el reconocimiento del Estado de ciertos asesinatos de líderes sociales y la invisibilización de otros al minimizar las cifras de los casos que se presentan.

Así mismo, las soluciones ofrecidas a nivel estatal –aunque limitadas e insuficientes- hacen frente a la violación de los derechos humanos. Sin dejar de lado que ahora se están visibilizando y trabajando en aquellos casos en los que los funcionarios públicos, las autoridades locales y la Fuerza Pública están involucrados con organizaciones ilegales y, probablemente, con los asesinatos sistemáticos y su incremento.

Teniendo en cuenta esto cabe preguntarse si puede el Estado estar avanzando en su posición histórica frente a los derechos humanos.

Probablemente una respuesta a esta pregunta podría ser sí. No obstante, también es claro que aún le falta mucho trabajo y esfuerzo al Estado colombiano para romper con aquella tradición que le ha dado la espalda a los derechos humanos y ha preferido la violencia y la guerra para alcanzar la paz.

En este sentido, se ha empezado a construir un camino con una dirección distinta, en el que paulatinamente los derechos humanos han tomado un rol diferente tanto para el Estado como para la sociedad civil. Entonces, el Estado no debe ni puede retroceder en tan pequeños pero significativos avances.

Así como la sociedad civil no debe ni puede dejarle de exigir al Estado que siga trabajando por la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos en el país, por más que aún sea débil la labor estatal. De igual forma, las muertes de los líderes sociales no pueden quedar en la impunidad y tienen que disminuirse, ya que ponen en riesgo los avances hechos con el proceso de paz y su implementación.

De lo contrario, el país volverá a aquella tradición en la que prima la muerte, el desangramiento y la descarada violación de derechos humanos, lo que nos regresaría a aquel círculo vicioso de violencia del que esta generación de colombianos quiere salir.

Cinco claves para entender la ola de violencia contra los líderes sociales

Cinco claves para entender la ola de violencia contra los líderes sociales

Contexto: Asesinato de líderes sociales: la guerra que sigue viva

Por Santiago Valenzuela 

“Asesinar líderes sociales es fácil, nadie los protege, pero construir un liderazgo que promueva la paz en una región violenta es muy difícil, es casi un milagro”. Estas palabras, de un líder de restitución de tierras, dejaron en silencio al auditorio del hotel Continental, en el centro de Bogotá, donde la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC)  presentaron los resultados de un estudio sobre violencia contra líderes sociales.

Los últimos asesinatos de líderes – ocho confirmados en los últimos 10 días –  fueron un tema latente en este foro que, al final, se convirtió en un espacio de catarsis para los defensores de derechos humanos.

Primero habló Marco Romero, director de Codhes. La investigación que presentaron con el CNC es importante por al menos tres razones: el gobierno no ha presentado cifras claras sobre la violencia contra líderes sociales –por lo cual los trabajos de organizaciones independientes es clave–, no existen cifras claras sobre los asesinatos a líderes sociales y pocas entidades, muchas veces por ausencia de recursos, viajan al terreno a confirmarlos (en Codhes lo hicieron).

Por último, esta investigación demuestra que, contrario a lo que ha dicho el Gobierno, los asesinatos los líderes sociales vienen en aumento y, con la implementación del Acuerdo de Paz tambaleando, la situación podría empeorar.

Contexto: La recomendaciones de la Defensoría del Pueblo que el gobierno no atendió

Diana Barbosa, investigadora del Centro Nacional de Consultoría, expuso las conclusiones del informe en frente de más de 20 representantes de organizaciones de líderes sociales y comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En un lapso de tres meses, el CNC realizó 100 encuestas y siete entrevistas a profundidad en 55 municipios.  Además, hizo una caracterización y confirmación de líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y marzo de 2018.

Estas son cinco conclusiones que nos pueden ayudar a entender la ola de violencia contra líderes sociales en Colombia:

1. Desde 2016 han asesinado a 262 líderes sociales

Al revisar los casos de líderes sociales asesinados desde enero de 2016 (fecha en la que comenzó a visibilizarse el problema) el CNC encontró varias fuentes y cifras que no coincidían. Después de confirmar cada caso y revisar las bases de datos de las organizaciones que han llevado un registro (como la Defensoría del Pueblo, Indepaz o ¡Pacifista!), el CNC encontró que entre enero de ese año y marzo de 2018 fueron asesinados 262 líderes sociales en 157 municipios.

 

Aunque algunas organizaciones tienen en sus registros de líderes asesinados más de 300 casos, el CNC encontró que en muchas listas incluyen a funcionarios públicos, excombatientes o familiares de líderes sociales.

Para sistematizar las cifras, el equipo de investigación tuvo en cuenta la siguiente definición de líder social:

 

“El líder o lideresa social y comunitaria existe por su relación con un colectivo (social o comunitario) y su capacidad de agenciar los intereses de esa colectividad, intereses que están asociados a la reivindicación de unos derechos”.

Contexto: Líderes sociales, “Piedras en el zapato” para quién?

Partiendo de diferentes fuentes de información, el equipo confirmó los casos y comprobó si en efecto la persona ejercía liderazgo en su comunidad.

2. Cauca, Antioquia y Nariño, los departamentos en donde más matan líderes sociales

Después de hacer el análisis por departamentos y municipios, el CNC encontró que Cauca, con 45 asesinatos desde 2016, es el departamento donde los líderes sociales son más vulnerables. Le sigue Antioquia, con 34, Nariño con 20 y Norte de Santander con 20. Valle del Cauca (17), Chocó (16), Córdoba (13) y Putumayo (13) son los otros departamentos que aparecen en la parte más alta de la lista.

Cundinamarca, Santander, Sucre y Casanare son los departamentos con menos registros de asesinatos de líderes sociales.

Justamente Cauca y Antioquia han aparecido con frecuencia en las últimas noticias sobre líderes sociales asesinados. En el primer departamento asesinaron a tres líderes en los últimos 10 días: James Alberto Hidrobo, líder comunitario e integrante de la Asociación de Cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana (Coccam); Gabriel Adolfo Correa, concejal del Partido Verde en el municipio de Buenos Aires y Luis Erado Fernández, líder indígena de Caloto e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca.

En el caso de Antioquia, el asesinato de Ana María Cortés Mena, promotora de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Cáceres, y los de tres líderes sociales en Ituango durante los últimos dos meses, han generado preocupación para las organizaciones de derechos humanos del departamento.

3. Líderes comunitarios, indígenas y afro: los más afectados

Aunque el Gobierno ha señalado que no existe un “patrón sistemático” en los asesinatos de líderes sociales, lo cierto es que, de acuerdo con los datos recopilados por el CNC, sí existe una sistematicidad si se analiza el perfil de las víctimas: 45 % eran líderes comunitarios,  23 % pertenecían a cabildos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro, 11 % eran líderes campesinos y 5 % líderes sindicales.

La gran mayoría de líderes asesinados, por su trabajo en favor de la construcción de paz, representan un obstáculo para diferentes grupos criminales. 

Contexto: Asesinato a líderes es sistemático

 

 

El informe revela un dato preocupante: en el 47 % de los casos se sabe que la autoría es de grupos armados que no han logrado ser confirmados por las autoridades. En el 39 % de los casos no hay certeza si quiera de si se trató de un grupo armado o no. Las autoridades han logrado identificar que el 5 % de los casos corresponden a la Fuerza Pública y el 3 % a grupos posdesmovilización.

 

4. Sí, los municipios en posconflicto están en riesgo

El 57 % de los municipios en donde ocurrieron los homicidios existen planes integrales del Acuerdo de Paz, como los PDET (Programas de desarrollo con enfoque territorial) y las Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado.

En estas zonas, señala la investigación, no solo hacen presencia grupos ilegales, sino que la presencia institucional es débil y los niveles de pobreza altos.

Por otro lado, en el 47 % de los municipios donde ocurrieron los asesinatos hay siembras de coca y se han intentado adelantar planes de sustitución de cultivos. En el 26 % de los casos, hay explotaciones de oro y aluvión.

 

“En zonas de siembras de coca sobresalen Cauca y Antioquia con 14 y 12 municipios, Norte de Santander y Nariño con 9 y 7 municipios, siguen Putumayo con 6, Chocó con 5, Bolívar con 4, Meta con 4 y Caquetá con 4”, dice el informe.

 

Por otro lado, en los municipios donde hubo altos niveles de desplazamiento en el lapso 2016-2018, se presentaron asesinatos a líderes sociales.

 

“Los cuatro más afectados por desplazamientos y que arrojaron asesinatos de líderes fueron Buenaventura, Tumaco, Medellín y Riosucio (Chocó).  De nuevo se configuran escenarios en donde inciden herederos del paramilitarismo, las disidencias de las Farc y el ELN. Es decir, la presencia de estos actores sigue siendo determinante de los nuevos contextos de violencia”, señala el informe.

5. Los líderes tienen miedo: se está rompiendo el tejido social

Uno de los aportes más reveladores de la encuesta que realizó el Centro Nacional de Consultoría es que, con el paso de los últimos meses, los líderes sociales han dudado sobre continuar en su labor por el temor que ha generado la ola de asesinatos.

En este aspecto, el estudio encontró que, cuando hay agresiones, en el 92 % de los casos “se afecta la continuidad o la permanencia de las organizaciones” y en un 85% de los casos “se frenan las actividades que desarrollaban”.

Con este tipo de agresiones, los líderes encuestados aseguraron que aumentan los desplazamientos, que se vuelve difícil mantener unida a la comunidad y que los procesos que llevaban a cabo pueden quedarse estancados. Y enfrentan, como lo documentaron los investigadores en territorio, otra serie de obstáculos:

“falta de acompañamiento gubernamental, falta de preparación para enfrentar los desafíos del liderazgo, dificultades para movilizarse y falta de apoyo para realizar su trabajo”.