Ya hay acceso a los archivos secretos del DAS

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP trasladó a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil los informes presentados en el marco de la Mesa Técnica que fue conformada para verificar las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Contexto: Víctimas piden hacer públicos los archivos del DAS

Lo anterior quiere decir que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil podrán consultar dichos informes y tendrán 30 días para hacer observaciones sobre estos documentos, los cuales se publican en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz (www.jep.gov.co). La ciudadanía en general también podrá tener acceso a esta información.

Tanto víctimas como organizaciones podrán hacer los comentarios y las observaciones que estimen necesarias. Uno de los propósitos es identificar las medidas que pueden adoptarse y así preservar los archivos de inteligencia del DAS que están relacionados con el conflicto armado.

Y, además, garantizar que los protocolos de seguridad no restrinjan su acceso y consulta cuando se trate de información relacionada con la violación de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto permitirá cumplir los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) del cual hace parte la JEP.

La Sala de Reconocimiento de la JEP, tras confirmar las medidas cautelares que se adoptaron en el 2018 sobre estos archivos, ordenó la conformación de una Mesa Técnica que determinara en qué condiciones están esos documentos y preservarlos.

Esa medida se adoptó a raíz de la falta de claridad sobre el tipo de gestión documental que se ha desarrollado en torno a estos archivos. La Mesa Técnica fue instalada el pasado 30 de enero de 2019.

Hasta la fecha ya se ha recibido información de las siguientes entidades que integran dicha mesa: Fiscalía General de la Nación, el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Migración Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas, otras organizaciones de la sociedad civil y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Consulte aquí los documentos

  1. Acción CCJ
  2. Auto traslado informes archivos DAS 7 de marzo de 2019
  3. Concepto técnico organizaciones de la sociedad
  4. Informe Archivo General de la Nación
  5. Informe Centro de Memoria Histórica
  6. Informe Comisión Asesora de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia
  7. Informe Dirección Nacional de Inteligencia
  8. Informe Fiscalía
  9. Informe Migración Colombia noviembre 18
  10. Informe Migración Colombia
  11. Informe Ministerio de Defensa
  12. Informe Naciones Unidas
  13. Informe Policía Nacional – Interpol
  14. Informe Procuraduría General de la Nación

Publicado por Jep.gov.co

‘Politicidio’ de la UP, el sexto caso de la JEP

La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP abrió el caso No. 006, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”, a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación.

La Sala de Reconocimiento tomó esta decisión a partir de otros dos informes: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

La Unión Patriótica (UP) es un partido político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.

De acuerdo con la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984. Por su parte, la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000 víctimas.

El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Las víctimas y la Corporación Reiniciar han insistido en expresar que la victimización de la que ha sido objeto “se denomina genocidio por razones políticas”.

La Sala de Reconocimiento consideró que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. De acuerdo con los tres informes recibidos por la JEP, los miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica.

La Sala estima que la información de los tres informes apunta a la existencia de una práctica sistemática y generalizada a nivel nacional que buscaba el exterminio de la UP y sus miembros.

En cuanto a sus perfiles, las víctimas eran líderes, dirigentes, activistas y campesinos que, por su condición de civiles (personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario), fueron víctimas por sus convicciones políticas en diferentes partes del territorio nacional.

El Estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la “afectación de sujetos colectivos”.

De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP caracterizada por “una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos”.

JEP abre Caso 06 sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica

📽️|| Este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso 06 sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica. De acuerdo con la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984. Por su parte, la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000.

Δημοσιεύτηκε από Jurisdicción Especial para la Paz στις Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Sobre el particular, el informe de la Fiscalía General de la Nación establece que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos. “De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906.

En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción y 53 procesos, el 6.55% de los casos, están en juicio”. Además, de las 246 sentencias proferidas, solo se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía.

Número de víctimas

El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas de la UP. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante).

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estima este universo en 6.201 para el mismo período: documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002.

Señala además que, entre ellas, “3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia”.

Territorios donde se concentra la violencia contra la UP

Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.

Según la Fiscalía “el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos”. Y, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 “concentran el 63,4 por ciento de las víctimas, es decir, 2 de cada 3”.

Por eso, la Sala estimó que desde distintas hipótesis de victimización se puede dimensionar la gravedad de los hechos por la afectación sufrida por los miembros de la UP y sus familiares, y por el daño causado a la sociedad colombiana y la afectación a valores supremos como la democracia y la confianza cívica en las instituciones del Estado.

Presuntos responsables

La Sala advierte que los informes señalan como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas.

La Sala estableció que 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP.

Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.

Así mismo, se identificó a i) un mayor y un sargento mayor, cuyo acogimiento por las mismas razones está siendo decidido por la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas (SDSJ), ii) otros dos miembros más de la fuerza pública –de alto rango– quienes solicitaron acogimiento y cuya participación en hechos relacionados con la victimización a miembros de la UP se está investigando, y iii) 13 exagentes y funcionarios del antiguo DAS que han solicitado su acogimiento ante la Jurisdicción.

La Sala de Reconocimiento le pidió a a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le remita las solicitudes de acogimiento de los exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la fuerza pública vinculados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP o cuya vinculación con estos hechos se esté investigando, que solicitaron su acogimiento ante la Jurisdicción, con el fin de darle trámite prioritario a dichas solicitudes.

Los 6 casos de la JEP

Antes del caso No. 006 “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”, la JEP ya abrió cinco grandes casos:

  • Caso 01, Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP (abierto el 6 de julio de 2018).
  • Caso 02, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) (abierto el 10 de julio de 2018).
  • Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (abierto el 17 de julio de 2018).
  • Caso 04, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó) (abierto el 11 de septiembre de 2018).
  • Caso 05, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca) (abierto el 8 de noviembre de 2018).

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Procuraduría reactivará 221 investigaciones por falsos positivos

Procuraduría reactivará 221 investigaciones por falsos positivos

Este fallo de la Procuraduría implica que todos los procesos disciplinarios que involucran a agentes del Estado en este tipo de delitos ya mensionados, seguirán vivos y ya no podrán prescribir a los 12 años como lo determinaba la normativa anterior. En ese sentido, cerca de 1200 procesos por crímenes de estado que estaban a punto de ser archivadas, seguirán siendo materia de investigación.

El fallo en cifras

Hasta el momento, de los 1.100 procesos que investiga la Procuraduría delegada para derechos humanos, 700 corresponden a ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos” de los cuales, 221 ya habían sido archivados en 2018 por prescripción. De esta manera, los 700 casos seguirán su curso de investigación y los más de 2 mil uniformados implicados tendrán que ser hallados culpables o inocentes para claridad de las víctimas.

Por otro lado el Procurador Fernando Carrillo explicó que esta medida también cobija a funcionarios públicos que hayan cometido conductas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos.

Casos emblemáticos

Como ya se había mencionado uno de los ejemplos aplicables del fallo sería la reactivación de 221 procesos sobre “Falsos positivos”, que en el caso de Soacha involucra a al menos 80 militares.

Según reportó Noticias Caracol, también se revive el caso del Coronel Luis Fernando Borja, excomandnate de la Tarea Conjunta de Sucre, quien confesó su responsabilidad en el asesinato de 50 personas para inflar los resultados de la guerra. Aunque el Coronel tiene una condena de 40 años su proceso en la Procuraduría no había terminado y estaba a punto de prescribir.

El mismo medio citó el caso del Mayor Julio Cesar Parga, director del Gaula de Córdoba quien fue hallado responsable del asesinato de 43 personas, su expediente también será retomado por el ente de control.

El asesinato de Luis Carlos Galán también sería reactivado por la Procuraduría ya que el magnicidio tendría participación de agentes del estado junto con el cartel de Medellín.

Otros expedientes aún no resueltos en materia disciplinaria como la masacre de los 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987, la de Segovia en 1988, que dejó 43 muertos; la de La Rochela en 1989, las del Aro e Ituango, en Antioquia, en 1996; y la masacre de Santo Domingo, Arauca, en 1998, entre otras incursiones por las cuales ya fue condenada Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendrían la posibilidad de ser revividos también.


Con información de Noticias Caracol

Evaluar la JEP a la luz de las víctimas

Contexto: La JEP le ganó el pulso al uribismo

El sometimiento voluntario a la justicia (JEP) por parte de los actores armados del conflicto y las penas no privativas de la libertad, a cambio de verdad plena y contribución a reparar las víctimas, ha sido muy criticada por quienes la consideran muy benigna –o muy injusta- con (algunos) victimarios.

Sin embargo la JEP ha permitido que 11.468 personas se hayan sometido voluntariamente a la justicia: Farc 9.513, Fuerza pública 1.910; Protesta social 12;Agentes del Estado y otros grupos 33. Con estas cifras, el nuevo reto es demostrar con prácticas judiciales específicas que la justicia transicional separada de la ordinaria es la fórmula más segura para atender los derechos de las víctimas y su participación activa en los procedimientos judiciales.

Contexto: JEP no contempla indultos ni amnistías para delitos sexuales contra menores

Para lo anterior se podría plantear una evaluación de los resultados de la Jep, una evaluación del cumplimiento de sus propósitos y no bajo la lógica del costo-beneficio, ya que es muy temprano para esperar resultados relevantes de este proceso. Eso sin contar con que son al menos diez dependencias y competencias distintas y una sola jurisdicción verdadera.

Evaluar la JEP desde las víctimas

Una opción podría ser analizar las audiencias públicas de la JEP, tomando como criterio la opinión de las víctimas y sus representantes. Esta posibilidad permite que la sociedad y las víctimas puedan reconocer o no la diferencia entre la justicia ordinaria y la transicional, de modo tal que se pueda mejorar el trabajo adelantado por la Jep y el Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Víctimas: “El aporte de los victimarios ha sido decepcionante”

Contexto: Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia

La mayoría de los militares que han comparecido ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, lo han hecho amparados en la posibilidad que les otorgó la Ley 1820 de 2016l (artículo 51) de escoger la Sala a la cual se someten. Esta Sala podría otorgar un mecanismo de terminación anticipada al proceso. Estos beneficios solo serían aplicables a los miembros e la fuerza pública que no hayan tenido una participación determinante en los delitos ni estén involucrados en los crímenes más graves y representativos.

Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”

Esta jugada legal podría convertirse en un mecanismo de los militares victimarios para que no se sepa la verdad sobre los crímenes contra la humanidad en el marco del conflicto armado colombiano, ya que muchos podrían acabar con su proceso mucho antes de aportar a la verdad.

Debe advertirse que algunos militares de alto rango involucrados en ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) se han sometido recientemente a la Jurisdicción, quizá motivados por estos beneficios. Por eso y de manera pública, la Sala citó a audiencia de supervisión de libertad y control de régimen de condicionalidad a:

Contexto: ¡Abran paso que viene la JEP!

El mayor (R) Gustavo Soto Bracamonte, antiguo comandante del Gaula del Ejército en Casanare, condenado por la muerte de más de 13 personas en ese departamento (30 de agosto), el coronel (R) Gabriel de Jesús Rincón Amado, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15 del Ejército, involucrado en los casos de la ejecución de varios jóvenes del municipio de Soacha (27 de julio de 2018), el mayor general (R) Henry William Torres Escalante, antiguo comandante de la XVI Brigada, procesado por la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas (10 de julio de 2018) y el general (R) Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército Nacional y ex embajador en República Dominicana, a quien la Fiscalía General de la Nación investigaba por su presunta responsabilidad en falsos positivos cometidos entre 2006 y 2007 (13 de septiembre).

El desarrollo de estas audiencias judiciales puso a prueba uno de los supuestos fundamentales de la reforma constitucional que creó la JEP: si bien la búsqueda de la verdad es un objetivo de la jurisdicción y los comparecientes están obligados a aportar a la misma, ello no implica que tengan que asumir ningún tipo de responsabilidad ni auto incriminarse.

Así, mientras el que el mayor (R) Soto pidió perdón a los familiares y reconoció que las víctimas no eran delincuentes, aportando documentos para esclarecer los hechos, el general (R) Torres insistió en que no dio órdenes, ni ordenó ninguna muerte. Por su parte, el abogado del general (R) Montoya fue enfático en su audiencia: “El pedir perdón es para aquel que tiene arrepentimiento, y el general tiene claridad de su inocencia. Hay que dejar claro que nunca tuvo ninguna conducta por fuera de la ley“.

Dada su naturaleza preliminar, esta primera comparecencia no iba a avanzar en el proceso de esclarecimiento judicial. Pero las expectativas de las víctimas eran muy altas, quizá por falta de claridad sobre el alcance de la audiencia.

La mayoría de las víctimas que finalmente pudieron asistir a las diligencias consideraron que el aporte de los victimarios había sido decepcionante, dado que ellas esperaban un reconocimiento de responsabilidad, el restablecimiento de la dignidad de sus seres queridos, y una disculpa pública sincera.

En el caso de los oficiales de insignia, las víctimas contemplaron de manera pasiva como estos reiteraban, una vez más, ante los magistrados de la Sala, su absoluta inocencia. La última palabra la tendrá la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, sobre si estas declaraciones pueden considerarse como una genuina aportación a la verdad plena a la sociedad y las víctimas.

¿Cómo participan las víctimas en las audiencias públicas?

Contexto: Estas son las reglas de juego dentro de la JEP

A la luz del estándar del Derecho Internacional, la JEP debe seguir afinando sus procedimientos para que las audiencias en materia penal dejen de ser un espacio de revictimización -como lo han sido en el pasado- para pasar a ser un escenario de participación activa de las víctimas y con un contenido reparador.

En las audiencias de control de régimen de condicionalidad, las víctimas y sus representantes plantearon públicamente su preocupación por varios asuntos:

  1. Las formas jurídicas de la audiencia habrían sido excesivamente ritualistas, negando así la aplicación de la justicia material.
  2. La forma de convocar las audiencias públicas y de notificar a las víctimas no fue homogénea, y por eso algunos familiares de las víctimas de ejecuciones no pudieron asistir a las mismas.
  3. El procedimiento de acreditación de la calidad de víctima no es claro, dado que no se conoce cuándo se iniciará ese proceso, cuáles son los plazos para lograr la acreditación, o de qué modo las víctimas conocerán la decisión de la Sala. Cómo es de público conocimiento, la audiencia del general (R) Montoya tuvo que ser suspendida después de más de cuatro horas de discusión sobre estos puntos.

Así las cosas, todo el tema del posconflicto, justicia y reparación debe asumirse como un proceso en construcción, donde la sociedad y las víctimas deben incluirse para estar informados y así aportar al mejoramiento de estos procesos, no desde la politización del instrumento sino desde una mirada informada y crítica que beneficie realmente a las víctimas.

 

[Con información de: RazónPública.com ]

Lo bueno, lo malo y lo feo de la Reforma a la Justicia

Lo bueno, lo malo y lo feo de la Reforma a la Justicia

Colombia lleva 16 años intentando hacer una reforma a la justicia, necesaria por supuesto, pero hasta el momento sigue siendo un reto en el que han fracasado ocho ministros y dos presidentes. La Pipa.co le cuenta lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma que presenta el gobierno Duque para solventar los graves problemas en la rama judicial.

Este proyecto estuvo a cargo de las ministras Nancy Patricia Gutiérrez , del MinInterior y Gloria María Borrero, MinJusticia, quien finalmente radicó el proyecto de reforma que al parecer, para este gobierno tiene buenas expectativas ya que hay consenso sobre la necesidad de reformar la administración de justicia como un asunto prioritario e inaplazable.

La congestión en juzgados y tribunales, la morosidad en las sediciones judiciales, la impunidad provocada por el principio de oportunidad y por los  beneficios y rebajas de penas, la grave crisis carcelaria y hasta el aumento de casos de corrupción en distintos niveles de la rama judicial como el “cartel de la toga”, todo esto ha generado el ambiente de consenso y urgencia de una reforma a la justicia.

Lo Bueno

  • No más favores burocráticos de los magistrados de las distintas cortes. Esta medida responde al escándalo del “cartel de la toga”, así pues quedan prohibidas las recomendaciones a personas para ser nombradas o contratadas por el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación o los órganos de control.

Quien incurra en esta falta será destituido de su cargo.

  • Fin a las funciones electorales de las Altas Cortes. Ya que las funciones electorales contribuyen a la politización de la justicia y al aumento del clientelismo, esta reforma busca eliminar esta facultad de las Altas Cortes para elegir al Procurador, el Auditor y el Registrador nacional, con excepción del Fiscal General de la Nación ya que hace parte de la Rama Judicial, allí sigue siendo la Corte suprema quien elige.

Para los cargos anteriores de propone que el Congreso de la República por convocatoria pública hagan la respectiva elección. Sin embargo, hay reparos sobre entregar todo ese poder a la clase política mayoritaria en el legislativo y hasta dónde estas facultades electorales ponen en riesgo el equilibrio institucional que necesita el Estado.

  • Nuevos organismos. Elevar a rango constitucional a la Comisión Interinstitucional de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, también se propone crear una nueva instancia para este organismo: la Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un gerente.

Finalmente se propone crear la Comisión de Carrera Judicial, para que este asunto no quede en manos del órgano de gobierno judicial. Pero será necesario complementar esa medida con la propuesta de Cambio Radical de crear el Colegio Nacional de Abogados.

Esta nueva entidad (la Comisión Interinstirucional de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia) conformada por los presidentes de las Cortes, el Fiscal General y representantes de los trabajadores de la rama. Atendería los problemas que ocasionó la sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016 que revivió de manera parcial el Consejo Superior de la Judicatura por considerar que esta medida había excedido los poderes del Congreso.

No obstante, constitucionalizar la Comisión Interinstitucional no parece una buena medida en tanto restaría flexibilidad y eficacia a este organismo, que de por sí ya tiene problemas de representatividad o no presencia de actores importantes como magistrados de tribunales y jueces.

  • Eliminar bloqueos institucionales. Como el que ocurre actualmente en la Corte Suprema de Justicia para la elección de magistrados de las salas especiales de primera instancia. De esta manera, estima que las elecciones a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se realizarán por mayoría calificada. Si al cabo de 15 días no se obtiene dicha mayoría, la elección se hará por mayoría simple.En caso de no obtenerse una mayoría simple, la Sala de Gobierno de la respectiva Corporación hará la designación. Y el quórum y las mayorías se calcularán sobre el número de magistrados en ejercicio del cargo.

Por último, tampoco es conveniente que el Fiscal haga parte del órgano de gobierno de la rama judicial. Una cosa es una comisión interinstitucional para coordinar acciones entre los distintos entes, y otra distinta es un órgano de gobierno.

  • Los jueces de control de garantías puedan dictar sentencia de fondo en casos de aceptación de cargos, si bien esto debe ser debatido con los distintos actores del proceso penal porque algunos penalistas la consideran una medida inconveniente.
  • Las Cortes solo puedan comunicar sus sentencias con el texto definitivo, y no con “comunicados de prensa” sin mayor contenido jurídico, como sucede hoy.
  • Finalmente, la reforma fija una tasa mínima de crecimiento del presupuesto de la rama judicial, que el Congreso deberá respetar. Aunque la medida es positiva, esa inflexibilidad puede resultar complicada en “épocas de vacas flacas”.

Lo malo

  • Requisitos y restricciones innecesarias. La reforma establece una inhabilidad a magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para litigar de manera directa o indirecta ante la jurisdicción en la que ejercieron su magistratura de cuatro años.
  • Académicos y litigantes, por fuera de las magistraturas. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado el proyecto pone como requisito adicional que los candidatos hayan ejercido como jueces o magistrados mínimo cinco años.

Esta experiencia se sumaría a una carrera profesional que debe acreditar 20 años en ejercicio. El requisito causará polémica porque impedirá que académicos o abogados litigantes puedan llegar a ser magistrados de las altas cortes.

  • Fiscal general de bolsillo. Se pide que el Presidente recién posesionado envíe una terna a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el 15 de agosto. De allí, la Corte Suprema de Justicia tendría un mes para elegir al fiscal, en caso de que no se produzca la elección, será el presidente el que lo designe.

Sin embargo, para el presente proyecto de reforma, se estima que las faltas absolutas del cargo del Fiscal General de la Nación las supla exclusivamente la Corte Suprema de Justicia. Y en caso de impedimentos del jefe de la Fiscalía, la Corte Suprema designará un fiscal ad hoc entre los dos candidatos de la terna que no hayan sido elegidos.

Lo feo

  • Restricciones a la acción de Tutela. Se restringe la tutela en términos de quién puede presentarla, dónde puede hacerlo y hasta cuándo puede hacerlo. Además, se establece que una ley reglamentará las tutelas contra providencias judiciales, cosa que ya ha sido plenamente regulada por la jurisprudencia.

También se establece que la Tutela solo podría usarse cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o para evitar un perjuicio irremediable. Y se establece que una ley deberá decir en qué casos procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo.

  • Una vez más se introduce la posibilidad de que abogados litigantes o notarios puedan ejercer funciones judiciales. Esa es una medida inconveniente de privatización de la justicia que no resolverá los problemas de congestión judicial y sí traerá muchos conflictos de interés.
  • Los temas sin solución. El proyecto de reforma presentado atiende los temas polémicos que son parte de la agenda mediática, sin embargo quedan por fuera acciones contundentes para solventar otros aspectos como:

-El difícil acceso a la justicia, la congestión judicial, la mora en los trámites, la efectividad insuficiente de las sentencias y la desequilibrada oferta judicial en el territorio.

 

 

 

[Con información de Razónpública.com]