Proceso de paz en Colombia, una fuente de inspiración para el mundo

Raúl Rosende, Director de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ofreció un completo discurso sobre la importancia del Acuerdo de Paz de Colombia para Naciones Unidas. El foro ‘Las voces de las víctimas’, organizado por la JEP y la Procuraduría General de la Nación, fue el espacio donde Rosende ofreció su discurso en favor de la justicia transicional y la JEP.

El evento que se desarrolló en Ibagué, contó con la participación de expertos internacionales en temas de paz como Mark Kersten, doctor en relaciones internacionales y postoctorado en políticas de justicia penal internacional, al periodista francés Thierry Cruvellier y Raúl Rosende, con 26 años de experiencia en coordinación de iniciativas de paz y en monitoreo de acuerdos de paz, facilitación de negociaciones entre autoridades y actores armados no estatales y verificación de acuerdos de paz y humanitarios.

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En cuanto a los invitados locales y nacionales también se destacó la participación de Roberto Vidal, Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en su momento también instó a los participantes para proteger la JEP.

“Aprovechamos esta oportunidad para manifestar nuestro apoyo incondicional a la JEP. Sabemos la magnitud de este desafío y las dificultades para alcanzarlo, pero tenemos la certeza de que los colombianos debemos rodear y proteger esta Jurisdicción”

Por su parte, Raúl Rosende planteó los motivos por los cuales Naciones Unidas consideran a Colombia como un una fuente de inspiración para el mundo, por el Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno Nacional y las Farc-ep, en ese sentido se desarrolló todo su discurso argumentando en tres puntos esta afirmación.

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Primero se refirió a la resolución del conflicto resaltando el éxito de las negociaciones pese a la difícil tarea de ponerle fin a un conflicto armado de medio siglo. “Una cosa que en el mundo se ha dado muy pocas veces y en la última década, no se dió ni una sola vez” expresó Raúl.

Yo les quiero decir que, el hecho de que en el 2016 se haya firmado un acuerdo entre dos partes que se estuvieron confrontando durante medio siglo, es una cosa que en el mundo se ha dado muy pocas veces y que particularmente en la última década, en los últimos 15 años, no se dio nunca. Y en ese sentido Colombia ha pasado a ser un ejemplo.

Luego siguió con el proceso de cese al fuego. Nuevamente calificó este logro de los colombianos como una fuente de inspiración para el mundo ya que en ese punto, sobre cese al fuego “Naciones Unidas tenemos una gran experiencia fallida de muchos fracasos en ceses al fuego, sin embargo, el cese al fuego como se implemento en el 2016 realmente fue de un cumplimiento impecable, casi, casi perfecto.” Puntualizó Rosende.

Las condiciones no eran las mejores, no solamente por el medio siglo de enfrentamiento que hace que un cese al fuego sea complicado. Tampoco eran las mejores por las condiciones de Colombia, el hecho de ser un país muy grande, con una geografía muy difícil, una fuerza irregular dispersa en gran parte del país, sin embargo, el cese al fuego se cumplió y fue casi a la perfección y eso también fue fuente de inspiración para el mundo.

En esa misma línea, Raúl continuó exaltando los logros de la paz ente el gobierno y las Farc. Ahora se refería al punto de la dejación de armas y la reincorporación de excombatientes a la vida civil.

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Sobre el tema, nuevamente recalcó la amplia experiencia de fracasos que han acumulado las Naciones Unidas en todo el mundo, por eso, para director de Verificación de las Naciones Unidas para Colombia es de resaltar que aquí se han logrado, casi a la perfección, todos los puntos en los que Naciones Unidas ha fallado.

Continuando con su alocución, Rosende se enfocó en el tema convocado para el foro, el punto cinco del acuerdo de paz y la justicia transicional, esta última, considerada como un punto clave a defender para así lograr la paz en Colombia.

Primero por las víctimas, que son el centro y los protagonistas del proceso de paz. Y también es fundamental por los comparecientes, por aquellos que han decidido dejar las armas y hoy están en la legalidad, que son la gran mayoría de los ex miembros de las Farc.

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Otro aspecto que destacó fue lo que Raúl Llama la cuadratura del círculo una especie de equilibrio entre Paz y Justicia, prácticamente el alma del acuerdo de paz representados en la justicia transicional. Nuevamente, Colombia es reconocida como pionera en la capacidad que tiene la JEP de combinar Justicia y Paz evitando al máximo privilegiar a una sobre la otra.

Nosotros hemos dicho varias veces, que con el sistema de justicia transicional que se ha puesto en implementación en Colombia, los colombianos han logrado lo que yo llamaría como la cuadratura del círculo, es decir, compatibilizar dos cosas que en el mundo hasta ahora no se había logrado compatibilizar, esto es, justicia y paz, paz con justicia.

Ni en los procesos de democratización del cono sur, ni en los procesos de paz en Centroamérica, ni en otros procesos de paz en África y Medio Oriente se logró compatibilizar estos dos elementos de una manera tan eficaz y tan integral como en Colombia, paz y justicia.

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Sobre el tema, en su discurso también explicó cómo en otras experiencias, la justicia privilegió la paz y esto causó que la sociedad cayera en una amnesia y por el contrario, cuando se privilegió la justicia, esto desencadenó una serie de retaliaciones, que en algunos países se extendió por varias décadas.

Por otro lado, sobre la misma justicia transicional recalcó la importancia de que no solo las víctimas estuvieran presentes en la JEP, sino que también hubiera un marco jurídico para los excombatientes que entregaron las armas y necesitan garantías para iniciar y completar un proceso de reincorporación efectivo que no termine en un retorno a las armas con otros grupos armados o criminales.

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A continuación compartimos con ustedes el discurso completo de Raúl Rosende, como la transcripción del mismo.

Muchas gracias por invitarnos a este evento tan importante para Colombia y para el mundo, y cuando digo el mundo, no estoy exagerando; Naciones Unidas ya ha dicho varias veces que el proceso de paz en Colombia es una fuente de inspiración, para las propias Naciones Unidas como para otros procesos de paz en el mundo.

Hay cosas que se han hecho aquí, que realmente ha puesto a pensar a naciones unidas y ha puesto a pensar en soluciones que se han ido aplicando aquí en Colombia y que se podrían aplicar en otras partes del mundo en otros conflictos.

Yo les quiero decir que, el hecho de que en el 2016 se haya firmado un acuerdo entre dos partes que se estuvieron confrontando durante medio siglo, es una cosa que en el mundo se ha dado muy pocas veces y que particularmente en la última década, en los últimos 15 años, no se dio nunca. Y en ese sentido Colombia ha pasado a ser un ejemplo.

El hecho de que, quienes están peleando, se sienten a dialogar, lleguen a un acuerdo, las armas sean depuestas por uno de los bandos y comience un proceso de paz, es una cosa que, repito, sobretodo en los últimos años en el mundo a pasado muy pocas veces. Entonces este es un primer elemento que explica por qué el proceso de paz de Colombia es fuente de inspiración para Naciones Unidas.

A demás quiero decirles que la forma en que empezó a implementarse el acuerdo, con lo que fue el cese al fuego entre el estado y las Farc, también ha sido una fuente de inspiración.

Como Naciones Unidas tenemos una gran experiencia en ceses al fuego, una gran experiencia fallida de muchos fracasos, sin embargo, el cese al fuego como se implemento en el 2016 realmente fue de un cumplimiento impecable, casi, casi perfecto.

Las condiciones no eran las mejores, no solamente por el medio siglo de enfrentamiento que hace que un cese al fuego sea complicado. Tampoco eran las mejores por las condiciones de Colombia, el hecho de ser un país muy grande, con una geografía muy difícil, una fuerza irregular dispersa en gran parte del país, sin embargo, el cese al fuego se cumplió y fue casi a la perfección y eso también fue fuente de inspiración para el mundo.

Después vino la dejación de armas, también cumplida de manera muy eficaz, y de vuelta, como Naciones Unidas tenemos mucha experiencia fallida en materia de desarmes, aquí se cumplió y se cumplió muy bien.

Puedo mencionar otros elementos por los cuales el proceso de paz ha sido fuente de inspiración, pero voy al tema de hoy. También el punto cinco del acuerdo y la justicia transicional y los otros dos mecanismos del punto cinco han sido fuentes de inspiración.

Nosotros hemos dicho varias veces, que con el sistema de justicia transicional que se ha puesto en implementación en Colombia, los colombianos han logrado lo que yo llamaría como la cuadratura del círculo, es decir, compatibilizar dos cosas que en el mundo hasta ahora no se había logrado compatibilizar, esto es, justicia y paz, paz con justicia.

Ni en los procesos de democratización del cono sur, ni en los procesos de paz en Centroamérica, ni en otros procesos de paz en África y Medio Oriente se logró compatibilizar estos dos elementos de una manera tan eficaz y tan integral como en Colombia, paz y justicia.

En general, se le dio más énfasis a la paz y de esa manera las sociedades se condenaban a la amnesia, o se le daba mayor predominancia a la justicia y de esa manera se iniciaba un siclo de retaliaciones, que en algunos países ha durado por décadas. Aquí se a logrado paz sin impunidad y justicia sin iniciar un siclo de retaliaciones y eso es nos parece muy importante.

Y yo creo que este sistema, muy eficaz que se ha logrado en Colombia, de verdad, justicia, reparaciones y no repetición, obviamente clave para las víctimas que deben ser y estar en el centro de este proceso.

Pero yo también quiero llamar la atención sobre el hecho de que el sistema es muy importante en razón de conferirle seguridad jurídica a los comparecientes, y esto me parece realmente clave para que el proceso de paz tenga fundamentos sólidos.

Aquí tenemos un hecho objetivo y es que un número importante de miles de personas decidieron deponer las armas, decidieron dejar las armas y hoy están en proceso de reincorporación a la vida civil, ese proceso de aquellos que abandonaron la ilegalidad y ahora están en la legalidad, ese proceso hay que preservarlo y hay que protegerlo, es fundamental. Esto obviamente tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.

La reincorporación a la vida civil tiene que ver con tres elementos importantes. Tiene que ver con seguridad socio-económica, es decir, que los excombatientes tengan un medio de vida digno, tiene que ver con seguridad física, que los excombatientes no sean atacados y tiene que ver con seguridad jurídica, y esta tiene que ver con el punto cinco y el sistema transicional que se estableció en Colombia.

Y que esto funcione es clave para que podamos proteger, lo más posible, este proceso por el cual miles de personas han dejados las armas y hoy están en la legalidad. Entonces yo creo que el sistema es clave en Colombia, primero por las víctimas, que son el centro y los protagonistas del proceso de paz. También es fundamental por los comparecientes, por aquellos que han decidido dejar las armas y hoy están en la legalidad, que son la gran mayoría de los ex miembros de las Farc.

De alguna manera esto tiene que ver con evitar esos siclos incesantes de reciclaje de la violencia que han habido en Colombia y ha habido en muchos países en conflicto. Lo que el más universal de los Colombianos, García Márquez, describe en su principal obra, Cien años de soledad: El coronel Aureliano Buendía, organizando 32 guerras civiles y perdiéndolas todas.

Entonces yo creo que una reincorporación eficaz y un sistema de verdad justicia y reparaciones eficaz, tiene que ver con cortar ese siclo de revoluciones y de guerras civiles en los cuales estuvo fatalmente inmerso el coronel Aureliano Buendía.

Terminar diciéndoles que efectivamente, como para naciones unidas y la comunidad internacional, este proceso es tan importante y tan relevante, que el consejo de seguridad de Naciones Unidas, que es una de las entidades de más nivel, a nivel de política internacional, constantemente, cuando ha hecho pronunciamientos sobre Colombia ha mencionado la importancia y la trascendencia de la JEP y la necesidad de seguir avanzando en el proceso de paz protegiendo la autonomía y la independencia de la Justicia Especial para la Paz. Gracias.

Raúl Rosende director de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

 

Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia

El proyecto de ley estatutaria que busca poner en marcha la Justicia Especial para la Paz (JEP), fue aprobado en medio de la maratón legislativa que corrieron los Congresistas durante la vigencia del ‘fast track’, el mecanismo expedito para la aprobación de leyes de implementación del acuerdo de Paz. El proyecto fue aprobado en conciliación en el Senado de la República el 30 de noviembre del año pasado, fecha en que se venció el término del ‘fast track’.

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Ahora, el conjunto de normas que regirán el nuevo modelo de juzgamiento que surgió de las negociaciones del Acuerdo de Paz y se encargará de judicializar a quienes hicieron parte del conflicto armado entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc  está siendo revisado por la Corte Constitucional quien le entregará el aval necesario para que entre en funcionamiento.

Como aporte a este proceso de revisión, Dejusticia interveno ante el alto tribunal con énfasis en seis artículos del proyecto de ley que, de acuerdo con esta organización, deben ser analizados por parte de la Corte:

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Primero: la JEP debe poder seleccionar solo los casos donde se juzgue a los máximos responsables de las conductas más graves del conflicto

El primer punto al que se refirió Dejusticia fue al parágrafo 2° del artículo 19, que estipula que la JEP no podrá renunciar al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables. Esto es inconstitucional porque vulnera el núcleo esencial del deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

El efecto práctico de esta norma será el de impedir que el Estado, en cabeza de la JEP, utilice la selección para concentrar su acción en los máximos responsables de las conductas más graves y representativas de las cometidas en el conflicto armado, que son precisamente los casos para los cuales se introdujo el principio de selección al nuestro ordenamiento jurídico.

Si no se aplican criterios de selección que permitan enfocarse en los máximos responsables de las conductas más graves y representativas cometidas en el conflicto armado, se puede poner en riesgo el núcleo esencial de esta obligación.

Segundo: Participación política de excombatientes y el cumplimiento de sanciones “alternativas”

El segundo artículo del proyecto de ley que se analizó en la intervención es el artículo 31, según el cual la participación política de excombatientes y el cumplimiento de sanciones alternativas y ordinarias impuestas por la JEP serán incompatibles.

En la intervención se argumentó que esta norma se ajusta parcialmente a la Constitución, ya que desarrolla tanto los propósitos de la paz como los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado interno.

Al mismo tiempo, se expusieron las razones por las que se considera que la expresión “alternativas” es inconstitucional, pues resulta violatoria del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 1/17, tal y como fue interpretado por la Corte Constitucional.

Esto por cuanto resulta de vital importancia adoptar medidas de inclusión política de excombatientes para asegurar la sostenibilidad de procesos de paz, a la vez que se justifica, desde un punto de vista constitucional, la participación política de excombatientes.

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Tercero: Impedirle a la JEP el acceso a información sobre terceros y agentes del Estado impide que los colombianos conozcan lo ocurrido en el conflicto

El tercer artículo estudiado fue el que prohíbe que la JEP tenga conocimiento de las compulsas de copias que le hayan sido remitidas a la Fiscalía General de la Nación por la Jurisdicción de Justicia y Paz (inciso segundo (parcial) del literal b del artículo 79 del proyecto de ley), relacionadas con conductas de terceros o agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que no hayan manifestado previa, expresa y voluntariamente su intención de someterse a la JEP.

“Consideramos, como expusimos en la intervención, que esta norma es inconstitucional porque contraviene el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional”, señaló Dejusticia.

Además, dicha limitación va en desmedro de la dimensión colectiva del derecho a la verdad, esto es, aquella que compromete a la sociedad en su conjunto con el derecho a conocer lo ocurrido en el conflicto, las razones y circunstancias que posibilitaron las graves y masivas violaciones a los derechos humanos, con miras a evitar que tales hechos vuelvan a ocurrir.

Cuarto: Los requisitos planteados por el proyecto para la posesión de magistrados de la JEP son inconstitucionales

La intervención incluyó también un análisis sobre la constitucionalidad de los requisitos para la posesión de magistrados de las Salas y el Tribunal para la Paz de la JEP (parágrafos únicos de los artículos 100 y 104 del proyecto de ley).

Dichos requisitos, adicionales a los indicados en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996, son inconstitucionales porque, primero, violan los principios del debido proceso, buena fe y confianza legítima, pues fueron introducidos luego de la escogencia de los magistrados de la JEP, lo cual está proscrito por el ordenamiento jurídico colombiano. Asimismo, dichos requisitos-inhabilidades son irrazonables y desproporcionados, por cuanto son inadecuados e innecesarios para preservar la independencia de los magistrados de la JEP, al tiempo que reproduce la estigmatización contra los defensores de los derechos humanos.

Quinto: Delitos sexuales deberían ser juzgados por la JEP, como lo indica el Acuerdo Final

De otro lado, en la intervención se presentaron las razones por las que esta organización considera que el artículo  que consagró la imposición de penas de la Ley 599 de 2000 Código Penal y la imposibilidad de aplicar subrogados penales para quienes cometieron delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, es inconstitucional.

En primer lugar, el numeral 60 y el acápite denominado “listado de sanciones” del Acuerdo Final establece que la JEP podrá aplicar “en todos los casos” penas propias, alternativas u ordinarias y que la JEP podrá aplicar subrogados penales bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

En segundo lugar, el artículo viola de manera directa la Constitución Política, particularmente el artículo 13 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 (AL 1/17), que regula las sanciones que pueden imponerse dentro del marco de la JEP de conformidad con el Acuerdo Final, en el que no se contempla esta exclusión.

En tercer lugar, consideramos que es una modificación sustancial en materia de penas del Acuerdo Final que desconoce el arreglo de justicia transicional que permitió terminar el conflicto armado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y, en consecuencia, vulnera el Acto Legislativo 02 de 2017 (en adelante AL 2/17), según el cual las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.

En cuarto lugar, también viola el principio de proporcionalidad, pues da un tratamiento punitivo desigual a los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidos dentro del marco del conflicto armado, con respecto a otros delitos de similar gravedad dentro del mismo contexto, por lo que el legislador está incurriendo en un exceso punitivo contrario a la Constitución Política.

Sexto: Modelo de gobierno y administración de la JEP que expone el proyecto es constitucional pero debería condicionarse

Finalmente, se analiza la constitucionalidad del modelo de gobierno y administración de la JEP definido en varios artículos del proyecto de ley estatutaria.

En primera instancia, Dejusticia considera que el modelo de gobierno y administración de la JEP expuesto en el proyecto de ley estatutaria es constitucional, en términos generales, porque se ajusta a los lineamientos previstos en el Acto Legislativo 1/17 y se circunscribe a las competencias establecidas en el procedimiento legislativo especial.

Además, respeta en términos generales los principios constitucionales de separación de poderes, economía y eficiencia administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó a la Corte Constitucional condicionar la interpretación constitucional del primer inciso del artículo 112 del PLE, en el entendido de que el órgano de gobierno de la JEP independientemente de si se trata del creado provisionalmente por el PLE o el que diseñe la misma JEP debe observar los principios constitucionales de economía, eficiencia administrativa y armonía entre las instituciones del Estado consagrados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política.

Se conmemoran 20 años de la adopción del Estatuto de Roma

Se conmemoran 20 años de la adopción del Estatuto de Roma

Descargue el Estatuto de Roma aquí

Mucho se habla de que Colombia está en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre todo en los últimos días en que el nuevo gobierno y su coalición en el Congreso, buscan a toda costa asegurar un tratamiento privilegiado para las fuerzas militares, altamente vinculadas a crímenes de lesa humanidad tipificadas por el Estatuto de Roma.

Dicho documento, que fundamenta el actuar de la CPI, identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

El Estatuto de Roma entró en vigor el 1º de julio de 2002 y consta de un Preámbulo y 13 partes.

Califica como crímenes de lesa humanidad los once actos siguientes:

  1. Asesinato: homicidio intencionado.
  2. Exterminio: imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población.
  3. Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños;
  4. Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional, entendiéndose que la deportación supone cruzar fronteras nacionales y que el traslado forzoso, no.
  5. Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
  6. Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control.
  7. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable: la violación y otros abusos sexuales pueden constituir también otros crímenes de la competencia de la Corte, como tortura en tanto que crimen de lesa humanidad o crimen de guerra.
  8. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto. Por persecución se entiende la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. Se castiga en relación con otro acto que constituya un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio.
  9. Desaparición forzada de personas: detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo.
  10. Crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen.
  11. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad

La responsabilidad penal se les aplicará igualmente a todas las personas sin distinción de su categoría de Jefes de Estado o de gobierno, de miembros de un gobierno o parlamento, de representantes elegidos o de funcionarios gubernamentales. Ni su calidad de funcionarios puede constituir un motivo para rebaja de penas.

El hecho de que una persona haya cometido un crimen por órdenes de un superior, no exime a esa persona de responsabilidad, por lo general.

Un comandante militar es penalmente responsable de los crímenes que cometan las fuerzas que están bajo su comando o control. También da pie a la responsabilidad penal el hecho de que el comandante militar sepa o deba saber que sus fuerzas están cometiendo o van a cometer tales crímenes y, sin embargo, no evite que se cometan o no reprima a los responsables.

Entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010, se llevó a cabo la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda, la cual reunió a más de 80 delegaciones, representantes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes.

La agenda de la Conferencia de Revisión se dividió en dos grandes ejes: Por un lado, se llevó a cabo un ejercicio de evaluación o stocktaking, el cual tuvo como objetivo analizar el desarrollo y los avances del sistema de justicia internacional creado por el Estatuto de Roma a la fecha, ejercicio que se centró en cuatro temas claves para el funcionamiento de la Corte: Complementariedad, Cooperación, la relación entre Paz y Justicia, y el Impacto de la Corte sobre Víctimas y Comunidades Afectadas.

Por otro lado, un segundo eje de la Conferencia giró en torno a las enmiendas al Estatuto de Roma, a saber: la adopción del crimen de agresión; las discusiones en torno a la eliminación del artículo 124; y una propuesta de enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma que criminaliza el empleo de ciertas armas – ya prohibidas en el contexto de un conflicto armado internacional – en el marco de un conflicto armado no internacional.

Bajo este artículo, la Corte podrá ejercer jurisdicción sobre un crimen de agresión siempre y cuando:

  1. El crimen de agresión se derive de un acto de agresión cometido entre Estados Partes al Estatuto, a menos que el Estado Parte que cometa el acto de agresión haya, anteriormente, sometido una declaración por la cual se sustrae de la competencia de la Corte por este crimen (“opt-out declaration”); y
  2. El Consejo de Seguridad haya determinado que se ha cometido un acto de agresión y el Fiscal haya notificado al Secretario General de la ONU sobre dicha situación; o
  3. Ante una falta de determinación del Consejo de Seguridad sobre la comisión de un acto de agresión, y transcurridos 6 meses a partir de la notificación por parte del Fiscal, la División de Cuestiones Preliminares de la CPI autorice dicha investigación

La jurisdicción de la Corte por el crimen de agresión solamente será activada, para los Estados Partes, (tanto la situación prevista por el articulo 15 bis como la del articulo 15 ter) un año después que se logren 30 ratificaciones a la enmienda y tras una votación de los Estados Partes a realizarse después del 1 de enero de 2017 (acuerdo por consenso o 2/3 de mayoría en votación). La jurisdicción se activará en la fecha posterior entre estas dos opciones.

La adopción del crimen de agresión sin duda acarrea un carácter histórico, producto de un largo proceso de negociación. No obstante, la complejidad del crimen de agresión y las particularidades en cuanto a los mecanismos de activación de la competencia de la Corte sobre este crimen plantean una serie de desafíos tanto para los Estados como para la Corte misma, que los mismos deberán abordar en su momento.

Dignidad y seguridad jurídica: lo que la nueva coalición uribista se llevó

En la mesa de conversaciones de La Habana, la preocupación por la seguridad jurídica fue un asunto sobre todo de los militares. El de la dignidad, si se quiere en clave política (e histórica), era el de la guerrilla. No se quiere decir con esto que a los militares no les hubiera interesado un tratamiento digno para efectos de la terminación del conflicto armado, o que la guerrilla no hubiera querido garantizar seguridad jurídica para sus combatientes y comandancia. 

De facto, las acciones de la fuerza pública han gozado de una narrativa que atornilla legalidad, legitimidad y reconocimiento. No es gratuito que la propaganda oficial los ensalce todavía hoy, a pesar de todo, como los “héroes” (realmente existentes) de la Patria. Por el contrario, la guerrilla, como alter ego del héroe y enemiga del statu quo que este defiende, ha sido representada históricamente como ilegítima, criminal y terrorista.

Por fuera de la ley, la guerrilla, y en nombre de la ley, el ejército, es lógico que en la mesa los enemigos militares hubieran tratado de recuperar lo que perdieron por efecto de la guerra: el reconocimiento (y la dignidad) del alzamiento en armas, por un lado, y la garantía de que “los desafueros” cometidos con ocasión del conflicto armado no rebasaran la interpretación de la (justicia en la) defensa del orden, por el otro.

Fue eso es lo que la nueva coalición uribista hizo trizas en el Congreso la semana pasada:

  1. Al insistir en la retórica de “no equiparar a los héroes de la patria con los terroristas” y por eso mismo crear una sala exclusiva para juzgar a los militares distinta de las salas de reconocimiento y amnistía e indulto de la JEP, con lo que los expone ante la Corte Penal Internacional (como ya lo han señalado varios expertos).
  2. Por su preocupación obsesiva con la narrativa del final del conflicto, es decir, sobre quién escribe la historia de los hechos de la guerra, de lo cual depende el legado de Uribe y paradójicamente, su propia seguridad jurídica.

Contexto: Estos son los dos ‘articulitos’ que el uribismo le cambió a la JEP

Por el lado de la dignidad, lo que ha estado de fondo es una tensión entre el carácter ordinario o extraordinario de los dispositivos de justicia transicional, fundamentalmente de la JEP. 

El asunto, llanamente, es si tratar a las guerrillas como delincuentes, siguiendo un modelo de justicia ordinarizante; o si tratarlas en una perspectiva político-militar, de acuerdo a un modelo extraordinarizante.

El primer punto de vista pertenece a quienes siempre propugnaron por una victoria militar: su consideración era que la justicia transicional debía ser solo una expresión de la justicia ordinaria. Desde este punto de vista, la contraparte es asumida como criminal y terrorista, y debe ser sometida a la justicia.

Por el otro lado, quienes asumen la justicia transicional como justicia extraordinaria, han considerado que se debe reconocer el estatus político de la contraparte, y en correspondencia, reconocer la politicidad de la escena judicial. De esta manera, rompen con la visión ordinarizante y criminalizante de la justicia transicional. 

Eso es lo que no le gusta al Centro Democrático y a eso debe su pelea a muerte con el Tribunal de la JEP. (Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”)

Justicia y paz, lo que está en debate

Los modelos de judicialización producto de las negociaciones políticas tienden a inclinar la balanza hacia la paz. Por el contrario, aquellos producto de las victorias militares se inclinan más hacia la justicia (de vencedores).

El Acuerdo de Víctimas de La Habana, construido en el marco de una negociación política para la terminación del conflicto armado, no es ajeno a dicha “tendencia”. En esa dirección, el acuerdo suscribe tanto el derecho de las víctimas a que se haga justicia, como el derecho que tienen todos los colombianos a vivir en paz.

El famoso aparte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la masacre de El Mozote, en El Salvador, es esclarecedor en ese sentido:

“Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla”.

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el Acuerdo logra un balance entre justicia y paz, debido, por lo menos, a cuatro aspectos: i) al modelo como tal (a la visión de sistema), ii) a la bidireccionalidad de sus mecanismos, iii) al reconocimiento de la politicidad de la escena judicial, y (iv) a la manera como se definirán las responsabilidades.

El primer aspecto tiene que ver con la visión holística propuesta por Naciones Unidas en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de 2012.

El segundo es coherente con el primero: la vocación de sistema apunta a que los distintos mecanismos que vehiculan los principios de la justicia transicional (la JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad de personas dadas por desaparecidas y los programas de reparación, para el caso colombiano) sean implementados de manera coordinada e interconectada, lo cual no debe suponer ni un solapamiento de funciones ni algún tipo de superioridad de unos mecanismos sobre otros.

La consideración de estos dos aspectos comprende un concepto de justicia ampliado, en el que la perspectiva retributiva – el castigo – es alimentada por perspectivas de justicia restaurativa y distributiva (la verdad, la reparación y la no repetición, por ejemplo). 

El tercer aspecto se sigue del debate sobre la vocación ordinarizante o extraordinarizante de la JT anteriormente expuesto.

La visión “despolitizada” de la escena judicial provista por el uribismo y por el mismo gobierno a través del derogado Marco Jurídico para la Paz, tuvo que ceder paso al reconocimiento del delito político en la JEP, por medio de la incorporación de una Sala de Amnistía e Indulto. 

Esta fue una concesión a las Farc dado que se les reconoció como actor político en la mesa, bajo la promesa de que posterior a su desmovilización podrían ingresar a la competencia política institucional, como lo señaló el propio ex comisionado de paz y actual embajador en Bruselas, Sergio Jaramillo. (Contexto: La inclusión política garantiza que no se repita la violencia)

Por último, la imputación de responsabilidades no se descargará sobre los máximos responsables, sino que se “administrará” de acuerdo a la comprobación de la participación determinante en los hechos. Esta fue una concesión tanto a la guerrilla como a la cúpula militar, bastante comprometida con asesinatos a sangre fría de civiles que se hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate (Falsos positivos). 

He ahí el meollo de su seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que la nueva coalición uribista en el Congreso hizo trizas.

Estos son los dos ‘articulitos’ que el uribismo le cambió a la JEP

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Contexto: Los cambios “sustanciales” que quiere hacerle Iván Duque al Acuerdo de Paz

El partido Centro Democrático le ganó el pulso al Gobierno en el Congreso y logró introducir importantes modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de tres horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Procedimiento que le permite funcionar a la JEP con reglas claras avaladas por el Legislativo.

No obstante, la Ley que fue aprobada dista mucho a la que propuso inicialmente el gobierno y con la cual el uribismo nunca estuvo de acuerdo.

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El primer cambio lo propuso la senadora Paloma Valencia y consiste en limitar las competencias de la JEP para los casos de extradición. De ahora en adelante, a diferencia de lo que sucedió con el caso de Jesús Santrich, cuando la JEP pidió suspender la solicitud de extradición, la Jurisdicción no tendrá potestad para pronunciarse de fondo sobre estos casos  y tampoco para emitir juicios sobre la responsabilidad de la persona sindicada.

Los magistrados ya no podrán ordenar práctica de pruebas cuando tengan que decidir sobre la fecha en la que se cometieron los delitos. Para decidir si alguien en solicitud de extradición puede acogerse a la JEP, los magistrados solo podrán acogerse a los hechos conocidos públicamente para concluir si fueron cometidos antes de que se firmara el Acuerdo de Paz.

Solamente la Corte Suprema de Justicia tendrá derecho a acceder a las pruebas.

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El segundo cambio que introdujo el Centro Democrático tiene que ver con el trato especial para los militares. También por iniciativa de Paloma Valencia, el Senado aprobó que los militares tengan un procedimiento “especial y diferenciado”.

Los militares contarán con una sala especial dentro de la misma JEP, con nuevos magistrados y con un trato único.

Según el Centro Democrático, los magistrados actuales no pueden otorgar garantías para los militares por su “orientación ideológica”, por lo cual propusieron una nueva sala. Lo cierto es que los procesos contra los militares que están siendo investigados quedarán congelados por 18 meses mientras se define concretamente cómo será el proceso de juzgamiento.

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Se espera que antes de la medianoche de este jueves las plenarias de Senado y Cámara voten las conciliaciones y la Ley pase a manos de la Corte Constitucional, donde los magistrados deberán evaluarla y, si cumple con la Constitución, aprobarla.

Para Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, los cambios que introdujo el Centro Democrático son inconstitucionales y van en contra de lo que se acordó durante el proceso de paz. A corte de marzo de este año, 4.653 excombatientes se acogieron a la JEP. Lo mismo hicieron 1.792 integrantes de la Fuerza Pública. Que sus procesos continúen como venían dependerá de lo que decida la Corte Constitucional.

 

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Vía ¡Pacifista!