Radicada ponencia de rechazo a las objeciones de la JEP

🎥 A esta hora estamos radicando la ponencia de las objeciones a la JEP en Cámara de Representantes. Síganla en vivo aquí:

Δημοσιεύτηκε από Juanita Goebertus στις Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Los Representantes a la Cámara Carlos Ardila, Partido Liberal; John Jairo Cárdenas, Partido de la U; Juanita Goebertus, Partido Alianza Verde; José Daniel López, Cambio Radical; y David Racero, Decentes, radicaron informe de rechazo de las objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP.

El documento busca rechazar las objeciones presentadas por el Presidente e insistir en el texto de la ley aprobado por la Corte Constitucional.

Los ponentes de esta iniciativa aseguran que las objeciones de Duque a la JEP genera inmensa incertidumbre, tanto para las víctimas como para los excombatientes, y miembros de la Fuerza Pública que hoy están rindiendo cuentas ante la Jurisdicción Especial de Paz, así mismo invitan al gobierno a un gran acuerdo nacional que permita realmente concentrarse en transformar esos territorios más afectados por la guerra.

“Hemos señalado en la ponencia que consideramos que estas objeciones en realidad son objeciones de constitucionalidad, que por lo tanto ya fueron objeto de decisión por parte de la Corte Constitucional y que mal haría este Congreso en violar la separación de poderes e irse en contra de una decisión de la Corte”, afirma la Representante Juanita Goebertus.

El Representante del Partido de La U John Jairo Cárdenas, aseguró que este es un ejercicio estrictamente jurídico. “Somos conscientes que en el trámite de las objeciones pesan elementos jurídicos y políticos, pero el ejercicio que hizo esta comisión es pararse en consideraciones jurídicas, constitucionales y legales”.

Cárdenas también hizo un llamado para llegar a un acuerdo político con las fuerzas del gobierno, al afirmar que “el Presidente de la República se equivocó en el camino que eligió para introducir cambios en los Acuerdo de Paz y a la Ley Estatutaria. Este es el motivo por el que estamos radicando una ponencia negando las objeciones presidenciales, al tiempo que le decimos al gobierno que estamos abiertos a la posibilidad de un acuerdo político que le de tramite a las diferencias que aún existen”.

Por su parte, el representante José Daniel López de Cambio Radical, señaló que al hacer un análisis detenido del proyecto de ley y de las objeciones, revela que no están dirigidas al articulado del proyecto sino hacia las sentencia de la Corte Constitucional.

“Lo que el Presidente de la República pretende con estas objeciones es buscar al Congreso de la República para avalar unas objeciones que no son contra un proyecto de ley sino contra una sentencia judicial que, según la Constitución Política del 91, ya hizo tránsito a cosa juzgada”, señaló.

Además López advirtió que en el caso hipotético de que el Congreso decidiera dar trámite a estas objeciones, los congresistas estarían quebrantando el principio de separación de poderes, dándole supremacía a la Rama Ejecutiva sobre la Rama Judicial, generando un precedente peligroso para la democracia colombiana.

David Racero, representante de Decentes, señaló que la principal inconveniencia a la que se está sujeto con estas objeciones es la incertidumbre.

“Estamos sujetos a generar un marco de incertidumbre tanto en la guerrillerada desmovilizada, como a los miembros de la fuerza pública que ya se han presentando ante la JEP, y más aún, la incertidumbre que puede generar entre las víctimas de lado y lado del conflicto que hoy están esperando los avances de la justicia transicional”, aseguró.

Racero también invitó a continuar el debate, pero no en el marco de las objeciones presentadas. “Esta Comisión le hace un llamado a los colegas de Cámara de Representantes, al Senado y a la opinión pública que la mejor forma de avanzar para la paz y dotarla de contenido es no estancarnos en esta discusión”, señaló.

Por su parte, la representante Juanita Goebertus hizo un llamado a un gran pacto nacional para transformar los territorios más afectados por la guerra.

“Es hora de que nos dediquemos por fin al cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, que nos volquemos a garantizar vías terciarias, a apostarle a los acueductos rurales a la electrificación rural, a que por fin pongamos en primera línea la participación ciudadana como la base del desarrollo, que nos volquemos a procesos efectivos de sustitución de cultivos, que le apostemos a la reparación integral de las víctimas. Para eso cuentan con nosotros, estamos aquí listos para formar ese gran pacto nacional, pero no es a través de unas cuantas objeciones, que por de más no invitan a los partidos a una concertación”.

Finalmente, Carlos Ardila del Partido Liberal, pidió a la Cámara de REpresentantes rechazar las objeciones presentadas por el Presidente Duque.

 

Sumado a esto le hizo una invitación al Presidente a escuchar a todas las fuerzas políticas. “En esta mesa hay 5 partidos diversos, con posiciones ideológicas diferentes, pero es un claro ejemplo que desde la diferencia es posible construir. Presidente estamos con toda la disposición para construir un mejor país, estamos para ayudar a implementar los acuerdos en favor de los colombianos. Tenemos toda la disposición para construir, para escuchar. Colombia requiere concentrar sus esfuerzos en las tareas importantes y dejar de lado lo que parece urgente”, señaló Carlos Ardila.

“Estamos aquí prestos para esos consensos, pero no son las objeciones el camino para buscar ese consenso nacional”, asegura Goebertus.

Sobre la ponencia

El informe de ponencia recoge, entre otras consideraciones, las intervenciones de académicos, víctimas del conflicto armado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de entidades del Estado en la Audiencia Pública realizada el lunes 1 de abril.

Aquí pueden ver el informe completo de rechazo de las objeciones a la JEP.

ONU pide con urgencia que se apruebe Ley Estatutaria de la JEP

El Secretario General de la ONU expresó con preocupación que la JEP, como pilar central del Acuerdo de Paz, “ha sido objeto de discusiones polarizadas” y reiteró que “es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a quienes, de buena fe, han dejado las armas con la verificación de las Naciones Unidas”.

Estas apreciaciones y el llamado al gobierno colombiano para que apruebe la Ley estatutaria de la JEP, aparecen en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, presentado ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

La JEP ha sido objeto de discusiones polarizadas (…) es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” Antonio Gutérres

En dicho informe se reiteró el llamado al “Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz.

Gutérres ratificó que la Jurisdicción Especial para la Paz debe disponer de todos los instrumentos políticos y prácticos para su eficaz funcionamiento en condiciones de independencia y autonomía.

Víctimas en la JEP

En el informe, Gutérres también resaltó que la JEP trabaja en siete casos que considera que son representativos del conflicto armado y que refieren a hechos que afectaron a aproximadamente 820.000 víctimas. El Secretario General de la ONU destacó, además, que las víctimas han tenido la oportunidad de presentar informes y material de apoyo en relación con sus casos, lo que constituye una dimensión innovadora del proceso de paz en Colombia.

Igualmente, en el documento Gutérres subrayó los avances en el caso 001, conocido como secuestro, al que fueron llamados 31 antiguos altos mandos de las Farc para rendir su versión, y destaca la comparecencia ante la JEP en los demás casos.

“Están llamados a comparecer exmiembros de las FARC-EP un proceso similar en el caso 002, relativo a hechos ocurridos en el departamento de Nariño. En el proceso del caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, han comparecido 56 miembros de las Fuerzas Militares.

En el caso 004, que se centra en hechos ocurridos en los departamentos de Antioquia y el Chocó, la Jurisdicción Especial para la Paz ha identificado a 174 personas que serán llamadas a declarar ante ella, y está reuniendo documentación escrita, incluso denuncias de violencia sexual y de género.

El caso 005 se centra en hechos ocurridos en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en donde la Jurisdicción Especial está examinando las dimensiones tanto territorial como étnica/racial de la situación de los derechos humanos, ha identificado a 151 personas que serán llamadas a comparecer ante ella.

En el caso 006, relativo a la victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz está examinando las solicitudes de sometimiento presentadas por 20 miembros de la Fuerza Pública y 13 miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), antiguo servicio de inteligencia de Colombia.

Hasta la fecha se han aceptado 16 solicitudes. En el último caso, el caso 007, se examinará el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, resume el reporte.

Frente al caso 007, el Consejo de Seguridad de la ONU también subrayó que la JEP avanza gracias al material de apoyo proporcionado, entre otros, por las organizaciones sociales y de víctimas sobre “actos de violencia y esclavitud sexual, abortos planificados y forzados, castigos crueles y reclutamiento de niños y niñas, que afectan en particular a los de comunidades afrocolombianas e indígenas”.

Comparecientes en la JEP

El Secretario General recalcó el llamado a versiones a exjefes de las Farc, y el incremento de miembros de la fuerza pública, excombatientes de esa guerrilla y agentes del Estado que han comparecido, entre el 27 de diciembre de 2018 y el 26 de marzo de 2019.

“En los 15 meses transcurridos desde el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz han suscrito actas de sometimiento 9.691 exmiembros de las FARC-EP, 1.958 personas de las Fuerzas Militares, 39 personas de otras entidades públicas y 12 particulares que solicitaron someterse a su autoridad”, pone de manifiesto el documento.

Finalmente, el Secretario General destacó que la Fiscalía General de la Nación se haya retractado de la afirmación de que el capturado exfical Bermejo “pretendía influir en el caso de Jesús Santrich”, tal y como lo anunció a los medios de comunicación y en el proceso penal. “La Procuraduría General tampoco encontró ninguna prueba que respaldara esa acusación, y el fiscal principal de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que su oficina no había tenido nada que ver en el proceso de Santrich”, reiteró el Secretario General de la ONU.

La guerra de Uribe contra Ley de Víctimas

La guerra de Uribe contra Ley de Víctimas

El grupo Los Paolos, liderado por la senadora Paola Holguín, instaló una valla contra la Jurisdicción Especial para la Paz en la vía de Amalá-Bomboló.

La polémica por la estrategia de comunicación del Centro Democrático en contra de la JEP no termina, a la valla interpuesta por la senadora Holgín le resultó competencia por parte de César Gaviria y el partido Liberal quienes ordenaron 200 vallas en respuesta a los ataques del uribismo a la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Pero más allá de los ataques y las reyertas de unos contra los otros, está la paradójica defensa del uribismo hacia las víctimas, ya que en el 2009, luego de que la Ley de Víctimas hubiese superado los cuatro debates reglamentarios y la conciliación, el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez, solicitó que se negara el texto conciliado por razones fiscales.

La carta fue remitida al Congreso por Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda en aquel momento. El funcionario entregó un costeo basado en elementos no contenidos en la legislación bajo consideración y concluyó que el costo de este proyecto de ley era contrario al marco fiscal de mediano plazo.

Ningún borrador contempló la indemnización como daño emergente, lucro cesante y totalidad de perjuicios morales, ni la asignación de esquemas de protección sin relación con el riesgo, ni la no-gradualidad de la implementación, ni tampoco la restitución de bienes muebles.

Este es el documento con el que el uribismo le dijo No a la ley de protección de víctimas de la violencia:


Con información de: La Linea del Medio

El “tatequieto” de Patricia Linares a Uribe

El “tatequieto” de Patricia Linares a Uribe

Tal y como lo advirtió el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo, las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria para la JEP, han sumido al país de nuevo en la polarización, la propaganda negra y la desinformación a causa de los radicalismos y apasionamientos que genera el debate político al rededor del proceso de paz con las Farc.

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En los últimos días, la senadora por el Centro Democrático, Paola Holgín, instaló una valla publicitaria contra la JEP en Medellín. Este tipo de actuaciones corresponden a la estrategia de comunicaciones que el mismo partido político usó para hundir el plebiscito por la paz del 2016.

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Debido a lo anterior y otros casos más en los que esta colectividad se ha pronunciado en contra de los magistrados de la JEP, la Presidenta de este organismo publicó una carta dirigida al senador Uribe, como expresidente y máximo jefe del Centro Democrático, para pedirle llevar el debate político al rededor de la Ley estatutaria en el marco del respeto y en un tono sereno y democrático.

(…) quiero, muy respetuosamente, dirigirme a Usted como expresidente de la República, senador y máximo líder del Partido Centro Democrático, para solicitarle y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos, un ‘ deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo.

Sin embargo y pese al tono conciliador de la magistrada, la carta levantó ampolla y como era de esperarse Uribe respondió desde su cuenta de twitter al comunicado de Linares:

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Sobre la respuesta de Uribe a la carta, lo que planteó Linares en el documento no es una censura contra las opiniones del Centro Democrático, sino un debate en el marco del respeto, los argumentos y sin recurrir a la distorsión y la desinformación.

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En la misiva, también se hace una reflexión a acerca de cómo los servidores públicos deben entender el cumplimiento del artículo 22 de la constitución y por lo tanto, del cómo debería llevarse a cabo las discusiones y diferencias al rededor del tema de la paz.

Un deber que en mi criterio se intensifica cuando lo cumplimos Servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua, en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional

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Por otro lado, en el documento aparece un claro llamado de atención, al ex presidente y todo su partido político, hacia el respeto y por un debate responsable, argumentado y sin insultos o mentiras sobre la labor de los magistrados de la JEP.

En los últimos meses, como se nos impone, hemos observado con respeto, tranquilidad y prudencia las propuestas de reforma en torno al modelo de justicia transicional adoptado por el Estado Colombiano, propuestas que se han impulsado desde el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso, las mismas exigen que quienes tienen la responsabilidad de estudiarlas y tomar decisiones lo hagan propiciando debates ajenos al insulto, la desinformación y la distorsión de las funciones que tenemos a cargo.

Por último, Patricia Linares advierte que pese a los ataques y la estrategia de desprestigio contra la Jurisdicción especial Para la Paz y sus magistrados, no entrarán en esa linea de agresiones, si no que por el contrario, seguirán promoviendo un lenguaje sereno, democrático, sincero y conciliador.

Somos un Tribunal de Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando no impunidad y vocación de reconciliación, nunca recurriremos al lenguaje bélico, ofensivo o degradante.
Reconocemos como necesario el debate político que encuentra en el Congreso su escenario natural, exigiendo, eso sí, el respeto que merecemos como Jueces de la República, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz.

Esta es la carta completa que la presidenta de la JEP dirigió a Uribe:

En septiembre de 2017, cuando el papa Francisco visitó nuestro país, nos dejó una serie de reflexiones que día a día se nos presentan como necesarias para avanzar en el camino de construir una paz estable y duradera. 
Nos dijo, por ejemplo, que “la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos” y que ese esfuerzo “nos debe hacer huir de toda tentación de venganza”. 
Antecedida de esas reflexiones quiero, muy respetuosamente, dirigirme a usted, como expresidente de la República, senador y máximo líder del Partido Centro Democrático, para solicitarle y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos, un deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo. 
Un deber que en mi criterio se intensifica cuando cumplimos  servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua, en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional, dirigidas a jueces de la república que ejercemos nuestras funciones con la autonomía e independencia, con la que nos dota la Constitución, siempre supeditados a sus directrices y mandatos. 
En los últimos meses, como se nos impone, hemos observado con respeto, tranquilidad y prudencia las propuestas de reforma en torno al modelo de justicia transicional adoptado por el Estado colombiano, propuestas que se han impulsado desde el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso, las mismas exigen que quieren tienen la responsabilidad de estudiarlas y tomar decisiones lo hagan propiciados debates ajenos al insulto, la desinformación y la distorsión de las funciones que tenemos a cargo. 
Las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha acompañado el proceso de paz en Colombia, reclaman como derecho la construcción de una paz estable y duradera y de nosotros, los servidores públicos, el trámite democrático de las diferencias, los debates y las controversias que puedan surgir en torno al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición y, concretamente, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Somos un Tribunal de  Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando no impunidad y vocación de reconciliación, nunca recurriremos al lenguaje bélico, ofensivo o degradante.
Reconocemos como necesario el debate político que encuentra en el Congreso su escenario natural, exigiendo, eso sí, respeto que merecemos como Jueces de la República, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz. 
La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje democrático, sereno, sincero, conciliador, el lenguaje que necesita Colombia para por fin pasar la página extensa de la guerra y quedar inmersos en la tarea inmensa de reconstruirnos como sociedad. 
Los colombianos necesitamos la paz y la paz necesita de todos los colombianos, 
Cordialmente, 
Patricia Linares Prieto
Presidenta de la JEP

“Su intención es usar las objeciones con fines electorales” Sergio Jaramillo

Por: Alfredo Molano Jimeno / @AlfredoMolanoJi

El segundo al mando del equipo negociador del Gobierno ha mantenido un prudente silencio sobre la implementación de la paz en la era Duque. Hoy, ante la encrucijada institucional en que se encuentra el sistema de justicia transicional por la objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP, sale en defensa de lo pactado con las Farc en La Habana (Cuba).

¿Qué opina de las objeciones parciales del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP?

Las objeciones marcan un antes y un después en este gobierno. Duque abandona el equilibrio que intentó mantener en los primeros meses entre la agenda de los extremistas del Centro Democrático, que es la de un partido radical dedicado desde sus orígenes a la oposición a rajatabla, y la agenda de la paz.

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Incluso la suya propia como presidente. Eso se acabó. Duque se quitó la máscara y se entregó a los extremistas de su partido. Ahora se muestra como un hombre dispuesto a dejar morir la paz sin pestañear y a fracturar el Estado de derecho desde la Presidencia de la República. No se trata simplemente de seis “objecioncitas”, como nos han hecho creer, que en sí son un salpicón sin lógica alguna, aparte de la intención de objetar por objetar y de meter cargas de profundidad.

Pero ¿qué es exactamente lo que le preocupa?

Como son temas técnicos que la gente no entiende, es fácil menospreciar sus efectos. El tema de la selección, por ejemplo, que es la posibilidad de renunciar en ciertos casos a la acción penal en un proceso transicional, es una discusión que fue resuelta por el Congreso y la misma Corte Constitucional en 2012, con el Marco Jurídico para la Paz, y jamás fue parte del Acuerdo de Paz, ni de las discusiones con el No, ni mucho menos de la campaña presidencial. ¿A qué horas decide Duque que es un tema sobre el que se tiene que pronunciar? Lo que se ven son ganas de objetar a como dé lugar.

Ojo con esto, porque las objeciones pueden ser una o 150, pero el efecto es el mismo: obligar a una votación en el Congreso. Y existe un riesgo real de que todo el proyecto de ley se archive, en medio de la falta de claridad sobre las consecuencias de votaciones que no lleven a ninguna definición, como bien puede pasar. Tal vez esta es la estrategia del Centro Democrático: llevar las cosas hasta ese punto y luego lavarse las manos.

“Están echando al sifón la institucionalidad y ya sabemos eso a dónde llega”: Sergio Jaramillo

¿Y por qué dice que se está fracturando el Estado de derecho?

Porque es exactamente lo que está pasando. El presidente tiene, por supuesto, la facultad constitucional de objetar cualquier ley por inconveniencia, incluyendo las estatutarias, así prácticamente nadie se haya atrevido a hacerlo, porque, como sabemos, esas leyes obligatoriamente pasan primero por una revisión de la Corte Constitucional. Uno se puede imaginar circunstancias en las que, por ejemplo, los costos que implica una ley estatutaria obliguen al presidente a objetarla, porque el Estado no los puede sufragar.

Pero eso no es lo que está pasando aquí. En este caso todas las objeciones tocan temas eminentemente constitucionales sobre los que ya hay un pronunciamiento en firme de la Corte. Ese espacio está lleno. Peor aún: lo que hace el Gobierno es disfrazar como “inconveniente”, como bien lo ha señalado la representante Juanita Goebertus, no solo las mismas materias que ya revisó la Corte en un fallo de 750 páginas, sino partes del fallo mismo, que es cosa juzgada constitucional, como ha dicho con toda la razón el procurador Carrillo.

Esa es una conclusión desde el plano jurídico, pero ¿cómo lo lee políticamente?

Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una barbaridad. Ni siquiera Álvaro Uribe de presidente se atrevió a hacer eso. Imagínese: hoy es la JEP y mañana el presidente se brinca cualquier otro fallo de la Corte cuando le parezca “inconveniente”.

Me pregunto si a los empresarios les llama la atención vivir en un país con ese nivel de inestabilidad y, francamente, de arbitrariedad. Desde el intento de Uribe de meter el famoso “articulito” para aferrarse al poder no vivimos una crisis institucional tan grave. El Estado de derecho del que tanto nos preciamos, y que creemos que nos diferencia de nuestros vecinos, es precisamente eso: un Estado en el que las autoridades, comenzando por el presidente de la República, se someten a la Constitución y a la ley. Acatan los fallos de la Corte Constitucional. Lo contrario es echar por un sifón la institucionalidad, y ya sabemos eso a dónde llega.

Volvamos a las objeciones: en la práctica, ¿qué es lo que le parece tan grave de la decisión del presidente?

Coja primero el problema del límite entre la jurisdicción ordinaria y la transicional. Duque le dijo al país que era conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se someten a la justicia ordinaria. Es una objeción absolutamente superflua. Eso ya lo aclaró con pelos y señales el fallo de la Corte, recogiendo además un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice lo mismo.

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Segundo, la reparación. Duque dijo que la ley no establece de manera clara la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Eso es falso. La Corte señala con toda la razón que todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación debe garantizar los derechos de las víctimas y aprieta las tuercas fortaleciendo el régimen de condicionalidades para que solo puedan mantener el beneficio de la sanción especial, quienes hayan cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de reparación.

Y tercero, la selección que ya le mencioné. Duque objeta la posibilidad de renunciar a la acción penal en los casos de quienes no son los máximos responsables. Este es un caso claro donde la objeción está dirigida al fallo de la Corte y no a lo que dice el proyecto de ley, que es lo mismo que dice Duque y que la Corte declaró inconstitucional. Es de no creer.

Además, como ya le dije, la selección la estableció el Marco Jurídico para la Paz en junio de 2012. ¿Por qué? Porque en ese momento nos dimos cuenta de que el sistema de Justicia y Paz iba a colapsar en un mar de procesos que tomaría 100 años tramitar, trabajando día y noche. Es decir, la impunidad estaba garantizada y se perdía el foco en los máximos responsables.

Lo que hace la Corte ahora es algo muy sensato: insiste en que se puede aplicar la selección, como dice la Constitución desde el 2012, pero condiciona la renuncia a la acción penal de quienes no son máximos responsables al cumplimiento de las condiciones del sistema integral que vigila la JEP.

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Eso es lo que nos permite concentrarnos en los máximos responsables, razón por la cual Iván Márquez en La Habana siempre rechazó y se burló del Marco Jurídico para la Paz. ¿En el Centro Democrático estarán pensando lo mismo? Con esta objeción lo que hacen es reventar por dentro el sistema, inundándolo de casos. Por eso lo llamo una carga de profundidad: la JEP va a recibir por lo menos cuatro veces más casos que Justicia y Paz.

Eso quiere decir que, con el argumento de proteger a las víctimas, lo que se va a hacer es garantizar la impunidad de los victimarios por vía del fracaso del sistema…

Le prometo: no ha habido nunca, en ninguna parte, un sistema tan ambicioso de reparación integral de las víctimas. Además, el fallo de la Corte reitera la obligación que tienen las Farc de entregar sus bienes y activos. Otra cosa sería obligar a cada individuo a indemnizar como individuo, que es a lo que se opusieron siempre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. ¿O es que el Centro Democrático quiere ahora, como sabiamente preguntó Yesid Reyes, poner a cada soldado en la JEP a indemnizar a las víctimas? Acuérdese que la JEP es para todos los que han participado en el conflicto, no solo para las Farc.

Pero ¿no piensa que puede haber reformas positivas a la JEP?

Más allá del caso del fiscal Bermeo, al que le falta mucha tela por cortar porque todo es opaco, desde su reclutamiento por la Unidad de Investigación hasta la operación de entrampamiento que le tendió la Fiscalía a la JEP, es un hecho que ha habido problemas y que la JEP está en su adolescencia. Pero es mucho más lo que se ha logrado. Me sorprende mucho que lo noten tan pocos.

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Uno abre el periódico el domingo (en mi caso en el celular en Bruselas) y se encuentra con una andanada de cañón contra la JEP digna de la Armada española, cuando lo que está ocurriendo tras esas paredes es un milagro. No hay otro ejemplo en la historia de una guerrilla que, como consecuencia de un acuerdo de paz, se haya presentado ante un tribunal y haya declarado su intención de reconocer sus más graves crímenes y pagar una sanción. Y aún más sorprendente ha sido la participación de agentes del Estado.

¿Por qué dice que es el sistema de justicia transicional más novedoso del mundo?

En la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que es el ejemplo más celebrado de justicia transicional y que otorgaba amnistías —nada de sanciones llenas de condiciones—, prácticamente no hubo participación de agentes del Estado, y tampoco hubo sanción. En Colombia sí, y eso es un avance enorme para las víctimas, para los procesos de justicia transicional y para la seguridad jurídica de los mismos agentes del Estado.

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Más de 50 oficiales ya han declarado en la JEP. Hace un par de semanas declaró el coronel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, la de los falsos positivos de Soacha que ocurrieron en Norte de Santander. Conozco ese caso bien porque me tocó enfrentarlo como viceministro de Defensa. Pues el coronel Rincón hizo, al parecer, un reconocimiento completo de responsabilidad, explicó cómo funcionaba todo el sistema, contó que el sentimiento de culpa no lo dejaba dormir en las noches y que está dispuesto a pedir perdón ante todas las víctimas. Y así otros oficiales.

Ha sido tan poderoso que las ONG que insistían en sacar los falsos positivos de la JEP retiraron su solicitud y están ahora dispuestas a ayudar. Desafortunadamente la sociedad no conoce nada de esto. Esos son pasos concretos, pasos reales hacia la justicia y la reconciliación.

Colombia tiene un trauma muy profundo después de 50 años de guerra y por ignorar el conflicto no va a desaparecer, sino todo lo contrario. Este es el momento para tratar ese trauma y poder enfrentar el futuro como sociedad. Y la JEP está en el corazón de ese esfuerzo, con las demás instituciones del Sistema Integral.

Entonces, ¿qué cree que el gobierno Duque busca con todo esto?

La objeción es una decisión de una enorme irresponsabilidad. Suficiente incertidumbre sobre su futuro tiene la gente de las Farc en el proceso de reincorporación en los territorios para que Duque les meta semejante susto. Este es un problema de seguridad nacional de primer orden: parece que al Gobierno le tiene sin cuidado el crecimiento de las disidencias, que están aumentando precisamente porque los mandos piensan que el Gobierno no les da garantías.

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Y los más de 2.000 oficiales, suboficiales y soldados que están en la JEP tampoco deben estar muertos de la risa: se sometieron con unas reglas y ahora se las quieren cambiar, en detrimento de ellos, como vimos en el caso de reparación. Afortunadamente la JEP tiene un marco constitucional fuerte, que mal que bien va a seguir funcionando.

Además, es una decisión absolutamente inútil, porque a menos que la intención sea, como ya le dije, que en un descuido el proyecto se archive por una indefinición en las votaciones del Congreso, todo va a volver al mismo lugar donde comenzó: a la Corte Constitucional, que necesariamente va a volver a fallar como ya lo hizo.

Y para completar, desde el punto de vista de la presidencia de Duque, este es un error estratégico de marca mayor, porque va a gastar todas sus energías el próximo año en el Congreso en una discusión dura e inútil en lugar de sacar adelante la agenda del país. Si sigue así, este gobierno va a pasar en blanco.

Pero no me respondió por qué cree que toma una decisión así, si es tan mala…

Solo encuentro dos explicaciones. Una la ha expresado públicamente Álvaro Uribe Vélez: su deseo de acabar con la JEP. Y la otra, creo yo, es que prevalecieron los intereses electorales del Centro Democrático, cuya intención es usar las objeciones para tensionar al máximo la política y hacer campaña para las elecciones regionales y luego para las presidenciales.

Es revivir el plebiscito, porque no tienen más de dónde cogerse. Es un partido de extremistas de oposición radical, que viven de hacer oposición, así sean el Gobierno. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos están aburridos de tanto insulto y tanta polarización.

¿Y cómo la ve en el Congreso?

Aprovecho para pedirles a los senadores de Cambio Radical, del Partido Liberal y de la U, que tanto hicieron para que cerráramos el capítulo de las Farc, que no le hagan el favor al Centro Democrático de hacerle campaña y no pongan en riesgo el proceso de reincorporación. Hay que rechazar esas objeciones cerradamente.

Visto desde Europa, lo que está pasando en realidad está a la altura de la época. Los populismos extremistas se han hecho al poder en varios países y persiguen las mismas fórmulas del Centro Democrático. En Polonia desbarataron la Corte Suprema, en Colombia el Centro Democrático propone acabar con las altas cortes y formar solo una.

En Alemania o España aparecieron los extremistas y tienen contra la pared al sistema político. Por eso no me sorprendió cuando vi en televisión a José Obdulio expresando su gran simpatía por Vox, el primer partido de ultraderecha de la democracia española. Allá lo llaman “nacional-populismo”.

¿Y en qué se parece Vox al Centro Democrático?

La estrategia es la misma: usar el odio para crear identidades políticas que les permitan hacerse al poder. Es una agenda de destrucción. En esto no hay que confundirse: una cosa era el gobierno de Uribe, a quien nadie le podrá negar que cambió el país y creó las condiciones para la paz, y otra cosa es el partido de Uribe. Son dos animales distintos, a tal punto que del partido, curiosamente, hacen parte muy pocos que participaron en su gobierno, porque fue creado para otra cosa: hacer oposición radical.

Pero ¿cómo romper con esta polarización, que es la que está acabando con el Acuerdo de Paz?

Si no fuera porque el Gobierno, como su propio partido, tiende a usar las palabras en el sentido exactamente contrario a su significado, diría que la salida es evidente: un pacto político que vaya desde el Centro Democrático hasta el partido FARC. La JEP ha hecho avances enormes, pero no se puede desconocer que un sector de la sociedad siente desconfianza, así sea por la campaña brutal que han hecho en su contra políticos y no pocos columnistas.

Contexto: Mark Kersten, invitado internacional en foro de la JEP y las víctimas en Ibagué

¿Cómo fortalecer a la JEP entonces?

Es una realidad que hoy existe un problema de credibilidad, pero la solución no son unas objeciones inconstitucionales y fuera de lugar, sino un acuerdo político que permita, por ejemplo, añadir una serie de magistrados que ayuden con el volumen enorme de trabajo que va a tener la JEP y que sean seleccionados de una manera que dé tranquilidad a todos.

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Esa idea se discutió en el Congreso hace muy poco, pero murió. Hay que revivirla. Pero no soy optimista por que se pueda lograr un acuerdo, porque en todas las ocasiones Álvaro Uribe se ha opuesto, desde que discutimos con el No. En un momento después del plebiscito pareció que estábamos a un pelo de distancia de un acuerdo —los empresarios que actuaron de intermediarios son testigos—, pero en realidad estábamos a un universo, porque Uribe ya había tomado su decisión.

Primaron los intereses políticos y personales de Uribe. Primero habría que encontrar una fórmula jurídica que le dé tranquilidad a él, para que deje a Duque gobernar, y sobre todo para que nos deje a los colombianos ir hacia la reconciliación, trabajar en la reconstrucción de los territorios y aprovechar la oportunidad irrepetible de la paz.


Publicado en: Colombia 20/20