Colombia, la paz que nunca llega

Colombia, la paz que nunca llega

Por: Elena Jiménez
Para: EOM


Con el gobierno de Iván Duque y lo que muchos catalogan como la vuelta del uribismo a la presidencia colombiana, era de esperar que el proceso de paz no iba a mantenerse en los términos negociados por Santos. De hecho, apenas unos meses después del triunfo electoral de Duque, esta tesis ha acabado por confirmarse con la paralización de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), precedida por un atentado que tuvo lugar el pasado 17 de enero en una escuela policial de Bogotá y cuya autoría fue reconocida por facciones del ELN.

Ante estos últimos acontecimientos, cabe repensar el estado del conflicto colombiano, que, tras más de 50 años de guerra, atraviesa, sin duda, una nueva fase. Atrás quedan los años del presidente Santos y sus esfuerzos para pacificar el país desde las salas de negociación. Comienza una nueva era o, mejor dicho, una vuelta a los tiempos pasados del presidente Uribe, marcados por los enfrentamientos militares y la violencia en todas sus formas.

Más allá de Uribe, Santos o Duque, la paz ha sido uno de los principales puntos en la agenda política de cualquiera de los Gobiernos a la cabeza del país andino desde los años 80, pero los métodos para perseguirla, con mayor o menor éxito, han variado y evolucionado con el devenir de la propia guerra.

Para muchos, el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iba a ser el fin definitivo de un conflicto que se ha cobrado más de ocho millones de víctimas y que se ha ganado el título del más duradero de América Latina. Pero las profundas raíces de la guerra y la diversidad de actores e intereses han impedido que el escenario de posacuerdo se consolide hasta ver el conflicto verdaderamente superado.

En este punto transitorio en el que se encuentra el país latinoamericano vale la pena preguntarse cuáles han sido esos intentos anteriores, sus fallos y aciertos y por qué ninguno ha conseguido la tan ansiada paz en Colombia.

Las claves del conflicto colombiano: de la tierra al narcotráfico

No cabe ninguna duda de que Colombia vive inmersa en una guerra muy compleja desde el punto de vista analítico. La particularidad y diversidad de sus contendientes, la incapacidad de algunos actores por reconocer las causas del conflicto o la introducción de nuevas modalidades de enfrentamiento han dificultado enormemente la consecución de la paz.

Si bien no hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del conflicto, existe cierto consenso en que es en el período de La Violencia (1948-1958) cuando se fraguaron los principales antecedentes y a partir de los años 60 cuando se inicia el conflicto que aún perdura hasta hoy. La causa principal, o al menos un eje fundamental para entender el conflicto, es la disputa por la propiedad y explotación de la tierra, lo que desencadenó la formación de grupos guerrilleros de izquierda cuyo principal reclamo era la puesta en marcha de una reforma agraria en Colombia.

En un primer momento, estos grupos guerrilleros actuaban de una manera más o menos informal, pero con la prolongación del conflicto se fueron organizando. Las FARC, fundadas entre 1964 y 1966 y fuera de la lucha armada desde 2016, eran el principal grupo rebelde. En esos mismos años se creó el ELN, aún activo. Además, operaron el Movimiento 19 de Abril (M19), el Movimiento Quintín Lame (MQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) —todos ellos desmovilizados en los 90—, entre otros grupos insurgentes de izquierdas ya extintos.

Los 80 supusieron un punto de inflexión en el conflicto colombiano, en parte por la aparición de grupos paramilitares de derechas financiados por terratenientes para combatir a las guerrillas y que a partir de 1996 se unifican bajo las siglas de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Las fuerzas estatales, por su parte, enfrentan a las guerrillas desde su nacimiento y se las acusa de colaborar en algunos períodos con las milicias paramilitares de derecha.

El último eslabón, el más reciente, son los cárteles de narcotraficantes, responsables mayoritarios de la intensificación del conflicto a partir de los años 80. No son considerados parte beligerante de manera oficial, aunque, desde su irrupción en el escenario colombiano, el conflicto toma un tinte muy distinto, pues el negocio de la droga se convierte en el motor financiador de los grupos armados, tanto de las guerrillas de izquierda como de los grupos paramilitares, y actúa, por tanto, como factor transversal.

Es precisamente este cóctel de actores el que, sumado a la larga duración del conflicto colombiano, ha llevado a los distintos Gobiernos a protagonizar una larga y diversa lista de iniciativas, algunas basadas en el diálogo y la desmovilización y otras centradas en la lucha armada contra las guerrillas.

Los duros 80, un impulso para los primeros intentos de pacificación

Durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se dieron las primeras negociaciones entre el Estado y las guerrillas. Se podría decir que Betancur fue el primer presidente en reconocer las causas estructurales del conflicto —sobre todo en lo referente a la cuestión agraria—, lo que permitió algunas desmovilizaciones.

En ese período se crea la Comisión de la Paz y el Gobierno inicia conversaciones con las FARC, con las que llega a firmar un acuerdo de alto el fuego en 1985, y con otros grupos, como el M19 o el Ejército Popular de Liberación (EPL). También en 1985 se crea el partido Unión Patriótica (UP), en el que participan importantes personalidades de la guerrilla y de la lucha social, incluidos sectores de las FARC y el ELN.

Lo curioso es que, durante este proceso, la violencia no solo continúa, sino que alcanza uno de sus puntos más álgidos, lo que hace fracasar estrepitosamente el proyecto de paz de Betancur. Recordemos que los años 80 son los años de mayores enfrentamientos en Colombia entre los cárteles de narcotraficantes y los grupos guerrilleros, a lo que se añade también la presencia de cada vez más grupos paramilitares de extrema derecha. Además, a finales de 1985 el M19 toma el Palacio de Justicia y miembros de la UP son asesinados por paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas, lo que acelera su desaparición como partido.

Durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986- 1990), la experiencia de la UP llevó a las FARC a rechazar toda negociación con el Gobierno y a intentar aglutinar a todos los movimientos guerrilleros bajo un grupo insurgente común. Sin embargo, los grupos armados de menor peso optaron por la negociación política, lo que permitió la desmovilización sucesiva del M19, el MQL, el EPL y el PRT.

La desmovilización del M19 fue, en cierto modo, un dinamizador de todas las demás, que se producirían en los meses siguientes. Su base legal son unos acuerdos con el Gobierno colombiano que, entre otros elementos, suponían la creación del Consejo Nacional de Normalización, que acabaría coordinando también las siguientes desmovilizaciones.

Desde un punto de vista fáctico, se podría entender esta experiencia como un éxito del Estado colombiano y, aunque la reinserción estuvo centrada, sobre todo, en la participación política, no produjo grandes desajustes en la sociedad civil. Sin embargo, los cuatro grupos desmovilizados no dejaban de tener una participación relativamente marginal en el conflicto; aún quedaban activos las FARC, el ELN y los paramilitares, que se unirían en la AUC en los años siguientes.

De las negociaciones del Caguán a la mano dura de Uribe

El proceso de paz más sonado después del iniciado por Santos en 2012 fue el llamado Proceso del Caguán, puesto en marcha durante el Gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002). La iniciativa consistió en la desmilitarización de 42.000 km², que abarcaron cinco municipios de las regiones de Meta y Caqueté, entre ellos el municipio de San Vicente del Caguán, con el objetivo de instalar allí las negociaciones entre el Estado y los grupos guerrilleros que seguían activos, principalmente las FARC.

Para ello, el Gobierno tenía que retirar de la zona a la policía y a cualquier fuerza militar, hecho que se da en noviembre de 1998. En enero comienzan las negociaciones, marcadas por la falta de compromiso de las FARC y la incapacidad para llegar a un acuerdo sólido.

De hecho, es en este contexto cuando se produce el simbólico incidente de la silla vacía, que hace referencia a la ausencia de Manuel Marulanda —entonces presidente de las FARC— en la inauguración de las negociaciones del Caguán. Este fue el principio de un proceso que, con los años, se reveló totalmente fallido, ya que las FARC aprovecharon la desmilitarización para aumentar su control en la zona y avanzar posiciones en la guerra contra el Estado.

Zona desmilitarizada durante el Proceso del Caguán. Fuente: Wikimedia

Fue, en parte, este fracaso de Pastrana el que catapultó a Álvaro Uribe a la presidencia en 2002. Su mandato estuvo marcado por una dura lucha contra la guerrilla y el narcotráfico bajo la Política de Seguridad Democrática, financiada a su vez por el Plan Colombia, un acuerdo mediante el cual EE. UU. se comprometía a asistir económica y militarmente la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.

Los años de Uribe (2002-2010) tuvieron un balance aparentemente positivo: se redujeron las desapariciones, se exterminaron miles de hectáreas de cultivos de cocaína y los cárteles de narcotraficantes redujeron enormemente su poder. Sin embargo, problemas como la violencia o el narcotráfico cambiaron su forma, pero no desaparecieron, y la causa estructural del conflicto —el reparto y explotación de la tierra— no solo no se solucionó, sino que se agravó por las fumigaciones masivas de plantaciones de coca.

También en los años de Uribe se produjo la desmovilización del mayor grupo paramilitar: las AUC. Este fue el primer proceso explícitamente calificado de “desarme, desmovilización y reinserción” (DDR) y guiado por los estándares de la ONU. No obstante, fue muy criticado por los medios de comunicación y la sociedad internacional, pues la llamada “paz entre amigos” se consideró una mera formalidad para lavar la cara al Gobierno, que venía siendo acusado de colaborar muy estrechamente con los paramilitares en la lucha contra la guerrilla.

Además, no se puede hablar de un proceso de DDR exitoso, ya que la fase de reinserción falló y llevó a la mayor parte de estos excombatientes a convertirse en miembros del crimen organizado, lo que aún hoy supone un problema de seguridad nacional para Colombia.

El ocaso aparente del conflicto colombiano

En septiembre de 2012 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018), anunciaba a los colombianos el inicio de los diálogos con las FARC, el mayor grupo guerrillero del país, para la elaboración de un futuro acuerdo de paz. Las negociaciones duraron cuatro años y tuvieron La Habana como escenario principal.

En septiembre de 2016 se firma un acuerdo que no sale adelante tras un plebiscito en el que gana el no por un 50,21%. A pesar de la negativa, el presidente Santos sigue adelante con el proceso y reformula un acuerdo que se acaba ratificando en noviembre del mismo año por las cortes, sin pasar esta vez por consulta popular.

El acuerdo aborda seis puntos de negociación: una reforma agraria; un acuerdo de cese al fuego y un posterior proceso de desarme, desmovilización, reinserción e integración de los combatientes; la constitución del grupo guerrillero como partido político legal; solución al problema de las drogas ilícitas más allá de las fumigaciones; reparación a las víctimas, y, finalmente, las condiciones de implementación del acuerdo.

Se trata de un acuerdo muy complejo y con grandes perspectivas de triunfo. Tanto las FARC como el Gobierno eran conscientes en ese momento de que el conflicto estaba estancado y de que una paz negociada iba a proporcionarles mayores beneficios que seguir invirtiendo en la lucha armada.

Santos, principal conductor del proceso, contaba además con una enorme legitimidad nacional e internacional: dentro cuenta con la confianza de las Fuerzas Armadas —fue ministro de Defensa durante los años de Uribe— y fuera tiene el apoyo de la ONU, la Unión Europea y otros socios importantes de dentro y fuera de la región, como Cuba o Noruega.

El resultado del proceso fue la tan ansiada desmovilización de las FARC y el inicio de las negociaciones con el ELN. Las FARC dejaron las armas definitivamente en junio de 2016 y se insertaron en la política con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común —con las mismas siglas que el grupo guerrillero—. La FARC se presentó a las elecciones legislativas de 2018, aunque sin mucho éxito.

Pero ¿qué fue lo que falló en la estrategia de Santos para que el pueblo colombiano no confiara en el proceso de paz? Santos llega a la presidencia en 2010 auspiciado por el éxito de Uribe, y el hecho de que escogiera negociar con las FARC antes que enfrentarlas militarmente fue recibido como una traición por parte de los uribistas. Además, la huella del Proceso del Caguán está muy presente en los colombianos, que siguen sin confiar en la palabra de las guerrillas y temen que vuelvan a dejar la silla vacía, como hicieron las FARC en 1998.

Por otro lado, el proceso de paz iniciado por Santos no fue ni mucho menos perfecto y dejó algunos aspectos sin resolver. Aunque el expresidente se jacta de haber reducido enormemente la tasa de homicidios en el país, tras este dato se esconde otra preocupante cifra: la de líderes sociales y políticos asesinados, que ha aumentado desde 2016, fruto de la ausencia estatal en territorios antes controlados por los grupos guerrilleros y que ha favorecido la proliferación de narcotraficantes y paramilitares en las zonas más remotas del país.

Asimismo, el Gobierno se enfrenta aún al complicado reto de la justicia transicional. Desde las firmas del acuerdo se han creado tres organismos —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas— con el fin de juzgar a los culpables del conflicto y resarcir a las víctimas, una misión extremadamente complicada si se tiene en cuenta que uno de los puntos básicos del acuerdo es la reinserción de los exguerrilleros.

El gran desafío de Santos para apaciguar las críticas de la oposición uribista y, al mismo tiempo, cumplir con los acuerdos fue el de compaginar la reconciliación nacional con la justicia, algo que no parece haber conseguido. De hecho, los procesos judiciales iniciados hasta ahora avanzan con enorme lentitud e incluso con ciertas irregularidades, lo que ha seguido restando credibilidad al proyecto de Santos.

¿El fin de la paz?

Santos ya preveía que, tras su salida del Gobierno, el acuerdo de paz iba a tener que enfrentar grandes dificultades para seguir adelante, razón por la cual apostó por acelerar el proceso al máximo de sus posibilidades. No se equivocaba: en junio de 2018 ganó la mano dura de Uribe, pero escondida tras la figura de Iván Duque.

El 17 de junio de 2018, segunda ronda de las elecciones presidenciales, el pueblo colombiano elegía mucho más que a su presidente: elegía entre el pacifismo y la continuación de los acuerdos, opción patrocinada por Gustavo Petro, y la vuelta al militarismo, encarnada en Duque.

El actual presidente ya venía advirtiendo la necesidad de reformar algunos puntos del acuerdo de paz, pero el atentado reciente perpetrado por el ELN lo ha llevado mucho más lejos de esa promesa electoral: no solo ha suspendido las negociaciones con el grupo guerrillero, sino que ha incumplido el protocolo al ordenar la captura de los negociadores y se han dado pasos importantes para retomar la línea de actuación de Uribe.

A mediados de febrero, el Congreso de EE. UU. aprobaba un aumento de 27 millones de dólares para la financiación del Plan Colombia respecto al año anterior y la Casa Blanca recibía al presidente andino en una reproducción del encuentro que 16 años atrás protagonizaron George W. Bush y Álvaro Uribe.

Todo parece apuntar a que el futuro de Colombia se parecerá mucho a su pasado. El Gobierno no tiene ninguna intención de retomar los diálogos con el ELN y gran parte del pueblo colombiano, harto de sufrir las consecuencias de la guerra, lo respalda en esa decisión.

Ahora cabe preguntarse si los actos de Duque enterrarán los logros de Santos y si las posibilidades de un nuevo enfrentamiento entre la guerrilla y el Estado pueden llevar a reavivar a las FARC. De lo que no cabe duda es de que habrá que esperar al menos cuatro años para que vuelva a ponerse el foco en las causas estructurales del conflicto y en la construcción de una Colombia que supere las profundas heridas que ha dejado la guerra.

 

 

Tomado de: El Orden Mundial

“Su intención es usar las objeciones con fines electorales” Sergio Jaramillo

Por: Alfredo Molano Jimeno / @AlfredoMolanoJi

El segundo al mando del equipo negociador del Gobierno ha mantenido un prudente silencio sobre la implementación de la paz en la era Duque. Hoy, ante la encrucijada institucional en que se encuentra el sistema de justicia transicional por la objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP, sale en defensa de lo pactado con las Farc en La Habana (Cuba).

¿Qué opina de las objeciones parciales del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP?

Las objeciones marcan un antes y un después en este gobierno. Duque abandona el equilibrio que intentó mantener en los primeros meses entre la agenda de los extremistas del Centro Democrático, que es la de un partido radical dedicado desde sus orígenes a la oposición a rajatabla, y la agenda de la paz.

Contexto: Evaluar la JEP a la luz de las víctimas

Incluso la suya propia como presidente. Eso se acabó. Duque se quitó la máscara y se entregó a los extremistas de su partido. Ahora se muestra como un hombre dispuesto a dejar morir la paz sin pestañear y a fracturar el Estado de derecho desde la Presidencia de la República. No se trata simplemente de seis “objecioncitas”, como nos han hecho creer, que en sí son un salpicón sin lógica alguna, aparte de la intención de objetar por objetar y de meter cargas de profundidad.

Pero ¿qué es exactamente lo que le preocupa?

Como son temas técnicos que la gente no entiende, es fácil menospreciar sus efectos. El tema de la selección, por ejemplo, que es la posibilidad de renunciar en ciertos casos a la acción penal en un proceso transicional, es una discusión que fue resuelta por el Congreso y la misma Corte Constitucional en 2012, con el Marco Jurídico para la Paz, y jamás fue parte del Acuerdo de Paz, ni de las discusiones con el No, ni mucho menos de la campaña presidencial. ¿A qué horas decide Duque que es un tema sobre el que se tiene que pronunciar? Lo que se ven son ganas de objetar a como dé lugar.

Ojo con esto, porque las objeciones pueden ser una o 150, pero el efecto es el mismo: obligar a una votación en el Congreso. Y existe un riesgo real de que todo el proyecto de ley se archive, en medio de la falta de claridad sobre las consecuencias de votaciones que no lleven a ninguna definición, como bien puede pasar. Tal vez esta es la estrategia del Centro Democrático: llevar las cosas hasta ese punto y luego lavarse las manos.

“Están echando al sifón la institucionalidad y ya sabemos eso a dónde llega”: Sergio Jaramillo

¿Y por qué dice que se está fracturando el Estado de derecho?

Porque es exactamente lo que está pasando. El presidente tiene, por supuesto, la facultad constitucional de objetar cualquier ley por inconveniencia, incluyendo las estatutarias, así prácticamente nadie se haya atrevido a hacerlo, porque, como sabemos, esas leyes obligatoriamente pasan primero por una revisión de la Corte Constitucional. Uno se puede imaginar circunstancias en las que, por ejemplo, los costos que implica una ley estatutaria obliguen al presidente a objetarla, porque el Estado no los puede sufragar.

Pero eso no es lo que está pasando aquí. En este caso todas las objeciones tocan temas eminentemente constitucionales sobre los que ya hay un pronunciamiento en firme de la Corte. Ese espacio está lleno. Peor aún: lo que hace el Gobierno es disfrazar como “inconveniente”, como bien lo ha señalado la representante Juanita Goebertus, no solo las mismas materias que ya revisó la Corte en un fallo de 750 páginas, sino partes del fallo mismo, que es cosa juzgada constitucional, como ha dicho con toda la razón el procurador Carrillo.

Esa es una conclusión desde el plano jurídico, pero ¿cómo lo lee políticamente?

Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una barbaridad. Ni siquiera Álvaro Uribe de presidente se atrevió a hacer eso. Imagínese: hoy es la JEP y mañana el presidente se brinca cualquier otro fallo de la Corte cuando le parezca “inconveniente”.

Me pregunto si a los empresarios les llama la atención vivir en un país con ese nivel de inestabilidad y, francamente, de arbitrariedad. Desde el intento de Uribe de meter el famoso “articulito” para aferrarse al poder no vivimos una crisis institucional tan grave. El Estado de derecho del que tanto nos preciamos, y que creemos que nos diferencia de nuestros vecinos, es precisamente eso: un Estado en el que las autoridades, comenzando por el presidente de la República, se someten a la Constitución y a la ley. Acatan los fallos de la Corte Constitucional. Lo contrario es echar por un sifón la institucionalidad, y ya sabemos eso a dónde llega.

Volvamos a las objeciones: en la práctica, ¿qué es lo que le parece tan grave de la decisión del presidente?

Coja primero el problema del límite entre la jurisdicción ordinaria y la transicional. Duque le dijo al país que era conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se someten a la justicia ordinaria. Es una objeción absolutamente superflua. Eso ya lo aclaró con pelos y señales el fallo de la Corte, recogiendo además un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice lo mismo.

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Segundo, la reparación. Duque dijo que la ley no establece de manera clara la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Eso es falso. La Corte señala con toda la razón que todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación debe garantizar los derechos de las víctimas y aprieta las tuercas fortaleciendo el régimen de condicionalidades para que solo puedan mantener el beneficio de la sanción especial, quienes hayan cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de reparación.

Y tercero, la selección que ya le mencioné. Duque objeta la posibilidad de renunciar a la acción penal en los casos de quienes no son los máximos responsables. Este es un caso claro donde la objeción está dirigida al fallo de la Corte y no a lo que dice el proyecto de ley, que es lo mismo que dice Duque y que la Corte declaró inconstitucional. Es de no creer.

Además, como ya le dije, la selección la estableció el Marco Jurídico para la Paz en junio de 2012. ¿Por qué? Porque en ese momento nos dimos cuenta de que el sistema de Justicia y Paz iba a colapsar en un mar de procesos que tomaría 100 años tramitar, trabajando día y noche. Es decir, la impunidad estaba garantizada y se perdía el foco en los máximos responsables.

Lo que hace la Corte ahora es algo muy sensato: insiste en que se puede aplicar la selección, como dice la Constitución desde el 2012, pero condiciona la renuncia a la acción penal de quienes no son máximos responsables al cumplimiento de las condiciones del sistema integral que vigila la JEP.

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Eso es lo que nos permite concentrarnos en los máximos responsables, razón por la cual Iván Márquez en La Habana siempre rechazó y se burló del Marco Jurídico para la Paz. ¿En el Centro Democrático estarán pensando lo mismo? Con esta objeción lo que hacen es reventar por dentro el sistema, inundándolo de casos. Por eso lo llamo una carga de profundidad: la JEP va a recibir por lo menos cuatro veces más casos que Justicia y Paz.

Eso quiere decir que, con el argumento de proteger a las víctimas, lo que se va a hacer es garantizar la impunidad de los victimarios por vía del fracaso del sistema…

Le prometo: no ha habido nunca, en ninguna parte, un sistema tan ambicioso de reparación integral de las víctimas. Además, el fallo de la Corte reitera la obligación que tienen las Farc de entregar sus bienes y activos. Otra cosa sería obligar a cada individuo a indemnizar como individuo, que es a lo que se opusieron siempre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. ¿O es que el Centro Democrático quiere ahora, como sabiamente preguntó Yesid Reyes, poner a cada soldado en la JEP a indemnizar a las víctimas? Acuérdese que la JEP es para todos los que han participado en el conflicto, no solo para las Farc.

Pero ¿no piensa que puede haber reformas positivas a la JEP?

Más allá del caso del fiscal Bermeo, al que le falta mucha tela por cortar porque todo es opaco, desde su reclutamiento por la Unidad de Investigación hasta la operación de entrampamiento que le tendió la Fiscalía a la JEP, es un hecho que ha habido problemas y que la JEP está en su adolescencia. Pero es mucho más lo que se ha logrado. Me sorprende mucho que lo noten tan pocos.

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Uno abre el periódico el domingo (en mi caso en el celular en Bruselas) y se encuentra con una andanada de cañón contra la JEP digna de la Armada española, cuando lo que está ocurriendo tras esas paredes es un milagro. No hay otro ejemplo en la historia de una guerrilla que, como consecuencia de un acuerdo de paz, se haya presentado ante un tribunal y haya declarado su intención de reconocer sus más graves crímenes y pagar una sanción. Y aún más sorprendente ha sido la participación de agentes del Estado.

¿Por qué dice que es el sistema de justicia transicional más novedoso del mundo?

En la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que es el ejemplo más celebrado de justicia transicional y que otorgaba amnistías —nada de sanciones llenas de condiciones—, prácticamente no hubo participación de agentes del Estado, y tampoco hubo sanción. En Colombia sí, y eso es un avance enorme para las víctimas, para los procesos de justicia transicional y para la seguridad jurídica de los mismos agentes del Estado.

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Más de 50 oficiales ya han declarado en la JEP. Hace un par de semanas declaró el coronel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, la de los falsos positivos de Soacha que ocurrieron en Norte de Santander. Conozco ese caso bien porque me tocó enfrentarlo como viceministro de Defensa. Pues el coronel Rincón hizo, al parecer, un reconocimiento completo de responsabilidad, explicó cómo funcionaba todo el sistema, contó que el sentimiento de culpa no lo dejaba dormir en las noches y que está dispuesto a pedir perdón ante todas las víctimas. Y así otros oficiales.

Ha sido tan poderoso que las ONG que insistían en sacar los falsos positivos de la JEP retiraron su solicitud y están ahora dispuestas a ayudar. Desafortunadamente la sociedad no conoce nada de esto. Esos son pasos concretos, pasos reales hacia la justicia y la reconciliación.

Colombia tiene un trauma muy profundo después de 50 años de guerra y por ignorar el conflicto no va a desaparecer, sino todo lo contrario. Este es el momento para tratar ese trauma y poder enfrentar el futuro como sociedad. Y la JEP está en el corazón de ese esfuerzo, con las demás instituciones del Sistema Integral.

Entonces, ¿qué cree que el gobierno Duque busca con todo esto?

La objeción es una decisión de una enorme irresponsabilidad. Suficiente incertidumbre sobre su futuro tiene la gente de las Farc en el proceso de reincorporación en los territorios para que Duque les meta semejante susto. Este es un problema de seguridad nacional de primer orden: parece que al Gobierno le tiene sin cuidado el crecimiento de las disidencias, que están aumentando precisamente porque los mandos piensan que el Gobierno no les da garantías.

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Y los más de 2.000 oficiales, suboficiales y soldados que están en la JEP tampoco deben estar muertos de la risa: se sometieron con unas reglas y ahora se las quieren cambiar, en detrimento de ellos, como vimos en el caso de reparación. Afortunadamente la JEP tiene un marco constitucional fuerte, que mal que bien va a seguir funcionando.

Además, es una decisión absolutamente inútil, porque a menos que la intención sea, como ya le dije, que en un descuido el proyecto se archive por una indefinición en las votaciones del Congreso, todo va a volver al mismo lugar donde comenzó: a la Corte Constitucional, que necesariamente va a volver a fallar como ya lo hizo.

Y para completar, desde el punto de vista de la presidencia de Duque, este es un error estratégico de marca mayor, porque va a gastar todas sus energías el próximo año en el Congreso en una discusión dura e inútil en lugar de sacar adelante la agenda del país. Si sigue así, este gobierno va a pasar en blanco.

Pero no me respondió por qué cree que toma una decisión así, si es tan mala…

Solo encuentro dos explicaciones. Una la ha expresado públicamente Álvaro Uribe Vélez: su deseo de acabar con la JEP. Y la otra, creo yo, es que prevalecieron los intereses electorales del Centro Democrático, cuya intención es usar las objeciones para tensionar al máximo la política y hacer campaña para las elecciones regionales y luego para las presidenciales.

Es revivir el plebiscito, porque no tienen más de dónde cogerse. Es un partido de extremistas de oposición radical, que viven de hacer oposición, así sean el Gobierno. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos están aburridos de tanto insulto y tanta polarización.

¿Y cómo la ve en el Congreso?

Aprovecho para pedirles a los senadores de Cambio Radical, del Partido Liberal y de la U, que tanto hicieron para que cerráramos el capítulo de las Farc, que no le hagan el favor al Centro Democrático de hacerle campaña y no pongan en riesgo el proceso de reincorporación. Hay que rechazar esas objeciones cerradamente.

Visto desde Europa, lo que está pasando en realidad está a la altura de la época. Los populismos extremistas se han hecho al poder en varios países y persiguen las mismas fórmulas del Centro Democrático. En Polonia desbarataron la Corte Suprema, en Colombia el Centro Democrático propone acabar con las altas cortes y formar solo una.

En Alemania o España aparecieron los extremistas y tienen contra la pared al sistema político. Por eso no me sorprendió cuando vi en televisión a José Obdulio expresando su gran simpatía por Vox, el primer partido de ultraderecha de la democracia española. Allá lo llaman “nacional-populismo”.

¿Y en qué se parece Vox al Centro Democrático?

La estrategia es la misma: usar el odio para crear identidades políticas que les permitan hacerse al poder. Es una agenda de destrucción. En esto no hay que confundirse: una cosa era el gobierno de Uribe, a quien nadie le podrá negar que cambió el país y creó las condiciones para la paz, y otra cosa es el partido de Uribe. Son dos animales distintos, a tal punto que del partido, curiosamente, hacen parte muy pocos que participaron en su gobierno, porque fue creado para otra cosa: hacer oposición radical.

Pero ¿cómo romper con esta polarización, que es la que está acabando con el Acuerdo de Paz?

Si no fuera porque el Gobierno, como su propio partido, tiende a usar las palabras en el sentido exactamente contrario a su significado, diría que la salida es evidente: un pacto político que vaya desde el Centro Democrático hasta el partido FARC. La JEP ha hecho avances enormes, pero no se puede desconocer que un sector de la sociedad siente desconfianza, así sea por la campaña brutal que han hecho en su contra políticos y no pocos columnistas.

Contexto: Mark Kersten, invitado internacional en foro de la JEP y las víctimas en Ibagué

¿Cómo fortalecer a la JEP entonces?

Es una realidad que hoy existe un problema de credibilidad, pero la solución no son unas objeciones inconstitucionales y fuera de lugar, sino un acuerdo político que permita, por ejemplo, añadir una serie de magistrados que ayuden con el volumen enorme de trabajo que va a tener la JEP y que sean seleccionados de una manera que dé tranquilidad a todos.

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Esa idea se discutió en el Congreso hace muy poco, pero murió. Hay que revivirla. Pero no soy optimista por que se pueda lograr un acuerdo, porque en todas las ocasiones Álvaro Uribe se ha opuesto, desde que discutimos con el No. En un momento después del plebiscito pareció que estábamos a un pelo de distancia de un acuerdo —los empresarios que actuaron de intermediarios son testigos—, pero en realidad estábamos a un universo, porque Uribe ya había tomado su decisión.

Primaron los intereses políticos y personales de Uribe. Primero habría que encontrar una fórmula jurídica que le dé tranquilidad a él, para que deje a Duque gobernar, y sobre todo para que nos deje a los colombianos ir hacia la reconciliación, trabajar en la reconstrucción de los territorios y aprovechar la oportunidad irrepetible de la paz.


Publicado en: Colombia 20/20

Las movidas de la política para el 2019, según La Silla Vacía

Las movidas de la política para el 2019, según La Silla Vacía

Por Juan Esteban Lewin

Este es un año de elecciones regionales, el primero completo de presidencia de Iván Duque y el del cierre de períodos de los actuales alcaldes y gobernadores. La Silla considera que estas serán las grandes historias del año que arranca y que esperamos poder cubrir en profundidad.

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El reajuste de los poderes regionales

La definición de las elecciones locales y regionales será central en el debate político de este año.

En cada municipio y departamento se definirá no solo quién gobierna sino qué fuerzas ganan y pierden poder, qué gobernantes llegan con coaliciones amplias o fáciles de montar en sus asambleas y concejos y cuáles lo tendrán más difícil, y qué carreras o grupos políticos están en crecimiento y cuáles van de capa caída.

Por ejemplo, se jugarán las aspiraciones nacionales de Luis Pérez en Antioquia, Federico Gutiérrez en Medellín, la fuerza de la hegemonía de la casa Char en Barranquilla, la resiliencia de Ramiro Suárez en Cúcuta, poderes crecientes como Jorge Rey en Cundinamarca y Mario Castaño en Caldas, y el casi dominio regional de Dilian Francisca Toro en el Valle.

[En el Tolima, por ejemplo, va a probar finura el Centro Democrático, los ‘alternativos’ medirán el aceite de las presidenciales, mientras que Barreto y los liberales vuelven a medir fuerzas por la alcaldía de Ibagué y la gobernación]

2

La consolidación de polos de izquierda, centro y derecha

Varias de las carreras locales tendrán relevancia nacional no solo por la importancia de las ciudades o departamentos en las que se juegan, sino porque ayudarán a definir si la política colombiana local también va migrando de un sistema de alianzas de grupos políticos clientelares a una puja más ideológica de posiciones de derecha, centro e izquierda.

Aunque no es nuevo que el voto no clientelista defina las elecciones en las grandes ciudades y varios departamentos, la alineación ideológica de las candidaturas no siempre ha sido tan claro, y de darse como en las presidenciales refrendaría UNA DE LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES DEL PODER del 2018.

Los resultados en Bogotá y Cali, por ejemplo, serán un termómetro de la viabilidad de armar coaliciones victoriosas de izquierda; y lo que ocurra en Antioquia, el Eje Cafetero, Norte de Santander o Huila servirá para saber si siguen ganando alianzas de derecha como la que llevó a Iván Duque a la Presidencia.

Si todo eso se da, las elecciones de octubre definirán que la política en Colombia funcionará más como es usual en el mundo.

3

La puja de la clase política tradicional por mantener su poder

Otra de las grandes historias de este año será la estrategia de los políticos tradicionales para seguir vigentes, en por lo menos dos espacios que son centrales para su poder.

Uno es si el Gobierno Duque mantener su relación de distancia e independencia frente al Congreso, sin dar puestos ni cupos indicativos a cambio de votos, después de que en su primer período legislativo eso le valió el hundimiento de su reforma a la justicia, la pérdida del corazón de su reforma política y haber podido pasar una reforma tributaria que refleja su visión económica pero que no resuelve las necesidades fiscales que dijo tener.

En ese espacio, si Duque cambia esa decisión los políticos tradicionales lograrían recuperar poder (algunos conservadores, cristianos y uribistas han tenido acceso a burocracia y no lo han perdido), que en todo caso muchos han mantenido por sus fortines locales o regionales, o en otras entidades que escapan al poder presidencial, desde universidades públicas hasta organismos de control.

La segunda área es la electoral. Después del duro golpe por la derrota del candidato del grueso de los políticos tradicionales, Germán Vargas, en primera vuelta presidencial, y de la distancia que ha marcado Duque, la incidencia en los gobiernos locales es todavía más necesaria. En las grandes ciudades no es obvio que lo logren, y candidaturas más cívicas y de opinión como las que ya han ganado en el pasado pueden reducir sus espacios de poder.

Si pierden alcaldías contra candidatos como hace cuatro años fueron Rodolfo Hernández en Bucaramanga, Rodrigo Lara Sánchez en Neiva o Maurice Armitage en Cali, por lo menos algunos caciques van a tener más difícil mantener su poder.

4

Los efectos de la mayor inmigración que haya vivido Colombia

Con las cifras históricas de potencialmente MÁS DE 1,1 MILLONES DE VENEZOLANOS en el país, una de las historias de este año será cómo se siguen integrando a la sociedad colombiana. La presión por servicios sociales, la búsqueda de trabajo de los inmigrantes y los brotes de xenofobia pueden ser solo algunas de las aristas de esta historia, que incluso puede tener efectos electorales en algunas zonas.

Además, ese flujo puede crecer a medida que la crisis en Venezuela aumente.

5

La relación entre Uribe y Duque

Una de las grandes historias de poder de este año es cómo evoluciona la relación entre el Presidente y su padrino político, que ha sido tranquila pero sin alineación total, como cuando Álvaro Uribe acompañó a Paloma Valencia a presentar una reforma a la justicia contraria a la del Gobierno, o cuando, en pleno debate televisado contra el Ministro de Hacienda, rechazó ampliar el IVA a la canasta familiar y así mató una propuesta del Gobierno.

Habrá muchos temas para ponerla a prueba, desde la política de drogas hasta la definición de cambios en los ministerios que pueda hacer Duque – pero sobre todo en la justicia y en la aplicación del Acuerdo de Paz con las Farc.

En la justicia, tema en el que el Gobierno dijo que presentará una nueva reforma constitucional, porque a Uribe lo persiguen los fantasmas de indagaciones e investigaciones penales, incluyendo varias que la Sala Penal de la Corte Suprema declaró de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Por eso, lo que Duque haga o deje de hacer frente frente a las Altas Cortes, y especialmente la Suprema, puede incidir en esa relación.

En el Acuerdo, para Uribe es fundamental que el Gobierno ayude a que en la puja por la llamada verdad histórica gane su visión de que lo que hubo en Colombia fue una amenaza terrorista de las Farc, y no un conflicto entre una oligarquía abusiva y un pueblo oprimido, que es la de los farianos.

Por eso, lo que puede impactar esa relación no es que el Gobierno avance en la reintegración de los ex combatientes, sino en su relación con la JEP y a la Comisión de la Verdad, que ayudarán a construir esa verdad histórica. También puede impactar que el Gobierno le meta la ficha a  aplicar los puntos más transformadores del Acuerdo como la reforma rural.

6

Los avances de los escándalos de corrupción

El escándalo de Odebrecht marcó el 2018, así como en 2017 fue el del cartel de la toga. Además, otros escándalos como el de la contratación del fondo paz o los del PAE suelen mover las noticias todos los años. En la medida en que la conflicto ha perdido relevancia, ellos estos temas los han ido ganando, y por eso sus avances (y los nuevos que aparezcan) seguramente marcarán este año.

Además, también impactarán la novela del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ya sea directamente por lo que ocurra con el escándalo de Odebrecht, o indirectamente si nuevos escándalos lo eclipsan.

7

Las maromas fiscales

Con una reforma tributaria que no tapó todo el hueco fiscal, este año el Gobierno deberá hacer maromas para respetar la regla fiscal, y para armar un presupuesto para 2020 que también la respete a pesar de que ella exige que se vaya reduciendo el déficit cada año.

Esta historia puede incluir recortes de gasto, mayor endeudamiento o incluso una nueva reforma tributaria, que no solo sería impopular sino que podría golpear más la popularidad de Duque y dificultar su relación con los empresarios.

8

Las decisiones de la JEP

Este año la justicia transicional, que ya está andando, tomará decisiones que darán de qué hablar. No solo en el mediático caso Santrich, en el que debe definir si da luz verde a que siga el trámite de la extradición o no, sino que deberá tomar decisiones trascendentales.

Por ejemplo, seguirá abriendo casos y por esa vía definiendo cuáles son los delitos más graves que se cometieron en el conflicto; deberá definir cuáles fueron los casos más graves o representativos de secuestros de las Farc y de los homicidios conocidos como ‘falsos positivos’; y podría alcanzar a emitir las primeras condenas para las personas que acepten su responsabilidad en esos casos, y por esa vía definirá qué tan parecida a la cárcel serán sus sanciones.

Esas decisiones seguramente tendrán ecos políticos importantes.

9

La consolidación de las disidencias y el futuro del ELN

En materia de conflicto, las disidencias y el ELN seguramente serán los actores más visibles. El segundo no solo por el congelado proceso de diálogo, sino por su paulatino crecimiento; las segundas porque su proceso de unificación parece estar avanzando y en esa medida se convertirán en un punto de debate sobre la efectividad del Acuerdo de La Habana.

Eso porque su aumento le da argumentos tanto al uribismo para decir que el Acuerdo quedó mal negociado y por lo tanto la culpa es de Juan Manuel Santos, como a la oposición para decir que el uribismo encarnado en Duque está incumpliendo el Acuerdo.

10

El futuro de la implementación del Acuerdo

Completando su primer año y con Plan Nacional de Desarrollo aprobado, el Gobierno de Duque tomará decisiones que demuestren hasta dónde hará o no trizas el Acuerdo.

Por ejemplo, debe resolver la tensión entre su propuesta de política antidrogas con mano dura y los compromisos del programa de sustitución de cultivos del Acuerdo; definir si apoya las 16 curules para los víctimas que se acordaron y naufragaron en el Congreso, y las 8 que propone el uribismo; si le mete fuerza a su reforma política para cumplir el Acuerdo o la deja languidecer; y si impulsa las reformas en materia de tierras que se acordaron.

En paralelo, se verá si las audiencias de la Comisión de la Verdad darán para ir contando la historia (como ella quiere) o no y si la política de seguridad para los líderes sociales permite que haya con quienes aplicar el Acuerdo en el campo.

Afirmaciones de Duque sobre historia de Colombia Ni Pifia, Ni Broma

Afirmaciones de Duque sobre historia de Colombia Ni Pifia, Ni Broma

De manera desacertada hace ya más de tres décadas en Colombia que desapareció del pénsum la cátedra de historia como cátedra de enseñanza independiente y empezó a ser impartida junto con otras asignaturas que en su conjunto fueron denominadas como cátedra de Ciencias Sociales.

En 1984, el gobierno de Belisario Betancur decidió cambiar la cátedra de historia por una de ciencias sociales, que abarcaba además geografía y democracia, ello, como resultado de profundas discusiones entre académicos, que cuestionaban la forma en la que se impartía una asignatura fundamental para el país, en un momento de crisis como el generado por el narcotráfico y el conflicto armado con las guerrillas.

La complejidad social del país, demandaba análisis y perspectiva para comprender esa realidad, de ahí que se reclamara por una cátedra interdisciplinar que fuera más allá de la simple retórica de fechas, nombres y sucesos históricos sin un completo estudio transversal que incluyera elementos económicos, políticos y hasta culturales.

A partir de ese momento se definió que a pesar de ser impartidas de manera independiente, su intensidad sería de ocho horas semanales (de las cuales tres o cuatro eran para historia).

Sin embargo dicha reforma no paro allí y más adelante durante el gobierno de Cesar Gaviria en el marco de la expedición de la Ley 115 de 1994, se fusionan en una sola asignatura y en adelante la Historia desaparecería de los currículos académicos, para integrar la cátedra de ciencias sociales, una asignatura que además de historia, democracia y geografía, se le incluirían fundamentos de Constitución Política y a la que además en adelante, se le asignaría una  intensidad horaria de 4 horas semanales.

De esta manera lo que se avizoraba como una buena iniciativa, al final, generó un efecto contrario al esperado: hoy muchos colombianos de esa generación desconocen y mucho, de la historia (de Colombia, de América Latina o del mundo) careciendo de un conocimiento a profundidad y crítico del pasado, algo lamentable para un país que se ha debatido entre aconteceres históricos fundamentales para el presente y futuro como nación.

Entonces teniendo claro que el proceso de aniquilamiento de la cátedra de historia de los colegios en nuestro país data de 1984, y revisando el onomástico del Presidente Iván Duque que es de 1976, para ese año fue cuando desapareció la cátedra de historia de nuestro país, el presidente Duque tendría 8 años, una edad en la que hasta ahora iniciaba su vida estudiantil.

De tal suerte que la suya es justamente esa generación que creció sin una formación sólida en Historia, luego sus recientes declaraciones no son más que el resultado de ese profundo vacío que ha dejado la ausencia de la cátedra de historia en nuestro modelo educativo.

Presidente Duque en esta oportunidad usted más que culpable, es una verdadera víctima de ese ese modelo educativo que hoy tiene a muchos de su generación sumidos en un profundo desconocimiento de la historia de nuestro país y en general de la historia universal.

“Haber abandonado la educación histórica en el proceso de formación de los colombianos nos ha desprovisto de conciencia histórica – le leí en alguna oportunidad a Darío Campos, profesor de la Universidad Nacional–. “Es como si viviéramos en un eterno presente, como si esto hubiera surgido de la nada”.

De ahí que en nuestro país la famosa frase napoleónica de que “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla” cobre tanta vigencia y por ejemplo en asuntos electorales los colombianos tomen decisiones desacertadas en las que saltan a la luz la falta de conocimiento de su historia.

Ya bien lo decía el gran Jaime Garzon, “Lea pa’ que hablemos”.

 

 

Por: Juan Guillermo Hernández Lombo
@JHernandezLombo
La propuesta alternativa de financiamiento que circula en el Congreso

La propuesta alternativa de financiamiento que circula en el Congreso

Es un hecho que el sistema tributario colombiano no tiene impacto en la redistribución de la riqueza, ni es eficiente al momento de recaudar ingresos fiscales. Lo anterior es importante, si se tiene en cuenta que nuestro país es el segundo más desigual de América Latina, y el tercero a nivel mundial.

De igual forma, los niveles de evasión y elusión son tremendamente altos, haciendo que los niveles de recaudo estén por debajo del promedio de América Latina, lo que repercute en menores recursos para enfrentar las obligaciones sociales y en materia de derechos que ha contraído el Estado colombiano.

Por eso, al tiempo que el Gobierno de Iván Duque prepara la ponencia de Ley de Financiamiento en el Congreso, los expertos Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia presentaron al público una propuesta alternativa de reforma tributaria, que aborda los problemas estructurales del sistema tributario, los cuales hacen que éste sea inequitativo, injusto e ineficiente.

Los investigadores que introducen esta reforma alternativa argumentan que existe espacio fiscal para recaudar mucho más de 7,5 billones de pesos (cifra que recaudaría la Ley de Financiamiento del Gobierno) de manera progresiva y equitativa, lo que haría que las personas jurídicas y naturales que devenguen más ingresos y concentren más riqueza, paguen lo que les corresponde en impuestos.

La propuesta de Garay y Espitia se concentra en reducir los privilegios y descuentos tributarios que benefician a las personas y sectores más poderosos (4 billones), aumentar la tarifa de liquidación (30%) del impuesto a los dividendos a quienes perciben dividendos superiores a 10 millones de pesos (1-1,5 billones), mantener el impuesto al patrimonio para personas jurídicas y naturales a partir de los $3.000 millones (5-6 billones) e introducir un impuesto a las remesas del 10% (0,5 billones).

Por otro lado, como una propuesta espejo a la eliminación del IVA a productos de la canasta básica y su posterior compensación a los más pobres, se sugiere la introducción de un “IVA presuntivo” que pagarían las personas de ingresos más altos por medio de una sobretasa del impuesto a la renta. Según los expertos, con este mecanismo las personas de ingresos altos que se benefician de las exenciones de IVA a la canasta básica devolverían ese privilegio. Esta propuesta recaudaría algo cercano a los 1,6 billones de pesos.

Para ampliar: Historia del IVA, un impuesto contra los pobres

Finalmente, como propuestas complementarias y discutidas con diferentes organizaciones sociales, se incluyeron propuestas frente al impuesto a las bebidas azucaradas y una reformulación del impuesto a las emisiones de carbono. Se estima que éstos podrían recaudar alrededor de 1.5 billones de pesos. En total, la propuesta alternativa recaudaría entre 15 y 16,5 billones de pesos, de una manera progresiva y equitativa.

Aunque algunas de las propuestas tienen puntos en común con la Ley de Financiamiento actual, como el impuesto a dividendo y patrimonio, la reducción de beneficios tributarios va en total contravía con la ponencia de la Ley, en donde por el contrario, se crean nuevos beneficios para los sectores de la hotelería, el agro y la “economía naranja”. De igual forma, el Gobierno de Duque no introduce en la reforma el impuesto al consumo de bebidas azucaradas, yendo en dirección contraria a la propuesta de reforma alternativa y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

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