¿En qué quedó la paz y qué podemos esperar para el 2019?

¿En qué quedó la paz y qué podemos esperar para el 2019?

Por Kyle Johnson*

El 2018 fue un año lleno de incertidumbres, de ires y venires y, al mismo tiempo, de cierto progreso en la ejecución o el cumplimiento de los acuerdos suscritos en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Fue un año agridulce para la paz: el uribismo ganó las elecciones presidenciales, se pusieron en marcha algunas partes claves del acuerdo, comenzó la reincorporación de los excombatientes y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político de la exguerilla, llegó al Congreso de la República. Lo más probable es que 2019 sea un año igual de agridulce en ese sentido: algunas partes del acuerdo seguirán progresando, probablemente lentamente, pero otras serán frustradas.

No lo han hecho trizas

Las elecciones presidenciales representaron el momento más decisivo para el Acuerdo de Paz este año. Iván Duque y Gustavo Petro se disputaron la Presidencia en segunda vuelta. Duque aspiró por el Centro Democrático, partido que lideró el “no” en el plebiscito de 2016; y Petro es el líder de la Colombia Humana, movimiento que apoyaba su implementación completa.

Duque proponía “modificar” el acuerdo, aunque dentro de su partido las propuestas variaban significativamente, incluyendo “hacerlo trizas”. Sucedía lo mismo con los conservadores, de la corriente de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. La victoria de Duque creó un ambiente de incertidumbre, pues quedó claro que el balance de poder surgido del plebiscito se había mantenido hasta 2018. El miedo de volver a la guerra surgió en algunos sectores, especialmente en la izquierda.

Sin embargo, las iniciativas de Duque sobre cambios al acuerdo eran más que todo simbólicas. Por ejemplo, propuso que el narcotráfico no fuera delito conexo con la rebelión política. Su propuesta no afectaría a los líderes de la Farc sino, como él mismo lo dijo, a aquellos miembros de la exguerrilla que cometan crímenes después de firmar el acuerdo y a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El costo político de desmantelar abiertamente partes del acuerdo era y sigue siendo muy alto, como explicó Crisis Group en un informe de junio del año pasado. Acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, no era una opción viable por la presión que ejercieron la comunidad internacional, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, expertos en justicia transicional y gran parte de la sociedad civil colombiana. Por eso Duque ha adoptado posiciones variadas, que por un lado apoyan aspectos del acuerdo, como la reincorporación de los excombatientes, pero por otro lado no respaldan las reformas estructurales, sobre todo las relacionadas con el sector rural.

La justicia transicional y sus mecanismos

Dos importantes mecanismos de justicia transicional empezaron a operar: la JEP y la Comisión de la Verdad. Ambas son partes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado por el Acuerdo de La Habana. La primera permitirá castigar los crímenes más graves y sistemáticos, revelar la verdad judicial, darles seguridad jurídica a los excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, y contribuir a la reparación de las víctimas. La JEP está en una batalla política por su legitimidad, al tiempo que ha empezado a trabajar casos muy complejos, como el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, la Comisión de la Verdad buscará contar una verdad histórica y puede jugar un papel fundamental en la reconciliación de la sociedad cuando termine su mandato, en tres años.

Erradicación forzada y aspersión

El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018. Miles de familias campesinas firmaron acuerdos con el Gobierno Nacional para sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos, como Guaviare, los campesinos erradicaron sus cultivos voluntariamente, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— habían firmado acuerdos de sustitución.

Según el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, Colombia llegó a la cifra más alta de cultivos de coca en su historia, con 171.000 hectáreas sembradas en 2017. Esto hizo que el nuevo Gobierno disminuyera el énfasis sobre los programas de sustitución y en su lugar haya aumentado la erradicación forzada, incluso volviendo a la política de aspersión aérea, pero ahora con drones.

Una reincorporación accidentada

La reincorporación de la guerrilla, que oficialmente empezó en agosto de 2017, enfrentó varios problemas en 2018. Por ejemplo, la mayoría de excombatientes de las Farc se fueron de los territorios donde habían dejado sus armas y donde iniciarían, en teoría, su proceso de reincorporación. Muchos de los que se han quedado empezaron sus propios proyectos productivos y otros crearon nuevos espacios para reincorporarse. En Bogotá, la FARC y el Gobierno están en desacuerdo sobre el mejor modelo de reincorporación.

Sus choques hicieron que los proyectos que se habían planeado no se ejecutaran bajo el gobierno Santos. Bajo el gobierno Duque, varios proyectos nuevos han sido aprobados y financiados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). También fue el comienzo de la vida política legal de los exguerrilleros, pero ese inicio tampoco estuvo exento de obstáculos: Timochenko retiró su candidatura a la Presidencia; la FARC no obtuvo ni el 1 % de los votos en las elecciones legislativas y Jesús Santrich fue detenido antes de posesionarse como congresista.

Aunque ha habido tensión entre la exguerrilla y la bancada del Centro Democrático, el país también ha visto momentos positivos, por ejemplo, cuando alias Marcos Calarcá pidió perdón por los crímenes cometidos por las Farc en Huila. Sin embargo, la FARC está dividida y no hay consenso sobre el camino que debería seguirse, pues sus miembros perciben que el Estado ha incumplido el acuerdo y que el Congreso ha deformado lo que inicialmente se pactó. Por eso, cada vez hay más riesgo de que una parte significativa de la exguerrilla regrese al monte.

El año de las disidencias

El 2018 fue quizás el año con mayor número de disidencias en las regiones. La confrontación entre disidencias en Nariño ha convertido a Tumaco en una de las ciudades más violentas de América Latina; en el oriente, el proyecto de Gentil Duarte de “refundar” la guerrilla ha tomado fuerza, salvo en Putumayo; en Catatumbo, la disidencia del frente 33 ha empeorado la crisis humanitaria desatada por la confrontación entre el Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Eln; en el norte de Antioquia, diferentes disidencias siguen enfrentadas con el Clan del Golfo y han llegado incluso hasta el sur de Córdoba; en Cauca, disidentes del frente 30 fueron responsables del secuestro y asesinato de cuatro líderes comunitarios de la zona del río Naya.

¿Qué podemos esperar para 2019?

Es difícil predecir lo que sucederá, pero hay algunos escenarios que pueden identificarse. La reforma rural integral podría estar en peligro, pues es probable que las leyes que no han sido aprobadas hasta ahora tampoco tengan éxito en 2019. Mientras Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización (antes, Posconflicto), dice tener un interés real en ejecutar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuyo primer borrador se basa en un análisis erróneo sobre la situación actual y los problemas de la implementación del acuerdo. Además, Archila ha salido en los medios a decir que no hay suficiente plata para volver realidad el acuerdo.

La política de seguridad de Duque, orientada a revivir el plan de consolidación territorial que existió bajo los gobiernos de Uribe y de Santos, dará algunos frutos en 2019, sobre todo en cuanto al combate contra diferentes jefes de las disidencias, e incluso contra algunos mandos del Eln.

Lo más probable es que la violencia disminuya por pactos entre grupos armados o por la victoria del uno sobre el otro. Pero el control territorial del Estado no aumentará, pues la política de seguridad de consolidación no apunta adecuadamente a lograrlo y quedará por verse si se puede revertir la tendencia del aumento de cultivos de coca. La erradicación forzada puede dar algunos frutos en el corto plazo, pero seguramente se verán más protestas por parte de los cocaleros en el proceso.

La JEP enfrentará un año decisivo. Aunque las leyes necesarias para asegurar su existencia han sido aprobadas, su legitimidad política sigue en juego. Sin embargo, es probable que la condena de alguno de los líderes de las antiguas Farc sea un primer paso para ganar esa legitimidad. Más aun si también profiere condenas por los casos de ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública. Lo que logre frente a la incertidumbre que produce la ausencia de el Paisa e Iván Márquez también será decisivo.

Finalmente habrá que ver los resultados de las elecciones locales. No está del todo claro si las fuerzas políticas a favor de la paz tendrán éxito, pero tampoco es claro que los partidos aliados al Gobierno obtengan victorias, si se tiene en cuenta la baja popularidad del presidente. Además, estas serán las primeras elecciones locales con participación de la FARC como partido político: ¿serán capaces de poner concejales o de obtener alguna Alcaldía? En resumen, el año que viene el Acuerdo de Paz seguirá adelante, aunque siga cojeando.

 


Publicado originalmente en Razón Pública. Lea el artículo original aquí. 

*Analista sénior de International Crisis Group en Colombia y Razón Pública.

Los debates legislativos de la paz en la era Duque

Los debates legislativos de la paz en la era Duque

De nuestra alianza con Viva la Ciudadanía

A continuación, el cuadro del estado actual de los proyectos y sus avances en el Congreso:

 

 

Aparte de los proyectos que siguen a la espera de sus debates en el congreso, a la implementación del acuerdo de paz le quedan más batallas por librar en el legislativo.

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Luego de la derrota ante la Corte constitucional por las modificaciones a la JEP, el Centro Democrático ha emprendido nuevas acciones para limitar las competencias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRN) al radicar un acto legislativo que modificaría las facultades de los órganos del sistema para requerir información a otras entidades del Estado.

El proyecto radicado ante la Cámara de Representantes busca que los organismos del SIVJRN no puedan acceder a los documentos reservados que supuestamente pongan en peligro la seguridad nacional.

Esta iniciativa establece que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, estos mecanismos podrán solicitarle a las entidades públicas de cualquier orden o a cualquier organismo de control

Información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional”.

Además, la propuesta señala que tampoco podrán pedir ningún tipo de información personal contenida en las hojas de vida, del historial personal, o de datos relacionados con la vida profesional y privada de los Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

Contexto: La JEP le ganó el pulso al uribismo

 

Circunscripciones especiales y coaliciones políticas sin debate

El pasado martes fueron designados coordinadores ponentes de los proyectos que crean las 16 Circunscripciones Transitorias de Paz a los senadores Roy Barreras Montealegre y José Obdulio Gaviria Vélez.

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Los ponentes que tendrán la labor de redactar un nuevo proyecto acumulado para rendir ponencia dentro de un plazo de 15 días con posibilidad de extenderlo contarán también con la participación de al menos un delegado de cada partido que será ponente del proyecto de existir un consenso entre todas las fuerzas políticas que componen la comisión.

Dichos ponentes son: Miguel Ángel Pinto Hernández, Temístocles Ortega Narváez, Iván Name Vásquez, Juan Carlos García Gómez, Gustavo Petro Urrego, Alexander López Maya, Carlos Eduardo Guevara Villabon y Julián Gallo Cubillos.

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El proyecto radicado por Alexander López, Gustavo Petro, Alberto Castilla, Gustavo Bolívar y otros, sobre coaliciones políticas ya cuenta con ponente, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano fue designada como coordinadora única del proyecto.

La iniciativa que ya cuenta con una exposición de motivos parece que tendrá ponencia prontamente. Cabe recordar que el proyecto de iniciativa parlamentaria es una ley estatutaria y por la ley 5ta debe ser aprobada en una sola legislatura, es decir, antes del próximo 20 junio de 2019, para evitar ser archivado por vencimiento del periodo hábil.

Los proyectos productivos de excombatientes en Icononzo

Los proyectos productivos de excombatientes en Icononzo

Por: María Jimena Neira Niño*

 

 

Contexto: Este es el Conpes para la reincorporación de ex combatientes de las Farc

“La idea surge por los mismos incumplimientos del gobierno. La gente se desespera y a raíz de esas dificultades y necesidades de las personas, se fue pensando en cómo hacíamos para sostenernos económicamente. Siempre estamos esperando que el gobierno nos cumpla y el gobierno no nos va a cumplir. Se trata de nosotros, del esfuerzo y el trabajo que hagamos y de nuestro compromiso con el proceso”, afirma Gustavo, un fariano de 30 años que junto a Sonia está encargado del hotel.

Para llegar a esta vereda La Fila, del municipio de Icononzo al oriente del Tolima, desde el casco urbano, son aproximadamente 40 minutos de carretera destapada y a veces en mal estado, dependiendo del clima. Los integrantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, actualmente trabajan en la generación de nuevos proyectos productivos además del hotel y el restaurante en un restaurante de comidas rápidas y un proyecto de ecoturismo en la región.

En la Fila una de las cosas que más llama la atención es el restaurante, que abre sus puertas a cualquier persona que llegue. Lo manejan Carolina y Panchita, dos excombatientes que están todo el día cocinando, lavando loza y limpiando el lugar sin mucho descanso.

Cobran 7 mil pesos por cada comida y manejan un menú diario que puede ser modificado al gusto del cliente. Las personas que comen allí son generalmente profesoras y profesores, periodistas, funcionarios de la ONU y de otras entidades que visitan el ETCR y de vez en cuando excombatientes.

El restaurante queda ubicado en una de las cocinas comunales, llamadas “ranchas”, donde meses atrás cocinaban y comían excombatientes de esta zona. Ahora, con el dinero que le entra a cada persona, en las casas han adecuado pequeñas cocinas y fogones para cocinar. En el ETCR Antonio Nariño, las “ranchas” ahora son espacios de reunión y de aprendizaje, donde se dictan algunas clases.

Contexto: Cómo mantener a los guerrilleros de las Farc fuera del combate

 

 

La Cooperativa de Servicios es una iniciativa de excombatientes para ofrecer diferentes servicios en la zona a través de principios como la economía solidaria, un modelo económico basado en la cooperación, la autogestión y la autonomía y centrado en las personas.

Las otras dos cooperativas que hay en Antonio Nariño son la agropecuaria, encargada de los proyectos productivos. Maneja todo lo relacionado con animales: vacas, cerdos, gallinas y pescados, y también con los cultivos de sacha inchi -el que se muestra más avanzado-, arveja y frijol. La última cooperativa y la que está más atrasada es la llamada manufacturera, encargada de la producción objetos en cerámica y de prendas de vestir para el uso dentro del espacio y para la venta.

Otros excombatientes se apuntan al programa de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, de entrenamiento de escoltas, para generar una fuente de renta. Es el caso de Wilson (nombre cambiado para guardar su anonimato), que piensa entrar en el proceso, pero tiene dudas. Hoy con 50 años, Wilson tiene problemas en su columna que no ha podido resolver por la cantidad de trámites que debe hacer. De lo único que está seguro es que a la manigua, como llaman a la selva, no vuelve.

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En el Decreto 0580, publicado el 28 de marzo de 2018, se afirma que la fecha límite de abastecimiento de ciertos alimentos a los ETCR será el próximo 30 de junio de 2018, fecha estipulada por el gobierno nacional para que estos espacios empiecen a asumir su propio abastecimiento.

“Estamos convencidos de que la total interrupción de suministros alimentarios a los ETCR podría provocar una disminución significativa en el número de personas en esos espacios, afectando la viabilidad del proceso de reincorporación e impactando negativamente en el esfuerzo realizado por Autoridades, FARC y Comunidad Internacional hasta el momento” dijo al respecto en la W Radio, Jean Arnault, jefe de verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Para el excombatiente Gustavo, el atraso en los pagos para los proyectos productivos, por parte del gobierno, han llevado a que los proyectos todavía no funcionen y por esto, que el espacio Antonio Nariño no pueda valerse por su cuenta aún.

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En La Fila ya no quieren entrevistas, quieren mejoras

Este es el punto de concentración de excombatientes de las Farc más cercano a Bogotá, con cerca de 3 horas de distancia. Por ello, ha sido una de las zonas más visibles y con más cubrimiento en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Como otras zonas, pero en mayor medida, también ha sido visitada por empresas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, estudiantes universitarios y jóvenes de partidos de izquierda que han dejado pintados murales de los grandes comandantes de la exguerrilla.

En este espacio de concentración que unos meses atrás acogió a tanta gente externa, ahora predomina el silencio y una que otra canción de salsa, vallenato o música popular. La comunidad fariana de Antonio Nariño no está interesada en más entrevistas, ya han dado muchas, afirma una excombatiente mientras alza a su bebé de cuatro meses. Otras personas sienten desconfianza y temen que lo que digan sea usado en su contra o en contra del movimiento.

A pesar de las visitas frecuentes, en esta zona siguen existiendo necesidades de infraestructura, de salud y de servicios básicos. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en su registro del ETCR de Icononzo, afirma que el avance infraestructural es del 100%.

 

 

 

En la zona hay un puesto de salud en alianza con el hospital de Icononzo pero no funciona permanentemente y brinda servicios básicos. En el reporte del Alto Comisionado para la Paz, también se afirma que el espacio cuenta con un servicio de ambulancia.

Sin embargo, el 26 de abril de 2018, cerca al ETCR, se estrellaron dos carros, uno de la comunidad fariana y otro de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el accidente resultó herida, por cortadas en el cuello, una excombatiente con embarazo de tres meses. En el espacio territorial no había ninguna ambulancia por lo que se solicitó una del casco urbano.

La ambulancia llegó cerca de una hora después y con ella se fue la excombatiente sin dejar de acariciar su barriga de embarazada.

Con información de La paz en el terreno

Los retos de Iván Duque frente a la implementación del Acuerdo de Paz

[Esta nota se publicó originalmente en Pacifista]

Por Santiago Valenzuela

Un año y ocho meses después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, la implementación de los puntos acordados está cumpliéndose, aunque con algunos retrasos. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) presentaron esta semana un informe conjunto sobre los avances en la implementación de los seis puntos del Acuerdo Final, analizando en detalle las leyes que se han expedido y otros temas sensibles, como la reincorporación de excombatientes.

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Reforma rural

“Con avances pero sin el cumplimiento en el plazo establecido”, así calificaron las dos organizaciones los avances en el primer punto del Acuerdo: la reforma rural integral.

“Solo una ley, la de innovación agropecuaria, fue aprobada por el Congreso; otras de gran importancia como la del Catastro Multipropósito no surtió todo el trámite legislativo y otras más, entre ellas la propia ley de tierras, que debe modificar la legislación vigente en la materia (Ley 160 de 1994) no ha sido aún presentada al Congreso”, señala el documento.

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En relación a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las organizaciones encontraron que existe un retraso del 40 % en el cronograma propuesto. El futuro de estos programas, en los que han participado más de 250.000 personas, dependerá del Gobierno entrante.

“La conclusión de la ruta propuesta por la Agencia de Renovación de Territorio, así como la garantía de financiación de los distintos componentes de los Planes de Acción, definirán en buena parte el rumbo que tome este punto que concreta la Reforma Rural Integral en algunos de los municipios más afectados por el conflicto y con bajo grado de desarrollo económico y social”, dice el estudio.

Para que la reforma rural pueda ser realidad en un plazo de 15 años, el Cinep y el Cerac argumentan que, como primera medida, es clave que se cumpla con los planes de electrificación rural, viviendas, medidas educativas, empleo público, salud y educación. También, agregan, es importante que en el futuro se fortalezcan los enfoques étnicos y de género.

En el primer caso, el Gobierno debe garantizar la consulta previa para las comunidades afrodescendientes e indígenas. En relación a los casos de género, hacen falta “medidas afirmativas que busquen garantizar el efecto deseado” de las normas.

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Participación política

Más allá de la creación de un partido político para la antigua guerrilla de las Farc —el cual es un logro indiscutible— a los investigadores les preocupa que se esté obstruyendo la participación política para los líderes sociales.

“Al margen del debate sobre las cifras, todos los conteos señalan que este tipo de violencia [contra líderes] continúa y se ha agravado especialmente durante el primer mes de 2018. Una tendencia que de continuar comprometería la implementación del acuerdo en su conjunto”.

Este panorama puede ser aún más oscuro si se tiene en cuenta que no se ha aprobado la ley de garantías para la promoción de la participación ciudadana, y el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social.

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Frente a las medidas para promover una mayor participación política con diversos sectores, incluyendo la población más vulnerable, el informe llama la atención sobre “el hundimiento de la reforma política y el limbo jurídico en el que actualmente se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. La reforma política que el Gobierno presentó en mayo de 2017 y que buscaba introducir ajustes importantes a nivel electoral y del régimen de partidos políticos fue objeto de modificaciones por parte de quienes se oponían al proyecto inicial en el Congreso, a tal punto que terminó siendo más conveniente que se archivara”.

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En síntesis, dice el informe, “persisten desafíos fundamentales en el corto plazo relacionados con la eliminación de la violencia en contra de líderes sociales y miembros del nuevo partido de la Farc y con el cumplimiento de medidas fundamentales como son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz”.

Fin del conflicto

Este es quizás uno de los puntos más esperanzadores por el éxito en su cumplimiento.

El informe señala que “el cese bilateral y definitivo que se acordó con la guerrilla de las Farc constituye un hito histórico: fue el primero con esa guerrilla y ha sido el único con un mecanismo de monitoreo y verificación de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe recordar que en procesos de paz anteriores con esta guerrilla se había llegado a treguas temporales, con mecanismos débiles de verificación y con poca capacidad de hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos. El cese el fuego contribuyó al ahorro de vidas perdidas por el conflicto armado, teniendo en cuenta la tendencia que llevaba en años anteriores”.

Otro hecho histórico: un total de 14.178 exintegrantes de las Farc aceptaron unirse al proceso de paz. Del total, 12.167 fueron acreditados por el Gobierno y ya iniciaron su tránsito a la vida civil. Las organizaciones rescatan durante el proceso de dejación de armas también fue exitoso, pues la proporción de armas entregadas por combatiente (1,04) fue más alta de la que se esperaba.

“Posterior a su proceso de dejación de armas, permitieron que se conformara el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), con la respectiva personería jurídica. Con esto, el partido pudo inscribir candidatos para participar en las elecciones al Congreso y Presidencia”.

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En esta materia de reincorporación hay otros avances: en salud, 10.836 excombatientes fueron afiliados al sistema general de salud. En los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se realizaron 11.529 atenciones en salud.

Sin embargo, Cinep y Cerac, hicieron un llamado para que se cumplan las “garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo” para los excombatientes.

“El objetivo de estos compromisos es fortalecer la política criminal sectorizada contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo así como las organizaciones criminales que atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

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Solución al problema de las drogas ilícitas

En mayo de 2017, el Gobierno Nacional creó, vía decreto, el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). Según el Gobierno Nacional, al corte 31 de enero de 2018, el PNIS estaba desarrollándose en 2.490 veredas de 85 municipios en 15 departamentos, con la vinculación de 54.576 familias.

Si bien es cierto que se han adelantado procesos de erradicación y sustitución, el informe señala que “persisten factores de riesgo que pueden afectar las condiciones de seguridad de los territorios donde está implementándose el programa de sustitución, como las disputas por la apropiación de las rentas ilegales por parte de grupos de conflicto y/o grupos de crimen organizado, lo que, en términos de seguridad, representa uno de los mayores riesgos para las comunidades en territorios afectados por cultivos de uso ilícito”.

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Otro punto a tener en cuenta es que el Estado no ha cumplido con el compromiso de ejecutar programas de prevención al consumo de drogas.

Esto pese a que el gobierno señaló que “la política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos”.

Además, dice el estudio, se necesitan mayores esfuerzos en materia de política criminal, lo que implica fortalecer instancias judiciales e identificar los eslabones de la cadena del narcotráfico.

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición

Una de las entidades que es clave en este sistema es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El informe señala, con preocupación, que la Unidad quedó “adscrita como una entidad perteneciente al sector Justicia y no de alto nivel con carácter excepcional como era lo indicado en Acuerdo Final”.

Por otro lado, “se están presentado retrasos para su puesta en marcha debido al surgimiento de diferentes interpretaciones al interior del Estado sobre el diseño de su estructura y su funcionamiento”. Sin un horizonte claro para esta Unidad, está en riesgo la verdad para las víctimas de 82.998 personas que, según el Centro de Memoria Histórica, fueron desaparecidas forzosamente entre 1958 y noviembre de 2017.

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Otro punto central es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a los actores del conflicto.

Si bien es cierto que la JEP cumplió siete meses en funcionamiento y ya está investigando casos claves del conflicto como los falsos positivos, a los investigadores del Cinep y el Cerac les preocupan las modificaciones que le hicieron a la JEP en el Congreso, principalmente los siguientes puntos: “La limitación de la autonomía y el alcance de la jurisdicción, la redefinición de condiciones y garantías dentro de la justicia transicional y la restricción para la vinculación de terceros y agentes de Estado civiles a esta jurisdicción. Por ello, se puede afirmar que este compromiso ha iniciado con avances, a tiempo por cuanto alcanzó a ser emitida en el marco del fast-track, pero sin correspondencia respecto a lo acordado”.

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A manera de recomendación, las dos organizaciones aseguran que “es importante que en la conformación y reglamentación de las diferentes instancias del Sistema Integral de Justicia y Reparación se atienda el espíritu del Acuerdo Final, se garantice la seguridad jurídica de los procesados y se protejan los derechos de las víctimas”. Que esta petición sea atendida dependerá del gobierno de Iván Duque.

Después del Seminario de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz, el cual se realizó este martes en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, hablamos con Jorge Restrepo, director del Cerac, y con Consuelo Corredor, coordinadora de la Secretaría Técnica del Cinep.

¿Qué es lo que más les preocupa de la implementación del Acuerdo?

Consuelo Corredor: El horizonte de implementación del Acuerdo es de 15 años y compromete tres periodos presidenciales. Si uno lo mira en perspectiva, de todo lo que allí está propuesto, el horizonte se nos agranda muchísimo más. También es importante tener en cuenta que en este proceso hubo un periodo electoral.

En otros procesos internacionales, las elecciones ocurrieron tres o cuatro años después de la firma del Acuerdo; aquí llevamos 18 meses. Una de las preocupaciones importantes es que la implementación pueda continuar y que se mantengan los compromisos que aún están pendientes.

Jorge Restrepo: El principal riesgo no es tanto el de una contrarreforma por parte del nuevo gobierno, sino el riesgo de un estancamiento en la implementación. Dejar de hacer es más probable como riesgo que lograr revertir lo que está acordado.

En segundo lugar, la verificación muestra un cumplimiento completo de lo que fue el cese bilateral y hubo avances tremendamente importantes en la dejación de armas. En términos generales, este es uno de los acuerdos que tiene los compromisos más detallados y sostenidos en el tiempo para proceder a esa descontaminación de armas en el territorio.

Si bien ha habido algunos retrasos en lo que tiene que ver con la preparación de la contribución de los excombatientes de las Farc para el desminado, ha habido un curso de implementación que se ha sostenido y que es muy importante que se sostenga de aquí en adelante.

¿Para ustedes falló el gobierno Santos en la implementación?

Consuelo Corredor: Creo que es muy poco útil decir si un gobierno falló o no. Todos los gobiernos tienen déficit, así como tienen logros. Yo creo que el Gobierno sí hubiera podido aprovechar mejor el fast-track, porque era una excepción que le permitía dar pasos importantes en materia de normatividad con más celeridad. Y claro, esta normatividad es un prerrequisito para poder generar nuevas dinámicas en la implementación.

Hay otra serie de hechos en los que se tiene una mirada más crítica frente a la implementación, como es el hecho de que los espacios dejados por las Farc no hayan sido copados oportunamente por el Estado. Lo que sucede entonces es que llegan otras fuerzas que se nutren de economías criminales en esos territorios dejados por las Farc.

A manera de balance se han dado pasos sumamente importantes pero los retos son enormes. Mujica lo dijo: “Se ha hecho mucho, pero es infinitamente grande lo que falta por hacer”.

Jorge Restrepo: Una falla muy importante fue la arquitectura institucional que se creó para la implementación. Fue una arquitectura demasiado compleja que no consultó las priorizaciones de la implementación, que no tenía unas líneas de control ni de gestión bien definidas y que demoró muchísimo la puesta en marcha de los programas de reincorporación productiva para los excombatientes, así como demoró muchísimo el lanzamiento de los programas de sustitución de cultivos, que no estaban necesariamente listos en su implementación cuando se firmó el Acuerdo.

También hay elementos de contexto que hicieron difícil esa implementación. Menciono dos: la seguridad; el Acuerdo está diseñado como si las condiciones de seguridad fueran homogéneamente buenas para implementar el Acuerdo en los territorios, cuando hay condiciones de inseguridad el conflicto armado con el Eln y el crimen organizado que impiden que se implemente el Acuerdo en muchos lugares, como Nariño y Catatumbo.

El segundo punto que ha dificultado la implementación son las relaciones clientelistas de poder que han caracterizado la acción del Gobierno en Colombia durante décadas.

¿Sí hubo una reducción de homicidios importantes?

Jorge Restrepo:  En términos de verificación no solamente la reducción de la violencia y de las acciones criminales directamente asociadas al conflicto fue completa, sino que además se inició mucho antes de que se terminara la negociación del Acuerdo y esto incidió de manera positiva para que los indicadores de seguridad se redujeran.

Sin embargo, en zonas de disputa de grupos de criminalidad organizada no hubo una reducción de violencia. Pero esos son elementos de contexto que no se le pueden atribuir al Acuerdo.

Es necesario, en ese sentido, tener en cuenta la dificultad que supone implementar un Acuerdo de Paz cuando aún existen otras formas de violencia— en particular disputas entre organizaciones criminales —.

Yo insisto en que el problema de la violencia es un problema focalizado, pero sería interesante que la academia hiciera estudios que respondan a la pregunta de si la implementación marcha de mejor manera en los lugares donde no existen este tipo de disputas.

Los logros y las dificultades para consolidar la paz en Colombia

Sobre la primera inquietud hay más certezas porque ha habido un seguimiento importante de varias instituciones especializadas, pero sobre la segunda hay mucha incertidumbre y solamente se podrían plantear hipótesis.

Contexto: Así terminó la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso

Sobre el tema de la implementación, el balance es agridulce, sobre todo si recordamos que la negociación se hizo para construir la paz y la reconciliación nacional sobre la base de lograr un acuerdo político nacional, encaminado a realizar las reformas y ajustes institucionales que son necesarios para atender los retos que la paz demande.

Por el contrario, lo que hemos visto es que el país continúa polarizado entre quienes buscan hacer trizas los acuerdos y quienes defienden su consolidación.

Hay hechos que han enrarecido este proceso como el pedido en extradición de Jesús Santrich por un supuesto envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, su encarcelamiento y la imposibilidad de posesionarse en la Cámara de Representantes, lo mismo que la negativa de asumir su representación en el Senado de la República por parte de Iván Márquez aduciendo falta de garantías e incumplimiento de los acuerdos firmados.

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Los logros

1. La dejación de las armas por parte de las Farc y su transformación en un movimiento político.

Se debe recordar que se entregaron a la ONU 8.112 armas en los 26 campamentos ubicados en todo el país. Esta cifra se convirtió en la mayor, si la comparamos con cualquier otro proceso similar en Colombia y en otras regiones del mundo, pues equivale a más de un arma por combatiente.

2. La llegada de los representantes de esta exguerrilla al Congreso de la República con sus curules en Senado y Cámara de Representantes.

Las Farc deberán no solamente defender la implementación de los acuerdos de paz, sino también ampliar su agenda política incorporando otros temas referidos a la inclusión de amplios sectores sociales del ámbito urbano. Tendrán un duro camino que recorrer, abandonar las armas luego de 53 años de lucha armada, implica que se asuma con seriedad y compromiso el cambio de las balas por las ideas.

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3. El avance, así sea precario, del punto de Reforma Rural Integral con el impulso a los PDET, que tienen en el Tolima una de las regiones con mayor avance.

Se construirán participativamente los Planes de Acción para la Transformación Regional que tendrán una duración de diez años que buscan resolver los problemas más importantes de la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

4. La creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, que busca aclarar las responsabilidades colectivas del Estado, de las Farc, de los paramilitares y otros grupos en el conflicto.

La CEV trabajará por develar lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado en Colombia. Esta comisión parte de un activo muy valioso e importante y es tener como su presidente a Francisco De Roux, sacerdote jesuita, incansable defensor de los derechos humanos en el país.

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5. La entrada en vigencia de la Jurisdicción de Paz JEP, aún en medio del interés de algunos sectores por estigmatizarla.

La JEP está llamada a satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación y a la lucha contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.

Las dificultades

1. El asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos que se ha disparado preocupantemente luego de la segunda vuelta presidencial y que no ha tenido un rechazo contundente de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

Los líderes asesinados han sido básicamente reclamantes de tierras, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de la campaña de la Colombia Humana, además de miembros de la comunidad LGTBI, entre otros.

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2. La reintegración a la vida civil de los excombatientes, que sienten gran incertidumbre por su seguridad personal y jurídica, además del abandono e incumplimiento en lo referido al aspecto de los proyectos productivos y acceso a la tierra para trabajar.

Este es uno de los temas más complejos puesto que ante esta situación, se dan las condiciones para que los excombatientes sigan abandonando los ETCR y se puedan vincular a la disidencia de las Farc y otras bandas criminales que vienen emergiendo en las diferentes zonas que antes controlaba esta guerrilla.

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3. La intención de acabar la JEP de algunos partidos políticos como el Centro Democrático que solamente entienden la justicia como la cárcel para las Farc e impunidad para los demás actores que participaron en la guerra.

En los últimos días las críticas a este mecanismo de justicia transicional se ha arreciado e incluso ya se anticipa la iniciativa de un referendo para eliminarla, a pesar de que muchos actores participantes del conflicto armado están dispuestos a someterse a este mecanismo judicial.

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Frente a lo que hará el nuevo gobierno, solamente se conoce la intención expresada del presidente electo, de unir al país para pasar la página de la polarización, no impugnar el acuerdo de paz pero si hacerle algunas “correcciones”, sin embargo preocupa que su nuevo ministro de defensa ya anuncie que habrá una iniciativa legislativa para regular la protesta social, propuesta que levanta suspicacias alrededor de su verdadero propósito.

Dentro de las “correcciones” se ha conocido que:

1) Se presentará una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en ningún caso;

2) Frente a la JEP se promoverá una reforma para que los guerrilleros que cometieron delitos atroces paguen prisión en un sitio de reclusión permanente así no sea una cárcel y no solo una pena alternativa;

3) que los guerrilleros no puedan hacer política antes de pagar esa pena de prisión y que los agentes del Estado no sean juzgados por la JEP sino por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia,

4) Eliminar las nuevas instituciones del agro y reforzar el Ministerio de Agricultura a través de bienes públicos y de incentivos tributarios a la agroindustria a cambio de que cree empleos formales para los campesinos.

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La participación política de las Farc y la Juridiscción Especial de Paz son la columna vertebral del acuerdo, por lo que estas modificaciones perturbarían sin duda la implementación del mismo. Lo que está por verse es si lo anunciado en campaña será lo que va a hacer en el gobierno, especialmente si no solamente defienden el proceso de paz, las fuerzas democráticas y progresistas en el país, sino también la comunidad internacional.

La paz imperfecta del acuerdo sin duda es mejor que la más perfecta de las guerras y sobre eso ha llamado la atención al presidente electo Iván Duque, la comunidad internacional, las Naciones Unidas y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional que con diferentes intereses reivindican la necesidad de consolidar este proceso en Colombia.

Finalmente, no debemos olvidar que más de ocho millones de colombianos votaron por la defensa de la paz, por la implementación de los acuerdos y especialmente porque entendamos que esta, no solamente es el silencio de los fusiles de los ejércitos en contienda, sino una serie de transformaciones sociales que garanticen la inclusión económica, social y política de gigantescos sectores sociales tradicionalmente excluidos.