Estado mínimo o Estado garantista, esa es la cuestión para la segunda vuelta

Estado mínimo o Estado garantista, esa es la cuestión para la segunda vuelta

Por Juan Esteban Lewin

Contexto: Más o menos derechos: lo que se juega en la segunda vuelta

El voto para la segunda vuelta es, además de una decisión entre conservadurismo o progresismo, o entre tener la paz como hoja de ruta del gobierno o no, la disyuntiva entre tener un Estado mínimo, como propone Iván Duque, o uno grande e interventor, como el que plantea Gustavo Petro.

Esa dicotomía, que refleja visiones diferentes de la sociedad, la economía y el papel de lo público, se concreta en muchas propuestas puntuales y como es un eje que articula sus visiones políticas, en el futuro podría definir otras.

Por ejemplo, ante la decisión de si el Estado o un privado deben proveer un servicio público, como la recolección de basuras que quiere modificar Petro o un sistema de radares para controlar la frontera como quiere Duque, el candidato uribista tenderá más a dejar que lo haga el privado y el de la Colombia Humana a que lo haga el Estado.

Lo mismo si hay una presión para que el Estado desincentive, regule o prohíba una actividad privada, como vender bebidas azucaradas: Duque ya demostró que no está de acuerdo con ponerles un impuesto, mientras que Petro defiende los beneficios de hacerlo.

El Estado mínimo de Duque

Contexto: Iván Duque: ‘el chorro’ para los ricos, ‘goteo’ para los pobres

Para el candidato uribista, el Estado debería reducirse notoriamente, una propuesta que encaja con la doctrina uribista de austeridad en el Estado y con su visión neoliberal en lo económico en la que el Estado debe dejar el mayor campo de acción a la iniciativa privada, sin sobrecargarla con impuestos o regulaciones, y limitarse a cumplir un papel de árbitro entre los privados. Es decir, un Estado en el que tenga como valor centrar la eficiencia.

El papel que le asigna al Estado para redistribuir las oportunidades o la riqueza es menor, y en cambio debe buscar que las empresas y personas puedan producir tanto y con tanta eficiencia como sea posible, para que así se produzca más riqueza que va “goteando” hacia el resto de la sociedad.

Esa visión se aterriza en un Estado más pequeño en tamaño y también con menos incidencia en la sociedad.

Sobre el tamaño, la lógica de Duque es que el Estado actual es “derrochón” (término acuñado por Álvaro Uribe para criticar las reformas al Estado y el manejo del presupuesto de Juan Manuel Santos) e ineficiente. Por eso, propone achicarlo y aumentar su eficiencia con una reestructuración

 

 

Duque no ha dicho en términos concretos en qué consiste esa reforma. Uno de sus más cercanos asesores le dijo a La Silla que están definiendo qué modificaciones hacer (“hay mucha entidad sin sentido y con funciones y competencias horizontales… por ahí vamos”), y en su página web oficial habla de ella en términos generales y en relación con las TIC.

“Realizaremos un reordenamiento profundo de la administración del Estado, con base en las necesidades actuales de los colombianos y las oportunidades de eficiencia que ofrecen las nuevas tecnologías (expansión y profundización de Gobierno en Línea),” dice su propuesta.

Duque seguramente buscará fusionar ministerios y eliminar entidades. Por ejemplo, propone modernizar las instituciones del sector rural, eliminando las nuevas entidades que creó Santos hace apenas dos años y cambiando el enfoque del Ministerio de la Agricultura al Desarrollo Rural, como hizo en su momento Álvaro Uribe.

Además del tamaño, Duque propone reducir la incidencia del Estado en la vida de las personas, y especialmente en los negocios. Por eso propone menos regulación estatal, menos trámites, menos impuestos y más libertad de empresa (uno de los rasgos propios de su visión neoconservadora).

 

 

Varias de sus propuestas van en ese sentido, como simplificar y eliminar trámites al unificar sistemas de informaciónsimplificar el sistema tributario para empresas y personas con “tarifas competitivas”, con lo que le apunta a la vez a menos impuestos y menos regulaciones; racionalizar el gasto público;  reducir el costo país (lo que la inversión extranjera ve como costo adicional por invertir en Colombia frente a otros países) “mediante la simplificación normativa”, profundizar los mercados de capitales, o bajar los impuestos a las empresas pequeñas privilegiando “procesos de formalización y desarrollo de oportunidades laborales formales”.

Incluso cuando sus propuestas refuerzan el papel de lo público, están alineadas con lo privado, con lo que el Estado está enfocado a una sociedad que gira alrededor del sector privado. Por ejemplo, promete “fortalecer el Sena y sus relaciones con el sector privado” o apoyar las universidades públicas con un “vehículo financiero” (probablemente un fondo) para promover “una agenda de calidad y pertinencia en asocio con el sector privado”.

Y aunque no plantea eliminar los subsidios sociales más conocidos, como Familias en Acción que promete mejorar para que no se conviertan en trampas de pobreza, ha propuesto acudir a esquemas más propios del sector privado para lograr sus fines, como el Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado que sirve para “prefinanciar la cobertura pensional de la población más vulnerable, apelando a esquemas financieros sostenibles” ahorrando 3 millones de pesos al nacer cada persona de estratos 1, 2  y 3 para que si llegan a viejos sin lograr las semanas para pensionarse tengan cómo hacerlo, un camino para reemplazar a largo plazo los subsidios de Colombia Mayor.

Esa reducción del Estado no tocaría los inamovibles del gasto, como, por ejemplo, proponía Fajardo.  No propone modificar las transferencias para salud y educación a las regiones del Sistema General de Participaciones, que representan el 15 de los gastos del Estado, ni cambios al esquema general del sistema pensional, más allá del Fondo de Ingreso Mínimo.

Pero sí tiene como norte reducir el poder del Estado, algo que va en contravía de la defensa de lo estatal que tiene Gustavo Petro.

El Estado grande de Petro

El candidato de la Colombia Humana cree en un Estado garantista, cuya principal función es garantizar los derechos de los ciudadanos, incluidos los llamados de tercera generación como el medio ambiente. Y para ello no debe reducir su tamaño sino, inicialmente, formalizar la relación con sus decenas de miles de contratistas.

Aunque en ese punto coincide con Duque, sus propuestas para que entidades públicas cumplan con nuevas y más funciones muestran su confianza en un papel activo de un Estado, que en varios casos implica que sea más grande.

Eso encaja en su visión de un Estado que ayude a equilibrar la balanza de las oportunidades, a reducir la desigualdad que existe en Colombia y a que juegue un papel mucho más activo en la economía.

Por ejemplo, en la salud plantea eliminar las EPS, que hoy reciben un dinero mensual por cada afiliado y luego contratan a clínicas, hospitales y demás prestadores de salud, para que le brinden el servicio a los usuarios.

En Colombia hay un sistema de aseguramiento impuesto por el Estado, que Petro quiere mantener. En él las EPS son quienes articulan a los usuarios con quienes prestan servicios de salud, y canalizan los pagos de recursos que pasan por el Estado para que las personas tengan acceso a ese derecho sin tener que pagar de su bolsillo cada servicio.

Petro ha dicho que el manejo de esa plata estaría en manos de un fondo único que recaudaría los aportes, los administraría, pagaría a los prestadores y controlaría los recursos de la salud. Es decir, una entidad pública grande y poderosa, que probablemente sea una repotenciación de la nueva Adres, la administradora de recursos de la salud que creó Santos para agilizar los flujos de dinero en el sector y evitar que los prestadores se queden esperando tanto tiempo sus pagos que terminen quebrados.

Con Petro, esa entidad pasaría a tener nuevas funciones y, aunque los prestadores seguirían siendo en su gran mayoría clínicas, hospitales, laboratorios o profesionales privados, el Estado tendría una injerencia mucho mayor ya que concentraría la decisión de a quién contratar y el manejo de la plata.

Algo similar ocurre en pensiones. Petro propone cambiar el sistema para que todos los afiliados aporten a Colpensiones de forma obligatoria por sus ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales, lo que debería llevar a todos a tener una pensión con la lógica actual de Colpensiones (régimen de prima media, en el que el monto de la pensión no depende de la plata ahorrada).

Si ganan más, podrían ahorrar el extra en un fondo público o privado para tener una pensión voluntaria extra, en un esquema similar al de la medicina prepagada. Pero, en cualquier caso, sería obligatorio aportar a un actor público, algo diferente a la opcionalidad que hay hoy.

Esa presencia del Estado también se nota en su fuerte apuesta por la educación pública.

En concreto, plantea crear un sistema público gratuito de educación superior con prioridad para minorías, con capacidad para 1 millón de beneficiarios (algo así como 20 veces la Universidad Nacional) y otro con nuevas universidades públicas en regiones, integradas con colegios, el Sena y las universidades existentes.

Un último ejemplo es montar un banco público de economía popular que le dé crédito a las personas que no tienen acceso a préstamos del sistema actual.

Esa apuesta por un Estado más grande no es la de un Estado empresario, que asuma la labor de tener directamente empresas o industrias (como en Venezuela), más allá del banco público. Pero sí le da un papel orientador en asuntos económicos.

Lo hace cuando propone reindustrializar sectores estratégicos como el metalmecánico, textil, informático, de cambio tecnológico en transporte, de producción de materiales para la construcción y de gestión integral de residuos sólidos y líquidos.

Según Ricardo Bonilla, el asesor de cabecera en asuntos económicos de la campaña, lo haría por dos caminos.

Uno sería con créditos blandos del Banco Agrario, que abriría una línea para prestar a innovadores y emprendedores en esas áreas, incluyendo préstamos que podían ser condonados si se logran ciertos resultados, y otros premios por lograrlos.

El segundo serían estímulos tributarios similares a los que creó el gobierno Santos para las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac): una impuesto de renta reducido en los primeros 10 años de que empresas que se establezcan en ellas (hasta el 2021 las micro y pequeñas no pagarán nada y las medianas y grandes la mitad, y luego se van aumentando); y la posibilidad de “pagar” ese impuesto con obras de salud, vías, energía, acueducto y alcantarillado.

En esa medida, la propuesta es similar a lo que hizo Santos con sus “locomotoras” o Uribe con sus apuestas por la agroindustria y la industria extractiva cobrándoles menos impuestos (como permitir que restaran del impuesto de renta sus inversiones en maquinarias).

Y eso matiza la idea de que Petro quiere construir un Estado empresario: “De ninguna manera se concibe acción directa del Estado, salvo que sea el papel de Ecopetrol en la refinación y desarrollo de nuevas energías”, dice Bonilla.

Con todo eso, al proponer cambios más fuertes en la orientación de la economía y sumar las propuestas de aumentar la actividad del Estado en áreas como la salud, las pensiones o la banca, Petro orientaría el Estado en una dirección diametralmente opuesta a la de Duque.  Por eso, la decisión del 17 de junio también pasa por aquí.

 


Este artículo fue publicado originalmente en La Silla Vacía

Los maestros del Tolima se fueron con Gustavo Petro y Ángela Robledo

A través dos cartas de apoyo, los profesores universitarios del departamento tomaron partido en la elección presidencial.

La primera se hizo pública durante el evento de respaldo que los partidos Alianza Verde, Polo Democrático y Liberal, realizaron a la campaña la semana pasada, con el objetivo de construir un frente amplio por la Colombia Humana.

 

 

En esta misiva, los maestros consideraron un “deber” hablarle al país, en calidad de profesores universitarios, para suscitar la reflexión y contribuir a la construcción de una sociedad en paz:

 

Los profesores y profesoras tenemos el imperativo de enviar un mensaje contundente contra la guerra, y el deber de apoyar las políticas públicas que superen nuestra enorme desigualdad social, la cual nos convierte en el tercer país más desigual del mundo.

Estamos ante una circunstancia crucial de nuestra historia, en la cual uno de dos candidatos será presidente: de un lado, el candidato de los expresidentes, representando un régimen de corrupción que está destruyendo nuestras instituciones y, por otra parte, el candidato que puede llevar a Colombia a las reformas que han sido históricamente bloqueadas por la élite dirigente durante todo el siglo XX hasta el presente.

Sabemos que la educación pública gratuita en todos los niveles contribuirá a disminuir el desempleo, el subempleo y echará las bases de una economía próspera con altos desempeños ambientales. Por esta vía, podremos iniciar la senda de la conservación efectiva de nuestros ecosistemas estratégicos, y evitaremos proyectos económicos y de explotación de los bienes ambientales que casi siempre nos han conducido a más desigualdad y mayores usos insostenibles de los recursos.

La Colombia Humana, en cabeza de Gustavo Petro, es hoy la única alternativa que permitirá consolidar la paz, hacer efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos, desarrollar a mediano plazo las energías limpias, y aumentar la conciencia sobre nuestra responsabilidad ante el cambio climático.”

 

La otra misiva, divulgada a través del portal de internet “Palabras al Margen“, llama a apoyar a la Colombia Humana, con base en las siguientes consideraciones:

La educación como un elemento vital

Nos preocupa enormemente que en un próximo gobierno se consolide el debilitamiento estructural de la educación pública en sus distintos niveles, mientras se destinan cuantiosos recursos a fortalecer la educación superior privada mediante programas como “Ser pilo paga”.

Dado que creemos en el lugar central de la educación para cimentar las bases de una Colombia cada vez más democrática y justa, vemos como necesario un cambio sustancial en el direccionamiento de la política educativa que pasa, necesariamente, por el fortalecimiento financiero -tanto en los niveles de básica, secundaria y media como en la educación superior- en el marco de una política de Estado.

Además, vemos necesario avanzar hacia un sistema de Ciencia y Tecnología robusto financieramente y que responda a las necesidades de la Colombia profunda.

La tarea inaplazable de construir la Paz

No podemos retornar a un gobierno que privilegie la guerra, desangrando tanto a nuestra población como a las arcas públicas. Antes que hacer trizas el Acuerdo con las FARC-EP, vemos necesario que, por un lado, se cumpla a cabalidad con lo acordado en La Habana y que, por otro lado, se avance en el proceso con la guerrilla del ELN.

Asumimos que la salida política al conflicto armado es y será la mejor de las opciones para fortalecer una cultura democrática en la que política y violencia se deslinden.

Preservar la Constitución de 1991 y su espíritu democrático

hay un esfuerzo ingente por hacer trizas la constitución de 1991, tanto en su estructura institucional como en su espíritu de apertura democrática. La concentración de poderes en el ejecutivo que ha planteado un partido se conjuga con la persecución a derechos y libertades democráticas de nuestra ciudadanía por parte de funcionarios, que han asumido que sus creencias deben ser impuestas a todos los colombianos.

Frente a tal despropósito, ponemos de presente la necesidad de proteger la Constitución de 1991 y potenciar su espíritu democrático, incluyente y participativo.

Valorar la vida y la naturaleza

asumimos como irresponsable una propuesta de gobierno que siga centrándose en el extractivismo y le dé vía libre a prácticas tan lesivas como el fracking. La preservación del agua y las otras riquezas naturales debe ser la prioridad, asociándose con la reactivación del agro y dando pasos hacia la transformación en la generación de energías.

No más corrupción

Creemos que es hora de que en nuestro país se pase la página de corrupción estructural que ha caracterizado las últimas décadas y que, desafortunadamente, hoy quiere volver por los recursos públicos.

No podemos olvidar que quienes se integraron a la campaña de un candidato son parte de gobiernos en los que se dieron casos como Invercolsa, Dragacol, Foncolpuertos, Agro Ingreso Seguro, Reficar y Odebrecht entre otros. Es hora de castigar electoralmente a quienes han permitido que el erario público sea un botín a repartir entre sus clientelas para poner los recursos públicos al servicio de todos los colombianos, especialmente de quienes más los necesitan.

Más o menos derechos: lo que se juega en la segunda vuelta

Más o menos derechos: lo que se juega en la segunda vuelta

Por Daniela Amaya Rueda

Contexto: Quién es quién en el espectro político colombiano

El discurso progresista de Petro

Cuando recibió los resultados de la primera vuelta, Petro abrió su discurso diciendo, “Somos diversos y esa diversidad es nuestra mayor riqueza.”

Y más adelante dijo, “Nosotros lo que queremos es profundizar y aplicar la Constitución del 1991, es decir construir un Estado social de derecho, de derechos y libertades para toda la sociedad en su diversidad.”

Como le explicó a La Silla José Antequera, que hace parte de la campaña de la Colombia Humana, pero no es vocero oficial, el progresismo de Petro “es una visión contemporánea del cambio social que propone reformas para un repertorio de problemas estructurales del país y entiende que hay múltiples reivindicaciones y diversas identidades.”

De ahí la importancia que le da Petro a la idea de las “nuevas ciudadanías”. Él cree que la gente se define a sí misma no tanto por las ideologías o las afiliaciones a un partido u otro sino por las causas en las que cree, que en algunos casos vienen de una tradición cultural compartida.

Por eso a su alrededor se han congregado una constelación de identidades y causas colectivas como el movimiento indígena, campesino, afrocolombiano y feministas, activistas Lgbti, ambientalistas y animalistas e incluso otro tipo de identidades que se construyen a partir de actividades culturales o artísticas como el grafiti y el hip hop.

“Estas ‘nuevas ciudadanías’ no son nuevas porque no existieran antes, sino porque en el pasado no habían sido reconocidas,” dijo Antequera.

Un gobierno del progresismo de Petro

Así como lo ha sido en campaña en donde ha puesto agenda en temas medioambientales y de diversidad, la gente que lo conoce dice que Petro será un activista como presidente. Que trataría de abanderar las causas y agendas de estas colectividades.

Para Petro hay una interdependencia entre los diferentes tipos de derechos. Por ejemplo él considera que en algunos casos el derecho a la vida depende del medioambiente o de la soberanía de las comunidades sobre sus territorios.

El efecto práctico de esto es que cuando se presente un choque de derechos entre, por ejemplo, el derecho a la libre empresa y el derecho al medioambiente o la autonomía y soberanía de las comunidades étnicas sobre su territorio, Petro tenderá a privilegiar lo segundo porque cree que así está defendiendo la vida que es un derecho inalienable.

Esto es claro en el caso, por ejemplo, de su postura frente a consultas previas y consultas populares. “Respetar y hacer valer el derecho fundamental al consentimiento y la consulta previa, libre e informada,” dice su programa.

Estos mecanismos de participación tienden a proteger derechos de comunidades sobre iniciativas de desarrollo económico y de generación de ingresos para la Nación, lo que las ha vuelto muy polémicas.

“El estilo de gobierno que yo propongo es el pluralismo,” dijo Petro en su discurso del domingo, lo que según su campaña se traducirá en que el 50 por ciento de los cargos del gobierno y de la administración pública a todos los niveles los ocuparán mujeres. Y en los acuerdos que ha hecho con los movimientos afrocolombianos e indígenas se ha comprometido a incluirlos en la administración pública.

Es una visión muy diferente de la de Duque.

El discurso conservador de Duque

“Colombia requiere asegurar su futuro de largo plazo y no puede volver a dejar que el capricho ni las vanidades personales de nadie generen las rupturas y divisiones que hoy sufre Colombia. Tenemos la convicción de que encontraremos en los ciudadanos de bien el apoyo necesario,” dijo Duque en el discurso que dio después de conocer los resultados de la primera vuelta.

Duque representa el conservadurismo anglosajón “que promueve la libertad de empresa, la iniciativa privada y el ánimo de lucro,” como lo definió el analista Francisco Miranda.

Buena parte de su programa de gobierno gira alrededor de sus propuestas para promover el emprendimiento, defender a ultranza la propiedad privada e incentivar la creación de empleo a través de la reducción de impuestos y de regulaciones a las empresas.

Él considera que la equidad y la justicia social llegan de la mano del empleo formal que él cree que se consigue si los empresarios cuentan con seguridad jurídica e incentivos para invertir y producir más.

“Una Colombia en donde se puede tener un negocio sin que aparezca el dedo expropiador e inquisidor. Esa Colombia donde la equidad y la justicia social son hermanas,” dijo recientemente en un discurso.

Aunque su conservadurismo es sobre todo de tipo económico, por la vía de las alianzas que ha hecho se ha entroncado también con el conservadurismo social que expresan personajes como Alejandro Ordóñez, Viviane Morales y los grupos cristianos con los que ha formado alianzas.
“Duque reivindica la familia tradicional compuesta por papá, mamá e hijos y quiere penalizar la dosis personal. Eso implica que el Estado determina cuál es la vida digna de ser vivida,” le dijeron a La Silla Académica en una entrevista Jimena Hurtado, profesora de la Facultad de Economía, y Juan Ricardo Aparicio, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

Esta faceta está representada por los acuerdos programáticos que selló con sectores religiosos que se adhirieron a su campaña antes de primera vuelta y que han determinado que en su discurso se incorporen cada vez más la religión (ahora siempre que puede recuerda que es católico) y la defensa a la familia tradicional.

Con Colombia Justa y Libres, el movimiento cristiano del pastor Jhon Milton Rodríguez, se comprometió a defender la concepción tradicional de familia tal y como está en el artículo 42 de la Constitución, es decir la conformada por un hombre y una mujer.

Y a la exsenadora Viviane Morales le prometió “garantizar que las libertades, los derechos y las conquistas del pueblo cristiano serán respetados (…) en particular los derechos a la libertad religiosa, el derecho a la vida desde la concepción, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la objeción de conciencia.”

Un día antes de la primera vuelta en una reunión con los simpatizantes del Mira dijo, “Empiezo estas palabras hoy agradeciéndole a Dios por lo que ha sido una campaña de ideas, de principios, de alegría, de afecto y lo digo porque es él el único que pone y quita reyes en esta tierra. Lo digo porque yo vengo de una familia de fe, una familia de valores.”

Además de estos temas, su propuesta de prohibir la dosis mínima si llega a la Presidencia, que comenzó planteándola como una medida para combatir el microtráfico, se ha convertido cada vez más en una propuesta moral.

“Vamos a volver a sembrar esa buena fibra ética en el pueblo colombiano que prevenga desde edades tempranas las tentaciones de la delincuencia,” dijo en su discurso del domingo y luego agregó “Vamos a asumir una tarea clara en materia de legalidad y es defender a la familia y defender aquellas conductas que atentan hoy contra nuestro país.”

En su discurso del domingo mencionó 17 veces la palabra familia en diferentes contextos y en el que dio un día antes con el Mira usó conceptos como ‘la economía cristiana’, ‘la democracia cristiana’, (una propuesta política chilena) y ‘el emprendimiento con valores’ como forma de transformación de la sociedad.

Un gobierno conservador de Duque

Precisamente porque él personalmente es un conservador en lo económico y no tanto en lo moral, en un eventual gobierno suyo Duque muy probablemente no intentaría reversar los derechos morales reconocidos por la Corte Constitucional.

En una entrevista ayer en la W dijo que por sus convicciones creía “en la familia de la expresión del artículo 42 de la Constitución”, pero dejó claro que no tenía el plan de retroceder las decisiones de la Corte Constitucional respecto al matrimonio gay, las tres causales del aborto y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Remató diciendo que los que tengan el interés de hacerlo lo tendrán que hacer a través de la deliberación política.

Con esto Duque deja claro que no será un activista en estos temas.

“No va a ser proactivo, no va a llegar a hacer cambios constitucionales porque para él esto no parece ser una prioridad. No serán importantes y no serán su bandera en el Gobierno, pero sí estará del lado conservador cuando se provoque un choque de derechos o una tensión en la que tenga que tomar partido,” dijo el analista y columnista de La Silla, Hector Riveros.

Pero tampoco será quien facilitará políticas, programas y proyectos desde el gobierno para defender temas de diversidad sexual y de género y derechos sexuales y reproductivos.

Aunque hay un apartado de mujer en su programa que propone medidas para la equidad económica y la participación en lo público (al igual que Petro dice que aumentará al 50 por ciento su participación en cargos del Gobierno), no hay una mención en su programa de la población Lgbti.

Por otro lado, su conservadurismo económico en un eventual gobierno suyo lo llevaría probablemente a privilegiar la libre empresa sobre otros derechos si llegan a chocar porque su fe en el sector privado es un eje sustancial de su visión para el país.

“El país vive una especie de cerco normativo para el desarrollo del sector privado y eso no puede seguir así”, dijo Duque a La Silla. “Así mismo, es lamentable que muchos vacíos regulatorios estén siendo llenados por decisiones judiciales, generando aún mayor incertidumbre para los empresarios. Ha llegado la hora de pasar la página de un Estado que axfisia con impuestos y normas a los empresarios, a un Estado que cumpla las leyes estables y propicie el éxito de los sectores que requiere nuestra economía.”

Frente a las consultas populares, por ejemplo, Duque ha dicho que estas son válidas “cuando la comunidad invoca un daño ambiental inminente”. Es decir, no para cualquier iniciativa. Y más bien ha propuesto devolverle a las comunidades que viven cerca a los proyectos extractivos las regalías (además de manera anticipada) para curar de raíz las razones que él cree que los llevan a oponerse a la minería.

También ha propuesto “darle celeridad a la norma que defina las competencias entre nación y entes territoriales para sincronizar el uso del suelo y subsuelo” lo que reforzaría la idea de que los municipios no tengan la autonomía que les han reconocido fallos de la Corte a decidir sobre proyectos económicos de impacto nacional.

La prioridad que le asigna a la propiedad privada también se expresa en su propuesta de que baste demostrar la tenencia de buena fe para conservar la propiedad, lo que contraría sentencias de restitución de tierras que han obligado a propietarios (como Argos) que compraron de buena fe tierras a personas que, a su vez, se las compraron a los despojadores de los desplazados sin hacer una mínima diligencia para averiguar su proveniencia.

En este caso, le quita el miedo que tienen muchos empresarios hoy a ser expropiados pero también privilegia el derecho a la propiedad sobre el derecho a la restitución que tienen las víctimas.

Estas diferentes visiones del mundo, que son casi diametralmente opuestas, son las que estarán compitiendo en las urnas el 17 de junio. Y aunque para algunos ésto definirá su voto, hay otros ejes como el modelo económico y el Acuerdo de Paz que también influirán. Sobre eso, vienen próximos artículos.

Vía La Silla Vacía 

Δημοσιεύτηκε από Gustavo Petro στις Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Los 12 mandamientos de la Colombia Humana

  1. No expropiaré.
  2. No convocaré a una Asamblea Constituyente.
  3. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados.
  4. Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización.
  5. Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad.
  6. Respetaré el Estado Social de Derecho.
  7. Respetaré el Acuerdo de Paz.
  8. Nombraré a las/los más capaces.
  9. Garantizaré la igualad de género.
  10. Impulsaré el tránsito ordenado a las energías limpias.
  11. Impulsaré la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos.
  12. Garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta contra la corrupción.

 

Δημοσιεύτηκε από Gustavo Petro στις Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Elecciones presidenciales 2018 ¿Una derecha robusta y una izquierda segmentada?

El domingo 27 de mayo se definió en Colombia a los candidatos que pasaron a segunda vuelta. Esta definición ha generado un sinfín de sensaciones y emociones que transitan desde la inmensa felicidad hasta la más profunda tristeza y desazón por los resultados obtenidos. A este respecto, varios de los analistas del país afirman que se produjo nuevamente un escenario de polarización. Sin embargo ¿hasta qué punto eso realmente se acerca a lo que estamos viviendo en Colombia?

A diferencia de esta tendencia en la que se afirma que el país está divido en dos, es posible pensar que algunos de los colombianos han asumido un rol activo en la política y otros están viviendo un proceso de confusión que ha generado unas profundas ganas de pensar en la decisión que tomarán para las elecciones del 17 de junio.

Esto implica que en el país lo que se está viviendo es: 1) un incremento de la participación y actividad política; 2) una pluralidad de pensamientos en relación al futuro del país y; 3) una diversificación de las ideas que paulatinamente están teniendo injerencia en los programas de los candidatos a la presidencia. En este sentido, hablar de un país segmentado en dos invisibiliza el dinamismo político que está viviendo el electorado y la diversidad de posiciones existentes respecto a los candidatos, las elecciones y la construcción de país.

Teniendo en cuenta los datos arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las votaciones del 27 de mayo Iván Duque quedó con un total de 7’567.448 votos con el 39,14% de aprobación nacional, Gustavo Petro obtuvo 4’850.549 votos con el 25,09% del total, Sergio Fajardo recibió 4’588.300 votos con el 23,73% del total, Germán Vargas Lleras obtuvo 1’407,584 votos, dándole el 7,28% de aprobación, Humberto de la Calle tuvo 399.109 votos con un 2,06% de aceptación, Jorge Trujillo obtuvo 75.611 votos con el 0,39% del total y los promotores del voto en blanco obtuvieron 60.312 votos, dándoles el 0,31% de consentimiento.

Lo anterior muestra que se registraron 19’631.381 votos de un potencial de 36’783.940, lo cual indica que la participación electoral fue del 53,36%.

A partir de estos resultados electorales, El Tiempo declaró que las elecciones a la presidencia de 2018 son un hito histórico en Colombia, ya que desde 1974 no había una participación tan nutrida que disminuyera, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un 46% la abstención en el país.

Estos datos cuantitativos nos revelan un cambio importante en el comportamiento político de los colombianos. Así como también nos permiten comprender que se han venido configurando unos nuevos intereses para la construcción de un país, los cuales se reflejan en el activismo de los jóvenes y el rompimiento de ciertos paradigmas tradicionales en Colombia.

Aunque cabe resaltar que al igual que hay cambios en los intereses políticos, también hay arraigos a pensamientos, ideas, costumbres y prácticas tradicionales que luchan por mantenerse, y parecen representar un importante grueso de la población colombiana. Además de la disminución de la abstención en el país, no se puede dejar de lado que para estas elecciones el partido político de las FARC y sus miembros vivieron por primera vez un proceso electoral como civiles, lo cual le da una característica distintiva a estas elecciones.

Con el resultado de las elecciones y su implicación, el contexto político colombiano ha tomado diversidad de posiciones y tendencias que evidencian una gran convulsión política. Para empezar, uno de los impactos más relevantes que ha generado dinamismo para las elecciones en la segunda vuelta ha sido la posición de los candidatos y los representantes de sus coaliciones.

La alianza estratégica entre Iván Duque y su Partido el Centro Democrático con el Partido Conservador y el Partido Liberal -colación de derecha- ha fortalecido al candidato. Esta alianza ha robustecido el conjunto de electores que apoyan a Iván Duque significativamente, pues según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría realizada entre el 29 y el 31 de mayo el aspirante uribista tiene un 55% de la intención de voto de los colombianos.

Mientras que el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, tiene un 35% de intención de voto. Dicho contexto ha generado una gran movilización por parte de jóvenes, artistas, víctimas, profesores, estudiantes, intelectuales, entre otros, tanto de apoyo hacia Duque como de apoyo a Petro.

Por su parte, la izquierda del país paulatinamente ha negociado para aliarse con Petro. Lo que ha llevado a un trabajo en conjunto entre la Colombia Humana, el Polo y la Alianza Verde -con menos fuerza que la alianza de derecha, debido a las infinitas vueltas que le han dado a la negociación entre ellos y al relativo olvido de la importancia de enamorar electores para que apoyen esta gran coalición de izquierda-.

Adicional a los esfuerzos de cada candidato por generar alianzas y atraer electores, existen fuerzas que quieren caminar bajo otro sendero. Estas fuerzas se han proyectado al voto en blanco, con el fin de reflejar la idea de no sentirse representados por ninguno de los dos candidatos que fueron elegidos por los colombianos.

Entre estos encontramos a Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle.

La posición de estos personajes políticos ha tenido un impacto importante en los electores, ya que muchos que los apoyaron en la candidatura han avalado su decisión y defienden el voto en blanco como alternativa viable para el país. Igualmente, otra parte de los electores que apoyaron a estos representantes políticos se sienten arrojados al abismo, solos y sin una verdadera intención de voto.

Dicha posición ha dado lugar al incremento de la población colombiana que se encuentra en la indecisión total o parcial, puesto que unos no saben por cuál de los candidatos deben irse y otros no saben si apoyar a un candidato, votar en blanco o simplemente no votar. 

Pero ¿Qué ha generado este panorama político en los candidatos y los electores? Pues bien, en el caso de Iván Duque se ha venido radicalizando un discurso tradicional, mientras que para Gustavo Petro ha significado dirigirse hacia el centro en varias de sus propuestas de país.

Así mismo, el rol de los electores ha sido central en el movimiento de los candidatos y en la atracción o repulsión de otros electores a cada una de las candidaturas. Sin embargo, la fortaleza en gran medida la tiene la derecha del país, pues sus representantes están alineados y enfocados en la captación de votos -más allá de las disputas para llegar a posibles alianzas-.

Por otra parte, está una izquierda que, a pesar de los llamados y los cambios que ha generado el candidato Gustavo Petro, no ha empezado a trabajar realmente en conjunto para llevar a su candidato a la presidencia. Parece que en la izquierda pesa el asunto del ego de cada candidato, las luchas personales que cada uno tiene en ciertas temáticas y la distancia “estratégica” que varios de ellos han creado respecto al único candidato que les ha permitido acercarse a la presidencia en décadas.

A pesar de las dificultades en lo que atañe a una alianza entre la izquierda, parece que se han llegado a unos acuerdos mínimos, lo que les falta es empezar a trabajar en sus electores para cambiar el rumbo de una Colombia desangrada por la guerra y las violencias.

La cuestión central es ¿podrán los representantes de la izquierda trabajar arduamente para lograr lo impensable y, para muchos poco posible, dejando de lado sus individualidades para comenzar a pensar en el colectivo, en Colombia? Si bien, no se puede negar la existencia de varios obstáculos para que la actual izquierda colombiana sea partícipe de un hecho histórico, no hay que olvidar que la unión hace la fuerza y rendirse no puede ser una opción.