Colombia, la paz que nunca llega

Colombia, la paz que nunca llega

Por: Elena Jiménez
Para: EOM


Con el gobierno de Iván Duque y lo que muchos catalogan como la vuelta del uribismo a la presidencia colombiana, era de esperar que el proceso de paz no iba a mantenerse en los términos negociados por Santos. De hecho, apenas unos meses después del triunfo electoral de Duque, esta tesis ha acabado por confirmarse con la paralización de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), precedida por un atentado que tuvo lugar el pasado 17 de enero en una escuela policial de Bogotá y cuya autoría fue reconocida por facciones del ELN.

Ante estos últimos acontecimientos, cabe repensar el estado del conflicto colombiano, que, tras más de 50 años de guerra, atraviesa, sin duda, una nueva fase. Atrás quedan los años del presidente Santos y sus esfuerzos para pacificar el país desde las salas de negociación. Comienza una nueva era o, mejor dicho, una vuelta a los tiempos pasados del presidente Uribe, marcados por los enfrentamientos militares y la violencia en todas sus formas.

Más allá de Uribe, Santos o Duque, la paz ha sido uno de los principales puntos en la agenda política de cualquiera de los Gobiernos a la cabeza del país andino desde los años 80, pero los métodos para perseguirla, con mayor o menor éxito, han variado y evolucionado con el devenir de la propia guerra.

Para muchos, el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iba a ser el fin definitivo de un conflicto que se ha cobrado más de ocho millones de víctimas y que se ha ganado el título del más duradero de América Latina. Pero las profundas raíces de la guerra y la diversidad de actores e intereses han impedido que el escenario de posacuerdo se consolide hasta ver el conflicto verdaderamente superado.

En este punto transitorio en el que se encuentra el país latinoamericano vale la pena preguntarse cuáles han sido esos intentos anteriores, sus fallos y aciertos y por qué ninguno ha conseguido la tan ansiada paz en Colombia.

Las claves del conflicto colombiano: de la tierra al narcotráfico

No cabe ninguna duda de que Colombia vive inmersa en una guerra muy compleja desde el punto de vista analítico. La particularidad y diversidad de sus contendientes, la incapacidad de algunos actores por reconocer las causas del conflicto o la introducción de nuevas modalidades de enfrentamiento han dificultado enormemente la consecución de la paz.

Si bien no hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del conflicto, existe cierto consenso en que es en el período de La Violencia (1948-1958) cuando se fraguaron los principales antecedentes y a partir de los años 60 cuando se inicia el conflicto que aún perdura hasta hoy. La causa principal, o al menos un eje fundamental para entender el conflicto, es la disputa por la propiedad y explotación de la tierra, lo que desencadenó la formación de grupos guerrilleros de izquierda cuyo principal reclamo era la puesta en marcha de una reforma agraria en Colombia.

En un primer momento, estos grupos guerrilleros actuaban de una manera más o menos informal, pero con la prolongación del conflicto se fueron organizando. Las FARC, fundadas entre 1964 y 1966 y fuera de la lucha armada desde 2016, eran el principal grupo rebelde. En esos mismos años se creó el ELN, aún activo. Además, operaron el Movimiento 19 de Abril (M19), el Movimiento Quintín Lame (MQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) —todos ellos desmovilizados en los 90—, entre otros grupos insurgentes de izquierdas ya extintos.

Los 80 supusieron un punto de inflexión en el conflicto colombiano, en parte por la aparición de grupos paramilitares de derechas financiados por terratenientes para combatir a las guerrillas y que a partir de 1996 se unifican bajo las siglas de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Las fuerzas estatales, por su parte, enfrentan a las guerrillas desde su nacimiento y se las acusa de colaborar en algunos períodos con las milicias paramilitares de derecha.

El último eslabón, el más reciente, son los cárteles de narcotraficantes, responsables mayoritarios de la intensificación del conflicto a partir de los años 80. No son considerados parte beligerante de manera oficial, aunque, desde su irrupción en el escenario colombiano, el conflicto toma un tinte muy distinto, pues el negocio de la droga se convierte en el motor financiador de los grupos armados, tanto de las guerrillas de izquierda como de los grupos paramilitares, y actúa, por tanto, como factor transversal.

Es precisamente este cóctel de actores el que, sumado a la larga duración del conflicto colombiano, ha llevado a los distintos Gobiernos a protagonizar una larga y diversa lista de iniciativas, algunas basadas en el diálogo y la desmovilización y otras centradas en la lucha armada contra las guerrillas.

Los duros 80, un impulso para los primeros intentos de pacificación

Durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se dieron las primeras negociaciones entre el Estado y las guerrillas. Se podría decir que Betancur fue el primer presidente en reconocer las causas estructurales del conflicto —sobre todo en lo referente a la cuestión agraria—, lo que permitió algunas desmovilizaciones.

En ese período se crea la Comisión de la Paz y el Gobierno inicia conversaciones con las FARC, con las que llega a firmar un acuerdo de alto el fuego en 1985, y con otros grupos, como el M19 o el Ejército Popular de Liberación (EPL). También en 1985 se crea el partido Unión Patriótica (UP), en el que participan importantes personalidades de la guerrilla y de la lucha social, incluidos sectores de las FARC y el ELN.

Lo curioso es que, durante este proceso, la violencia no solo continúa, sino que alcanza uno de sus puntos más álgidos, lo que hace fracasar estrepitosamente el proyecto de paz de Betancur. Recordemos que los años 80 son los años de mayores enfrentamientos en Colombia entre los cárteles de narcotraficantes y los grupos guerrilleros, a lo que se añade también la presencia de cada vez más grupos paramilitares de extrema derecha. Además, a finales de 1985 el M19 toma el Palacio de Justicia y miembros de la UP son asesinados por paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas, lo que acelera su desaparición como partido.

Durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986- 1990), la experiencia de la UP llevó a las FARC a rechazar toda negociación con el Gobierno y a intentar aglutinar a todos los movimientos guerrilleros bajo un grupo insurgente común. Sin embargo, los grupos armados de menor peso optaron por la negociación política, lo que permitió la desmovilización sucesiva del M19, el MQL, el EPL y el PRT.

La desmovilización del M19 fue, en cierto modo, un dinamizador de todas las demás, que se producirían en los meses siguientes. Su base legal son unos acuerdos con el Gobierno colombiano que, entre otros elementos, suponían la creación del Consejo Nacional de Normalización, que acabaría coordinando también las siguientes desmovilizaciones.

Desde un punto de vista fáctico, se podría entender esta experiencia como un éxito del Estado colombiano y, aunque la reinserción estuvo centrada, sobre todo, en la participación política, no produjo grandes desajustes en la sociedad civil. Sin embargo, los cuatro grupos desmovilizados no dejaban de tener una participación relativamente marginal en el conflicto; aún quedaban activos las FARC, el ELN y los paramilitares, que se unirían en la AUC en los años siguientes.

De las negociaciones del Caguán a la mano dura de Uribe

El proceso de paz más sonado después del iniciado por Santos en 2012 fue el llamado Proceso del Caguán, puesto en marcha durante el Gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002). La iniciativa consistió en la desmilitarización de 42.000 km², que abarcaron cinco municipios de las regiones de Meta y Caqueté, entre ellos el municipio de San Vicente del Caguán, con el objetivo de instalar allí las negociaciones entre el Estado y los grupos guerrilleros que seguían activos, principalmente las FARC.

Para ello, el Gobierno tenía que retirar de la zona a la policía y a cualquier fuerza militar, hecho que se da en noviembre de 1998. En enero comienzan las negociaciones, marcadas por la falta de compromiso de las FARC y la incapacidad para llegar a un acuerdo sólido.

De hecho, es en este contexto cuando se produce el simbólico incidente de la silla vacía, que hace referencia a la ausencia de Manuel Marulanda —entonces presidente de las FARC— en la inauguración de las negociaciones del Caguán. Este fue el principio de un proceso que, con los años, se reveló totalmente fallido, ya que las FARC aprovecharon la desmilitarización para aumentar su control en la zona y avanzar posiciones en la guerra contra el Estado.

Zona desmilitarizada durante el Proceso del Caguán. Fuente: Wikimedia

Fue, en parte, este fracaso de Pastrana el que catapultó a Álvaro Uribe a la presidencia en 2002. Su mandato estuvo marcado por una dura lucha contra la guerrilla y el narcotráfico bajo la Política de Seguridad Democrática, financiada a su vez por el Plan Colombia, un acuerdo mediante el cual EE. UU. se comprometía a asistir económica y militarmente la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.

Los años de Uribe (2002-2010) tuvieron un balance aparentemente positivo: se redujeron las desapariciones, se exterminaron miles de hectáreas de cultivos de cocaína y los cárteles de narcotraficantes redujeron enormemente su poder. Sin embargo, problemas como la violencia o el narcotráfico cambiaron su forma, pero no desaparecieron, y la causa estructural del conflicto —el reparto y explotación de la tierra— no solo no se solucionó, sino que se agravó por las fumigaciones masivas de plantaciones de coca.

También en los años de Uribe se produjo la desmovilización del mayor grupo paramilitar: las AUC. Este fue el primer proceso explícitamente calificado de “desarme, desmovilización y reinserción” (DDR) y guiado por los estándares de la ONU. No obstante, fue muy criticado por los medios de comunicación y la sociedad internacional, pues la llamada “paz entre amigos” se consideró una mera formalidad para lavar la cara al Gobierno, que venía siendo acusado de colaborar muy estrechamente con los paramilitares en la lucha contra la guerrilla.

Además, no se puede hablar de un proceso de DDR exitoso, ya que la fase de reinserción falló y llevó a la mayor parte de estos excombatientes a convertirse en miembros del crimen organizado, lo que aún hoy supone un problema de seguridad nacional para Colombia.

El ocaso aparente del conflicto colombiano

En septiembre de 2012 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018), anunciaba a los colombianos el inicio de los diálogos con las FARC, el mayor grupo guerrillero del país, para la elaboración de un futuro acuerdo de paz. Las negociaciones duraron cuatro años y tuvieron La Habana como escenario principal.

En septiembre de 2016 se firma un acuerdo que no sale adelante tras un plebiscito en el que gana el no por un 50,21%. A pesar de la negativa, el presidente Santos sigue adelante con el proceso y reformula un acuerdo que se acaba ratificando en noviembre del mismo año por las cortes, sin pasar esta vez por consulta popular.

El acuerdo aborda seis puntos de negociación: una reforma agraria; un acuerdo de cese al fuego y un posterior proceso de desarme, desmovilización, reinserción e integración de los combatientes; la constitución del grupo guerrillero como partido político legal; solución al problema de las drogas ilícitas más allá de las fumigaciones; reparación a las víctimas, y, finalmente, las condiciones de implementación del acuerdo.

Se trata de un acuerdo muy complejo y con grandes perspectivas de triunfo. Tanto las FARC como el Gobierno eran conscientes en ese momento de que el conflicto estaba estancado y de que una paz negociada iba a proporcionarles mayores beneficios que seguir invirtiendo en la lucha armada.

Santos, principal conductor del proceso, contaba además con una enorme legitimidad nacional e internacional: dentro cuenta con la confianza de las Fuerzas Armadas —fue ministro de Defensa durante los años de Uribe— y fuera tiene el apoyo de la ONU, la Unión Europea y otros socios importantes de dentro y fuera de la región, como Cuba o Noruega.

El resultado del proceso fue la tan ansiada desmovilización de las FARC y el inicio de las negociaciones con el ELN. Las FARC dejaron las armas definitivamente en junio de 2016 y se insertaron en la política con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común —con las mismas siglas que el grupo guerrillero—. La FARC se presentó a las elecciones legislativas de 2018, aunque sin mucho éxito.

Pero ¿qué fue lo que falló en la estrategia de Santos para que el pueblo colombiano no confiara en el proceso de paz? Santos llega a la presidencia en 2010 auspiciado por el éxito de Uribe, y el hecho de que escogiera negociar con las FARC antes que enfrentarlas militarmente fue recibido como una traición por parte de los uribistas. Además, la huella del Proceso del Caguán está muy presente en los colombianos, que siguen sin confiar en la palabra de las guerrillas y temen que vuelvan a dejar la silla vacía, como hicieron las FARC en 1998.

Por otro lado, el proceso de paz iniciado por Santos no fue ni mucho menos perfecto y dejó algunos aspectos sin resolver. Aunque el expresidente se jacta de haber reducido enormemente la tasa de homicidios en el país, tras este dato se esconde otra preocupante cifra: la de líderes sociales y políticos asesinados, que ha aumentado desde 2016, fruto de la ausencia estatal en territorios antes controlados por los grupos guerrilleros y que ha favorecido la proliferación de narcotraficantes y paramilitares en las zonas más remotas del país.

Asimismo, el Gobierno se enfrenta aún al complicado reto de la justicia transicional. Desde las firmas del acuerdo se han creado tres organismos —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas— con el fin de juzgar a los culpables del conflicto y resarcir a las víctimas, una misión extremadamente complicada si se tiene en cuenta que uno de los puntos básicos del acuerdo es la reinserción de los exguerrilleros.

El gran desafío de Santos para apaciguar las críticas de la oposición uribista y, al mismo tiempo, cumplir con los acuerdos fue el de compaginar la reconciliación nacional con la justicia, algo que no parece haber conseguido. De hecho, los procesos judiciales iniciados hasta ahora avanzan con enorme lentitud e incluso con ciertas irregularidades, lo que ha seguido restando credibilidad al proyecto de Santos.

¿El fin de la paz?

Santos ya preveía que, tras su salida del Gobierno, el acuerdo de paz iba a tener que enfrentar grandes dificultades para seguir adelante, razón por la cual apostó por acelerar el proceso al máximo de sus posibilidades. No se equivocaba: en junio de 2018 ganó la mano dura de Uribe, pero escondida tras la figura de Iván Duque.

El 17 de junio de 2018, segunda ronda de las elecciones presidenciales, el pueblo colombiano elegía mucho más que a su presidente: elegía entre el pacifismo y la continuación de los acuerdos, opción patrocinada por Gustavo Petro, y la vuelta al militarismo, encarnada en Duque.

El actual presidente ya venía advirtiendo la necesidad de reformar algunos puntos del acuerdo de paz, pero el atentado reciente perpetrado por el ELN lo ha llevado mucho más lejos de esa promesa electoral: no solo ha suspendido las negociaciones con el grupo guerrillero, sino que ha incumplido el protocolo al ordenar la captura de los negociadores y se han dado pasos importantes para retomar la línea de actuación de Uribe.

A mediados de febrero, el Congreso de EE. UU. aprobaba un aumento de 27 millones de dólares para la financiación del Plan Colombia respecto al año anterior y la Casa Blanca recibía al presidente andino en una reproducción del encuentro que 16 años atrás protagonizaron George W. Bush y Álvaro Uribe.

Todo parece apuntar a que el futuro de Colombia se parecerá mucho a su pasado. El Gobierno no tiene ninguna intención de retomar los diálogos con el ELN y gran parte del pueblo colombiano, harto de sufrir las consecuencias de la guerra, lo respalda en esa decisión.

Ahora cabe preguntarse si los actos de Duque enterrarán los logros de Santos y si las posibilidades de un nuevo enfrentamiento entre la guerrilla y el Estado pueden llevar a reavivar a las FARC. De lo que no cabe duda es de que habrá que esperar al menos cuatro años para que vuelva a ponerse el foco en las causas estructurales del conflicto y en la construcción de una Colombia que supere las profundas heridas que ha dejado la guerra.

 

 

Tomado de: El Orden Mundial

Relatos y reiteraciones

Relatos y reiteraciones


Ambientes distópicos: Relatos y reiteraciones

Como estamos en el apocalipsis, es usual escuchar voces -esas que escupen fuego- recordándonos, con insistencia e inquina, qué es lo que va a pasar, cómo es que nos tenemos que comportar de aquí en adelante. Cada una de esas voces va tejiendo con esa paciencia estratégica típica de los acosadores, el no tan nuevo relato que arrasará lo que es por todos conocido. Estamos al punto de comenzar un nuevo orden social.

Por que se está retomando el camino que culpabiliza a ese “Otro” incómodo, dándole un nombre específico para dirigir contra él los odios que no queremos dejar salir nosotros. Se intentó con el Ejército de Liberación Nacional, pero no hubo empatía con el público aúlico de sangre.

Ahora se intenta, con el apoyo irrestricto de los medios comunicación masivos, posicionar nuevamente un cambio semántico para dotar a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la oscuridad que habitaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC asesinos, FARC terroristas, FARC narcotraficantes, FARC narcoterroristas asesinos.

Y el eco de estas palabras resuena desde los pasillos del Congreso hasta los bordes más alejados de este maltrecho país; y se suma a las voces que profetizan el fin de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), que indilgan oposiciones a decisiones que se apartan de este “nuevo” deber ser, que siguen censurando porque estamos siendo gobernados por un gobierno que quiere desconocer lo único bueno que nos ha pasado en estas últimas décadas: el intento por estar un poco más tranquilos, un poco más en paz.

Pero lo que importa ahora es solamente recordar que queremos paz “pero no así”, que queremos paz “pero sin impunidad”, que queremos paz “pero…”, para ver si ya nos convencimos que lo que realmente importa es aupar las armas –cualesquiera que ellas sean- para dejar en paz, eso sí, a esta “nueva” idea de país que ya conocemos, y que es –eso es lo que dicen- el país que nos merecemos.

Razón tenía Rudolf Hommes al decir que todos estos relatos nos pone en el contexto de la novela de George Orwell 1984, pues todo lo que se relata en este “nuevo” país, requiere de ingentes esfuerzos para decir que lo que se dijo no es lo que parece ser que se dijo y que lo que se dijo nos va a hacer bien y que nosotros no entendemos mucho y por eso es necesario que se nos explique lo dicho en transmisiones abiertas y en rondas diplomáticas, una y otra vez.

En eso vamos, en eso estamos. Y no creamos que somos los únicos, pues este aparato de control masivo se ha ido desplegando tranquilamente, como una falsa noticia, en un buen número de países y en varios continentes. Los rumores van desde la antigua Europa hasta la joven América, pasando por la primigénia África: somos humanos y no estamos exentos de nuestros excesos.

Ya había escrito en estos ambientes distópicos que los dictados van a estar en nuestro diario vivir, y lo que dicta mi intuición, es que ese relato que nos gritan con mala voluntad, hará de nosotros la distopía por excelencia, esa que permite que se implosionen nuestros sentidos para vivir, como -tenemos que decirlo reiteradamente- muertos vivientes.

Y como la reiteración es lo que prima, quisiera que construyeramos un ambiente distópico, no faltaba más, repitiendo hasta el cansancio la palabra guerra –como en el video de la artista Nadia Granados (La Fulminante) de 2018 Entrevista al sicario más famoso del mundo-. Empezemos: guerra, guerra, guerra…

Planadas inicia modelo de reintegración comunitaria

Planadas inicia modelo de reintegración comunitaria

Como un instrumento para restablecer la confianza entre los ciudadanos y las personas en proceso de reintegración, el Modelo de Reintegración Comunitaria es una iniciativa que tiene también como objetivo desarrollar acciones de fortalecimiento comunitario, que preparen a la población para asumir procesos de convivencia y reconciliación, basados en el reconocimiento y respeto de la diversidad.

Estas iniciativas sirven para fortalecer y promover los procesos de reintegración con las comunidades. A demás, es una de las 9 que se iniciaron a nivel nacional, y en el Tolima es el segundo modelo de reintegración comunitario. El primero tuvo lugar en la comuna tres del municipio de Chaparral en el años 2016.

Desde el 22 de septiembre hasta inicios de diciembre se realizarán talleres, actividades, encuentros y ferias, donde las personas en proceso de reintegración, familiares y comunidad en general vinculados al Modelo de Reintegración Comunitaria (MRC) tendrán la oportunidad de capacitarse en temas agroecológicos, comunitarios y comunicativos, desde una perspectiva de género para continuar fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres del sur del Tolima.

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Aproximadamente 100 personas participan de los talleres y actividades del MRC, allí un 70% corresponde a mujeres. Las actividades cuentan con el apoyo de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) la Organización internacional para las migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID).

Juliana Andrea Hernandez, coordinadora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización grupo territorial Tolima, señaló que este tipo de espacios que genera el Modelo de reintegración comunitaria “Son la oportunidad para que las personas en proceso de reintegración, sus familias y la comunidad del municipio de Planadas y sus nodos veredales trabajen de manera articulada, demostrando así la importancia del trabajo en equipo y la reconciliación como herramienta de paz”.

En este espacio de reintegración comunitaria sobresale la vinculación de líderes que en su mayoría hacen parte de asociaciones comunitarias entre las que se destacan:

  • La asociación de productores ecológicos de Planadas (Asopep)
  • Jóvenes ambientalistas (Fupapt)
  • Productores agrícolas y pecuarios (Asemprogrope)
  • Promotores de la biodiversidad (Ecoflora)

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Al igual que líderes representantes de las juntas de acción comunal, representantes de espacios formales de participación política y ciudadana como
los son: el consejo comunitario de mujeres y el concejo municipal, quienes de manera respetuosa y cordial comparten esta experiencia.

“Todas estas actividades y talleres que buscan integrarnos como comunidad y como familia son bien recibidas por todos los Planadunos, sabemos de la importancia que tiene el trabajo realizado por la ARN y me llena de orgullo contribuir a su trabajo, participando y colaborando en lo que necesiten” afirmo, Marleny Olaya miembro de Asopep.

Farc quiere reunirse con fiscal de Corte Penal Internacional

Farc quiere reunirse con fiscal de Corte Penal Internacional

Contexto: Uribe vs. Bensouda ¿la siguiente batalla de la justicia después de la paz?

Este es el texto completo de la carta:

Señora Fiscal:

FATOU BENSOUDA

FISCAL CORTE PENAL INTERNACIONAL

Roma, Italia.

Respetada Señora Fiscal:

Reciba Usted desde Colombia, el entusiasta saludo del nuevo partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, nacido del desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre del año anterior entre el gobierno de nuestro país y la guerrilla de las FARC-EP.

Dicho Acuerdo puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, mediante una serie de fórmulas que fueron pactadas, como usted conoce, tras cinco años continuos de deliberaciones en la ciudad de La Habana, Cuba. A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica.

Por nuestra parte, tal y como recién acaba de certificarlo el Señor Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un  comportamiento semejante.

Muchísimas cosas podríamos exponer frente al desconsolador estado de la implementación del Acuerdo Final, pero no es ese el propósito de la presente misiva. Nuestra alarma real, la que nos mueve a dirigirnos a usted, estriba en la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de nuestro país, que declaró exequible el Acto Legislativo 01 del presente año.

Tal Acto Legislativo incorporó a la Constitución Nacional el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto.

La Corte Constitucional de nuestro país, en la sentencia referida, se pronunció acerca de la exequibilidad de dicho Acto Legislativo. Es de anotar que el fallo de la Corte fue informado a la opinión pública mediante un comunicado oficial, que resume el texto de la sentencia, pero que esta misma aún no se ha dado a conocer y habrá que esperar algún tiempo para ello.

En el mencionado comunicado la Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.

Es a ese respecto que solicitamos de la manera más respetuosa a Usted, la realización de una entrevista con delegados de nuestra organización política y sus asesores jurídicos. En nuestro parecer, conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas.

La jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto.

En el Acuerdo Final quedó consignada por parte nuestra,  la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con  las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos. Así reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto.

La sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de cincuenta años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo.

Por tal motivo nuestro partido ha decidido radicar el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoléon Jiménez, comandante de las FARC-EP, en la Secretaría Técnica de la Corte Penal Internacional, a objeto de que sea ampliamente conocido y valorado.

De ese modo aspiramos a conseguir que la Corte Penal Internacional sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República,  destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

De la Señora Fiscal, respetuosamente,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

Presidente de la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN

Nueve preguntas sobre los gestores de paz de las Farc

*Con información de la Oficina del Alto comisionado para la Paz

A pesar de que la aprobación de la ley 1820 de 2016 creaba las condiciones para que los presos de las Farc salieran de las cárceles el tema se había vuelto un dolor de cabeza tanto para la guerrilla como para el Gobierno.

Para finales de julio todavía permanecían recluidos en centros penitenciarios unos 1400 excombatientes que se declararon en huelga de hambre. Además, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia llamó la atención sobre las demoras, señalándolas de socavar “el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”, en un comunicado que hizo público el 13 de julio.

Tras esos episodios el Gobierno expidió una resolución que le permitirá salir de las cárceles a 709 personas para empezar labores como “gestores de paz”. La Oficina del  Alto Comisionado para la Paz plantea las respuestas a nueve preguntas que puede suscitar esta medida.

 

¿Por qué la necesidad de crear esta medida?

Con el fin de avanzar de forma eficaz en la implementación del Acuerdo Final, en la implementación de los procesos de reincorporación y en medidas de reparación tales como actividades de desminado, búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, entre otras, se hace necesario que las personas que hoy estaban privadas de la libertad y acreditadas por la Oficina del Alto comisionado para la Paz se convirtan en Gestores de Paz.

¿Esto solo aplica para miembros de Farc?

Sí. Solo aplica para miembros de Farc incluidos en los listados de dicha organización que fueron recibidos y aceptados por el Alto Comisionado para la Paz y además que fueron acreditados.

Esta acreditación es el acto administrativo mediante el cual la persona incluida en el listado recibido y aceptado por el Alto Comisionado para la Paz queda reconocido como miembro de Farc y como un ciudadano que se compromete a no volver a alzar las armas contra el Estado.

 

¿Cuáles son las actividades que cumplirán los gestores de paz?

Actividades de apoyo a la reincorporación en los Espacios Territoriales para la Reincorporación y Normalización. También tareas de reparación como desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas,  entre otras.

 

¿Estas personas recibirán un pago por las actividades que cumplan como Gestores de paz?

Quien ejerce como Gestor de Paz no adquiere ningún vinculo laboral o contractual con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz quien es la que supervisará sus actividades.

 

¿Se cruza esta medida con la ley de amnistía?

Esta medida no interfiere con la aplicación de la ley de amnistía, por lo tanto no afecta las decisiones de los jueces en esa materia ya que su objetivo no es resolver de fondo la situación jurídica de los designados como gestores de paz, sino ofrecerles medidas jurídicas para que puedan adelantar sus tareas como gestores.

 

¿Los gestores de paz también deben comparecer ante la JEP?

Sí. Como esta medida no busca resolver procesos penales ni su compromiso con el conflicto armado, deberán comparecer en su momento ante la JEP.

 

¿Quién supervisará las labores de los gestores?

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz estará al frente de esta tarea. Los Gestores de Paz deberán rendir un informe bimensual detallando las actividades realizadas.

 

¿Cómo se escogieron los gestores de paz?

Fueron escogidos del listado de personas privadas de la libertad que ya fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es decir, fueron escogidos de personas que ya hicieron su proceso de tránsito a la legalidad.

¿A partir de cuándo saldrán de las cárceles?

Los jueces son autónomos en la aplicación de la medida y en consecuencia en la expedición de la boleta de libertad correspondiente.