¿Qué pasa con el voto en blanco en segunda vuelta?

¿Qué pasa con el voto en blanco en segunda vuelta?

Contexto: Consideraciones para el votante de Fajardo

Sí estará en el tarjetón, pero no tendrá consecuencias jurídicas

Como pasó en la segunda vuelta presidencial de 2014 y de 2010 el tarjetón tendrá la casilla del voto en blanco, pero no tendrá el mismo efecto jurídico que tuvo ayer en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La elección del 17 de junio la ganará el candidato que tenga más votos.

Así lo establece la Constitución desde el 2003, cuando se reformó el artículo 258 para determinar que: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta* en relación con los votos válidos”.

De acuerdo con Camilo Vargas Betancourt -coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE—, la Constitución excluye ese efecto del voto en blanco para la segunda vuelta.

 

 

¿Pero entonces para qué está tarjetón?

Para Fabián Hernández Cadena, coordinador nacional de comunicaciones de la MOE, la casilla estará en el tarjetón “para la gente que quiera ir y demostrar su inconformismo. Pero a pesar de que se cuente, y de que al final del día sepamos cuántas personas votaron en blanco, no tendrá un efecto real ni jurídico”.

La casilla del voto en blanco estará en el tarjetón para asegurar el derecho al voto de quienes no van ni por Petro ni por Duque: esos votos se contarán (algo que no sucede en todos los países) y serán parte de la discusión de los resultados en segunda vuelta.

Sin embargo, aún y dado el caso de que el voto en blanco supere por cualquier número de votos a los dos candidatos, quien tenga más votos entre las dos opciones será presidente.

Para Hernández es importante entender, además, que la única motivación para salir el 17 de junio a votar en blanco no es hacer público un descontento: “Mucha gente también va a votar por las distintas prebendas que tiene el voto y que para algunos ciudadanos son muy importantes: acceder a descuentos en el tema universitario, en los trámites de pasaporte, la media jornada libre por parte de los empleadores, etc.”. Para ellos también existe el voto en blanco.

 

¿Podrá el voto en blanco pelearle al abstencionismo?

Las pasadas dos elecciones (primera vuelta y parlamentarias) han tenido la mayor participación de los últimos 20 años en el país. Si bien las cifras siguen siendo pequeñas (45 % en parlamentarias y 53 % en primera vuelta) hay razones para celebrar.

Es la primera vez en dos décadas que las cifras superan el 50 %. Sin embargo, todo podría cambiar en la segunda vuelta. Las campañas de Petro y Duque tienen el reto de ganarse los votos del centro.

Los votos del fajardismo, por ejemplo, no tienen un heredero natural, algo alimentado por el mismo Fajardo quien ya ha dicho —a pesar de que se hablara en campaña de una Coalición Colombia— que su voto no será ni para Duque ni para Petro.

Es aún temprano para saber qué ocurrirá con esos votos huérfanos, pero las alarmas de volver a cifras altas de absentismo son claras. Hernández es, sin embargo, optimista. Cree que la tendencia de aumento de la participación es clara: “La participación siempre disminuye entre la primera y la segunda vuelta, pero podemos pensar que este año el abstencionismo puede bajar”.

Cree, además, que aún quedan 20 días en los que puede haber cambios: “Puede que que se generen los suficientes miedos o suficientes seducciones para que a una semana, o a dos o el mismo día en que se va a depositar el voto, la gente se decida por una de las dos opciones”.

 

¿Pero entonces, el voto en blanco para qué?

En segunda vuelta, es una garantía de los derechos de los votantes inconformes con las opciones disponibles. De lo contrario, estarían obligados a anular su voto, entregar el tarjetón sin marcar o no salir de casa.

Pero el sistema de voto en blanco en los otros casos (primera vuelta, alcaldías, gobernaciones, parlamentarias y corporaciones públicas), es un arma democrática poderosísima con la que no se cuenta en muchos países: “Que en Colombia exista la posibilidad de que se vuelva a llamar a elecciones con nuevos candidatos es de una importancia muy grande”, asegura Hernández, “En otros países al voto en blanco se lo entiende como un voto nulo.

Es decir: es ir y votar y muchas veces no se cuenta ni como un voto válido, como por ejemplo en Ecuador”.

 

 

Por cerosetenta


*En 2009 se estableció que no tendrá que ser  únicamente por medio de mayoría absoluta (cincuenta por ciento más uno), sino mayoría relativa (cuando los votos de uno son mayores que el resto).

Estado mínimo o Estado garantista, esa es la cuestión para la segunda vuelta

Estado mínimo o Estado garantista, esa es la cuestión para la segunda vuelta

Por Juan Esteban Lewin

Contexto: Más o menos derechos: lo que se juega en la segunda vuelta

El voto para la segunda vuelta es, además de una decisión entre conservadurismo o progresismo, o entre tener la paz como hoja de ruta del gobierno o no, la disyuntiva entre tener un Estado mínimo, como propone Iván Duque, o uno grande e interventor, como el que plantea Gustavo Petro.

Esa dicotomía, que refleja visiones diferentes de la sociedad, la economía y el papel de lo público, se concreta en muchas propuestas puntuales y como es un eje que articula sus visiones políticas, en el futuro podría definir otras.

Por ejemplo, ante la decisión de si el Estado o un privado deben proveer un servicio público, como la recolección de basuras que quiere modificar Petro o un sistema de radares para controlar la frontera como quiere Duque, el candidato uribista tenderá más a dejar que lo haga el privado y el de la Colombia Humana a que lo haga el Estado.

Lo mismo si hay una presión para que el Estado desincentive, regule o prohíba una actividad privada, como vender bebidas azucaradas: Duque ya demostró que no está de acuerdo con ponerles un impuesto, mientras que Petro defiende los beneficios de hacerlo.

El Estado mínimo de Duque

Contexto: Iván Duque: ‘el chorro’ para los ricos, ‘goteo’ para los pobres

Para el candidato uribista, el Estado debería reducirse notoriamente, una propuesta que encaja con la doctrina uribista de austeridad en el Estado y con su visión neoliberal en lo económico en la que el Estado debe dejar el mayor campo de acción a la iniciativa privada, sin sobrecargarla con impuestos o regulaciones, y limitarse a cumplir un papel de árbitro entre los privados. Es decir, un Estado en el que tenga como valor centrar la eficiencia.

El papel que le asigna al Estado para redistribuir las oportunidades o la riqueza es menor, y en cambio debe buscar que las empresas y personas puedan producir tanto y con tanta eficiencia como sea posible, para que así se produzca más riqueza que va “goteando” hacia el resto de la sociedad.

Esa visión se aterriza en un Estado más pequeño en tamaño y también con menos incidencia en la sociedad.

Sobre el tamaño, la lógica de Duque es que el Estado actual es “derrochón” (término acuñado por Álvaro Uribe para criticar las reformas al Estado y el manejo del presupuesto de Juan Manuel Santos) e ineficiente. Por eso, propone achicarlo y aumentar su eficiencia con una reestructuración

 

 

Duque no ha dicho en términos concretos en qué consiste esa reforma. Uno de sus más cercanos asesores le dijo a La Silla que están definiendo qué modificaciones hacer (“hay mucha entidad sin sentido y con funciones y competencias horizontales… por ahí vamos”), y en su página web oficial habla de ella en términos generales y en relación con las TIC.

“Realizaremos un reordenamiento profundo de la administración del Estado, con base en las necesidades actuales de los colombianos y las oportunidades de eficiencia que ofrecen las nuevas tecnologías (expansión y profundización de Gobierno en Línea),” dice su propuesta.

Duque seguramente buscará fusionar ministerios y eliminar entidades. Por ejemplo, propone modernizar las instituciones del sector rural, eliminando las nuevas entidades que creó Santos hace apenas dos años y cambiando el enfoque del Ministerio de la Agricultura al Desarrollo Rural, como hizo en su momento Álvaro Uribe.

Además del tamaño, Duque propone reducir la incidencia del Estado en la vida de las personas, y especialmente en los negocios. Por eso propone menos regulación estatal, menos trámites, menos impuestos y más libertad de empresa (uno de los rasgos propios de su visión neoconservadora).

 

 

Varias de sus propuestas van en ese sentido, como simplificar y eliminar trámites al unificar sistemas de informaciónsimplificar el sistema tributario para empresas y personas con “tarifas competitivas”, con lo que le apunta a la vez a menos impuestos y menos regulaciones; racionalizar el gasto público;  reducir el costo país (lo que la inversión extranjera ve como costo adicional por invertir en Colombia frente a otros países) “mediante la simplificación normativa”, profundizar los mercados de capitales, o bajar los impuestos a las empresas pequeñas privilegiando “procesos de formalización y desarrollo de oportunidades laborales formales”.

Incluso cuando sus propuestas refuerzan el papel de lo público, están alineadas con lo privado, con lo que el Estado está enfocado a una sociedad que gira alrededor del sector privado. Por ejemplo, promete “fortalecer el Sena y sus relaciones con el sector privado” o apoyar las universidades públicas con un “vehículo financiero” (probablemente un fondo) para promover “una agenda de calidad y pertinencia en asocio con el sector privado”.

Y aunque no plantea eliminar los subsidios sociales más conocidos, como Familias en Acción que promete mejorar para que no se conviertan en trampas de pobreza, ha propuesto acudir a esquemas más propios del sector privado para lograr sus fines, como el Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado que sirve para “prefinanciar la cobertura pensional de la población más vulnerable, apelando a esquemas financieros sostenibles” ahorrando 3 millones de pesos al nacer cada persona de estratos 1, 2  y 3 para que si llegan a viejos sin lograr las semanas para pensionarse tengan cómo hacerlo, un camino para reemplazar a largo plazo los subsidios de Colombia Mayor.

Esa reducción del Estado no tocaría los inamovibles del gasto, como, por ejemplo, proponía Fajardo.  No propone modificar las transferencias para salud y educación a las regiones del Sistema General de Participaciones, que representan el 15 de los gastos del Estado, ni cambios al esquema general del sistema pensional, más allá del Fondo de Ingreso Mínimo.

Pero sí tiene como norte reducir el poder del Estado, algo que va en contravía de la defensa de lo estatal que tiene Gustavo Petro.

El Estado grande de Petro

El candidato de la Colombia Humana cree en un Estado garantista, cuya principal función es garantizar los derechos de los ciudadanos, incluidos los llamados de tercera generación como el medio ambiente. Y para ello no debe reducir su tamaño sino, inicialmente, formalizar la relación con sus decenas de miles de contratistas.

Aunque en ese punto coincide con Duque, sus propuestas para que entidades públicas cumplan con nuevas y más funciones muestran su confianza en un papel activo de un Estado, que en varios casos implica que sea más grande.

Eso encaja en su visión de un Estado que ayude a equilibrar la balanza de las oportunidades, a reducir la desigualdad que existe en Colombia y a que juegue un papel mucho más activo en la economía.

Por ejemplo, en la salud plantea eliminar las EPS, que hoy reciben un dinero mensual por cada afiliado y luego contratan a clínicas, hospitales y demás prestadores de salud, para que le brinden el servicio a los usuarios.

En Colombia hay un sistema de aseguramiento impuesto por el Estado, que Petro quiere mantener. En él las EPS son quienes articulan a los usuarios con quienes prestan servicios de salud, y canalizan los pagos de recursos que pasan por el Estado para que las personas tengan acceso a ese derecho sin tener que pagar de su bolsillo cada servicio.

Petro ha dicho que el manejo de esa plata estaría en manos de un fondo único que recaudaría los aportes, los administraría, pagaría a los prestadores y controlaría los recursos de la salud. Es decir, una entidad pública grande y poderosa, que probablemente sea una repotenciación de la nueva Adres, la administradora de recursos de la salud que creó Santos para agilizar los flujos de dinero en el sector y evitar que los prestadores se queden esperando tanto tiempo sus pagos que terminen quebrados.

Con Petro, esa entidad pasaría a tener nuevas funciones y, aunque los prestadores seguirían siendo en su gran mayoría clínicas, hospitales, laboratorios o profesionales privados, el Estado tendría una injerencia mucho mayor ya que concentraría la decisión de a quién contratar y el manejo de la plata.

Algo similar ocurre en pensiones. Petro propone cambiar el sistema para que todos los afiliados aporten a Colpensiones de forma obligatoria por sus ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales, lo que debería llevar a todos a tener una pensión con la lógica actual de Colpensiones (régimen de prima media, en el que el monto de la pensión no depende de la plata ahorrada).

Si ganan más, podrían ahorrar el extra en un fondo público o privado para tener una pensión voluntaria extra, en un esquema similar al de la medicina prepagada. Pero, en cualquier caso, sería obligatorio aportar a un actor público, algo diferente a la opcionalidad que hay hoy.

Esa presencia del Estado también se nota en su fuerte apuesta por la educación pública.

En concreto, plantea crear un sistema público gratuito de educación superior con prioridad para minorías, con capacidad para 1 millón de beneficiarios (algo así como 20 veces la Universidad Nacional) y otro con nuevas universidades públicas en regiones, integradas con colegios, el Sena y las universidades existentes.

Un último ejemplo es montar un banco público de economía popular que le dé crédito a las personas que no tienen acceso a préstamos del sistema actual.

Esa apuesta por un Estado más grande no es la de un Estado empresario, que asuma la labor de tener directamente empresas o industrias (como en Venezuela), más allá del banco público. Pero sí le da un papel orientador en asuntos económicos.

Lo hace cuando propone reindustrializar sectores estratégicos como el metalmecánico, textil, informático, de cambio tecnológico en transporte, de producción de materiales para la construcción y de gestión integral de residuos sólidos y líquidos.

Según Ricardo Bonilla, el asesor de cabecera en asuntos económicos de la campaña, lo haría por dos caminos.

Uno sería con créditos blandos del Banco Agrario, que abriría una línea para prestar a innovadores y emprendedores en esas áreas, incluyendo préstamos que podían ser condonados si se logran ciertos resultados, y otros premios por lograrlos.

El segundo serían estímulos tributarios similares a los que creó el gobierno Santos para las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac): una impuesto de renta reducido en los primeros 10 años de que empresas que se establezcan en ellas (hasta el 2021 las micro y pequeñas no pagarán nada y las medianas y grandes la mitad, y luego se van aumentando); y la posibilidad de “pagar” ese impuesto con obras de salud, vías, energía, acueducto y alcantarillado.

En esa medida, la propuesta es similar a lo que hizo Santos con sus “locomotoras” o Uribe con sus apuestas por la agroindustria y la industria extractiva cobrándoles menos impuestos (como permitir que restaran del impuesto de renta sus inversiones en maquinarias).

Y eso matiza la idea de que Petro quiere construir un Estado empresario: “De ninguna manera se concibe acción directa del Estado, salvo que sea el papel de Ecopetrol en la refinación y desarrollo de nuevas energías”, dice Bonilla.

Con todo eso, al proponer cambios más fuertes en la orientación de la economía y sumar las propuestas de aumentar la actividad del Estado en áreas como la salud, las pensiones o la banca, Petro orientaría el Estado en una dirección diametralmente opuesta a la de Duque.  Por eso, la decisión del 17 de junio también pasa por aquí.

 


Este artículo fue publicado originalmente en La Silla Vacía

Por qué se puede, y se debe, criticar el voto en blanco

* Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete la posición de La Pipa. 


 

Por Regis Bar vía Palabras al Margen

La primera vuelta de las presidenciales en Colombia fue a todas luces histórica. Por primera vez, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta están ubicados en la oposición. El candidato que representaba el Establecimiento y el continuismo fue claramente derrotado, mientras que el candidato de la izquierda logró una votación impresionante. La votación adicionada de Petro, Fajardo y De la Calle fue superior al 50%, significando un rechazo importante de las maquinarias por parte de la ciudadanía y una voluntad de cambio alternativo en el poder. Los dos candidatos que quedan representan los dos extremos del panel de candidatos que había en primera vuelta, por lo que varios políticos u opinadores de centro han planteado, de manera bastante superficial, que ambos son igualmente “extremistas”. En este contexto, muchas voces han reivindicado el voto en blanco como la mejor opción para no tener que votar por ninguno de los dos “extremos”. Sin embargo, es primordial cuestionar la validez de ese voto de cara a lo que está en juego en esta segunda vuelta, en particular con respecto a los electores que se identifican con el centro, que defienden los valores “liberales”, que están a favor de la paz y que son críticos de Álvaro Uribe.

Una elección entre dos opciones muy distintas

Probablemente por primera vez en la historia de Colombia, se enfrentan en la segunda vuelta presidencial dos visiones políticas radicalmente distintas. Por un lado, Iván Duque, candidato de la derecha radical, defensor de una agenda claramente conservadora, que tiene como aliados a los sectores religiosos reaccionarios, los dueños de las maquinarias y los herederos de la parapolítica, que defiende los intereses del expresidente Uribe, y que dejará morir el proceso de paz haciendo modificaciones sustanciales y enredando la implementación. Es decir, sin que haya necesidad de “hacerlo trizas”.

Por otro lado, Gustavo Petro, candidato de izquierda (y no de extrema izquierda como han intentado señalarlo sistemáticamente varios opinadores y periodistas), que reivindica el liberalismo “original”, que ha buscado un diálogo con el centro desde el principio de la campaña, que defiende la estricta implementación del proceso de paz y que representa una esperanza de cambio democrático para los sectores tradicionalmente marginalizados. No se puede negar que la figura de Petro asusta a una parte significativa de la sociedad colombiana, en parte por la repetición de señalamientos engañosos en su contra. Pero si bien se le puede hacer muchas críticas, por ejemplo sobre su mandato de alcalde o sus “peleas” con varios de sus colaboradores, no se puede olvidar que fue un congresista ejemplar y que su paso por la alcaldía fue marcado por la persecución del Procurador General, quien se encuentra justamente ahora en la campaña adversa.

Es importante destacar que más allá de la evidente distinción entre dos visiones políticas, esta elección es entre un candidato que representa un grupo político que tiene numerosos vínculos con la criminalidad y otro que se ha destacado por su lucha frontal contra la corrupción y las mafias. En efecto, Duque es el ungido por Álvaro Uribe, quien tiene una infinidad de procesos penales abiertos en su contra y numerosos colaboradores cercanos condenados, a quien los paramilitares le hicieron campaña para la presidencia y que luego gobernó con la ayuda de los parapolíticos. Mientras que Petro no tiene ningún señalamiento de corrupción en su carrera política y se destacó por sus denuncias contra la parapolítica y el carrusel de la contratación en Bogotá.

Un gobierno de Duque no sería un uribismo “light”

Algo que puede motivar a algunos a votar en blanco es la hipótesis de que un gobierno uribista 2.0 sería menos duro que los ocho años de presidencia de Uribe. Sin embargo, se trata de una hipótesis muy arriesgada y que carece de fundamentos. En efecto, si el uribismo volviera al poder estaría “recargado” y con un espíritu de revancha, sin contrapesos institucionales (con mayoría absoluta en el Congreso y sin el papel de “contención” que tuvieron las Cortes durante la presidencia de Uribe) y con la presencia significativa de importantes sectores religiosos reaccionarios. Por lo tanto, un nuevo gobierno uribista representaría una seria amenaza para las libertades individuales, los derechos de los grupos minoritarios, la laicidad, el proceso de paz (incluido el proceso con el ELN) y la restitución de tierras. Además de que aumentaría las profundas desigualdades socioeconómicas.

Otra hipótesis que va en el mismo sentido es pensar que Duque podría ser un presidente independiente de Uribe, o que podría incluso “traicionarlo” como lo hizo Santos. Esta hipótesis es muy ingenua y la comparación con Santos no tiene sentido, pues cuando este último llegó a la Casa de Nariño, tenía un largo recorrido, no solamente en la política sino también en la diplomacia y en el periodismo, y tenía hasta una fundación propia. Además, su relación con Uribe no era realmente estrecha sino que fue para él un medio de alcanzar su meta mayor, es decir, convertirse en presidente. Por el contrario, Duque no tiene ninguna estructura propia, ha pasado la mayor parte de su carrera fuera del país, y todo su “éxito” político lo debe a la figura del expresidente Uribe. Entonces no hay que engañarse con la figura “nueva y moderna” de Duque porque en su presidencia gobernaría una fuerza auténticamente uribista y conservadora.

La no relevancia del voto en blanco en segunda vuelta

Un argumento a favor del voto en blanco consiste en decir que con una alta votación por esta opción se tendría una mayor legitimidad y fuerza para hacerle oposición al futuro presidente. Sin embargo, es un argumento que carece de soporte, pues eso nunca ha pasado en ninguna elección presidencial, dado que para que el voto en blanco tenga realmente un peso en segunda vuelta su votación tendría que ser superior a la del candidato perdedor. Algo muy improbable y que de todas maneras sólo tendría un valor simbólico y de corto plazo. En vez de ser un argumento consecuente, parece entonces que se trata más bien de un intento de justificar su rechazo a votar por Petro pero posicionándose a la vez como futuro opositor al gobierno de Duque.

Uno puede considerar legítimamente que Petro no es el mejor candidato contra Duque y que hubiera sido mejor alguien más moderado y menos “polarizador”, pero Petro es el candidato que hay y en este caso la pregunta que hay que hacerse es si él representa una opción más deseable que la del regreso del uribismo al poder o no. Algunos analistas políticos fingen no saber que la segunda vuelta presidencial se distingue de la primera precisamente porque no se trata fundamentalmente de un voto de adhesión sino de un voto de “eliminación” para gran parte de los electores, es decir, que votan para descartar la peor opción. Esto es una “ley universal”, que pudo corrobarse muy bien hace cuatro años con la victoria de Santos frente a Zuluaga. En el caso actual, para alguien que no quiere que vuelva el uribismo al poder o que siga gobernando la misma clase política tradicional, es fácil entender por cual de los dos candidatos hay que depositar su voto.

La necesidad de escoger

Algunos defensores del voto en blanco afirman que no hay que votar con el miedo sino con la esperanza, y que por lo tanto si uno no se entusiasma ni por Duque ni por Petro es mejor votar en blanco y ser “coherente” consigo mismo. Esto se parece más a una postura seudo filosófica y desligada de los acontecimientos políticos que agitan el país que a la de un ciudadano responsable que usa su derecho al voto a conciencia. El miedo sí puede ser un motivo legítimo a la hora de votar, a condición de que se trate de un miedo “racional”. En este sentido, el miedo a un gobierno de Duque es un miedo fundamentado en el balance de los años de gobierno de Uribe, en la agenda ultraconservadora y en contra del proceso de paz del Centro Democrático, y en los apoyos que ha recibido su campaña. Mientras que el miedo a un gobierno de Petro, si bien puede basarse para algunos en un balance juzgado negativo de su mandato de alcalde, responde en gran medida a señalamientos inverosímiles en su contra, que casi siempre tienen que ver con el gran mito del “castrochavismo”.

El voto en blanco es en teoría totalmente respetable. Sin embargo, en algunas circunstancias particulares es un voto que traduce una postura de “lavarse las manos”, y que incluso puede considerarse como una irresponsabilidad. En esta segunda vuelta, la victoria de Duque amenaza de manera clara el frágil proceso de paz así como la precaria democracia colombiana, lo uno teniendo que ver con lo otro. Si uno, a pesar de esto, considera que el uribismo y Petro son dos peligros “populistas” equivalentes, y que por lo tanto ambos llevarían el país al desastre, entonces está  cayendo en un grave error político y ético. Negarse a escoger entre Duque y Petro es de cierta manera negarse a mirar la realidad del país, en particular la que se vive en los territorios y en las periferias, donde las repercusiones del conflicto armado, así como las del gobierno uribista, han sido más fuertes. Es preciso votar pensando en las consecuencias que tendría el resultado para el conjunto del país, por encima de su propia persona, en particular para los sectores de la población más “vulnerables”. En este sentido, votar en blanco es como desligarse del destino del país.

El significado de la candidatura de Petro

Es un error reducir la candidatura de Petro a su personalidad, porque impide entender lo que ha pasado con su campaña presidencial y que es probablemente inédito. Petro pasó de tener 1,3 millones de votos en el 2010 a 4,8 millones ocho años después, sin que su “personalidad” haya tenido cambios fundamentales y luego de una experiencia de gobierno local que fue catalogada por la gran mayoría de los medios del país como negativa. Petro arrancó esta campaña con todos los pronósticos en contra, pero poco a poco su candidatura ha tomado fuerza y ha tenido un respaldo popular creciente, a tal punto que llenó numerosas plazas por todo el país, sin el actuar de maquinarias y por el solo entusiasmo de la gente. Es preciso entender que la candidatura de Petro trascendió totalmente la izquierda y desbordó su propia persona para convertirse en la esperanza de un cambio real para millones de colombianos. En este contexto, la decencia implica apreciar a su justo valor esa esperanza y no deslegitimarla afirmando que es un simple efecto del “populismo” del candidato.

Hace cuatro años la gran mayoría de los electores de izquierda fue capaz de votar por Santos para defender el proceso de paz y para detener el regreso del uribismo al poder. Hoy lo que está en juego es bastante similar, y entonces la pregunta es si una gran mayoría de los electores de centro será capaz de votar por Petro con el mismo propósito. A quienes no quieren votar por el uribismo pero tampoco por Petro porque no les entusiasma, hay que tratar de convencerlos, hasta el último minuto, que en esta segunda vuelta histórica no se trata de votar por un candidato que lo representa a uno sino por el que más le conviene al país. Sería trágico que Colombia perdiera esta ocasión única de derrotar a toda la clase política tradicional y de impulsar un verdadero cambio democrático porque ciudadanos, que en principio quieren una alternativa política, votaron en blanco con el argumento de que la personalidad de Gustavo Petro no les conviene.

Los, ayer ‘santistas’, hoy uribistas del Tolima

Los, ayer ‘santistas’, hoy uribistas del Tolima

A la clase política del Tolima le cabe este chascarrillo:

Robledo se refiere al acostumbrado acomodamiento de las maquinarias nacionales según el grupo que esté en el poder y mejor represente sus intereses “grupusculares”.

Y por supuesto, lo que ha ocurrido a nivel nacional con el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, se refleja en las regiones, como ha sido evidente en el Tolima.

Sin embargo, la reciente pirueta de los ex santistas del Tolima no los deja bien parados. Luego de la contundente derrota de Germán Vargas Lleras en la primera vuelta (por knock out, como él mismo lo ha dicho) llegan ‘con el rabo entre las piernas’, a ‘hablar pasito’ y a acomodarse en la puerta de atrás.

No es para menos: a todo el oficialismo santista junto, con gobernación a bordo, no le alcanzó sino para un cuarto lugar en la contienda para Vargas Lleras, quien terminó el 27 de mayo con un discreto 8,52 por ciento de la votación del departamento, equivalente a 48.099 votos, superado por Petro, Fajardo y el candidato uribista, que obtuvo 280.043 votos (prácticamente seis veces la votación del ex vicepresidente).

De esta manera, derrotados, sin nada que negociar o mejor, sin mucho que ganar en una negociación, obligados por la coyuntura que podría poner a Gustavo Petro en la Presidencia de la República y debilitar aun más clientelas regionales, Carlos Edward Osorio, Jaime Yepes, Emilio Martínez y Miguel Barreto, aterrizaron en el uribismo. 

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Carlos Edward Osorio

Con las quemaduras frescas llegó el Representante por el Partido de la U a la campaña de Iván Duque. Solo dos días después de haber caído de cabeza en un triple salto mortal, que lo dejó sin curul en el Senado y sin la credencial de Cámara (su candidato, Harold Urrea también se quemó), Osorio regresó al Uribismo después de haber estado 7 años con el gobierno de Santos.

La hipótesis es que Osorio pretende ser el candidato a la Gobernación por el Centro Democrático, un escenario que descartan varios militantes de ese partido a quienes consultamos (aunque, como se sabe, esa es una decisión de Uribe, y no de la militancia regional).

La otra versión que se ha manejado es que la ambición de Carlos Edward es llegar a una alta corte como magistrado de la mano del uribismo, para cual lleva preparándose académicamente varios años.

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Jaime Yepes

La otra figura del Partido de la U que llega al uribismo es un disminuido Jaime Yepes, quien en las últimas elecciones pasó raspando con la mitad de los votos de hace cuatro años. En un abrir y cerrar de ojos, el Representante se quitó la camisa de Vargas Lleras para ponerse la de Duque.

 

 

 

Su esposa, Yuly Porras, segura heredera del “yepismo”, es la que se está moviendo en la campaña, junto con otras ‘damas de la política’, como la diputada liberal Graciela Vergara y Silvia Cristina Ortiz, ex esposa del ex alcalde de Ibagué Jesús “Chucho” Botero.

 

 

Miguel Barreto

El senador electo y ficha clave del Gobernador, también fue uno de los derrotados en la primera vuelta con la escasa votación de Germán Vargas Lleras en el Tolima. Para los Barreto es difícil regresar al uribismo después de haberlo traicionado con su apoyo a Juan Manuel Santos desde la Gobernación, pero llegan haciendo cálculos para las elecciones locales del 2019, básicamente porque sienten pasos de animal grande.

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Emilio Martínez

El jefe de Cambio Radical también destapó las cartas y se subió al bus del uribismo. Dijo que lo hacía por la cercanía entre las propuestas de Duque y Vargas Lleras, es decir, por el programa, pero quienes conocen a Emilio saben que su apuesta es mayor.

A la derrota del 27 de mayo se suma la del 11 de marzo, cuando su hermana Rosmery perdió la curul en el Senado.

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¿Quién gana y quién pierde en el Tolima si Duque es Presidente?

¿Quién gana y quién pierde en el Tolima si Duque es Presidente?

Una de los grandes interrogantes de la primera vuelta presidencial del 27 de Mayo era si las encuestas iban a acertar el resultado y si podían medirle realmente la temperatura al voto amarrado o de maquinaria. Era claro que todas las firmas y las empresas de comunicaciones que pagaban se estaban jugando su credibilidad y sus métodos estadísticos en su realización. El mensaje fue contundente, acertaron y hay que creer en las encuestas.

El pasado viernes fue el último día de publicación de encuestas de cara a la segunda vuelta presidencial, por el veto inaudito que les impone el Consejo Nacional Electoral para la última semana. Todas las encuestas para las presidenciales colombianas dan a Duque ganador sobre Petro, pero no hay acuerdo en por cuánto puede vencer: desde los 6 hasta los 20 puntos.

 

Elaboración propia a partir de los datos de CNC, Yanhaas, Mosqueteros, Invamer, Datexto y Cifras & Conceptos

 

A nueve días de la elección definitiva, algunas encuestas (Datexco, C&C) dan una carrera cerrada: 8 puntos de diferencia. Otras la dan por hecha, con Duque 20 puntos por delante. Vamos a creer en las encuestas y el próximo domingo 17 de junio llegará a la presidencia Iván Duque y bajo este escenario nos anticipamos a los ganadores y perdedores en el Tolima.

Ganadores indiscutibles

Los líderes y simpatizantes del Centro Democrático en Ibagué y el Tolima, en cabeza de la Senadora Paloma Valencia y el Representante electo Ricardo Ferro. Esto confirma que el Ex presidente Álvaro Uribe Vélez ejerce una gran influencia política en la región y se convierte en un jugador importante en las elecciones del 2019.

Ganador parcial

El reelecto Representante del partido conservador José Elver Hernandez. Llegó desde la consulta a las toldas de la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, y mostró mucho de su activismo político en la primera vuelta, hasta el punto de que una de sus alcaldías aliadas, la de Murillo, que no acató su orden y se fue por los lados de Vargas Lleras, ya no hace parte de esta organización.

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Ganador colateral

Poco se ha hablado entre los ganadores de un jugador de peso para las elecciones locales del 2019, Mauricio Pinto. Tras su marcada distancia del ‘barretismo’ que se fue a fondo con Vargas Lleras, Pinto jugó con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y se montó en el que podría ser el caballo ganador.

Con este acercamiento al Centro Democrático, tanto sus líderes y bases podrían concretar una aspiración viable a la gobernación del Tolima.

Tres grandes perdedores.

El ‘barretismo’ en cabeza del propio Oscar Barreto y sus fichas Adriana Magaly Matiz y Miguel Barreto, que aunque con curul y direccionadas de manera oportunista a la campaña uribista, no cuadran en el diseño para el 2019.

El declarado “antiribismo” de Barreto – quien antes se había declarado el “gobernador más uribista de Colombia” – en medios locales de la ciudad, complican cualquier posibilidad de coalición con miras al 2019, y se la pone dura a sus candidatos Andrés Hurtado y Ricardo Orozco.

El otro perdedor es el Guillermo Alfonso Jaramillo, un “petrista” según palabras del propio alcalde.

Arreciará la oposición del Representante Ricardo Ferro y sus aliados en la ciudad, que van a plantear una pelea con el candidato del alcalde y el de Barreto en el 2019. Y dado que el flujo de recursos para ejecutar el último año dependerá en buena parte de la nación, las dos casas políticas tradicionales del Tolima no podrán mostrar los resultados que esperan.

Las maquinarias también perdieron.

Las maquinarias operan eficientemente en las parlamentarias porque sus jefes se están jugando su propio pellejo, pero en las presidenciales pesan cada vez menos y hay más voto de opinión. Lo demuestra el desastre de Vargas, que contaba con la estructura de Cambio Radical, el grueso del partido de la U y el sector del conservador ‘barretista’.