Dudas razonables acerca del “compromiso” ambiental de los Barreto

Dudas razonables acerca del “compromiso” ambiental de los Barreto

En este mismo portal días atrás a través de un interesante artículo titulado “Congresistas del Tolima le hicieron el quite a la Prohibición del Fracking” quedó registrada la postura que en las primeras de cambio, empiezan a asumir nuestros electos representantes tolimenses en el seno del Congreso de la República, en asuntos tan sensibles y de especial atención para este departamento, como el ambiental.

El mencionado artículo suscitó diversas reacciones entre los lectores y a juzgar por las recientes declaraciones del Senador Miguel Ángel Barreto en sus redes sociales, parece que éstas llegaron a su despacho y de inmediato anunció su oposición a cualquier intento de explotación de petróleo vía Fracking.

En su cuenta de twitter el pasado viernes 3 de Agosto, el Senador Barreto afirmó:

 

 

Una interesante afirmación, que debe saludarse con entusiasmo, pero sobre la cual, también debe permitírsenos el beneficio de la duda.

Y no cualquier tipo de duda, pues ésta, es una duda razonable dados los antecedentes de la casa política de la que proviene el Senador Barreto y desde la cual se han lanzado los más férreos ataques a las acciones de defensa del territorio y el ambiente en nuestro departamento.

Basta con hacer un recorrido en el tiempo y encontraremos motivos suficientes para recibir con beneficio de inventario tan rimbombante anuncio por parte el Senador Barreto.

Contexto: Los ‘amigos’ de Anglogold en el Tolima

Inicialmente debe recordarse que el Senador Barreto se debe políticamente a su primo,  el actual Gobernador del Departamento, Oscar Barreto Quiroga, hoy por hoy el máximo dirigente Conservador del Tolima, un hombre todopoderoso dentro de las toldas azules a nivel regional, quien precisamente en las pasadas elecciones al Congreso de la República capitalizó para su primo una votación cercana a los 80 mil sufragios, de los cuales, algo más de 68 mil fueron obtenidos en tierras tolimenses. 

Y fue precisamente este potencial electoral lo que permitió al joven Senador ubicarse dentro de Top 10 de los parlamentarios del Partido Conservador más votados en todo el país.

De tal suerte que es abiertamente conocido que el salto dado desde la Cámara de Representantes por el hoy senador Miguel Ángel Barreto al Senado de la República, se debió al apoyo irrestricto brindado por el Gobernador Barreto Quiroga, un “pequeño” impulso que le significó pasar de los 22 mil votos obtenidos en el 2014, a 80 mil cuatro años después.

Una votación realmente atípica en un congresista de perfil bajo y que no tuvo mayor figuración en la actividad legislativa como para soportar en su trabajo este incremento en su potencial electoral.

Esta dependencia clara del senador Barreto Castillo a la casa política regida por su primo Oscar Barreto Quiroga, hace poco creíbles sus recientes y repentinas afirmaciones con respecto a su compromiso con la defensa del ambiente.

Las actuaciones de este sector político dan muestra de todo lo contrario, y en cabeza del propio Oscar Barreto, los tolimenses hemos presenciado cómo este dirigente político ha salido vehementemente a defender la megaminería en nuestro territorio, tal como quedó registrado en los siguientes sucesos.

La Consulta Popular de Cajamarca

Durante el desarrollo de este valioso proceso de participación ciudadana, el gobernador Oscar Barreto Quiroga  siempre mantuvo una postura “tibia” frente a la consulta popular que buscaba detener la explotación de la mina “La Colosa” en Cajamarca.

Contexto: Anglogold Ashanti: tropiezo tras tropiezo

Sus posturas bastante tenues y evasivas frente a un proyecto minero que movilizó a todo el departamento y en especial a los habitantes de Cajamarca fue en su momento duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad.

Sin embargo, no era menos cierto su cercanía con Carlos Hernando Enciso, quien fuera su secretario de Infraestructura, justo antes de asumir la gerencia de Asuntos Corporativos de AGA, en La Colosa, y quien ha aceptado que para entonces la Anglogold financió a “casi” todos los partidos políticos, con excepción del Polo Democrático y el Partido Verde.

Este exfuncionario de Anglogold,  aseguró a la opinión pública que en las pasadas elecciones locales, la compañía minera hizo aportes al Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y al Centro Democrático.

Contexto: El desespero de Milton

Luego entonces, esto podría explicar el porqué de las endebles posturas del gobernador ante un hecho tan abiertamente nocivo para el ambiente como lo era la explotación minera de “La Colosa”.

Sin embargo, el asunto no termina allí, pues debe igualmente recordarse que el actual Alcalde de Cajamarca, Pedro Pablo Marín, resultó elegido con el apoyo de un equipo de dirigentes políticos regionales pertenecientes a los partidos que precisamente fueron financiados en aquel entonces por la multinacional AngloGold Ashanti como lo fueron: Carlos Edward Osorio, representante a la Cámara del partido de la U; Milton Restrepo, diputado del Centro Democrático y por supuesto el propio Miguel Angel Barreto, representante del partido Conservador.

 

De izquierda a derecha: Mauricio Pinto, Miguel Barreto, Pedro Marín, Carlos Edward Osorio y Harold Urrea durante un acto de campaña por la alcaldía de Cajamarca.

 

Adicionalmente debe señalarse que, el hoy senador Álvaro Uribe, fue quien autorizó la exploración minera en zona rural de Cajamarca, y que las relaciones en ese entonces entre el ‘barretismo’ y el ‘uribismo’ gozaban de buena salud y vivían toda una luna de miel.

Contexto: En Cajamarca, el ‘barretismo’ se tragó a Carlos Edward Osorio

 

La objeción al Acuerdo que prohibía la minería de metales en Ibagué

El año pasado se suscitó también un nuevo round entre la defensa ambiental del territorio y el gobernador Oscar Barreto. Este nuevo capítulo tuvo como eje central la objeción presentada por Barreto Quiroga al Acuerdo municipal que pretendía prohibir en el Municipio de Ibagué actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación minera.

Contexto: La Consulta que no fue

En esta oportunidad el Gobernador Barreto Quiroga respaldado en una petición que le hiciera la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – la cual no le era vinculante – ,  tomó la decisión de objetar el mencionado Acuerdo y enviarlo a control de legalidad al Tribunal Administrativo del Tolima, instancia judicial que meses después terminó fallando a favor de las objeciones presentadas por el Gobernador.

Un polémico fallo en el que claramente se desconoció el precedente jurisprudencial, de que trata de la sentencia T-445 del año 2016.

Esta situación que dejó a la ciudad de Ibagué sin limitantes a la explotación minera dentro de su jurisdicción, evidenció una vez más, la afinidad de la casa Barreto con la causa minera, dejando entrever que su compromiso con la megaminería al menos hasta el año pasado se ha mantenido incólume, sin que a la fecha se hayan conocido circunstancias que permitan evidenciar lo contrario.

El presupuesto para el ambiente

Un tercer y último elemento de análisis para permitirnos tener dudas razonables sobre el verdadero compromiso con los temas ambientales por parte del Senador ‘barretista’, es el presupuesto que  para la vigencia 2017 la actual administración del Gobernador Barreto, orientó a los asuntos en materia ambiental.

Es así como de los 140 mil millones del presupuesto para inversión de la vigencia 2017, tan solo 11 mil millones fueron destinados al macroproyecto “Sostenibilidad Ambiental, manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático”, pero lo que es más llamativo aún, es que de este monto, 7.200 millones se apropiaron para un proyecto denominado “Mejoramiento y/u Optimización de acueductos, alcantarillados y sistemas de aseo para Comunidades y Territorios de Paz en el postconflicto en el Tolima”, un rubro bastante exótico para este macroproyecto, que se supone debería estar orientado a los asuntos netamente ambientales como su mismo nombre lo indica y no para cuestiones propias del saneamiento básico de las comunidades.

De tal suerte que tan solo algo mas de 3 mil millones de pesos son los que a 2017 se destinaron por parte de la administración Barreto a la salvaguarda de los recursos ambientales de nuestro departamento, una suma realmente ínfima, pero que evidencia tanto el compromiso de este gobierno como el interés de esa casa política con las cuestiones ambientales.

Estos aspectos que han caracterizado al mentor y a la casa política a la que pertenece el Senador Miguel Angel Barreto, son argumentos suficientes para dudar de sus reales intenciones de avanzar en una clara defensa del ambiente desde el Congreso de la República.

Simplemente para cerrar este corto artículo, recordemos una entrevista que en el año 2014 le hiciera el periódico El Nuevo Día al entonces candidato a la Cámara de Representantes Miguel Ángel Barreto.

¿ Un tema local es La Colosa y a la vez tema de campaña. Cuál es su posición con respecto al proyecto? 

Tal y cómo está planteado el proyecto no estoy de acuerdo, porque cuando hay detrimento del medio ambiente, en la producción agropecuaria, en lo social, no hay garantías.

He revisado el tema impositivo, ¿En cuánto se va a beneficiar el Tolima? y encuentro que el porcentaje del oro es mínimo y fuera de eso la reforma a las regalías que aprobó el presidente Santos se lleva todos los recursos para Bogotá. Mientras no haya claridad no comparto la minería a cielo abierto.

Hoy estamos viendo lo que está pasando con la Drummond y que el Estado no tiene la capacidad para manejar esa locomotora, además se le está saliendo de las manos”. 

A pesar de sus afirmaciones y anuncios de campaña, años después – tal como lo mencionamos- al ahora Senador Miguel Ángel Barreto se le vio en tarima apoyando una candidatura a la Alcaldía de Cajamarca, abiertamente prominera; y lo que es peor aún, ahora que es Senador y al parecer por esas cosas extrañas que no logran tener una explicación clara, el Senador Barreto no pudo suscribir el proyecto de Ley que radicaran sus colegas en contra del uso de la técnica de Fracking para la explotación de hidrocarburos en el país, y tal cual como lo hizo en el 2014, sus anuncios sobre su compromiso ambiental quedan registrados en los medios pero no en los hechos.

Ojalá Senador Miguel Ángel Barreto que esta vez del dicho al hecho no haya ningún trecho y sus palabras guarden coherencia con sus actuaciones.

Cinco razones para no poner todos los huevos en el ecoturismo

Cinco razones para no poner todos los huevos en el ecoturismo

Por Natalia Arbeláez

El investigador realizó un estudio de campo en el 2012 y 2013 en la Reserva Biológica Encenillo (RBE) ubicada en el sector de Pueblo Viejo, municipio de Guasca, Cundinamarca, y encontró que las reservas naturales privadas también traen problemas para las comunidades.

La Reserva fue durante 61 años una mina administrada por la Compañía Explotadora de Cal. En 1992 la mina cerró y quince años después se convirtió en una reserva natural que administra la Fundación Natura de Colombia, que es la más antigua existente en el país.

La Fundación muestra éste como un caso exitoso de recuperación ambiental. Además de que la reserva hace parte del primer anillo (zona de amortiguación) del parque natural Chingaza, que es la fuente de agua más importante de Bogotá, el árbol de Encenillo, que ahora está protegido, había sido muy talado para madera y tintes.

Sin embargo, los pobladores añoran la mina porque aunque reconocen que era un trabajo duro tenían estabilidad, buenos salarios, prestaciones sociales y dotaciones y no tenían que desplazarse a ningún sitio para sobrevivir.

A partir de esa experiencia y de otras como la del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, el profesor Rojas concluye que el ecoturismo está lejos de ser la fórmula mágica para sustituir el empleo en lo rural por las siguientes razones:

1. El ecoturismo genera poco empleo e inestable

En varias zonas del país, se habla de “Nueva Ruralidad” que consiste en una economía movida ahora por servicios turísticos y ambientales que han entrado a reemplazar la explotación minera y agropecuaria que antes se hacía en el campo.

Pero el ecoturismo como fórmula económica para las poblaciones aledañas a zonas de conservación no siempre es efectiva.

Felipe Rojas cuenta en su libro que de 37 personas que trabajaban en Pueblo Viejo, sólo seis estaban colocadas en la Reserva Biológica del Encenillo, de las cuales 5 eran ocasionales, es decir, que sólo las ocupan entre 1 y 3 veces por semana. Mientras en la mina había más de treinta trabajadores.

Los maestros de obra locales también son llamados cuando se requiere instalar algo o hacer un arreglo pero eso pasa de vez en cuando y, en todo caso, en el momento que más fueron ocupados fue en el arranque de la reserva.

“Ya últimamente me estuvieron llamando, pero ya no tuve tiempo porque ya me metí a trabajar en una parte donde … uno tiene un sueldo fijo”.

Dice una de las vecinas del sector entrevistadas por el profesor.

“Porque …. allá … era una vez al mes o por allá cada dos meses. Entonces ya me metí a trabajar en una parte donde … se que me va a llegar quincenas.”

“¿Y sumercé dónde está trabajando?”, le pregunta el profesor. “Pues en el ordeño, pero de todas maneras es un sueldo fijo que un tiene”, le contesta.

Lo anterior conlleva a que el trabajo en la reserva sólo sea un ingreso complementario y tengan que irse u ocuparse en otras actividades como la ganadería.

Natura es consciente del problema de la falta de trabajo y aunque ha hecho esfuerzos para aumentar las visitas a la Reserva esto no es suficiente, reconoce el autor del libro, porque la actividad de conservar los bosques genera muchos gastos y pocos ingresos y fuentes de empleo, como los turistas sólo van algunos días a la semana y al mes, no hay mucho que poner a hacer a la gente.

La reserva tiene 200 hectáreas de las cuales 180 son bosque y 20 son pasto. Esta proporción muestra que no es posible sólo conservación sin producción. Felipe Rojas dice que la Fundación entiende eso y articuló la práctica común ganadera que había en el sector a través de la venta de pasto a los campesinos bajo la figura de concesión.

No pasa lo mismo con la actividad agrícola por el impacto ambiental que tiene el uso de agroquímicos.

2. El ecoturismo no retiene a los jóvenes ni a las mujeres

El desempleo en Guasca no es alto (16.2 por ciento) , pero esto no se atribuye a que realmente no haya sino a que la población en edad de trabajar una vez termina su bachillerato abandona el pueblo en busca de oportunidades.

La creciente urbanización de los municipios cercanos a Bogotá, genera empleo en condominios y clubes exclusivos en labores de construcción, servicio doméstico, jardinería, asistencia en deportes, cuidado de niños y mascotas.

“A la gente le toca salir, más que todo la juventud, … a buscar trabajo porque acá no hay”,

Dice otra de las entrevistadas.

dice otra de las entrevistadas. ”Acá lo único así es, pues lo ganadero […] Juventud acá como tal no hay porque oportunidades de empleo no hay. Y si hay, no es nada seguro”.

En el caso de las mujeres, el problema aumenta. Por una lado no tienen muchas opciones de trabajo local diferentes al ordeño y las labores domésticas, que en todo caso no son pagas pues en las fincas, usualmente, le pagan sólo al mayordomo. Otros oficios en el campo se consideran labores pesadas para las que las mujeres no son aptas.

Y tener que irse a buscar trabajo a otros lugares les implica abandonar sus hogares.

3. El empleo local que provee es en labores domésticas

Las ganancias del ecoturismo generalmente no se quedan en las poblaciones locales sino en manos de los privados que suelen venir de las ciudades a administrar las reservas naturales.

Los trabajos que podían desempeñar las personas de Pueblo Viejo eran los de cocina, aseo, plateo (siembra y mantenimiento de árboles) y guía turístico, aunque también había guías traídos de afuera pues “no cualquiera podía ser … a partir de sus conocimientos del lugar, debía pasar por un proceso educativo”, dice el autor del libro.

Por ello los campesinos reclaman que todos los empleos de guía deberían ser para ellos.

4. El ecoturismo suele desconocer los saberes locales

Los guías ecoturísticos son importados muchas veces pues se privilegia el conocimiento científico y formal sobre el empírico.

“Debían ocupar la gente de aquí”,

Dice un vecino del sector.

“Entonces esa reserva si estaría dándole beneficio a las personas del mismo municipio”.

El autor del libro critica que en 2008 estudiantes de Biología de la Universidad Incca de Colombia formaron como eco-guías a un grupo de ocho habitantes de la vereda como parte de su proyecto de grado en la Reserva y que en vez de valorar el conocimiento íntimo que tenían de la región los trataron de adoctrinar como si supieran muy poco sobre las especies animales y vegetales.

Además, de los ocho sólo dos se quedaron como ecoguías pero solo una vez por semana pues los otros nunca fueron llamados o se retiraron por falta de contrato fijo.

Y aunque algunos estaban contentos con haber podido aprender los nombres científicos de las plantas e incluso pidieron tener acceso a bibliotecas, otros lo criticaron:

“Imagínese habiendo gente acá, prácticamente capacitada. Yo creo que hasta ni se saben el nombre de los árboles o por qué, si … da unos frutos que se puede comer uno (y que) no”.

Dice un vecino, y otro lo complementa:

“Una persona de Bogotá qué historia le va a contar a uno”.

5. Reduce a los pobladores de las reservas naturales a empleados

Las reservas naturales se plantean como formas de aumentar el control de las poblaciones locales sobre sus territorios; sin embargo, el caso de la Reserva Biológica del Encenillo muestra que eso no es posible si no hay una verdadera participación de esas comunidades y si ellas no pueden derivar su sustento del uso de los recursos naturales.

Esta situación se agrava cuando se trata de reservas naturales de “la sociedad civil” como las del Encenillo, que son realmente de propiedad privada, de las que los dueños pueden disponer sin que los campesinos puedan exigir otra cosa.

“De lo contrario, solo seguirían siendo antiguos trabajadores mineros (o hijos de ellos) hoy convertidos en concesionarios y mano de obra del ecoturismo”, escribe Rojas.

Cuenta, por ejemplo, que los habitantes locales han querido desarrollar actividades que les puedan dar ingresos y que sean compatibles con el ecoturismo en la Reserva, como vender alimentos o hacer cabalgatas para los turistas, pero que éstas no han dado resultado.

“Pues no sé, a esa reserva le hace falta como un buen restaurante, como una caseta donde vendan golosinas. … digamos, que yo quiero colocar mi negocio y le den a uno la oportunidad de colocarlo. Así toque dar alguna parte a la Fundación, pero que lo dejen trabajar a uno. Porque nosotros propusimos todo eso”,

Dice otra de las consultadas para la investigación.

“Cuando la cabalgata, … mi esposo compró los caballos y… fue como dos veces nada más y nunca lo volvieron a llamar…”.

El ecoturismo no es la contraparte de la minería, opina el autor del libro al criticar la polarización del debate ambiental. “Sí llegamos al extremo de sólo conservación y de prohibirle a los campesinos cultivar, talar, ¿de qué van a vivir?”, concluye.

La defensa del ambiente ¿Incompatible con la búsqueda de la paz?

La defensa del ambiente ¿Incompatible con la búsqueda de la paz?

Por Ana Carolina Gómez Rojas

Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 26 de septiembre de 2016, se dio inicio a un proceso de renovación de fuerzas políticas y sociales en el país, al mismo tiempo que surgieron nuevos desafíos en términos económicos, políticos y ambientales.

Dentro de los mayores desafíos se encuentra la recuperación del monopolio de la violencia por parte del Estado. En los tres procesos de desmovilización más importantes de las últimas décadas con grupos armados irregulares (el proceso de paz de Belisario Betancourt con las FARC en 1985, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de Álvaro Uribe en 2006 y el actual proceso de paz de Juan Manuel Santos, nuevamente con las FARC) han surgido fuerzas paralelas que se oponen a la negociación y que han optado por la violencia como forma de reacción.

Centrándonos en el actual proceso, es posible confirmar la dificultad del Estado de proteger a sus ciudadanos de la violencia si revisamos las cifras de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los últimos meses. Según el informe anual sobre agresiones a defensores de derechos humanos en Colombia del Programa Internacional Somos defensores, en 2016 fueron asesinados 80 defensores,[i]mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reportado a través de su último informe que en 2017 la cifra es de 41 homicidios.[ii]

Contexto: Así están matando y amenazando a los líderes sociales

Dentro de este grupo de defensores asesinados y amenazados, se encuentran líderes sociales cuya lucha ha sido específicamente la defensa del ambiente y del territorio. Aquí viene entonces un segundo desafío para el Estado colombiano: hacer compatible la lucha de los grupos sociales que nacen en los territorios rurales del país con la búsqueda de la paz. En términos formales, este reto se encuentra superado en parte dentro del acuerdo escrito ya que uno de los 6 puntos establecidos ha sido denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.

Sin embargo, el número de líderes asesinados revela que las zonas rurales se encuentran hoy en un estado grave de vulnerabilidad. Muchas de sus reivindicaciones continúan sin ser escuchadas e incluso, resultan contrarias a un modelo económico nacional que favorece la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales a gran escala, en sintonía con otros gobiernos de la región latinoamericana.

En ese sentido, un movimiento ambiental fuerte podría resultar, según algunos sectores de la sociedad colombiana, contraproducente para los “intereses nacionales”. Cabe preguntarse antes ¿existe un movimiento social ambientalista en Colombia?

Puede leer: Cuando las comunidades descarrilaron la locomotora minera

El movimiento ambientalista en Colombia ¿una ficción?

 

 

Dentro del campo teórico de los movimientos sociales se ha dado una enorme discusión acerca de la necesidad o no de contar con una definición sobre lo que se entiende por movimiento social. Cada corriente ha respondido a esta discusión de diferentes modos y por ello, algunos investigadores han intentado sintetizar este ejercicio tomando los puntos de encuentro entre las diferentes posiciones y construyendo una definición relativamente válida para todos. Mario Diani en su intento de síntesis definía a los movimientos sociales como “una red de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, grupos y/o organizaciones, comprometidos en un conflicto político y cultural, y sobre la base de una identidad colectiva compartida” (Diani 1992: 13).

Bajo esta definición, podría decirse que existe un movimiento ambientalista en el caso colombiano, pues existe una red de actores que bajo la bandera ambiental han desarrollado ciertas acciones y que han configurado, con el tiempo, cierta identidad colectiva.

Según Isaías Tobasura, el movimiento ambientalista colombiano existe a partir de la década de los setenta gracias a la influencia externa de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente en 1972 y a eventos internos como la creación de grupos de reflexión sobre el ambiente en algunas universidades públicas del país. Ello estuvo alimentado permanentemente por las manifestaciones estudiantiles y campesinas de los setenta (Tobasura, 2003).

En este movimiento descrito por Tobasura, existe una multiplicidad de actores entre los que se destacan intelectuales de clase media, organizaciones no gubernamentales y grupos sociales de carácter étnico (comunidades negras e indígenas) y campesino. Existe, sin embargo, una gran diversidad de actores, de intereses e interpretaciones de estos grupos frente al ambiente y al territorio, por lo que no es conveniente incluirlos a todos dentro de la sombrilla del “movimiento ambientalista colombiano” si queremos responder a preguntas como cuáles han sido sus estrategias y recursos de movilización o cuáles han sido sus alcances hasta hoy.

Por ello, considero útil hacer una separación básica (y muy rudimentaria) entre dos tipos de contendientes o challengers (en términos de Tilly y Tarrow) de los asuntos ambientales:

  • aquellos grupos de intelectuales y profesionales de disciplinas cercanas al ambiente que han desarrollado un conocimiento sobre cómo obtener recursos internacionales para una defensa del ambiente de corte conservacionista. Según Tobasura, éstos han desarrollado una “«cultura del proyecto» o la gestión eficiente de recursos a través de expertos formuladores de proyectos o dinámicos relacionistas públicos. La mayoría de estas organizaciones han logrado profesionalizarse al punto que todas adoptaron el portafolio de servicios y las técnicas de gestión de recursos como su guía de acción” (Tobasura 2003: 114). A este tipo de ambientalistas podríamos denominarlos entonces contendientes “desde arriba”.

 

  •  Aquellos grupos sociales generalmente asentados en zonas rurales y herederos de una identidad indígena, negra y / o campesina que comprende su lucha como una forma de conservar su cultura y como defensa de su relación con un territorio que es sustento de vida. Podríamos denominarlos como contendientes “desde abajo”. Si bien estas luchas se iniciaron en la mitad del siglo XX en Colombia, ha sido a partir del siglo XXI que estos grupos han comenzado a identificarse con el lenguaje ambientalista, lo que les ha permitido construir redes nacionales e internacionales para visibilizar sus reivindicaciones y, de alguna manera, ha transformado sus marcos de comprensión del problema y sus estrategias de acción.

Frente a estos dos grupos, resulta muy enriquecedor analizar a los últimos, en la medida en que son los que actualmente desafían al Estado: mientras que el primer grupo se ha adaptado a los últimos gobiernos nacionales al ver incorporado un lenguaje ecológico en la Constitución Política y en algunas leyes nacionales, el segundo grupo ha aprendido a usar herramientas tanto formales como informales para desafiar el modelo económico y cuestionar las políticas públicas actuales.

Uno de los ejemplos más claros es la Red de Comités Ambientales y Campesinos en Defensa de la Vida creados en el departamento del Tolima. A partir de 2009, diversos grupos de actores se han organizado para lograr el objetivo común de defender el departamento del proyecto de explotación aurífera a gran escala liderado por la multinacional AngloGold Ashanti.

Contexto: La crisis de Cajamarca es la crisis del campo, no de la minería

Para analizar el desarrollo y el alcance de esta red se responderán a continuación cuatro preguntas: ¿Cuáles han sido sus marcos interpretativos para desarrollar acción colectiva? ¿Cuáles han sido sus estrategias de acción? ¿Cuáles han sido sus oportunidades políticas? ¿Cómo las han aprovechado?

Red de Comités Ambientales y Campesinos en defensa de la vida

 

 

En cuanto a los marcos de acción colectiva de la redentendiendo por marcos aquellos esquemas de interpretación que permiten a los individuos ordenar sus vivencias (Goffman, 1979), es importante decir que se han venido transformando a través de los años: En un primer momento, los habitantes de la región enunciaban su defensa como una lucha por la conservación de su vocación agrícola y su identidad campesina.

Hoy en día, hay una apropiación de un conocimiento ambiental acerca de los efectos nocivos sobre el agua y sobre el suelo. Este conocimiento ha sido adquirido a partir de la capacitación de los miembros de la red en diplomados y cursos recibidos en la Universidad del Tolima. Adicionalmente, colectivos como Cosajuca han contribuido a comprender la defensa del ambiente como una defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, como una defensa a la democracia.

Puede ver: Anglogold Ashanti: tropiezo tras tropiezo

Finalmente, los miembros de la red han sumado a su discurso el derecho que poseen de decidir por sí mismos el destino de sus municipios. Lo anterior se ha dado en la medida en que se han apoderado de herramientas constitucionales como la consulta popular.

Justamente ha sido la consulta popular una de las estrategias de acción más visibles de la Red. Hay que advertir que en el caso colombiano se trata de una herramienta cuyo resultado es de carácter vinculante para las autoridades respectivas. Hasta el año 2013, las consultas se habían utilizado para resolver temas locales sin trascendencia nacional. A partir de la consulta del 28 de julio de 2013 realizada en el municipio de Piedras (Tolima) en la cual más del 97% de los votantes rechazó todo tipo de actividad minera, se desató una controversia alrededor de si los municipios pueden o no decidir sobre la explotación de recursos naturales.

A partir de allí, los diferentes niveles del gobierno y los distintos ministerios han entrado en contradicción, pues por un lado hay ciertas decisiones que respaldan la protección del medio ambiente mientras que otras favorecen la explotación a gran escala.

El desconcierto y la incertidumbre generados por la consulta popular ha ido en aumento al sumarse al ejercicio de Piedras, las consultas de Cajamarca (epicentro del proyecto liderado por AngloGold Ashanti), de Tauramena (Casanare), de Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), de Pijao (Quindío), y de Cumaral (Meta). Todas ellas han resuelto rechazar con más del 90% las actividades mineras y petroleras en sus territorios.

Sin entrar en los conflictos jurídicos y políticos que se han desatado en el último año y que han ensombrecido el logro del gobierno de la firma de la paz, pues el gobierno nacional ha apoyado la posición de las empresas explotadoras, se debe resaltar el éxito de la estrategia para llamar la atención de las autoridades competentes y para romper el statu quo en las instituciones formales del Estado. A ello se le pueden sumar estrategias tradicionales como la movilización y la resistencia civil y la realización de carnavales por la vida, entre otras.

Finalmente, podría interpretarse que la Red de Comités Ambientales ha creado una oportunidad política al usar la consulta popular para defender su posición, pues si bien se trata de una herramienta creada en la Constitución de 1991, sólo se convirtió en arma de lucha cuando se puso al servicio de los derechos ambientales y territoriales en 2013.

Podría pensarse que la existencia de un acuerdo de paz se traduce en una ventana de oportunidad para que los grupos sociales sean tomados en cuenta. Ello ha sido cierto para algunos grupos; sin embargo, en el caso de los grupos que defienden el ambiente desde las zonas rurales ha existido una serie de obstáculos que los han convertido en centro de amenazas y juicios. Son catalogados por algunos representantes del gobierno nacional como opositores al desarrollo del país, como ignorantes o desinformados; algunos ciudadanos los han denominado incluso como yihadistas ambientales.

Adicionalmente, han recibido amenazas a su vida. Ejemplo de ello, lo sucedido a finales de julio cuando dos líderes del colectivo Cosajuca fueron amenazados con arma de fuego mientras desarrollaban actividades de capacitación en la zona veredal de Cajamarca.[iii]

La situación anterior revela que los grupos ambientalistas desde abajo están desafiando no sólo el discurso proteccionista del gobierno nacional sino el modelo económico del país. En ese sentido, el proceso de paz actual no alcanza a ser un proceso incluyente ni garantista de lo que algunos han llamado hoy la paz territorial, es decir, una paz capaz de reconocer que no existen recetas únicas, sino que cada territorio debe ser tratado según sus necesidades, sus capacidades y sus tradiciones.

 


Referencias

Diani, M. (2015) “Revisando el concepto de movimiento social”. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales 9, 1-16.

Goffman, E. (1979) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. London: Harper and Row.

Tobasura, I. (2003) El movimiento ambiental colombiano, una aproximación a su historia reciente. Debates ambientales 26, 107-119.

En el sur del Tolima, la paz pasa por la cuestión ambiental

En el sur del Tolima, la paz pasa por la cuestión ambiental

La hipótesis según la cual, con la terminación de los conflictos armados se desatan los conflictos sociales reprimidos por la presencia de los guerreros, parece tener vigencia en los municipios del “Cono sur” del Tolima. 

La vasta región que ocupan Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas, ha sido altamente afectada por las violencias de todos los actores armados durante las últimas décadas, los cuales, ante el abandono estatal, constituyeron eficientes formas de “gobierno insurgente” en los territorios.

 

Contexto: “Sorprende la actitud de la Fiscalía con el Tolima”: Nubia Russi

 

Así lo registran los índices de incidencia del conflicto armado y de vulnerabilidad territorial del DNP, en virtud de los cuales la zona fue priorizada para que, luego de 200 años de vida republicana, por fin le diera la bienvenida al Estado Social de Derecho.

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, en los cuatro municipios ya se están invirtiendo recursos para la construcción y ejecución de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, cuyo lanzamiento político será este miércoles en Rioblanco; y en marzo del próximo año se elegirá una Circunscripción Especial de Paz para que los represente en el Congreso de la República.

 

Contexto: El mapa de la cooperación internacional en el Tolima

 

No obstante las inversiones y políticas para la construcción de paz “estable y duradera”, las conflictividades sociales están empezando a emerger, precisamente por donde el Tolima lleva la batuta en las actuales movilizaciones de la ciudadanía: la autonomía territorial y la protección del medio ambiente.

 

Consultas populares en el horizonte

Los conflictos socioambientales asociados a la explotación intensiva de los recursos minerales en el Tolima no terminan con el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca.

 

Contexto: Cuando las comunidades descarrilaron la locomotora minera

 

Lo anterior parecen tenerlo claro las comunidades, que vienen impulsando la movilización en el Cono Sur del departamento con el objetivo de poner en conocimiento de las autoridades y la opinión pública los casos más problemáticos en materia socioambiental.

En dos eventos realizados la semana pasada, el primero en Chaparral y el otro en Ataco, en el marco de la audiencia pública ambiental convocada por Cortolima, participaron delegados de asociaciones campesinas, indígenas, de mujeres, excombatientes de las Farc y organizaciones gremiales de Rioblanco, Planadas, San Antonio, Ortega, Ataco y Chaparral.

En los dos escenarios resonaron las voces que pidieron consultas previas y consultas populares.

 

Puede ver: 8.668 habitantes de Ortega exigen consulta popular minera

 

El reclamo se relaciona con los megaproyectos minero-energéticos que se anuncian en el territorio, y el nuevo ordenamiento de la región, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Esto tiene que ver, en concreto, con la dirección que asuma el PDET.

Las hidroeléctricas a filo de agua en la cuenca del Alto Saldaña, como es el caso de la que entraría en ejecución en el corregimiento de La Marina, en Chaparral; la reanudación de varios campos petroleros en Ortega, y el megaproyecto de explotación aurífera en Ataco, en proceso de licenciamiento ante la Anla; tienen encendidas las alarmas de las comunidades.

 

¿Paz territorial sin paz ambiental?

 

En Chaparral, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, se vio a gatas para responder los cuestionamientos de las comunidades sobre el PDET.

A la incertidumbre sobre la efectividad de la participación en la formulación y la ejecución del Programa, se suma el hecho de que, para algunos sectores, el PDET puede constituirse en la puerta de entrada de la locomotora minera al territorio.

Aunque esa sospecha puede no tener asidero dado que los tiempos de la entrega de los títulos y las licencias no cuadra con los tiempos del PDET (aunque desde otro punto de vista, el negocio puede estar precisamente en lograr incluir los megaproyectos en su agenda) sí es posible afirmar que con la salida de las Farc del territorio, las empresas ahora la tienen relativamente “más fácil” para – por lo menos – intentar llevar a cabo los proyectos.

Así lo confirmó el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardozo, quien no solo destacó el potencial energético de la región, sino que afirmó que el fin del conflicto permitirá que los técnicos lleguen a zonas del territorio hasta ahora inexploradas.

Cardozo, aplaudido por las comunidades en Ataco por solicitar a la Anla negar la licencia ambiental al proyecto de Mineros S.A en Ataco, fue duramente cuestionado en Chaparral, dado que la entidad le ha concedido todas las licencias ambientales a la hidroeléctrica a filo de agua que construye la empresa generadora de energía Los Andes sobre el río Ambeima, contra el que los 25 presidentes de Junta de Acción Comunal del corregimiento La Marina se pronunciaron negativamente.

Aunque en su defensa, el funcionario argumentó que la licencia ambiental se otorgó en 2010, época en que la corporación estaba bajo la dirección de Carmen Sofía Bonilla, sí aceptó que él les entregó licencia para la distribución de energía en 2015. 

Según el funcionario, solamente en el tema de hidroeléctricas, 19 proyectos se encuentran en trámite y seis más en ejecución, en los municipios de Ibagué, Roncesvalles, Prado, Chaparral, Honda y Fresno.

En el reciente libro de Dejusticia “La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo”  se juega la tesis de que si la guerra colombiana estuvo vinculada al medio ambiente, “las posibilidades de una paz duradera también lo están”.

En ese sentido, el punto de partida del documento es que no puede haber paz territorial sin paz ambiental.

El sur del Tolima será un laboratorio perfecto para determinar qué tan acertado es ese punto de vista.

Anglogold Ashanti: tropiezo tras tropiezo

Anglogold Ashanti: tropiezo tras tropiezo

La consulta popular de Pijao, en el Quindío, y la negativa del ministerio del Medio Ambiente a aprobarle la solicitud de sustracción de área en Cajamarca, constituyen dos duros reveses para la poderosa multinacional minera, que no levanta cabeza desde la consulta del pasado 26 de marzo.

 

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Derrotada en los territorios, Anglogold Ashanti ha tenido que recoger maletas y concentrar toda su fuerza en el lobby al más alto nivel para tratar de tumbar el mandato de las consultas populares.

Dialogamos con Robinson Mejía, líder del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca, sobre la aparente sin salida de la multinacional y la estrategia de las comunidades para evitar que vuelva a tomar fuerza en la región.

 

Puede ver: Cuando las comunidades descarrilaron la locomotora minera

 

LaPipa.co: ¿Cómo está Cajamarca después de la Consulta Popular?

RM: Cajamarca es un municipio que históricamente ha basado su economía en la agricultura y esto no cambió con la consulta popular del 26 de marzo.

Evidentemente nuestro país está enfrentando una crisis que viene de hace décadas, la cual  ha evidenciado la desprotección del campo y la falta de incentivos para que el campesinado siga produciendo comida.

Esto ha generado que en Cajamarca se sienta una recesión como la que se siente en cualquier otro municipio de Colombia que dependa del agro, pero esto no tiene nada que ver con la consulta.

El ambiente en Cajamarca es de más positivismo, sobre todo porque se están planteando nuevos desafíos para poder avanzar en una economía mucho más sostenible basada en la producción de alimentos, pero además, en nuevas actividades económicas como el agroturismo y el ecoturismo.

Por otra parte, aún existe y se evidencia en varias declaraciones el matrimonio entre Anglogold y la Administración Municipal en cabeza del alcalde Pedro Marín. Aunque la empresa anunció el congelamiento de su proyecto en Cajamarca, lo que ha seguido es su presión y trabajo de cooptación a las instituciones, en este caso a la Alcaldía.

 

LaPipa.co: ¿La consulta de Pijao afecta el proyecto La Colosa?

RM: El municipio de Pijao hace parte de los municipios que están en el radio de influencia del proyecto minero La Colosa, y en donde funcionarios de la empresa habían dicho abiertamente que podrían ubicar parte de su infraestructura.

Con la consulta que realizó Pijao el pasado 9 de julio, en la que 2.613 personas dijeron No a la minería de metales y sólo 26 dijeron que Sí, claramente se afectan los planes de la empresa.

Aunque Anglogold había manifestado no tener intereses en el Quindío, los títulos mineros que hoy existen sobre ese departamento dicen lo contrario, así que lo que ocurrió el pasado domingo es otra gran derrota para Anglogold.

 

LaPipa.co ¿En qué consiste la solicitud que el Ministerio del Medio Ambiente le acaba de negar a Anglogold?

RM: Anglogold había solicitado un permiso para seguir explorando en la zona de Reserva Forestal Central, esto se llama “Sustracción de Reserva” y el trámite venía desde el año 2015.

El procedimiento consiste en que se retira la protección que tiene la figura de conservación de la Ley 2 de 1959 sobre la Reserva Forestal Central, para poder desarrollar actividad de exploración.

Hay que resaltar que Anglogold solicitaba esa sustracción con el objetivo de seguir su actividad exploratoria en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, las últimas antes de solicitar la licencia ambiental.

Con esto, la empresa tiene su proyecto minero sepultado y lo que entendemos es que el Ministerio de Ambiente le está dando un respaldo técnico a la decisión soberana que tomó el pueblo Cajamarcuno el pasado 26 de marzo.

Tomado de El Tiempo

 

LaPipa.co: ¿Esta decisión es uno de los efectos de la Consulta Popular?

RM: Si bien la resolución no hace mención de la consulta popular, lo que podemos entender es que esto que viene sucediendo al interior de las entidades ambientales tanto del departamento como a nivel nacional, evidencia que luego de la consulta popular claramente ellos tienen una directriz, aunque no aparezca mencionado en el acto administrativo sí creemos que la decisión que tomó Cajamarca tuvo mucho que ver porque hay que recordar que Anglogold tiene dos sustracciones de la Reserva Forestar Central que fueron otorgados por esa misma autoridad ambiental y están en trámite otras dos.

Se evidencia que hubo incidencia de la Consulta Popular en esta decisión tomada el pasado 9 de junio por el Ministerio de Ambiente.

 

LaPipa.co: ¿Cuál es la hoja de ruta del movimiento ambiental del Tolima?

RM: Los Comités Ambientales y especialmente el de Cajamarca, tenemos tres tareas luego de la consulta.

La primera es la implementación de la decisión en todos los niveles, local, regional y nacional. Por otro lado, se encuentra la posibilidad de potenciar la actividad económica en el municipio de Cajamarca, entendiendo que hay una oportunidad en donde nosotros podemos incidir para que se empiecen a proyectar prácticas más sostenibles para que el sector agropecuario tenga unos ingresos que garanticen el goce de una vida digna para los campesinos.

En tercer lugar, Cajamarca tiene una deuda con todo Colombia y vamos a seguir apoyando los procesos de consulta popular que se adelanten en el país, es por eso que hemos estado en Cumaral, Pijao y Arbeláez y vamos a estar en Pasca próximamente.