ONU pide con urgencia que se apruebe Ley Estatutaria de la JEP

El Secretario General de la ONU expresó con preocupación que la JEP, como pilar central del Acuerdo de Paz, “ha sido objeto de discusiones polarizadas” y reiteró que “es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a quienes, de buena fe, han dejado las armas con la verificación de las Naciones Unidas”.

Estas apreciaciones y el llamado al gobierno colombiano para que apruebe la Ley estatutaria de la JEP, aparecen en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, presentado ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

La JEP ha sido objeto de discusiones polarizadas (…) es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” Antonio Gutérres

En dicho informe se reiteró el llamado al “Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz.

Gutérres ratificó que la Jurisdicción Especial para la Paz debe disponer de todos los instrumentos políticos y prácticos para su eficaz funcionamiento en condiciones de independencia y autonomía.

Víctimas en la JEP

En el informe, Gutérres también resaltó que la JEP trabaja en siete casos que considera que son representativos del conflicto armado y que refieren a hechos que afectaron a aproximadamente 820.000 víctimas. El Secretario General de la ONU destacó, además, que las víctimas han tenido la oportunidad de presentar informes y material de apoyo en relación con sus casos, lo que constituye una dimensión innovadora del proceso de paz en Colombia.

Igualmente, en el documento Gutérres subrayó los avances en el caso 001, conocido como secuestro, al que fueron llamados 31 antiguos altos mandos de las Farc para rendir su versión, y destaca la comparecencia ante la JEP en los demás casos.

“Están llamados a comparecer exmiembros de las FARC-EP un proceso similar en el caso 002, relativo a hechos ocurridos en el departamento de Nariño. En el proceso del caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, han comparecido 56 miembros de las Fuerzas Militares.

En el caso 004, que se centra en hechos ocurridos en los departamentos de Antioquia y el Chocó, la Jurisdicción Especial para la Paz ha identificado a 174 personas que serán llamadas a declarar ante ella, y está reuniendo documentación escrita, incluso denuncias de violencia sexual y de género.

El caso 005 se centra en hechos ocurridos en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en donde la Jurisdicción Especial está examinando las dimensiones tanto territorial como étnica/racial de la situación de los derechos humanos, ha identificado a 151 personas que serán llamadas a comparecer ante ella.

En el caso 006, relativo a la victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz está examinando las solicitudes de sometimiento presentadas por 20 miembros de la Fuerza Pública y 13 miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), antiguo servicio de inteligencia de Colombia.

Hasta la fecha se han aceptado 16 solicitudes. En el último caso, el caso 007, se examinará el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, resume el reporte.

Frente al caso 007, el Consejo de Seguridad de la ONU también subrayó que la JEP avanza gracias al material de apoyo proporcionado, entre otros, por las organizaciones sociales y de víctimas sobre “actos de violencia y esclavitud sexual, abortos planificados y forzados, castigos crueles y reclutamiento de niños y niñas, que afectan en particular a los de comunidades afrocolombianas e indígenas”.

Comparecientes en la JEP

El Secretario General recalcó el llamado a versiones a exjefes de las Farc, y el incremento de miembros de la fuerza pública, excombatientes de esa guerrilla y agentes del Estado que han comparecido, entre el 27 de diciembre de 2018 y el 26 de marzo de 2019.

“En los 15 meses transcurridos desde el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz han suscrito actas de sometimiento 9.691 exmiembros de las FARC-EP, 1.958 personas de las Fuerzas Militares, 39 personas de otras entidades públicas y 12 particulares que solicitaron someterse a su autoridad”, pone de manifiesto el documento.

Finalmente, el Secretario General destacó que la Fiscalía General de la Nación se haya retractado de la afirmación de que el capturado exfical Bermejo “pretendía influir en el caso de Jesús Santrich”, tal y como lo anunció a los medios de comunicación y en el proceso penal. “La Procuraduría General tampoco encontró ninguna prueba que respaldara esa acusación, y el fiscal principal de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que su oficina no había tenido nada que ver en el proceso de Santrich”, reiteró el Secretario General de la ONU.

Las movidas de la política para el 2019, según La Silla Vacía

Las movidas de la política para el 2019, según La Silla Vacía

Por Juan Esteban Lewin

Este es un año de elecciones regionales, el primero completo de presidencia de Iván Duque y el del cierre de períodos de los actuales alcaldes y gobernadores. La Silla considera que estas serán las grandes historias del año que arranca y que esperamos poder cubrir en profundidad.

1

El reajuste de los poderes regionales

La definición de las elecciones locales y regionales será central en el debate político de este año.

En cada municipio y departamento se definirá no solo quién gobierna sino qué fuerzas ganan y pierden poder, qué gobernantes llegan con coaliciones amplias o fáciles de montar en sus asambleas y concejos y cuáles lo tendrán más difícil, y qué carreras o grupos políticos están en crecimiento y cuáles van de capa caída.

Por ejemplo, se jugarán las aspiraciones nacionales de Luis Pérez en Antioquia, Federico Gutiérrez en Medellín, la fuerza de la hegemonía de la casa Char en Barranquilla, la resiliencia de Ramiro Suárez en Cúcuta, poderes crecientes como Jorge Rey en Cundinamarca y Mario Castaño en Caldas, y el casi dominio regional de Dilian Francisca Toro en el Valle.

[En el Tolima, por ejemplo, va a probar finura el Centro Democrático, los ‘alternativos’ medirán el aceite de las presidenciales, mientras que Barreto y los liberales vuelven a medir fuerzas por la alcaldía de Ibagué y la gobernación]

2

La consolidación de polos de izquierda, centro y derecha

Varias de las carreras locales tendrán relevancia nacional no solo por la importancia de las ciudades o departamentos en las que se juegan, sino porque ayudarán a definir si la política colombiana local también va migrando de un sistema de alianzas de grupos políticos clientelares a una puja más ideológica de posiciones de derecha, centro e izquierda.

Aunque no es nuevo que el voto no clientelista defina las elecciones en las grandes ciudades y varios departamentos, la alineación ideológica de las candidaturas no siempre ha sido tan claro, y de darse como en las presidenciales refrendaría UNA DE LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES DEL PODER del 2018.

Los resultados en Bogotá y Cali, por ejemplo, serán un termómetro de la viabilidad de armar coaliciones victoriosas de izquierda; y lo que ocurra en Antioquia, el Eje Cafetero, Norte de Santander o Huila servirá para saber si siguen ganando alianzas de derecha como la que llevó a Iván Duque a la Presidencia.

Si todo eso se da, las elecciones de octubre definirán que la política en Colombia funcionará más como es usual en el mundo.

3

La puja de la clase política tradicional por mantener su poder

Otra de las grandes historias de este año será la estrategia de los políticos tradicionales para seguir vigentes, en por lo menos dos espacios que son centrales para su poder.

Uno es si el Gobierno Duque mantener su relación de distancia e independencia frente al Congreso, sin dar puestos ni cupos indicativos a cambio de votos, después de que en su primer período legislativo eso le valió el hundimiento de su reforma a la justicia, la pérdida del corazón de su reforma política y haber podido pasar una reforma tributaria que refleja su visión económica pero que no resuelve las necesidades fiscales que dijo tener.

En ese espacio, si Duque cambia esa decisión los políticos tradicionales lograrían recuperar poder (algunos conservadores, cristianos y uribistas han tenido acceso a burocracia y no lo han perdido), que en todo caso muchos han mantenido por sus fortines locales o regionales, o en otras entidades que escapan al poder presidencial, desde universidades públicas hasta organismos de control.

La segunda área es la electoral. Después del duro golpe por la derrota del candidato del grueso de los políticos tradicionales, Germán Vargas, en primera vuelta presidencial, y de la distancia que ha marcado Duque, la incidencia en los gobiernos locales es todavía más necesaria. En las grandes ciudades no es obvio que lo logren, y candidaturas más cívicas y de opinión como las que ya han ganado en el pasado pueden reducir sus espacios de poder.

Si pierden alcaldías contra candidatos como hace cuatro años fueron Rodolfo Hernández en Bucaramanga, Rodrigo Lara Sánchez en Neiva o Maurice Armitage en Cali, por lo menos algunos caciques van a tener más difícil mantener su poder.

4

Los efectos de la mayor inmigración que haya vivido Colombia

Con las cifras históricas de potencialmente MÁS DE 1,1 MILLONES DE VENEZOLANOS en el país, una de las historias de este año será cómo se siguen integrando a la sociedad colombiana. La presión por servicios sociales, la búsqueda de trabajo de los inmigrantes y los brotes de xenofobia pueden ser solo algunas de las aristas de esta historia, que incluso puede tener efectos electorales en algunas zonas.

Además, ese flujo puede crecer a medida que la crisis en Venezuela aumente.

5

La relación entre Uribe y Duque

Una de las grandes historias de poder de este año es cómo evoluciona la relación entre el Presidente y su padrino político, que ha sido tranquila pero sin alineación total, como cuando Álvaro Uribe acompañó a Paloma Valencia a presentar una reforma a la justicia contraria a la del Gobierno, o cuando, en pleno debate televisado contra el Ministro de Hacienda, rechazó ampliar el IVA a la canasta familiar y así mató una propuesta del Gobierno.

Habrá muchos temas para ponerla a prueba, desde la política de drogas hasta la definición de cambios en los ministerios que pueda hacer Duque – pero sobre todo en la justicia y en la aplicación del Acuerdo de Paz con las Farc.

En la justicia, tema en el que el Gobierno dijo que presentará una nueva reforma constitucional, porque a Uribe lo persiguen los fantasmas de indagaciones e investigaciones penales, incluyendo varias que la Sala Penal de la Corte Suprema declaró de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Por eso, lo que Duque haga o deje de hacer frente frente a las Altas Cortes, y especialmente la Suprema, puede incidir en esa relación.

En el Acuerdo, para Uribe es fundamental que el Gobierno ayude a que en la puja por la llamada verdad histórica gane su visión de que lo que hubo en Colombia fue una amenaza terrorista de las Farc, y no un conflicto entre una oligarquía abusiva y un pueblo oprimido, que es la de los farianos.

Por eso, lo que puede impactar esa relación no es que el Gobierno avance en la reintegración de los ex combatientes, sino en su relación con la JEP y a la Comisión de la Verdad, que ayudarán a construir esa verdad histórica. También puede impactar que el Gobierno le meta la ficha a  aplicar los puntos más transformadores del Acuerdo como la reforma rural.

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Los avances de los escándalos de corrupción

El escándalo de Odebrecht marcó el 2018, así como en 2017 fue el del cartel de la toga. Además, otros escándalos como el de la contratación del fondo paz o los del PAE suelen mover las noticias todos los años. En la medida en que la conflicto ha perdido relevancia, ellos estos temas los han ido ganando, y por eso sus avances (y los nuevos que aparezcan) seguramente marcarán este año.

Además, también impactarán la novela del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ya sea directamente por lo que ocurra con el escándalo de Odebrecht, o indirectamente si nuevos escándalos lo eclipsan.

7

Las maromas fiscales

Con una reforma tributaria que no tapó todo el hueco fiscal, este año el Gobierno deberá hacer maromas para respetar la regla fiscal, y para armar un presupuesto para 2020 que también la respete a pesar de que ella exige que se vaya reduciendo el déficit cada año.

Esta historia puede incluir recortes de gasto, mayor endeudamiento o incluso una nueva reforma tributaria, que no solo sería impopular sino que podría golpear más la popularidad de Duque y dificultar su relación con los empresarios.

8

Las decisiones de la JEP

Este año la justicia transicional, que ya está andando, tomará decisiones que darán de qué hablar. No solo en el mediático caso Santrich, en el que debe definir si da luz verde a que siga el trámite de la extradición o no, sino que deberá tomar decisiones trascendentales.

Por ejemplo, seguirá abriendo casos y por esa vía definiendo cuáles son los delitos más graves que se cometieron en el conflicto; deberá definir cuáles fueron los casos más graves o representativos de secuestros de las Farc y de los homicidios conocidos como ‘falsos positivos’; y podría alcanzar a emitir las primeras condenas para las personas que acepten su responsabilidad en esos casos, y por esa vía definirá qué tan parecida a la cárcel serán sus sanciones.

Esas decisiones seguramente tendrán ecos políticos importantes.

9

La consolidación de las disidencias y el futuro del ELN

En materia de conflicto, las disidencias y el ELN seguramente serán los actores más visibles. El segundo no solo por el congelado proceso de diálogo, sino por su paulatino crecimiento; las segundas porque su proceso de unificación parece estar avanzando y en esa medida se convertirán en un punto de debate sobre la efectividad del Acuerdo de La Habana.

Eso porque su aumento le da argumentos tanto al uribismo para decir que el Acuerdo quedó mal negociado y por lo tanto la culpa es de Juan Manuel Santos, como a la oposición para decir que el uribismo encarnado en Duque está incumpliendo el Acuerdo.

10

El futuro de la implementación del Acuerdo

Completando su primer año y con Plan Nacional de Desarrollo aprobado, el Gobierno de Duque tomará decisiones que demuestren hasta dónde hará o no trizas el Acuerdo.

Por ejemplo, debe resolver la tensión entre su propuesta de política antidrogas con mano dura y los compromisos del programa de sustitución de cultivos del Acuerdo; definir si apoya las 16 curules para los víctimas que se acordaron y naufragaron en el Congreso, y las 8 que propone el uribismo; si le mete fuerza a su reforma política para cumplir el Acuerdo o la deja languidecer; y si impulsa las reformas en materia de tierras que se acordaron.

En paralelo, se verá si las audiencias de la Comisión de la Verdad darán para ir contando la historia (como ella quiere) o no y si la política de seguridad para los líderes sociales permite que haya con quienes aplicar el Acuerdo en el campo.

En Colombia ser líder social o reclamante de tierras es una sentencia de muerte

En Colombia ser líder social o reclamante de tierras es una sentencia de muerte

Pese a las constantes denuncias de asesinatos y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras, el asesinato de estas personas sigue en aumento y obedecen también a las lógicas del uso de la tierra. Documentaciones de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Colombiana de Juristas CCJ y el Programa Somos Defensores lo confirman.

Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 y la entrada en vigencia de la ley de Víctimas se reportaron 45 homicidios hasta el 2017, todos corresponden a reclamantes de tierras y comunidades étnicas. Desde noviembre de 2019 hasta julio de 2018 van 19 asesinatos de personas relacionadas con procesos de reclamación de tierras. Lo anterior sin contar con los asesinatos presentados después de los estudios en julio de este año.

Contexto: Víctimas sin restitución de tierras, la propuesta del Centro Democrático

En cuanto al uso de la tierra, informe de la Procuradiría publicado en abril del presente año, se establece que: “los líderes asesinados pertenecían a organizaciones sociales, especialmente rurales campesinas y étnicas, que se oponen al modelo de desarrollo extractivista y a los daños ambientales causados a los ecosistemas como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria”.

Contexto: ‘Neoparamilitares’ del Tolima organizados y en asocio con la “Oficina de Envigado”

En el primer semestre de este año se contabilizaron casi 400 agresiones que pusieron las vidas de los líderes sociales en riesgo, constatando aumentos porcentuales considerables frente al primer semestre del 2017, especialmente, en asesinatos (34%) y en amenazas (18%). Entre enero y junio de 2018, 272 líderes habrían sido amenazados y 77, asesinados, concluye la ONG Somos Defensores. Un programa que ha documentado las agresiones contra líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia desde 2010.

Pese a que el Tolima no figura como uno de los departamentos en máxima alerta por la violencia contra líderes sociales, Defensores de Derechos Humanos (DDH), reclamantes de tierras y Defensores de Derechos Terrirotirals (DDT), el documento de la Procuraduría “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia” identificó en el Tolima 2 asesinatos de DDT  hasta el primer semestre de 2018. Quedan pro fuera casos como el de Ancizar Cifuentes Vargas, líder de tierras en Chaparral asesinado en julio por cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial.

Contexto: “Águilas Negras” sobrevuelan el sur del Tolima

La CCJ identificó un patrón de victimización: grupos “paramilitares” están detrás de diez de los 19 homicidios de personas involucradas en los procesos de restitución de tierras que han documentado. En primer lugar están las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, con cuatro atribuciones en Antioquia, Chocó y Sucre. A la lista de responsables, les siguen “autores sin identificar” y “civiles armados”.

Del total de amenazas que registró el Programa Somos Defensores durante el primer semestre del 2018, encontraron que los Gaitanistas emitieron el mayor número: 94 de 272 casos, casi el 35% del total de amenazas.

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Imagen: Informe Procuraduría General de la Nación “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”

¿Cómo se relacionan los asesinatos con la reclamación de tierras?

Uno de los patrones en los que coinciden la CCJ y la Procuraduría es la relación entre el momento de las agresiones y el progreso de los procesos que lideran estas personas. Paula Villa, investigadora del CCJ, señala que el riesgo de victimización puede aumentar, particularmente, en tres momentos del proceso de restitución:

  1. Antes de radicada la solicitud,
  2. Antes de que se produzca la resolución y
  3. Posterior a la sentencia y entrega material del predio restituido.

Según el informe de la Procuraduría, los homicidios se han presentado cuando los procesos están relacionados con “la propiedad, el uso o tenencia de la tierra en áreas rurales y en zonas estratégicas para el crecimiento urbano y el desarrollo de proyectos económicos de gran envergadura”.

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Imagen: Informe Procuraduría General de la Nación “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”

¿Y las soluciones para cuando?

De 128 líderes sociales asesinados tras la firma del acuerdo de paz, documentados a profundidad por La Paz en el Terreno, al menos siete denunciaron amenazas contra su vida y no recibieron protección y al menos nueve, que recibieron alguna medida de seguridad, fueron igualmente asesinados.

Si bien existen protocolos de autoprotección que emplean varios líderes dentro de sus organizaciones, como canales de comunicación permanentes para advertir peligros, estos no alcanzan a mitigar la inminencia de los riesgos. De acuerdo con el análisis de varios centros de pensamiento, la tarea es del Estado, como garante de los derechos fundamentales como la vida, pero las medidas de protección, en el caso de existir, evidentemente no están cumpliendo con las expectativas.

Por su ineficacia, el temor a represalias y la impunidad generalizada que rodea los casos, siguen siendo muchos los que ni siquiera denuncian.

La protección individual que el Estado implementa, sin mucho éxito, no logra hacerle frente a los contextos de peligro alrededor de los líderes de la tierra y el territorio. Hay que cambiar el plan. La Procuraduría, además de reconocer que parte del problema es el abandono estatal de las causas relacionadas con la defensa de estos derechos, advierte que el principal reclamo de las comunidades es la implementación de mecanismos de protección colectiva.

Después de mucha presión, antes de acabarse, el gobierno Santos expidió un decreto con este propósito. Llevarlo a la práctica es uno de los retos más importantes que actualmente encara el gobierno de Iván Duque.

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Imagen: Informe Procuraduría General de la Nación “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”

Contexto: ¿Militarización de las regiones o implementación del acuerdo de paz?

Gustavo Ulcue, de Somos Defensores, menciona algunas medidas que ha implementado la Guardia Indígena con este objetivo: instalación de puestos de control territorial, espacios comunitarios para facilitar la comunicación en el territorio, espacios informativos con altoparlantes y radioteléfonos para advertir riesgos, entre otros, para que la comunidad, sin armas, pueda enfrentar situaciones colectivamente.

Para Lorena Morales, del Colectivo Mujeres al Derecho, la situación de vulnerabilidad de las lideresas con las que trabaja mejorará en la medida que se fortalezcan los canales de articulación entre las instituciones del Estado y las organizaciones sociales que integran a las lideresas.

“El acompañamiento no se materializa en medidas complementarias: en lo sicosocial, lo productivo, en la salud; no hay participación de otras instituciones. Por ejemplo, si van a reubicar a una víctima, debería participar la Unidad de Víctimas, y, si resulta que no está en el Sisben del nuevo lugar, el Ministerio de Salud podría complementar”, sugiere Morales.

Esfuerzos como la Ley de Víctimas y el acuerdo de paz que se dilucidaba como una ventana de esperanza para quienes buscan recuperar las tierras que tuvieron que abandonar por la presión de las armas, se han convertido en antecedentes de los blancos que hoy llevan sobre sus espaldas. La Colombia del posacuerdo necesita con urgencia un giro que en verdad garantice la vida de quienes la defienden.

 

 

[Con información de: La Paz en el Terreno]

¿Militarización de las regiones o implementación del acuerdo de paz?

Dos días de trabajo y más de setenta personas de varios municipios del Tolima participaron del encuentro regional de Prevención y Seguridad que se llevó a cabo en el ETCR Marquetalia, Cuna de la Resistencia en Planadas Tolima.

Al encuentro asistieron líderes y lideresas en representación de sus organizaciones sociales, así como de las instituciones del estado, entre ellas la y el secretario de gobierno de Planadas y Rioblanco, delegados de la gobernación del Tolima, la ONU, policía, ejército, fiscalía, ARN, UNP, veedurías ciudadanas, ASTRACATOL, representantes de víctimas y líderes de derechos humanos, exguerrilleros y exguerrilleras en proceso de reincorporación a la vida civil de los dos espacios territoriales y dirigentes del partido Farc-Ep departamental.

El objetivo, discutir sobre la seguridad en el departamento para los exguerrilleros y exguerrilleras, así como las y los líderes sociales, en el taller se realizó un mapeo de la región, y se dejó ver el vacío de poder que tienen las instituciones del estado en temas de prevención e implementación del punto tres del acuerdo de la Habana.

Mientras las instituciones insisten en la militarización de las regiones, las comunidades y la Farc-Ep sustentaron que el camino no es ese, por el contrario, la salida es la implementación del acuerdo de paz y así mitigar el anarquismo en las regiones donde antes operaban las Farc-Ep.

El argumento del estado para su propuesta militar es que “los problemas en las regiones en temas de seguridad, falta de educación, salud, vivienda, tierras para trabajar y la pobreza era por culpa de la guerrilla”

Con la firma del acuerdo de paz quedó demostrado que no es así, ni mucho menos el problema del narcotráfico era exclusivo de las guerrillas, el problema de fondo es el abandono del estado en todos los sentidos con las comunidades; sin empleo, sin tierras para trabajar, sin proyectos productivos, sin salud, sin educación, la juventud pierde su horizonte de vida y termina cayendo en la descomposición social.

Aunque la fuerza pública planteó que el problema ahora es el narcotráfico, las Farc-Ep señalaron que debe implementarse el punto cuatro del acuerdo, sobre sustitución de cultivo de uso ilícito, donde se aplique en su cabalidad la sustitución por cultivos lícitos, con proyectos que a futuro.

Frente al flajelo de la drogadicción, se planteó que es un problema de salud pública por atenderse y que el estado debe atacar el fenómeno del micro tráfico, el cual es financiado por el paramilitarismo.

Respecto al tema de la inseguridad, las comunidades plantearon la necesidad de impulsar la conformación de ‘guardias campesinas’, a lo que el comisionado de paz se opuso, argumentando que esta figura “es ilegal”.

De inmediato, el representante de la guardia campesina del municipio de Chaparral, con la conformación de Zonas de Reserva Campesina ANZOR y los cabildos indígenas, manifestaron la necesidad de fortalecer sus guardias, ya que las autoridades son incapaces de solucionar los problemas de la región.

De igual manera, exigieron a las administraciones municipales y departamentales que apoyen estas iniciativas con recursos y garantías, mientras tanto la veeduría ciudadana del departamento del Tolima, reclamó garantías en su participación de control político al acuerdo de paz.

Otro punto importante de este encuentro fue la necesidad inmediata de hacer un pacto político por la paz, pacto que es necesario aterrizarlo a nivel departamental y en cada municipio, entre las fuerzas políticas, organizaciones sociales, sectores del comercio y empresariales.

Finalmente, el escenario sirvió para intercambiar los puntos de vista de cada quién, pero quedó demostrado una vez más, que el estado muestra poco interés en fortalecer el desarrollo de las organizaciones sociales y las comunidades.

Gobierno y Eln, análisis y propuestas para avanzar en los diálogos de paz

Ante este panorama el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, realizó un análisis del estado actual de los diálogos de paz y nueve propuestas para avanzar en este proceso.

Aunque se percibe un ambiente de pesimismo y desconcierto respecto a las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln, sí han existido avances y lo más importante, la voluntad de las partes para continuar en la búsqueda concertada de la paz siguen presentes.

La voluntad de paz manifestada

En su discurso de posesión, el presidente Duque manifestó que: “Un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”

Tres días antes de la posesión de Duque, en una entrevista con Telesur, Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del Eln, ante la pregunta sobre las nuevas condiciones del Gobierno entrante para la continuación del proceso dijo: “Los que sean los escuchamos, porque esa es la negociación”

El pasado 24 de agosto, en declaraciones al New York Times Beltrán resaltó que el propósito del proceso es sacar la violencia de la política, y por primera vez habló de la dejación de armas y puso sobre la mesa la propuesta de realizarla de manera gradual. También reveló que había hablado con el nuevo Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y que había detectado “voluntad de paz” y que es posible lograr un acuerdo con el Eln en el gobierno de Duque.

Otro hecho que le da esperanza a las negociaciones, es la decisión del Gobierno Duque de solicitar al Secretariado General de las Naciones Unidas, prorrogar un año más la Misión de Verificación, autorizada por el Consejo de Seguridad Nacional por unanimidad.

El objeto central de esta misión de Verificación había sido los acuerdos con las Farc-Ep en relación con la reincorporación, sin embargo jugó un papel muy importante en el pasado cese al fuego bilateral entre el Eln y el Gobierno Nacional.

Pese a a crítica situación de los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los territorios de conflicto e inmensa importancia para el país, y la posibilidad de que esta situación afecte de manera negativa en la posibilidad de una salida pacífica al conflicto, podría decirse que sí existe voluntad explícita del Eln para continuar con los diálogos de paz con el presidente Duque.

Por su parte el Gobierno en cabeza de Iván Duque ha expresado su interés en revisar el estado del proceso y ajustar lo necesario para continuar con los diálogos. Duque también ha sido claro en que, si bien quiere la paz, tiene críticas a la forma en la cual se realizó la negociación con las Farc-Ep, por su parte el Eln ha insistido en darle un carácter distinto y propio a su proceso, lo anterior pinta un buen panorama para que Gobierno y Eln puedan construir un proceso en el cual ambos se sientan más cómodos.

Un nuevo proceso, nuevos retos, más propuestas

En ese sentido, el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz sugiere nueve puntos a tener en cuenta en la construcción de ese nuevo proceso entre las partes mencionadas con un enfoque distinto y criterios a la hora de plantear dichos ajustes:

  1. Establecer como objetivo central y explícito del proceso “sacar la violencia de la política”.
  2. Reorientar las conversaciones hacia el desecalonamiento gradual del conflicto armado, que implique alivios humanitarios para las comunidades en los territorios de manera inmediata, terminando con el secuestro y la extorsión y permita llegar a un cese bilateral y definitivo como punto de llegada y no de partida.
  3. Acelerar e intensificar el componente de la participación de la sociedad, en su diversidad, de manera organizada, a partir de los principios y criterios consignados en la declaración política del pasado 1 de agosto, creando espacios de participación efectiva en territorios específicos para darle soluciones reales a las comunidades.
  4. Compromisos diáfanos y efectivos frente a la defensa de la vida de los líderes sociales.
  5. A partir de la noción de que es posible y deseable, firmar y empezar a implementar un acuerdo final con el Eln en los 4 años del actual mandato presidencial: Se debe establecer una calendarización y ajustes metodológicos que permita a la mesa tener mayor claridad acerca de los tiempos y la tareas en el corto, mediano y largo plazo, pero que a demás, y sobre todo, le de una clara señal al país que el proceso sí va hacia buen puerto, calve para motivar la participación de una sociedad aún muy escéptica e indiferente.
  6. Establecer el principio de negociación basado en “acuerdos parciales de vigencia inmediata” que permitan que la implementación no esté desfasada del proceso de conversaciones.
  7. En cuanto a la participación de la comunidad internacional, se debe aprovechar su inmenso potencial de colaboración y todo ajuste o ampliación de la arquitectura actual debe ser el resultado de acuerdos bilaterales
  8. Sería recomendable contemplar, lo más pronto posible, traer la Mesa de Diálogos a territorio nacional, con la Iglesia Católica como garante, ojalá con el apoyo del Vaticano. La experiencia de las audiencias de Tocancipá y Bogotá el año pasado, así como la visita a Casa de Paz de Antonio García, durante el gobierno de Uribe, muestran su viabilidad.
  9. Diseñar e implementar un plan de comunicación y pedagogía para la paz desde la Mesa de conversaciones a lo largo del proceso.

Este documento, se suma al gesto de Paz que el Gobierno Español a través de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez realizará al presidente Duque, y en el que incluso, se exploró la posibilidad de que el país ibérico sea sede y epicentro de la reactivación de la mesa de diálogos.

El Eln en el Tolima

Es importante señalar que esta organización, en el Departamento del Tolima ha tenido una histórica presencia marginal en el norte del Tolima, a través del Bloque Bolcheviques del Libano, integrado por las comisiones Guillermo Ariza, Armando Triviales y Héroes 20 de Octubre.

Esta estructura ha recibido importantes golpes por parte de las autoridades, el más reciente de ellos ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando en inmediaciones del municipio de Soacha en Cundinamarca, fue capturado Elisedio Vallejo Agudelo alias “Mono Eliseo” quien pertenecía a dicha estructura criminal, y en la actualidad, sería el encargado del trabajo político de dicho frente en el Tolima.

Señalemos que de acuerdo con diversos informes entre 1990 y el 2001 del total las acciones armadas registradas en el Departamento, el 19% correspondió a acciones del Eln y entre el 2001 y el 2012 cayeron al 4%.; a comienzos de este 2018 circuló información sobre lonque serianun reactivamiento de las estructuras de esta guerrilla en el norte del Tolima, sin embargo autoridades militares y de policía han descartado esta situación.

Cualquiera que sea el estado actual de esta organización, se hace imperioso avanzar hacia la consolidación de una paz completa en la que se profundice la implementación de los acuerdos de la Habana con las Farc-Ep y se reactiven y avance en los diálogos con el Eln.