Unidos por la vida

Al igual que cuando se posesionó Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de Colombia, Iván Dúque Márquez ha sabido acabar con un periodo transitorio y aperturista del sistema político colombiano en el que por su cuestionada base de 10 millones de obsesivos seguidores y por la esencia de su proyecto poco civilizador, ha intentado desechar los pesos y contrapesos, la oposición política y cobijar en el más insoportable de los silencios el alcance operacional que está recobrando el paramilitarismo en el país, cuya cifra de líderes sociales asesinados se acerca a los 130, manteniéndose en total impunidad.

No obstante, el país hasta hoy amanece de luto por un nefasto atentado en la Escuela General de Santander en el que un carro bomba explosionó dejando 21 víctimas mortales. Hubo por fin escándalo, atención, investigación y solidaridad, pero, ¿de qué forma? Todas las acciones institucionales desplegadas fueron saetas brutalmente represivas, indolentes y divisorias contra la paz y evidentemente contra sus defensores en la que sin duda, a través del atentado a la escuela de cadetes y, posteriormente, de la convocatoria a la marcha “Unidos contra el terrorismo”, el oscuro propósito de implantar la percepción sobre la amenaza terrorista y por ende el miedo, es innegable.

Parece ser con lo anterior que a nadie le interesa la guerra más que al actual gobierno y sus secuaces, quienes históricamente se han lucrado de la misma a costa de la vida de los pobres, dando acceso y poder a actores violentos. El comportamiento de la represión en los gobiernos del Centro Democrático y en el ejercicio de las facultades que “en democracia” se han ganado, no es difícil de evidenciar.

Fíjese que los disímiles signos de violencia que eran del pasado, con el ascenso de Iván Dúque son nuevamente frecuentes con el reparo de contar esta vez su núcleo político con un macabro e ilegítimo seguidor del cianuro y de las falsas pruebas, el cual, brinda una posición favorable y un margen amplio de autonomía y libertad para sobrellevar los fines comunes e insensibles que los han motivado a existir desde siempre.

Desentrañar esta realidad que acentúa la violencia psicológica y las tendencias de eliminación en el país, nos debe unir no únicamente para esclarecer los hechos y enjuiciar las conductas sistemáticas y estructurales con directos responsables artífices del terrorismo, sino también para suprimir de los espacios de decisión, de acción política colectiva y de interacción social, la ceguera activa en la que nos sume diariamente el Estado, y a través de la cual, les sirve como mensaje a las víctimas y sus familiares; como señal de su absoluta indefensión ante la tiranía.

Por nuestro país: es ahora o nunca

Por nuestro país: es ahora o nunca

Las recientes elecciones en Colombia nos demuestran la intolerancia endémica del sistema político que germinó alrededor de la campaña de Gustavo Petro actos de represión en pleno proceso democrático del país, por lo que vale la pena cuestionarnos acerca de nuestra esencia constitucional.

En primer lugar, Colombia fracasó como Estado social de derecho; los últimos días transcurridos nos develan un Estado que no hace sino poner de relieve los límites impuestos a muchos sectores en el ejercicio de sus libertades políticas y en la participación en la toma de decisiones.

De esta manera, podemos afirmar que la guerra y la violencia han dejado de ser concebidas como un recurso consecuente de la falta de mecanismos de democracia que gestione los distintos conflictos, para convertirse en piezas de los dispositivos de la competencia burocrática, la cual, cuentan con un grado de aceptación política, honor y legitimidad en una gran parte de la población que cabe resaltar, es de clase media y baja.

En efecto, los enormes y traumáticos vacíos que se nos imponen a través de la corrupción, nos demuestra una denunciable ausencia de mecanismos que intervengan en el autocontrol salvaje que en cabeza de entidades como la Registraduría Nacional regulan las brechas de exclusión por medio de decisiones y conductas que cercan el acceso al poder, siendo ésta una forma de represión y práctica exterminadora que da cuenta de los amplios grados de libertad que gozan las ramas del poder público.

En consecuencia, la fuerza, lo único que es democratizado en el país, se convierte en un medio en el cual quienes se autoproclaman históricamente como defensores de la democracia, llámense entes autónomos del sistema político, instituciones del Estado o partidos políticos “centristas”, lo ostentan para conseguir privilegios y un estatus político incuestionable que tras el velo constituyen diseños institucionales homicidas, cuya función reproduce el odio, la eliminación, el individualismo y la división como en la actual competencia política.

Para inaugurar otra historia en Colombia necesitamos tomar conciencia del grito de las madres de Soacha, la niñez del Chocó y de la Guajira, las víctimas de Bojayá, los valientes de Buenaventura, los indígenas barbarizados del Cauca, la impunidad de los falsos positivos, como también, tomar conciencia de nuestras necesidades, nuestros derechos y sobretodo de nuestro poder.

El 17 de junio es el momento decisivo para defender nuestra dignidad y nuestra esperanza en las urnas. Pasémosle la cuenta al pasado, seamos superiores a nuestras diferencias y al fin, demos el primer paso en unidad porque el país está primero.