Protestar en contra del fiscal: un imperativo ético

Protestar en contra del fiscal: un imperativo ético

“Dos cosas me llenan de admiración:
El cielo estrellado sobre mí,
Y la Ley moral en mí.”
                                       Kant…


Por. Juan Guillermo Hernandez Lombo
@JHernandezLombo

El país asiste a una nueva convocatoria a la movilización ciudadana, esta vez la cita está programada para el próximo 11 de enero en todas las sedes de la Fiscalía General de la Nación, pues el protagonista tiene nombre propio: NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA, actual Fiscal General de la Nación, quien actúa como común denominador de los mas escabrosos hechos de corrupción de los que se tenga noticia en el país.

Martínez Neira, es un hábil Abogado que con su destreza ha logrado ser Ministro en los Gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, es hoy por hoy un alfil político de Germán Vargas Lleras con quien fundó el Partido Cambio Radical y del cual posteriormente dirigiera la Fundación Carlos Lleras Restrepo, la que precisamente apalancó la campaña en el 2010 del mismo Germán Vargas Lleras, ha sido también un caco en el mundo jurídico y a través de su oficina de abogados ha apoderado a las mas grandes empresas del país y por consiguiente a sus dueños, los hombres mas poderosos de este país.

Este hombre, que además tiene raíces tolimenses, pues su madre, Aleyda Neira es una Orteguna, que por aquellos ires y venires de la violencia bipartidista, tuvo que salir de su tierra para radicarse en Bogotá; se encuentra en el centro de la atención nacional, dado precisamente su papel protagónico y cínico en el escándalo de ODEBRECHT, el cual es hoy por hoy, el mayor escándalo de corrupción en la historia de nuestro país.

Participar de dicha convocatoria, no denotaría mayor novedad entre quienes sienten indignación por todos los hechos que enlodan al Fiscal General, sin embargo, para los Ibaguereños y Tolimenses, el hacerse parte activa de esta actividad, se convierte en un auténtico imperativo ético dadas las muestras de negligencia de este Fiscal para con los casos de corrupción en la Ciudad y el Departamento, que han desangrado el erario de los tolimenses en los últimos años y sobre los cuales ha reinado la absoluta impunidad.

Se ha dicho desde la filosofía que el estudio del imperativo ético, en la praxis del ser humano, hace especial énfasis en el carácter universal de un categórico que no puede ser relativizado, un imperativo que está por encima de toda materialidad y requiere de un carácter formal. Ese carácter asegura universalidad y formalidad del imperativo categórico y su arraigo en el ser humano.

A su vez Kant, afirmaba que existe un imperativo categórico que es el que nos debe regir a la hora de decidir sobre lo correcto e incorrecto, dicho imperativo según Kant, estaba sustentado en dos grandes premisas: i) Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en Ley universal; es decir, que cada vez que alguien tome una decision en su vida, debe actuar con la mejor voluntad, deseando, que su forma de actuar se pueda convertir en una Ley  Universal, ello significa, que esa persona quiere que el resto de los seres humanos actuen como ella lo ha hecho.

Ej. Si una persona decide NO robar porque le teme a la Policia, no estaría actuando bajo un impetativo categorico, sino bajo un imperativo hipotético, esto es, las consecuencias que tendria por robar para con la autoridad; pero si por el contrario esa misma persona decide NO robar porque sencillamente quiere que ninguna persona robe a otra, estaría entonces ante un imperativo categorico. Y ii) Obra de tal modo que uses a la Humanidad como un fin y nunca como un medio; los seres humanos somos los únicos seres capaces de moralidad, este rasgo nos convierte en seres con dignidad, no debemos tratar a los demas como un instrumento para obtener algo, todos los seres humanos somos igual de dignos.

Por tanto,  los tolimenses e ibaguereños en especial, fieles testigos de la mediocre gestión de la Fiscalía bajo el mandato del actual Fiscal General en sus investigaciones sobre los actos de corrupción en el Departamento y la ciudad, y coherentes con su masivo respaldo en las urnas a la famosa consulta anticorrupción que en el Departamento alcanzó mas de 337 mil votos, deben salir a expresar su voz de rechazo.

Ocho procesos penales en contra del actual Gobernador del Departamento, la mayoría de los cuales aún duermen en los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación, la impunidad y el silencio que aún reina entre varios de los responsables del descalabro de los escenarios deportivos para los juegos nacionales, la ausencia de verdaderos responsables por el saqueo al Hospotal Federico Lleras Acosta, la Universidad del Tolima, de los sobrecostos en las interminables obras de el túnel de la línea y el triángulo del Sur del Tolima, entre muchas otras, son una dosis suficiente para la indignación y la protesta de los tolimenses en contra de un Fiscal General que mas que el regente de todo un organismo de control, parece lucir como un funcionario corrupto preso del trafico de influencias y de su ambición personal que lo asemejan mas a un Fiscal del bolsillo de unos cuantos “señores” de la patria.

Los sectores políticos y sociales que han expresado en el Departamento del Tolima abiertamente su participación en esta jornada,  que se llevará a partir de las 6:00 p.m en el sector de “El Papayo” donde se encuntran las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación son entre otros  la Alianza Verde, el Polo Democrático, la UP, Colombia Humana, se sumaron sectores sindicales como Asonal Judicial, ASPU, CUT y SIMATOL; algo obvio, dada su ferrea lucha tanto en contra de la corrupción como de la impunidad que ha existido en relación con el asesinato de líderes sociales en los últimos meses y sobre los cuales las investigaciones de Fiscalía para esclarecer los autores materiales e intelectuales en nada ha avanzado.

Como también es obvio, el mutismo de la clase política tradicional del Departmento que ha guardado silencio absoluto con respecto a esta movilizacion ciudadana, parece ser que los señores Ferro, Choco, Barreto y compañía siguen de vacaciones y nada raro tiene que hasta ballenas esten viendo mientras la ciudadanía tolimense se convoca para una mas que justa causa y en la que también debería hacerse causa común en defensa de la justicia y en contra de la corrupción e impunidad proveniente de la actual Fiscalía General de la Nación.

Ya se verá entonces para quienes portestar en contra de un Fiscal controvertido, oscuro y nefasto como Nestor Humberto Martinez se convierte en un verdadero imperativo ético, y para quienes definitivamente no lo es.

Afirmaciones de Duque sobre historia de Colombia Ni Pifia, Ni Broma

Afirmaciones de Duque sobre historia de Colombia Ni Pifia, Ni Broma

De manera desacertada hace ya más de tres décadas en Colombia que desapareció del pénsum la cátedra de historia como cátedra de enseñanza independiente y empezó a ser impartida junto con otras asignaturas que en su conjunto fueron denominadas como cátedra de Ciencias Sociales.

En 1984, el gobierno de Belisario Betancur decidió cambiar la cátedra de historia por una de ciencias sociales, que abarcaba además geografía y democracia, ello, como resultado de profundas discusiones entre académicos, que cuestionaban la forma en la que se impartía una asignatura fundamental para el país, en un momento de crisis como el generado por el narcotráfico y el conflicto armado con las guerrillas.

La complejidad social del país, demandaba análisis y perspectiva para comprender esa realidad, de ahí que se reclamara por una cátedra interdisciplinar que fuera más allá de la simple retórica de fechas, nombres y sucesos históricos sin un completo estudio transversal que incluyera elementos económicos, políticos y hasta culturales.

A partir de ese momento se definió que a pesar de ser impartidas de manera independiente, su intensidad sería de ocho horas semanales (de las cuales tres o cuatro eran para historia).

Sin embargo dicha reforma no paro allí y más adelante durante el gobierno de Cesar Gaviria en el marco de la expedición de la Ley 115 de 1994, se fusionan en una sola asignatura y en adelante la Historia desaparecería de los currículos académicos, para integrar la cátedra de ciencias sociales, una asignatura que además de historia, democracia y geografía, se le incluirían fundamentos de Constitución Política y a la que además en adelante, se le asignaría una  intensidad horaria de 4 horas semanales.

De esta manera lo que se avizoraba como una buena iniciativa, al final, generó un efecto contrario al esperado: hoy muchos colombianos de esa generación desconocen y mucho, de la historia (de Colombia, de América Latina o del mundo) careciendo de un conocimiento a profundidad y crítico del pasado, algo lamentable para un país que se ha debatido entre aconteceres históricos fundamentales para el presente y futuro como nación.

Entonces teniendo claro que el proceso de aniquilamiento de la cátedra de historia de los colegios en nuestro país data de 1984, y revisando el onomástico del Presidente Iván Duque que es de 1976, para ese año fue cuando desapareció la cátedra de historia de nuestro país, el presidente Duque tendría 8 años, una edad en la que hasta ahora iniciaba su vida estudiantil.

De tal suerte que la suya es justamente esa generación que creció sin una formación sólida en Historia, luego sus recientes declaraciones no son más que el resultado de ese profundo vacío que ha dejado la ausencia de la cátedra de historia en nuestro modelo educativo.

Presidente Duque en esta oportunidad usted más que culpable, es una verdadera víctima de ese ese modelo educativo que hoy tiene a muchos de su generación sumidos en un profundo desconocimiento de la historia de nuestro país y en general de la historia universal.

“Haber abandonado la educación histórica en el proceso de formación de los colombianos nos ha desprovisto de conciencia histórica – le leí en alguna oportunidad a Darío Campos, profesor de la Universidad Nacional–. “Es como si viviéramos en un eterno presente, como si esto hubiera surgido de la nada”.

De ahí que en nuestro país la famosa frase napoleónica de que “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla” cobre tanta vigencia y por ejemplo en asuntos electorales los colombianos tomen decisiones desacertadas en las que saltan a la luz la falta de conocimiento de su historia.

Ya bien lo decía el gran Jaime Garzon, “Lea pa’ que hablemos”.

 

 

Por: Juan Guillermo Hernández Lombo
@JHernandezLombo

Paz con la naturaleza, el siguiente paso del Posconflicto

“La paz con la naturaleza conlleva el tránsito hacia el ‘Buen Vivir’ en los territorios en conflicto”

Al mismo tiempo que Colombia está buscando el camino hacia la Paz con la implementación de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, el mundo debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad ambiental del planeta hacia el futuro. En otras palabras, mientras el mundo se piensa la forma de garantizar la existencia humana, nosotros apenas estamos pensándonos la forma de asegurarnos nuestra existencia como sociedad, un verdadero traslape de contextos.

Hoy en nuestro país, en el marco de la actual contexto de Postconflicto, nos encontramos ante la necesidad de adelantar un amplio debate sobre el impacto ecológico/ambiental de una guerra de mas de 50 años y la victimización de la naturaleza.

Así pues, resulta impostergable replantear el modelo de desarrollo extractivista y agroindustrial que predomina en el territorio nacional, reduciendo la naturaleza a simple proveedora de recursos, subordinada siempre a la acción humana, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y las comunidades. Bajo este modelo germinó todo el oscuro periodo de nuestra historia conocido como “La Violencia”, que se mantiene hasta nuestros días y que el país busca terminar.

Los desplazamientos masivos y despoblamientos de nuestros campos, a causa de procesos de colonización impulsados por el narcotráfico, la megaminería y los grandes capitales agroindustriales, implican una ruptura del vínculo entre nuestros campesinos con su entorno y el propio equilibrio ambiental de esos ecosistemas. Lo anterior, han sido consecuencias directas de ese choque de intereses que nos genera un modelo de desarrollo como el que actualmente experimentamos.

Paralelo a la discusión de los últimos años, el mundo ha girado en torno a la construcción de la agenda post 2015, recordemos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio terminaron al final de ese año, y desde el 2016 se ha puesto en marcha oficialmente la audaz y transformadora agenda 2030 para el desarrollo sostenible , la que fue adoptada por líderes mundiales precisamente hace ya un año -en septiembre pasado- en el seno de las Naciones Unidas.

Esta nueva agenda insta a los países a iniciar esfuerzos para lograr 17 Objetivos que han sido denominados como de Desarrollo Sostenible (ODS) en un término que no supere los próximos 15 años.

Nos adentramos entonces a una nueva era, en la que los países a nivel mundial han trazado nuevos objetivos hacia el logro de la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Pues han tenido que reconocer que más de la mitad de la población mundial vive en ellas y Colombia no es la excepción.

En el país, tras la firma de los acuerdos de Paz con las Farc, fueron priorizados 170 municipios por ser históricamente los más afectados con el conflicto armado. Un conflicto que además de causar violaciones a los derechos humanos, ha conllevado también y de manera casi silenciosa una afectación ambiental sin precedentes sobre sus territorios.

Las huellas de la guerra, como la deforestación, el agotamiento de las fuentes hídricas a causa de cultivos ilícitos, la minería ilegal y los atentados a oleoductos, han sido algunas de las secuelas ambientales de este largo conflicto armado en nuestro país; por ello el llamado a buscar una Paz integral, una Paz con todos, se hace incluyendo también a la naturaleza.

Pensando en buscar la reconciliación con el medio ambiente, como una victima más de esa absurda guerra que derramó la sangre de tantos colombianos, pero que también derramó, a lo largo del nuestro país, miles de galones de petróleo, producto de las voladuras a los oleoductos, terminaron esparcidos por rios, quebradas y humedales, afectando por igual al ser humano y su entorno ambiental.

Al respecto, la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 47/37 de 1993, se refirió a la protección del ambiente en tiempos de conflicto armado, al reconocer “que ciertos medios y métodos bélicos pueden surtir efectos desastrosos sobre el medio ambiente”. En dicho documento, se  expresa la preocupación por los daños al ambiente y al agotamiento de recursos naturales, incluida la destrucción de pozos y el vertimiento de petróleo a las fuentes hídricas. Señala, que el derecho internacional prohíbe estos actos y, que por tanto, tales disposiciones deben ser ampliamente difundidas.

Posteriormente, la misma Asamblea declaró el 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar la naturaleza para las generaciones venideras y considerando que los daños causados al ambiente por los conflictos armados, siguen afectando los ecosistemas y los recursos naturales mucho después de terminado el conflicto, incluso trascendiendo a la generación actual.

En el punto 5 del Acuerdo de Paz suscrito, se señala expresamente que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un órgano temporal (tendrá una duración de 3 años) y extra-judicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones, promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado, así como promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

Esta Comisión tiene el mandato de esclarecer y promover el reconocimiento del impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos ambientales entre otros aspectos. (5.1.1.1.2.).

A su vez, el Tribunal para la Paz como órgano de cierre de la jurisdicción especial para la paz, puede imponer un listado de sanciones que el Acuerdo señala de manera expresa. En relación con los comparecientes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades que reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena, el Acuerdo considera que pueden presentar un proyecto, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. Entre esas sanciones, se incluyen expresamente en zonas rurales:

  • Participación/ejecución de programas de protección medio ambiental de zonas de reserva
  • Participación/ejecución en programas de recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito.

Todas estas sanciones restauradoras y reparativas tienen relación con derechos colectivos constitucionalmente establecidas como el del goce a un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la prestación de servicios públicos domiciliarios, la salubridad pública y el saneamiento, el espacio público, entre otros; y su implementación se debe relacionar con los mandatos relativos a esos derechos de que tratan los puntos 1 sobre “Reforma Rural Integral” y 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” del Acuerdo de Paz; de manera que las obligaciones allí contenidas se armonicen para una implementación comprehensiva.

Adicionalmente, las FARC se comprometen en el proceso de reincorporación integral a la vida civil para la construcción de Paz integral estable y duradera, a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que podrán incluir: la participación en programas de reparación del daño ambiental. (Punto 5.1.3.2. del Acuerdo de Paz).

De tal suerte que estamos ante nuevas realidades que demandan nuevos desafíos, dentro de los cuales están: lograr la mitigación del cambio climático, asumir el consumo consciente de bienes y servicios, lograr la gestión sostenible de los residuos urbanos, promover el uso eficiente de la energía, avanzar hacia la movilidad limpia, alcanzar un adecuado metabolismo hídrico y garantizar la soberanía alimentaria.

Este es un momento crucial para el país, en el que debe confluir eficazmente la agenda global por superar la incertidumbre ambiental con el propósito nacional de alcanzar la Paz integral, estable y duradera, que garantice el respeto a todas las formas de vida.

En el actual escenario de incertidumbre ecológica, es necesario encontrar caminos distintos a la inercia depredadora del “desarrollo”. Los movimientos sociales campesinos e indígenas de América Latina vienen enseñándonos y mostrándonos el camino del “Vivir Bien” o el “Buen Vivir”, que privilegia el respeto y el reconocimiento de todas las formas de vida presentes en la naturaleza, de la que hacemos parte.  El “Buen Vivir” está presente en aquellos pueblos que apuestan por la cultura de la vida.

Las nuevas conflictivdades empezarán a girar en torno a la defensa de la vida en todas sus expresiones y del territorio, en Departamento del Tolima esas nuevas conflictividades ya las hemos empezado a experimentar, las luchas de los habitantes de Piedras y Cajamarca contra las multinacionales mineras son un claro ejemplo de ello.

En la actualidad, la voz de alerta por la explotación de petrólero a través de fracking en el Bosque de Galilea, ubicado en los Municipios de Cunday, Dolores, Prado, e Icononzo, y el inicio del poryecto para la Construcción de HidroTotare en Venadillo, se suman a los conflictos ambientales que experimenta hoy el país y que esta vez vuelve a dejar nuevamente a las comunidades en medio de unos conflictos que no merecen y sobre todo, de los que en principio no son tampoco sus autores.

Así pues, las comunidades deben desde la base construir propuestas políticas concretas que permitan materializar la paz con la naturaleza en todo el territorio nacional. La construcción de una agenda básica que incluya las siguientes premisas:

  1. Promover un ordenamiento del territorio que reconozca los derechos de la naturaleza, que respete todas las formas de vida en los ecosistemas de los que hacemos parte, y se enfrente al actual modelo de desarrollo extractivista.
  2. Impulsar el cambio cultural necesario para repensar el paradigma consumista y para transformar nuestra relación con la naturaleza.
  3. Transformar nuestra relación con los residuos sólidos urbanos (conocidos como basura) para encaminar los esfuerzos hacia el cierre definitivo de los rellenos sanitarios y promover la cultura del reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible.
  4. Procurar la implementación de fuentes de energía renovable, y la supresión del uso de energía basada en combustibles fósiles, en los municipios más golpeados por el conflicto armado y en las grandes ciudades.
  5. Propugnar por la adopción de la movilidad limpia y no motorizada, que promueva la intermodalidad, que incremente la calidad de vida y disminuya las emisiones.
  6. Defender la autonomía de las comunidades para la autoderterminación de su territorio y la protección de sus estructuras ecológicas.

Una agenda que tenga en cuenta las anteriores premisas deberá ser garantizada por un marco jurídico de carácter transicional que reconozca los derechos de las poblaciones y los derechos de la naturaleza, construida de la mano de las comunidades, incluyendo a los actores armados y promovida desde el Estado.


Por: Juan Hernandez y Erick Jerena

¡No son ellos, somos nosotros!

¡No son ellos, somos nosotros!

La naturaleza depredadora del ser humano no se detiene y la fauna silvestre hace lo posible por resistir el carácter devorador de la especie humana que tiene arrinconados a casi todos los seres vivos que habitan de manera salvaje este planeta. La disputa por el territorio, la comida y el absurdo de la destrucción como entretenimiento, plantean una lucha entre nuestra especie y el resto de los habitantes del planeta Tierra.

Esta lucha, que no es nueva y que ha acompañado la “evolución” misma de la humanidad, se convirtió en la victoria mas agridulce que haya podido alcanzar el hombre, pues al imponerse sobre la naturaleza, también se impuso una forma de entender y ver el mundo, se impuso el paradigma antropocentrista.

Vivimos en la era del Antropoceno, la era en que los humanos tenemos el poder de transformar la biósfera, el mismo poder de las fuerzas geológicas. La actual era es el escenario perfecto para que el paradigma antropocentrista reine, y con él, los humanos creemos que todo el universo ha sido hecho para nosotros. La arrogancia de nuestra especie nos separa del resto.

Conforme a esa arrogancia, buscamos conquistar y someter a la naturaleza, asumimos propio e inmutable el derecho a explotar los recursos naturales y otras especies de manera cruel. Vemos a la naturaleza como una gran maquinaria, cuyas partes son infinitas, intercambiables y reemplazables.

Lo grave de esta creencia es que no es así. Los recursos del planeta se agotan y las sociedades avanzan hacia una destrucción a corto plazo del planeta y a mediano plazo de nuestra propia especie.

Por otro lado, la inminente crisis ambiental que experimenta el planeta (que es advertido por el mundo de la ciencia) el hombre empieza a relativizar ese paradigma antropocentrista devorador y uno nuevo emerge para tratar de revertir la espiral de autodestrucción en la que pareciera nos vemos inmersos. Este nuevo paradigma toma diferentes nombres de acuerdo a distintos autores: paradigma de los “sistemas vivos”, “regenerativo”, de la “complejidad”, “holístico”, “ecológico”.

Este nuevo paradigma, plantea que nosotros, nuestras estructuras sociales y nuestro ambiente biofísico forman un todo, un sistema socio-ecológico integrado. Los humanos, como cualquier otro organismo, participamos en la co-creación de los procesos de metabolismo y cambio que le dan forma a la biosfera. Dejamos de ser agentes externos de control y dominación para ser un elemento mas.

Es decir, los humanos que nos veíamos separados de la naturaleza, pasamos ahora, a vernos y entendernos como parte de un sistema vivo, complejo e interconectado, del cual somos parte. En otras palabras, nuestra especie también es naturaleza, somos la tierra consciente de sí misma, somos aliados en los procesos de evolución y creación.

En Colombia, el paradigma antropocentrista aún impera y lo que es peor, nos rehusamos a transitar hacia un paradigma ecocentrista, al punto, que una vez alcanzado el fin del conflicto armado con las FARC, nos hemos encontrado como sociedad, con otras conflictividades que latentes pero invisibilizadas por la crudeza de la guerra, nos agobiaban con igual severidad que aquella que nos dejaba la confrontación armada con las guerrillas.

Una de esas conflictividades está precisamente en la lucha por el uso del suelo en nuestro país, más de 2 millones de hectáreas de actividades agropecuarias se desarrollan en territorios de protección ambiental: 68% en zonas de reserva forestal, 17% en páramos y 15% en parques nacionales. Todo un conflicto con la estructura ecológica principal de nuestro país, todo un conflicto con nuestro futuro.

Hace tan solo un par de meses, el país pudo conocer por primera vez en su historia, lo que ha sido denominado como la Frontera Agrícola, entendida como ese  “límite del suelo rural” que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley

De igual forma, la frontera agrícola nacional es el marco de referencia para coordinar las acciones entre la institucionalidad del sector agropecuario y ambiental, lograr la meta de reducción de las tasa neta de deforestación y conservar los ecosistemas de especial importancia ambiental.

La frontera agrícola nacional según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) se tasó en 40.075.960 de hectáreas, esto significa que, el 35 por ciento del área continental del país, se configura en adelante como esa gran parcela para el dearrollo de actividades económicas de tipo agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero.

El dato es que de esas 40 millones de hectáreas, en la actualidad solo 7,6 millones de hectáreas están cultivadas equivalentes al 20% de la frontera agrícola definida, lo que permite concluir que existe un amplio margen para extender más el área de siembra, pues el 80% de tierra restante no necesariamente se encuentra dedicada a la ganadería; de los 2,7 millones de Hectáreas que abarca el Departamento del Tolima, la frontera agricola quedó delimitada en 1, 6 millones de hectáreas, equivalentes a un 60% del total del territorio.

Según un informe del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), en Colombia las principales causas de la deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, siembra de cultivos ilícitos, tala ilegal, minería e infraestructura, incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional.

Estos datos plantean entonces enormes retos institucionales en materia de salvaguarda ambiental; en el caso del Departamento del Tolima, las zonas de reserva o de exclusión de la frontera agrícola son bajas, pues tan solo el 40% del territorio estaría ubicado en tal condición, lo que hace que tan solo frente a las actividades agrícolas, nuestros ecosistemas tendrán una enorme desventaja y requerirán de una mayor protección.

El hecho de aumentar la frontera agrícola en nuestro país que según expertos aumentó de 35 a 40  millones de hectáreas -según los datos aquí señalados-, así como el hecho de contar con una clara delimitación de la misma, evidentemente es una oportunidad ventajosa para el sector agroempresarial, y una nueva demostración de lo imperante aún en nuestro país del paradigma antropocentrista.

Noticias como las de la muerte de un Puma Concolor al parecer por campesinos del del municipio de Libano, por el supuesto ataque permanente de este felino a los animales de granja de sus fincas, registrada en esta semana por los medios regionales; o el ataque por parte de perros cazadores a un Oso de Anteojos en la vereda Toche zona rural de Ibagué hace un  par de semanas y la mas reciente denuncia del Director de Cortolima, sobre la presencia de cazadores en el sector del Páramo de Las Gemelas en inmediaciones de Riomanso en el Municipio de Rovira, son el resultado de ese paradigma antropocentrista que aún nos domina y sobre el cual hay que trabjar mucho para lograr superarlo.

Para completar el recuadro de esta fotografía, por estos días en la corte Constitucional se adelanta el estudio de una demanda en contra del Decreto Ley 2811 de 1974 y del Estatuto de Protección Animal de 1989, que permiten la caza de fauna silvestre con fines deportivos y la existencia de “cotos de caza” algo así como áreas destinadas a esa actividad dentro de zonas de amortiguamiento de reservas naturales, hasta ahora, la inconstitucionalidad demandada cuenta con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, ente que se pronunció señalando que las normas que actualmente reglamentan la caza deportiva, son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991, porque matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país.

Para la Procuraduría la caza deportiva desconoce el deber de proteger a los animales como seres sintientes y no como cosas. Además “este tipo de caza no se trata de una actividad justificada en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies”, agregó la entidad en su concepto. Por esa razón “es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, señaló el Ministerio Público.

Por lo tanto, es imperioso reflexionar sobre el hecho de reconocer que no son ellos, somos nosotros los que a partir de ese paradigma antropocentrista hemos inventado y trazado fronteras y aún así las hemos violado; que sencillamente hemos invadido su espacio y en esa lucha natural por la supervivencia ellos deben defender su territorio.

Si tan solo por un momento logramos entender que no son ellos, somos nosotros, podemos decir que empezamos a dar un giro en nuestra forma de vernos dentro del mundo.

Dudas razonables acerca del “compromiso” ambiental de los Barreto

Dudas razonables acerca del “compromiso” ambiental de los Barreto

En este mismo portal días atrás a través de un interesante artículo titulado “Congresistas del Tolima le hicieron el quite a la Prohibición del Fracking” quedó registrada la postura que en las primeras de cambio, empiezan a asumir nuestros electos representantes tolimenses en el seno del Congreso de la República, en asuntos tan sensibles y de especial atención para este departamento, como el ambiental.

El mencionado artículo suscitó diversas reacciones entre los lectores y a juzgar por las recientes declaraciones del Senador Miguel Ángel Barreto en sus redes sociales, parece que éstas llegaron a su despacho y de inmediato anunció su oposición a cualquier intento de explotación de petróleo vía Fracking.

En su cuenta de twitter el pasado viernes 3 de Agosto, el Senador Barreto afirmó:

 

 

Una interesante afirmación, que debe saludarse con entusiasmo, pero sobre la cual, también debe permitírsenos el beneficio de la duda.

Y no cualquier tipo de duda, pues ésta, es una duda razonable dados los antecedentes de la casa política de la que proviene el Senador Barreto y desde la cual se han lanzado los más férreos ataques a las acciones de defensa del territorio y el ambiente en nuestro departamento.

Basta con hacer un recorrido en el tiempo y encontraremos motivos suficientes para recibir con beneficio de inventario tan rimbombante anuncio por parte el Senador Barreto.

Contexto: Los ‘amigos’ de Anglogold en el Tolima

Inicialmente debe recordarse que el Senador Barreto se debe políticamente a su primo,  el actual Gobernador del Departamento, Oscar Barreto Quiroga, hoy por hoy el máximo dirigente Conservador del Tolima, un hombre todopoderoso dentro de las toldas azules a nivel regional, quien precisamente en las pasadas elecciones al Congreso de la República capitalizó para su primo una votación cercana a los 80 mil sufragios, de los cuales, algo más de 68 mil fueron obtenidos en tierras tolimenses. 

Y fue precisamente este potencial electoral lo que permitió al joven Senador ubicarse dentro de Top 10 de los parlamentarios del Partido Conservador más votados en todo el país.

De tal suerte que es abiertamente conocido que el salto dado desde la Cámara de Representantes por el hoy senador Miguel Ángel Barreto al Senado de la República, se debió al apoyo irrestricto brindado por el Gobernador Barreto Quiroga, un “pequeño” impulso que le significó pasar de los 22 mil votos obtenidos en el 2014, a 80 mil cuatro años después.

Una votación realmente atípica en un congresista de perfil bajo y que no tuvo mayor figuración en la actividad legislativa como para soportar en su trabajo este incremento en su potencial electoral.

Esta dependencia clara del senador Barreto Castillo a la casa política regida por su primo Oscar Barreto Quiroga, hace poco creíbles sus recientes y repentinas afirmaciones con respecto a su compromiso con la defensa del ambiente.

Las actuaciones de este sector político dan muestra de todo lo contrario, y en cabeza del propio Oscar Barreto, los tolimenses hemos presenciado cómo este dirigente político ha salido vehementemente a defender la megaminería en nuestro territorio, tal como quedó registrado en los siguientes sucesos.

La Consulta Popular de Cajamarca

Durante el desarrollo de este valioso proceso de participación ciudadana, el gobernador Oscar Barreto Quiroga  siempre mantuvo una postura “tibia” frente a la consulta popular que buscaba detener la explotación de la mina “La Colosa” en Cajamarca.

Contexto: Anglogold Ashanti: tropiezo tras tropiezo

Sus posturas bastante tenues y evasivas frente a un proyecto minero que movilizó a todo el departamento y en especial a los habitantes de Cajamarca fue en su momento duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad.

Sin embargo, no era menos cierto su cercanía con Carlos Hernando Enciso, quien fuera su secretario de Infraestructura, justo antes de asumir la gerencia de Asuntos Corporativos de AGA, en La Colosa, y quien ha aceptado que para entonces la Anglogold financió a “casi” todos los partidos políticos, con excepción del Polo Democrático y el Partido Verde.

Este exfuncionario de Anglogold,  aseguró a la opinión pública que en las pasadas elecciones locales, la compañía minera hizo aportes al Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y al Centro Democrático.

Contexto: El desespero de Milton

Luego entonces, esto podría explicar el porqué de las endebles posturas del gobernador ante un hecho tan abiertamente nocivo para el ambiente como lo era la explotación minera de “La Colosa”.

Sin embargo, el asunto no termina allí, pues debe igualmente recordarse que el actual Alcalde de Cajamarca, Pedro Pablo Marín, resultó elegido con el apoyo de un equipo de dirigentes políticos regionales pertenecientes a los partidos que precisamente fueron financiados en aquel entonces por la multinacional AngloGold Ashanti como lo fueron: Carlos Edward Osorio, representante a la Cámara del partido de la U; Milton Restrepo, diputado del Centro Democrático y por supuesto el propio Miguel Angel Barreto, representante del partido Conservador.

 

De izquierda a derecha: Mauricio Pinto, Miguel Barreto, Pedro Marín, Carlos Edward Osorio y Harold Urrea durante un acto de campaña por la alcaldía de Cajamarca.

 

Adicionalmente debe señalarse que, el hoy senador Álvaro Uribe, fue quien autorizó la exploración minera en zona rural de Cajamarca, y que las relaciones en ese entonces entre el ‘barretismo’ y el ‘uribismo’ gozaban de buena salud y vivían toda una luna de miel.

Contexto: En Cajamarca, el ‘barretismo’ se tragó a Carlos Edward Osorio

 

La objeción al Acuerdo que prohibía la minería de metales en Ibagué

El año pasado se suscitó también un nuevo round entre la defensa ambiental del territorio y el gobernador Oscar Barreto. Este nuevo capítulo tuvo como eje central la objeción presentada por Barreto Quiroga al Acuerdo municipal que pretendía prohibir en el Municipio de Ibagué actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación minera.

Contexto: La Consulta que no fue

En esta oportunidad el Gobernador Barreto Quiroga respaldado en una petición que le hiciera la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – la cual no le era vinculante – ,  tomó la decisión de objetar el mencionado Acuerdo y enviarlo a control de legalidad al Tribunal Administrativo del Tolima, instancia judicial que meses después terminó fallando a favor de las objeciones presentadas por el Gobernador.

Un polémico fallo en el que claramente se desconoció el precedente jurisprudencial, de que trata de la sentencia T-445 del año 2016.

Esta situación que dejó a la ciudad de Ibagué sin limitantes a la explotación minera dentro de su jurisdicción, evidenció una vez más, la afinidad de la casa Barreto con la causa minera, dejando entrever que su compromiso con la megaminería al menos hasta el año pasado se ha mantenido incólume, sin que a la fecha se hayan conocido circunstancias que permitan evidenciar lo contrario.

El presupuesto para el ambiente

Un tercer y último elemento de análisis para permitirnos tener dudas razonables sobre el verdadero compromiso con los temas ambientales por parte del Senador ‘barretista’, es el presupuesto que  para la vigencia 2017 la actual administración del Gobernador Barreto, orientó a los asuntos en materia ambiental.

Es así como de los 140 mil millones del presupuesto para inversión de la vigencia 2017, tan solo 11 mil millones fueron destinados al macroproyecto “Sostenibilidad Ambiental, manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático”, pero lo que es más llamativo aún, es que de este monto, 7.200 millones se apropiaron para un proyecto denominado “Mejoramiento y/u Optimización de acueductos, alcantarillados y sistemas de aseo para Comunidades y Territorios de Paz en el postconflicto en el Tolima”, un rubro bastante exótico para este macroproyecto, que se supone debería estar orientado a los asuntos netamente ambientales como su mismo nombre lo indica y no para cuestiones propias del saneamiento básico de las comunidades.

De tal suerte que tan solo algo mas de 3 mil millones de pesos son los que a 2017 se destinaron por parte de la administración Barreto a la salvaguarda de los recursos ambientales de nuestro departamento, una suma realmente ínfima, pero que evidencia tanto el compromiso de este gobierno como el interés de esa casa política con las cuestiones ambientales.

Estos aspectos que han caracterizado al mentor y a la casa política a la que pertenece el Senador Miguel Angel Barreto, son argumentos suficientes para dudar de sus reales intenciones de avanzar en una clara defensa del ambiente desde el Congreso de la República.

Simplemente para cerrar este corto artículo, recordemos una entrevista que en el año 2014 le hiciera el periódico El Nuevo Día al entonces candidato a la Cámara de Representantes Miguel Ángel Barreto.

¿ Un tema local es La Colosa y a la vez tema de campaña. Cuál es su posición con respecto al proyecto? 

Tal y cómo está planteado el proyecto no estoy de acuerdo, porque cuando hay detrimento del medio ambiente, en la producción agropecuaria, en lo social, no hay garantías.

He revisado el tema impositivo, ¿En cuánto se va a beneficiar el Tolima? y encuentro que el porcentaje del oro es mínimo y fuera de eso la reforma a las regalías que aprobó el presidente Santos se lleva todos los recursos para Bogotá. Mientras no haya claridad no comparto la minería a cielo abierto.

Hoy estamos viendo lo que está pasando con la Drummond y que el Estado no tiene la capacidad para manejar esa locomotora, además se le está saliendo de las manos”. 

A pesar de sus afirmaciones y anuncios de campaña, años después – tal como lo mencionamos- al ahora Senador Miguel Ángel Barreto se le vio en tarima apoyando una candidatura a la Alcaldía de Cajamarca, abiertamente prominera; y lo que es peor aún, ahora que es Senador y al parecer por esas cosas extrañas que no logran tener una explicación clara, el Senador Barreto no pudo suscribir el proyecto de Ley que radicaran sus colegas en contra del uso de la técnica de Fracking para la explotación de hidrocarburos en el país, y tal cual como lo hizo en el 2014, sus anuncios sobre su compromiso ambiental quedan registrados en los medios pero no en los hechos.

Ojalá Senador Miguel Ángel Barreto que esta vez del dicho al hecho no haya ningún trecho y sus palabras guarden coherencia con sus actuaciones.