Los retos de la paz para el 2020

Los retos de la paz para el 2020

Tomado de:  Razón Pública

 

El 2020 marca los primeros cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Este año será decisivo para consolidar el Acuerdo, considerado como uno de los más ambiciosos y más robustos que se hayan firmado en las últimas décadas.

Hasta ahora, entre otras cosas, el Acuerdo:

  • Ha permitido que cerca de 13.000 hombres y mujeres dejaran las armas y estén adelantando sus procesos de reincorporación.
  • Ha permitido crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), que se encuentra en etapa de consolidación.
  • Ha abierto la puerta, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que las políticas públicas se orienten a los territorios que históricamente han estado más excluidos de la oferta estatal.

No obstante, persisten algunos retos ya que se buscan transformaciones de largo plazo y, además, porque el desarrollo de cualquier Acuerdo de Paz trae imprevistos. Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hemos hecho un seguimiento riguroso al cumplimento de los puntos neurálgicos del Acuerdo. En este artículo destacaremos los que consideramos serán los cuatro retos más importantes de 2020.

Integralidad del Acuerdo

El primero tiene que ver con la comprensión del Acuerdo como una apuesta integral. El espíritu de la negociación incluyó siempre la idea de crear las condiciones para una transformación profunda de los territorios, lo cual implica que los seis puntos definidos son interdependientes y su ejecución, en vez de fragmentada, debe ser integral.

Esto es un reto que demanda voluntad política para abordar todos los temas con la misma intensidad. El Gobierno ha avanzado, sobre todo, en la reincorporación de los excombatientes a través de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y en el diseño e implementación de los PDET, liderados desde la Consejería para la Estabilización. En estos dos temas existen resultados significativos pero no necesariamente están articulados, a pesar de que, en la mayoría de los casos, se encuentran en los mismos territorios.

No hay grandes avances en la sustitución, lo que puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

Se deben intensificar los esfuerzos alrededor de otros componentes como la solución al problema de drogas ilícitas dado que, según Naciones Unidas, el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ha avanzado significativamente en la erradicación voluntaria y asistida con un 95% de hectáreas. Sin embargo, no hay grandes avances en la sustitución, y eso puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

Es importante que el PNIS reduzca las hectáreas sembradas de coca y, además, que ofrezca oportunidades efectivas de desarrollo alternativo para los cultivadores. En la práctica, se han presentado demoras en los subsidios y la asistencia técnica para los nuevos cultivos, lo que ha llevado a desconfiar del Programa.

La ejecución integral del Acuerdo debe generar condiciones de desarrollo que permitan superar la violencia como método de dominación. Esto quiere decir que se coordinen los Planes de Acción de los PDET, el PNIS, los Planes Sectoriales y la Hoja de Ruta para la reincorporación de excombatientes definida en diciembre de 2019, entre otros instrumentos de planeación, para cumplir con la apuesta integral del Acuerdo de Paz.

Compromiso de las nuevas administraciones locales

No es posible pensar en una exitosa ejecución del Acuerdo sin pasar por una efectiva coordinación entre las políticas nacionales y las territoriales. Durante el primer semestre del nuevo año se establecerán los planes de desarrollo municipales y departamentales, los cuales deben incorporar programas que contribuyan al cumplimento del Acuerdo.

Esto no es un tema menor, sobre todo si se tiene en cuenta que, tan solo por citar algunos casos:

  • Los excombatientes están adelantando su proceso de reincorporación en cerca de 430 municipios.
  • Los PDET se han concentrado en los 170 municipios prioritarios.
  • Existen víctimas registradas en la totalidad de los municipios del país.
  • El catastro multipropósito será actualizado para 2022 en el 60%  del territorio nacional.
  • El PNIS señaló cinco departamentos prioritarios en su tercera etapa.

Si bien no toda la responsabilidad de la ejecución debe recaer sobre las administraciones locales, sí son actores estratégicos para robustecer el enfoque territorial que contempla el Acuerdo.

Garantías de seguridad

Crear condiciones de seguridad en todo el territorio es un requisito básico para la ejecución integral del Acuerdo. La existencia de economías ilegales, el crecimiento de las llamadas disidencias de las FARC, así como las amenazas y el asesinato de casi 90 líderes sociales en 2019 —solo en diciembre fueron asesinados 23 en distintas regiones—, y cerca de 77 exguerrilleros, han puesto en evidencia el deterioro de los niveles de seguridad, sobre todo en las áreas rurales del país.

Un ejemplo claro se encuentra en la ejecución del PNIS, en cuyos territorios han aumentado las amenazas a aquellas personas que han decidido sumarse o continuar en el Programa. Además, la tasa de homicidios en algunos de estos municipios ha aumentado durante el último año y, si bien no se puede afirmar categóricamente que todos están relacionados con la sustitución, no deja de llamar la atención este fenómeno.

El recrudecimiento de la violencia es uno de los principales obstáculos para el cumplimento del Acuerdo

Este recrudecimiento incide directamente sobre la capacidad de participación de las comunidades, el desarrollo de estrategias en la ruralidad, la confianza en el Estado, la posibilidad de generar inversión privada en áreas alejadas y la intención misma del Acuerdo de llevar oferta estatal pertinente y cualificada a los territorios históricamente olvidados.

Consolidación de la justicia transicional

En su componente de justicia, el SIVJRNR cuenta con grandes avances por cuenta de la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, a casi dos años de su puesta en marcha, su labor se ha visto empañada por los casos de “Márquez”, “Santrich” y “El Paisa”, gracias a los cuales la opinión pública ha puesto en entredicho su capacidad de administrar justicia de manera oportuna.

Entre los retos de la JEP se destaca la necesidad de mostrar el trabajo realizado durante este tiempo, que va más allá de los obstáculos presentados por la falta de voluntad de algunos líderes de la exguerrilla de las FARC. A 2019, según esta institución, 12.234 personas han sido sometidas a la JEP, de las cuales el 79.4%  son de las FARC; 19.9% de la Fuerza Pública, y el 0.4% agentes del Estado.

También es un desafío importante abordar, de manera conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el flagelo de la desaparición forzada. Se espera que a partir de la investigación y los actos tempranos de reconocimiento de actores involucrados en el conflicto, sumados a la contribución a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición, se logren esclarecer las causas y promover la reconciliación.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, por su parte, debe entregarle al país en menos de dos años un informe que muestre lo ocurrido en el conflicto armado y promueva el reconocimiento de responsabilidades y la convivencia en las comunidades que han sido afectadas por la guerra.

En ese sentido, la Comisión ha avanzado durante su primer año en cinco “Diálogos para la No Repetición”, en la construcción de confianza con actores relevantes y en la recolección de los relatos que permitirán construir los contextos que expliquen lo ocurrido. El reto será conciliar, en un periodo relativamente corto, las verdades de los múltiples actores que estuvieron involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto armado.

Finalmente, se suman situaciones muy particulares que contribuyen o dificultan la implementación del Acuerdo:

  • El futuro de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
  • La definición del futuro de las Circunscripciones Especiales para la Paz.
  • La posibilidad de retomar los acercamientos con el ELN.
  • La persistente polarización política en el país.
  • Los fenómenos de movilización ciudadana que comenzaron en 2019.
  • Los desafíos e implicaciones de la prórroga a la Ley de Víctimas.

Sin lugar a duda, el 2020 marcará pasos fundamentales en la implementación del Acuerdo y su vigencia dentro de la agenda nacional.

¿El tal paro nacional no existe?

¿El tal paro nacional no existe?

La dilación, el cansancio, la incertidumbre, la poca efectividad y la falta de claridad está dando como resultado un agónico ocaso del estallido social más grande de las últimas décadas.

Este escenario demanda revisar con urgencia tres elementos importantes para la comprensión de los acontecimientos y la definición del ¿qué hacer? El primer elemento hace referencia a la necesidad de esclarecer los lineamientos estratégicos (Finalidad) de la movilización social dada en estos días, que a la fecha pareciese no encontrar canalizador o rumbo.

El segundo elemento hace referencia a la necesidad de comprender las causas y el alcance de los lineamientos tácticos (medios) utilizados para alcanzar una meta difusa, estos lineamientos tácticos han tenido como común denominador una dualidad entre la expresión democrática pacífica y la violencia callejera, esta última enaltecida por los medios.

Y, en tercer lugar, es necesario clarificar la naturaleza de algunos reclamos y la disposición del Gobierno para atenderlos, pues la conversación nacional en algunos casos es insulsa, dilatoria e innecesaria, hay compromisos asumidos por el Estado ya institucionalizados y  presentes en el bloque de constitucionalidad que no requieren ningún tipo de discusión.

Ahora, aunque el segundo elemento requiere un complejo abordaje, dado el tratamiento insulso y mediocre, en dónde se subsume el fenómeno a un simple caso policivo que desconoce la carencia de mecanismos institucionales que operen y sirvan para dirimir los conflictos, para confrontar argumentos antagónicos en un espacio agonístico y cambiar la violencia por el dialogo real y sincero.

Por otro lado, aunque el tercer elemento también requiere un tratamiento sin eufemismos para revelar las verdaderas intenciones de este Gobierno, su verdadera voluntad y las reclamaciones que requieran o no ser empujadas por medio de la correlación de fuerzas. Considero aún más prioritario esclarecer el primer elemento, pues los dos anteriores no tendrían sentido si ni siquiera sabemos ¿qué queremos? ¿qué pedimos? O ¿para dónde vamos?

En ese orden de ideas, las preguntas que considero deben ocupar los espacios de diálogo social son: ¿por qué y para qué parar?

En el laxo de 2 meses, del 21N al 21E, una movilización que nace con verdadera potencia, un cumulo de rabias, descontento e indignación que sacó millones de personas a las calles, ha venido perdiendo peso en números. La causa lógica de tal comportamiento corresponde a dos variables, el desgaste y la incidencia o efectividad del paro.

Ambas variables con cargas negativas se entrelazan y tienen como punto de encuentro un problema vigente desde la génesis o el día 0 de las movilizaciones. Este problema es la falta de rumbo, la claridad en las apuestas, los lineamientos estratégicos y la falta de certeza respecto a qué es lo que se persigue.

Es evidente que ese cumulo de rabias e indignaciones expresadas democráticamente dan cuenta de que Colombia no va por buen camino, existen múltiples factores y situaciones que pareciese ameritaran levantarse democráticamente una y otra vez contra el statu quo, pero la incapacidad que hemos tenido como ciudadanos de sintetizar ese mar descontentos hacia nuestro modelo económico, nuestra democracia, nuestro gobierno y nuestra cultura en una serie de reivindicaciones claras y concisas, no ha permitido tener claridad sobre lo que perseguimos, dando como resultado la construcción de listas de mercado con el más variado número de temas que se modifican constantemente según la coyuntura. Condenándonos al desgaste y a una inminente falta de resultados.

¿Qué perseguir? ¿Por qué parar?

Ahora, Pido excusas si excluyo algún elemento de valía, pero, invocando un espíritu más propositivo y en aras de contribuir con un pequeño grano de arena en la búsqueda de ese norte, considero que las movilizaciones deben girar en torno a un paquete de cuatro ejes.

  1. Uno que haga referencia a la concreción de los elementos democráticos y sociales establecidos en la constitución del 91, dado que los diseños institucionales ya establecidos para ampliar el espectro democrático y las etiquetas en donde el Estado se asume garante de mínimos derechos como salario, empleo, vivienda digna, alimentación o educación, especialmente la etiqueta asumida en el artículo 1. Como “Estado Social de Derecho” u otras como las consignadas en los artículos 12, 13,18,19,20,22,25,40,334 etc simplemente no se cumplen. Su cumplimiento ha sido inversamente proporcional a la implementación del modelo económico de los últimos 30 años.
  2. Otro eje debe marcar puntos de ruptura con diferentes apartados del ordenamiento legal vigente, especialmente en aquellas leyes que rigen temas transversales y vitales como la salud, la pensión, el salario y la educación, es decir, ante el inminente fracaso de los diseños institucionales creados para garantizar estos derechos, se requiere un paquete de reformas que replanten los contenidos, los medios y el propósito de estos. Se requiere con urgencia reformar democráticamente y con un amplio sentido social y progresivo la ley 100 de 1993, la ley 50 de 1990, la ley 30 de 1992 y la ley 115 de 1994 entre otras. Nótese que este paquete de reformas no implica resquebrajar el ordenamiento constitucional vigente, por el contrario, los mismo elementos sociales y democráticos consagrados en la constitución reclaman su modificación, aquí el poder legislativo debe jugar un papel importante.
  3. Un tercer eje debe priorizar la paz y el derecho a la vida como principios fundamentales. Esta necesidad nace a partir de la proliferación de la violencia en los territorios (que repunta luego de bajos indicadores en el 2017) y el asesinato sistemático de líderes sociales. Para tal propósito deben darse dos condiciones obligatorias, la implementación de los diálogos de paz de la Habana y tener voluntad de dar una salida negociada al conflicto con diferentes actores armados.

    Dicha apreciación tiene un asidero lógico. En primer lugar, la no implementación de los acuerdos de la Habana, especialmente en lo que respecta a la Reforma Rural Integral (RRI), la sustitución de cultivos, la seguridad de excombatientes y la negligencia en la implementación de proyectos en diversas zonas PDET contribuyó a dos fenómenos, uno de resiembra sistemática de hoja de coca y otro de reocupación de las zonas estratégicas abandonadas por las FARC, dando paso a nuevas lógicas del narcotráfico, la estabilidad de los precios de la coca y la aparición de nuevos agentes armados en las zonas, ahora hasta con talante internacional, en síntesis, dando lugar a las condiciones propicias para la violencia en los territorios, elemento directamente vinculado al asesinado sistemático de líderes sociales; y, en segundo lugar, estos últimos 50 años de guerra irregular han dado cuenta de un fenómeno: las estructuras organizacionales y operativas de los actores armados y las condiciones geográficas del territorio han hecho y hacen de la guerra un juego de suma cero en donde ninguna fuerza se puede anteponer militarmente a la otra, ni siquiera en la era de la seguridad democrática, en dónde como muestran las cifras, las acciones perpetradas por grupos armados se incrementaron[1].

    Es decir, la salida negociada debe ser un mecanismo para restar agentes armados a la ecuación de la violencia que padecen los territorios y particularmente los líderes sociales y, debe ser implementada ante la incapacidad de dar termino definitivo por medio de la vía militar.

  4. Por último, es innegable que debe replantearse el modelo económico, cabe aclarar que esta apuesta no rompe con el ordenamiento constitucional, puesto que como puede apreciarse en el título Xll “del régimen económico y la hacienda pública” no hay una definición tacita sobre un tipo de modelo especifico, por el contrario, comparte una serie de artículos duales entre principios liberales y principios de orden intervencionista.

    Frente a esta ambigüedad la jurisprudencia acuñó el principio de la “Neutralidad” que básicamente implica ajustes o desajustes, la aplicación de un modelo u otro según la fuerza política en poder, es decir, según la voluntad del gobierno y el congreso que se elige, claro está, con ciertos límites jurídicos y valorativos que igualmente permiten una serie de ejes que considero deben replantearse, esto amparado bajo los elementos sociales y de bien público consagrados en los artículos 58, 64, 65, 79, 333, 334, 335 y 336  de nuestra constitución. En ese sentido, hay tres ejes que deben ser tratados en esta apuesta por un nuevo modelo.

  • Romper con el proceso de reprimarización de la economía colombiana “dictada por la división internacional del trabajo”, aquella que nos condena a sólo producir materias primas y a desindustrializar el país, esto se requiere principalmente debido a que un factor determinante y estructural en la generación de desempleo es la carencia de producción con valor agregado.
  • En ese mismo proceso de reprimarización, el extractivismo juega un rol fundamental, dicho proceso ha dejado efectos negativos al medio ambiente, los ecosistemas y la calidad de vida de las personas, en ese orden de ideas, se requiere poner fin a prácticas que con sustento técnico han sido caracterizadas como peligrosas para el medio ambiente y es necesario incursionar en enfoques más saludables para las personas y los territorios en cuanto a formas de producción de riquezas, esto bajo el amparo del artículo 79 de la constitución.
  • Por último, es necesario estimular nuestra propia industria, nuestra propia productividad, replantear el tipo de intervención que el Estado hace en la economía y la forma en que se distribuye la riqueza, ya que bajo el modelo neoliberal, la economía del país se ha volcado hacia la atracción de capitales golondrinas internacionales, la confianza inversionista, las concesiones leoninas con multinacionales y la eliminación del gasto público, salvo generalmente en casos en donde se “garantizan” derechos por medio del subsidio a la demanda (ej: ser pilo paga, familias en acción, jóvenes en acción etc). Esto, aunque ha permitido un crecimiento constante del PIB, no ha representado efectos reales para los bolsillos, la tasa de desempleo y la calidad de vida de los colombianos.

El crecimiento constante del PIB paradójicamente ha sido proporcional a los índices de desigualdad (Somos el tercer país más desigual del mundo), dándonos además de un problema en la producción de cosas con valor agregado, un serio problema de distribución de la riqueza, fenómeno que ha sido potenciado luego de 30 años de implementación del neoliberalismo y la neoregulación. En síntesis, debe replantearse la forma en que producimos riqueza, quienes participan en la producción de la riqueza y como distribuimos la riqueza, ya que como expresaba Manfred Max Neef “el crecimiento económico no es igual a desarrollo”.

Para terminar, los ejes aquí compartidos son una propuesta de dirección temática para abordar y clarificar ese ¿por qué paramos? Ese ¿qué perseguimos? Y ese ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Efectivamente no hay elementos propositivos específicos, pero, por lo menos en el marco de estas generalidades compartidas, se encuentran temas transversales, necesarios y estructurales que pueden dar cabida a esas banderas que requieren la sociedad civil y la coyuntura.

Es una tarea difícil, no sólo porque la lógica del conflicto y cerca de 30 años de orden contrainsurgente cercenaron nuestros horizontes y dieron origen a varias generaciones apáticas y escépticas a cualquier pizca de diferencia, si no también, porque existe un serio problema de liderazgos y de formación de cuadros en el seno de todas las fuerzas democráticas que, aunque sin concretizar sus apuestas, se la juegan por cambiar un poco las cosas.

Más allá de discutir los elementos aquí compartidos, la invitación es a pensar el rumbo, el ¿qué hacer? Y el país que queremos. Los invito a esclarecer la estrategia y luego sí, la táctica, o de lo contrario, esta explosión participativa y democrática vivida en el “paro nacional” que estalla luego de décadas de reivindicaciones, rabias, mártires, violencia y falta de oportunidades acumuladas, caerá por su propio peso.

 

 

 

 

 

 

[1] Tan solo en el caso de las FARC, el número de ataques perpetrados en el periodo 2003-2007 era cerca de 1.000, mientras que tan solo en el año 2008 se pasó a 1.353, en el 2009 a 1.614 y en el 2010 a 1.947 ataques. Fuente: Corporación Nuevo Arcoíris
ESAP otorgó 100 becas para excombatientes

ESAP otorgó 100 becas para excombatientes

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) otorgó 100 becas para el 2020 (50 para el primer semestre del año y 50 para el segundo semestre) a los excombatientes de las Farc-Ep que se mantienen en la legalidad y avanzan en su proceso de reincorporación.

Estas becas se suman a las 25 que otorgó la Universidad Elite y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el 2018, las 24 de Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAN) de Cuba y la bolsa de recursos de $3.400 millones para la gestión de cupos en educación para las personas en proceso de reincorporación.

Los excombatientes recibirán becas para el programa de pregrado en Administración Pública Territorial en la ESAP y serán semipresenciales. Estas hacen parte de la Ruta de Reincorporación y contribuyen a la implementación de los Acuerdos de Paz; así mismo están enfocadas en fortalecer las capacidades y habilidades de las personas que dejaron las armas para su inserción a la vida civil.

Para el Director General de la ARN, Andrés Stapper Segrera, esta oportunidad educativa abre un espacio de convivencia para afrontar la Reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep con un horizonte de reconciliación, facilitando además el ingreso más pronto al mundo laboral o el emprendimiento de su propio plan de negocio o proyecto productivo.

Por su parte, Pedro Medellín Torres, Director Nacional de la ESAP, explicó que la apuesta de la Escuela es la de aportar a la gestión del conocimiento y el desarrollo de los territorios.

“Nosotros tenemos una experiencia y gran presencia como formadores en administración pública. Ellos, los cien beneficiarios de estos cupos gratis, son conocedores de la geografía y la dinámica social de estos territorios. Así que se trata también de trabajar juntos, sumar capacidades y conocimientos para que cada reincorporado se convierta en un eje de transformación y de construcción de nación en los territorios, en especial los más golpeados por el conflicto”.

Los exintegrantes de las Farc-Ep interesados en aplicar a una de estas becas, deben ser bachiller con diploma o acta de grado; contar mínimo con los resultados de la prueba Saber 11- Examen del ICFES; encontrarse en estado activo en el SIR para el proceso de reincorporación, y tener disponibilidad de asistir los sábados y domingos de febrero y mayo, entre de 8 a.m. y 12 m., y las 2 p.m. a 6 p.m.

Las clases se desarrollarán en 90 municipios y ciudades de 15 departamentos del país en donde la ESAP tienen sedes.

Alcaldía entrega obras de restauración del Panóptico de Ibagué

Alcaldía entrega obras de restauración del Panóptico de Ibagué

La Administración Municipal “Por Ibagué, con todo el corazón” a través de INFIBAGUE entregó este 20 de diciembre, las obras para la restauración, adecuación integral y reforzamiento estructural del edificio cruciforme – “Panóptico de Ibagué”.

Estas obras fueron realizadas bajo los criterios de restauración, de reversibilidad y legibilidad. “Estoy muy contento es una lucha de muchos años, creo que entre el Gobierno Nacional, Municipal y el Concejo deberán entender que acá falta la dotación, nosotros queríamos dejarle a la próxima administración dinero conque mantener el Panóptico, esto es un paso importante una inversión de más de $ 13 mil millones en todo lo que nos hemos comprometido” Así lo indicó Guillermo Alfonso Jaramillo, Alcalde de Ibagué.

Las actividades contratas propendieron por darle estabilidad, prolongar la preservación de este inmueble y lo más importante, darle vida al Museo Panóptico de Ibagué. Dentro de las obras más significativas que se realizaron encontramos:

1. Reforzamiento Estructural.
2. Cambio de Pisos.
3. Adecuaciones de la Cubierta.

 

Las obras desarrolladas en el Panóptico contaron con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, quienes brindaron asesoría para el guión museológico y museográfico, de igual manera la dirección de Patrimonio y Memoria el Ministerio ha estado al frente en un acompañamiento permanente.

“Esto es muy importante y para la ciudad es un icono este monumento, hay dos en Colombia, uno en Bogotá y el otro acá en Ibagué, esperamos que la ciudad lo acoja que esto haga parte del turismo cultural y como dijo el señor el Alcalde el que no venga al Panóptico no ha venido a Ibagué” Así lo indicó José Ignacio Argote López, Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio.

La Alcaldía de Ibagué se instaló un ascensor para cumplir con las normas establecidas para personas en condición de discapacidad que circulen por el edificio y se implementaron más circulaciones verticales.

Esta contratación adjudicada en el mes de noviembre del 2018, en un trabajo articulado con la Secretaría Municipal de Cultura e Infibagué, rinde hoy sus frutos con una inversión de 13 mil 500 millones de pesos, entre estudios de actualización, diseño del guión museológico y museográfico, y obras de restauración y reforzamiento de la infraestructura del edificio.

El museo Panóptico de Ibagué, será la primera institución museal de escala regional de manera casi excepcional en el conjunto de la nación, que invitará al conocimiento, la reflexión y la emoción de recorrer un departamento, el Tolima.

Alcaldía recibe resolución para instalación de emisora de interés público en la ciudad

Alcaldía recibe resolución para instalación de emisora de interés público en la ciudad

La Administración Municipal recibió por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la resolución mediante la cual se otorga licencia de concesión al municipio de Ibagué para prestar el servicio de radiodifusión sonora con orientación en su programa de interés público en el dial 690 AM. 
 
De acuerdo con Wilmar Gómez, secretario general, este es el resultado de un trabajo que se viene adelantando desde el año 2016 para generar nuevos canales de información en la ciudad. 
 
“Se ha hecho un esfuerzo muy grande por generar capacidad institucional en la Alcaldía de Ibagué para producir contenidos de comunicación que generen procesos de identidad colectiva y que faciliten en ese sentido la ampliación de la conciencia de la gente. Por eso hemos tenido como meta la creación de medios como la emisora”, sostuvo Gómez. 
 
Y agregó: “Por primera vez la Alcaldía va a tener su propia emisora para que pueda democratizar la información institucional sin depender estrictamente de la pauta publicitaria que se paga en los diferentes medios de comunicación”. 
 
Para esto, la Administración Municipal a través de la Oficina de Comunicaciones entregó al Ministerio el estudio técnico para la viabilidad, el manual de estilo de la emisora y el documento oficial del predio público donde se instalará la antena con su respectivo permiso de la aeronáutica civil. 
 
“Para nosotros es muy importante que la comunidad conozca este proceso, nosotros hemos solicitado una prórroga para que el próximo gobierno tenga el tiempo adecuado para la implementación de esta emisora ya que nosotros dejamos la resolución de la emisora”, sostuvo el secretario General. 
 
Es de resaltar que la emisora virtual de la Alcaldía viene funcionando desde el mes de agosto del año 2018 en la página web https://www.radiocapitalmusical.gov.co. Allí se han emitido más de 300 programas con 10 formatos al aire. 
 
Diomedes Acosta, encargado de la Oficina de Comunicaciones, sostuvo: “el proceso se desarrolló a la par que veníamos trabajando con la emisora virtual Radio Capital musical, la cual en agosto del 2018 se habilitó y viene desarrollando una producción virtual y análoga también en algunas emisoras de la ciudad con una propia franja”.
 
Vale destacar que la emisora hace parte del Sistema Integrado de Medios de Comunicación de la Alcaldía, al igual que el periódico La Consulta y la plataforma de televisión, Tveo Ibagué. 
 
“Esta es una apuesta por la pluralidad de la democracia y también por darle a la comunidad el tema de la cercanía con la información de una manera directa y concreta”, Acosta. 
 
Datos de los otros medios
 
Desde la creación del periódico La Consulta se distribuyeron más de 25.000 ejemplares en la zona urbana y rural de la ciudad. Sus ediciones se pueden conocer a través de la página web www.laconsulta.gov.co
 
Asimismo, a través de la plataforma de televisión TVeo Ibagué se han dado a conocer más de 900 productos audiovisuales y se han realizado más de 30 emisiones en vivo. De igual forma en el canal regional PYC se han transmitido más de 40 magacines.

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