¿Y qué con la polarización en Colombia?

¿Y qué con la polarización en Colombia?

 

Por: Adriana Marcela Cabezas Mora

Debido a la vertiginosidad con que la opinión pública reproduce la llamada “polarización política en Colombia” que afecta ámbitos varios además del político, vale la pena hacer algunas precisiones sobre una característica fácil de la cultura política acentuada a diestra y siniestra hoy día.

Si hay un país que ha vivido en carne propia una polarización política es éste a lo largo de su historia, de allí que resulte arriesgado llamar a todo polarización: las cosas por su nombre.

La polarización política es un indicador que permite determinar el grado de democratización de un país a partir de instituciones como los partidos y asociaciones políticas. Según el politólogo italiano Norberto Bobbio, la díada izquierda/derecha aún configura el universo político dado que los actores políticos hacen referencia a ésta no precisamente como una “caja vacía”. 

A su juicio, la preferencia de valores como la libertad, delimitan la inclinación de derecha o izquierda. Más la diada en Colombia tiende a ser menos radical según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes.(Ver artículo relacionado)

El panorama político-electoral mediato se ha visto influenciado por dos eventos: la continuidad del proceso de paz en la etapa del posconflicto y la crisis económica que avecinan directivas en la materia (caso del presidente del Banco de la República Juan José Echavarría).

Interesa hablar sobre el primer evento por sospechar que es desde allí desde donde se afinan equipos a uno y otro lado de la tribuna, nada más descabellado en un país que con un cerillo se enciende(…)

Si bien es cierto, el plebiscito por la Paz y la firma del proceso se sucedió durante la administración de Santos, es en el gobierno de Duque donde se debate entre continuidad y/o retroceso.

Una de las promesas en campaña del presidente Iván Duque fue la de dar continuidad y garantías al proceso de Paz, siempre y cuando se precisen ciertos ajustes jurídicos abanderados por su partido político (Centro Democrático) sin contar con el apoyo político suficiente para dar trámite a éstos.

Éste tema en particular ha ubicado actores políticos y civiles a favor y en contra, constituyéndose en la punta de lanza de posturas “pro-paz” y “guerreristas” en el país, misma que representan a mi juicio el único asunto bipolar.

La paz es un derecho y un deber consagrado por la carta política de 1991 (artículo 22), mientras que la reflexión politológica le considera como un estado ideal dentro de un territorio soberano sin significar ausencia de algún grado de conflicto.

Con esto en mente, es mucho más que deseable que Colombia, con una herencia fratricida como la del período de la Violencia bipartidista experimentada entre los años cuarenta a cincuenta, experimente hoy cierto apaciguamiento.

No existe duda de que el proceso de Paz representa un ámbito central en la política local y nacional, más es por lo menos una exageración definir a partir de allí el universo político del país.

En este tono, resulta reduccionista explicar todo a partir de una postura a favor y en contra del proceso máxime cuando el espectro ideológico en el país no resulta tan determinista como si lo fue previo y durante el Frente Nacional.

Así las cosas, las declaraciones reticentes en los medios que endosan problemáticas variadas como la dificultad de hacer campaña en departamentos como el Cauca y Popayán, por ejemplo – territorios conflictivos de vieja data- y la expresión de preferencias político-electorales en redes sociales y organizaciones civiles, por un lado.

Por el otro, el mal estado de la economía del país según declaraciones del director de la entidad (Ver artículo relacionado); todas éstas bajo la máxima de la polarización política latente. 

Es innegable que el ambiente político influye en el ámbito económico y social, más el ambiente político en sí comprende más elementos que la suerte del proceso de Paz ya que el universo político es mucho más complejo, ejemplo de esto es la relación sistémica.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se vislumbran varias cosas: vivimos inmersos en un entorno altamente persuasivo a partir de creencias fatalistas apoyadas en juicios a favor y en contra de paz o guerra, diada que resulta más peligrosa que las orillas ideológicas entre derecha e izquierda, que sin dejar de ser vigentes- ya que el voto duro de liberales y conservadores perdura aún-.

Las expresiones políticas experimentan una suerte de pluralismo político y por qué no, cierto “acomodismo progresista” que no requieren ser apabulladas a un radicalismo determinista. A este país le faltan más explicaciones racionales y menos aforismos que aticen conflictos ideológicos que, se suponen superados.

¿Justicia terrenal o divina en Puebla? Retorno al Estado de Naturaleza

¿Justicia terrenal o divina en Puebla? Retorno al Estado de Naturaleza

Por: Marcela Cabezas 

El Estado entonces, toma vida como aquel monstruo mitológico: el Leviatán

Tras siglos de reflexión política y filosófica sobre las bases del Estado moderno y la civilidad, los constantes linchamientos sucedidos en territorio mexica invitan a una retroalimentación sobre los cimientos de éste frente a la amenaza civil de retornar al estado de naturaleza.

A finales del siglo XVI Thomas Hobbes escribía su obra más reconocida “el Leviatan o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil”, inaugurando la lectura contractualista sobre el pacto social que dará vida al Estado moderno tras siglos de gobiernos monárquicos y absolutistas.

De entre los aspectos que darán paso al contrato social entre gentes civilizadas es la renuncia al estado de naturaleza inmanente en cada hombre al nacer, ésto, a razón de sus libertades natas. Si bien es cierto,el hombre en estado de naturaleza goza de libertades y derechos, tales son utilizadas para la perpetuación de prácticas denigrantes ligadas a las pasiones humanas tales como: la soberbia, la lujuria, la avaricia, el deseo, etc, etc.

En este tono, según Hobbes el “hombre es un lobo para el hombre” por lo que es necesario crear un tercero artificial capaz de contener el caos y garantizar seguridad a cambio de la renuncia al estado natural. El Estado entonces, toma vida como aquel monstruo mitológico: el Leviatán,  obrando como el tercero artificial impartidor de justicia y dador de seguridad.

En este tono, el contrato social que permitió la emergencia del Estado moderno se basa en dos aspectos centrales: el mando y la obediencia, relación posible en la medida en que los dos  implicados (Estado y sociedad) cumplan con lo que le corresponde. Más, si alguno de los dos falla el regreso al estado de naturaleza y la incubación de una Guerra civil es inmanente. Contexto desde el cual a propósito  el pensador inglés reflexiona su obra.

Ahora bien, de un tiempo para acá forma parte de la mexicanidad, y en específico el territorio poblano el recurso a linchamientos a supuestos ladrones, secuestradores, violadores y sujetos implicados en algún delito, sin ser una práctica reciente por parte de la población civil. Se destacan los hechos sucedidos el pasado fin de semana que dan como saldo el deceso de siete personas en el municipio de Cohuecan y Tepexco, en circunstancias bastante alarmantes tras reunirse una horda social enfurecida. No es necesario detallar la escena basta con afirmar que es necesario una reflexión hobbesiana al respecto.

Se pueden hacer diversas lecturas frente a los hechos: que se trata de pueblos alejados anclados en prácticas tradicionales cerradas a foráneos , que el Estado brilla por su ausencia ya que había poca  fuerza pública o arribó muy tarde tras el llamado de la comunidad ;y,  el más sonado, que a falta de la impartición de justicia por parte de las autoridades la población civil debe ejercer ésta por propias manos.

La primera resulta histórico-contextual, la segunda poco creíble debido a la militarización del territorio mexicano de hace ya bastante tiempo – legitimado ahora con la Guardia Nacional- , y la tercera es real y temible en tanto que representa un retroceso frente a siglos de reflexión política y jurídica sobre la justicia y la seguridad como valores fundamentales en una sociedad que aspira a evolucionar en cabeza  del Estado o el Gran Leviatán.

De forma que en el siglo XXI suponiendo superado el estado de naturaleza en el cual reina el conflicto y la guerra de todos contra todos, es apenas alarmador que pobladores de éstas municipalidades decidan aprehender y ajusticiar a los supuestos secuestradores de un vecino. Y, digo supuestos dado que en un debido proceso se emite juicio tras escuchar las partes implicadas; proceso imposible dado que la vertiginosidad de los hechos evidenció un castigo de esos muy característicos en la época oscurantista donde se echaban a la hoguera a supuestos brujos y hechiceros bajo la sentencia ineludible de herejes sin juicio alguno.

Ahora bien, tal época se superaría tras la separación entre Estado e Iglesia, más los hechos recientes en Puebla apuntan a que en la impartición de la justicia no sólo intervienen los actores instruidos y dispuestos institucionalmente para ésto, sino que cada vez que haya oportunidad los civiles obran como jueces  e incluso verdugos de los delincuentes.

Concuerdo en el hecho de que la justicia en México se toma su tiempo en ocasiones y que un efecto de tal proceso será el no castigo ejemplar a los ciudadanos que han fallado por acción y/o omisión. Más la creencia de que la justicia – cimiento del imperio de la ley- se imparte por parte de una horda enardecida a punta de “puño y machete”- en el mejor de los casos- evidencia que no sólo fallan las instituciones sino también que en la conducta humana “moderna” el estado de naturaleza se muestra reticente a desaparecer.

Así las cosas, es necesario que tanto las autoridades públicas como las organizaciones civiles tomen protagonismo y se pronuncien al respecto, dado que, si en los hechos hacer justicia por nuestras propias manos se vuelve una práctica común ¿qué sentido tiene seguir viviendo en sociedad bajo un Estado recaudador de impuestos e imposibilitado de garantizar seguridad por propios medios?, si en la praxis de la sospecha se pasa a la pena máxima.

En últimas, no creo que el Estado y su maquinaria se encuentre rebasado, más bien, dudo en que la población civil en su totalidad renuncie a libertades naturales supuestamente superadas a cambio de garantizar sus libertades civiles vigentes. De hecho, la población recurre a las primeras cada vez que la consideren necesaria tal como vimos.

En este tono, Hobbes ha visto cumplida su sentencia sobre la mayor amenaza al Leviatán y a la estabilidad política y social: las pasiones humanas. Entonces, la tarea es vasta, y la reflexión debe ir más allá del tradicionalismo y de aquello de “cuidarnos a nosotros mismos”; a la larga los efectos sobre el valor de la justicia y los siglos de cimentar el mismo se mostrarán más involutivos que evolutivos ¡tamaña cosa! en el segundo país más poblado de América Latina.

 

El Tolima en la boca del fuego

El Tolima en la boca del fuego

Por: Marco Hincapie 

Fuegos que se propagan sin control en zonas rurales están devastando nuestros recursos naturales. En el mundo, este tipo de incendios constituye uno de los mayores agentes de degradación de los ecosistemas existentes, lo cual genera daños y afectaciones en la economia de las comunidades, la vegetación, el suelo, la fauna y las fuentes hídricas.

Las causas de los incendios forestales se originan en menor medida por causas naturales, como erupciones volcánicas, rayos o temperaturas demasiado elevadas. Sin embargo, la principal causa de estas conflagraciones es el accionar irresponsable del ser humano en los entornos naturales.

En Colombia, el panorama genera bastante preocupación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José Gonzales, comunicó este lunes que en lo corrido de 2019 se han presentado más de 2.200 eventos de quemas o conflagraciones a nivel nacional, los cuales han generado la lamentable perdida de 128.000 hectáreas de zonas boscosas.

A su vez, manifestó que nuestro departamento del Tolima se encuentra en la lista de los más perjudicados, junto a Cundinamarca, Cauca, Nariño y Huila.

La Gobernación del Tolima confirmó a finales de agosto que en el departamento las llamas han consumido más de 11.000 hectáreas y han afectado a 18 municipios, entre los que se encuentran Ortega, Mariquita, Prado y Carmen de Apicalá.

Frente a esta situación, las autoridades han declarado la alerta naranja. Además, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo afirma que el 90 % de los incendios forestales en el Tolima se deben a la intervención humana, específicamente en el desarrollo de actividades agrícolas.

En diferentes partes del mundo se ha tomado la decisión de prohibir las llamadas quemas “controladas” en los bosques. No obstante, uno de los principales renglones de la economía en nuestra región es la agricultura, motivo por el cual la prohibición rotunda de estas prácticas generaría afecciones en las dinámicas económicas del Departamento.

La Defensa Civil y los cuerpos de bomberos han realizado un excelente trabajo en la atención de emergencias y el control de incendios; pero el verdadero desafio está en la concientización ciudadana y la prevención de este tipo de desastres medioambientales, ello con el propósito de salvaguardar la integridad de miles de hectáreas de bosques, que purifican el aire que respiramos así como también proteger a miles de animales que mueren a causa de esta tragedia.

A nivel nacional ya se están gestando las primeras acciones, en el Congreso de la República de Colombia, cursa un proyecto de ley denominado: ‘Prevención de Incendios Forestales’, el cual busca formular una política integral del manejo de las conflagraciones en el país.

Esta iniciativa legislativa declara como prioridad nacional y de importancia estratégica la conservación del patrimonio forestal del país, enfocado principalmente en reglamentar acciones para prevenir y controlar los incendios que deberán ser adoptadas y ejecutadas de manera conjunta y coordinada entre el Estado, la sociedad civil y el sector productivo, en el

marco de los requerimientos básicos para la conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica. Esta ley debe de corregir algunos errores que tiene la ley 1575 del año 2012, ley que debilito a los cuerpos de bomberos oficiales, llevandolos casi a su exterminio. Ya que en Colombia solo existen 19 cuerpos de Bomberos Oficiales.

Necesitamos que esta nefasta situación que estamos viviendo, este en la agenda política de los mandatarios de todos los niveles desde la gobernación, alcaldías, concejos y Asamblea Departamental, para que trabajen coordinamente en el desarrollo de programas de concientización sobre el uso adecuado de la tierra, el fomento de la cultura ciudadana, la capacitación al sector agrícola y el monitoreo correspondiente en las zonas de alto riesgo.

La madre naturaleza nos regalo a los Tolimenses un gran legado ambiental y de los mas hermosos de nuestro país, proteger su belleza y comprender su importancia desde cualquier punto de vista, es un compromiso que como sociedad tenemos la obligación de asumir.

 

Este sábado habrá jornada de limpieza en el río Combeima

Este sábado habrá jornada de limpieza en el río Combeima

Este sábado 24 de agosto se realizará una jornada de limpieza en la cuenca hídrica del río Combeima, en el sector de Juntas. Esta actividad es promovida por la Dirección de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Carlos Meneses, director de esta dependencia, sostuvo que las personas interesadas en participar deben asistir al punto de encuentro en la cancha de microfútbol a las 8:00 de la mañana. 
 
“Estas acciones de protección de la biodiversidad, la flora y fauna del cañón del Combeima y la ronda hídrica, están enmarcadas en el ambiente de la sostenibilidad turística del destino a certificar”, dijo Meneses. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se vincularán entidades como Cortolima, IBAL, Interaseo, Infibagué, Ejército Nacional, Policía Ambiental, Policía de Turismo, y las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
 
“Hacemos extensiva la invitación para que visitantes y turistas se unan a esta jornada desarrollando un turismo responsable y sostenible velando siempre por la protección de los recursos naturales”, concluyó Meneses.
Plan Nacional de Desarrollo fortalece proceso de reincorporación para excombatientes

Plan Nacional de Desarrollo fortalece proceso de reincorporación para excombatientes

Renta básica mensual
El Plan Nacional de Desarrollo modificó el artículo 8 del Decreto Ley 899 de 2017, que regula el beneficio económico de la renta básica mensual de los excombatientes de las Farc-EP, con lo que se fortalece el proceso de estabilización económica de 13.194 personas en proceso de reincorporación. Por otro lado, para que los excombatientes accedan al 90% del salario mínimo legal vigente, deberán cumplir la ruta de reincorporación que esta conformada por cuatro dimensiones: Formación Académica, Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Acompañamiento Psicosocial y Generación de Ingresos.
Acceso a territorios
Un segundo beneficio es el acceso a territorios para el desarrollo de proyectos productivos que le permitan a la población excombatiente el acceso a ingresos sostenibles a mediano y largo plazo desde la legalidad. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes con extinción de dominio, transferirá las tierras a las personas en proceso de reincorporación que tengan consolidado y aprobado su proyecto, para continuar con la estabilización socioeconómica y tránsito a la legalidad. Este traspaso se hará con el visto bueno de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). “Se materializa el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar a los excombatientes el acceso a tierras para el desarrollo de sus proyectos productivos de manera efectiva y bajo garantías legales, en el marco del proceso de reincorporación”, afirmó Andrés Stapper, Director General de la ARN. Asimismo, la política pública ‘Paz con Legalidad’, impulsada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo garantizando cómo principio institucional el regreso de los excombatientes a la vida civil a través de la legalidad y las oportunidades. El tercer beneficio pretende fortalecer la reincorporación de las personas que dejaron las armas en el marco de los principios de verdad, justicia y garantías de no repetición. Para lograr este objetivo, la ARN articulará la oferta institucional del gobierno nacional bajo tres principios: reincorporación social, con énfasis en el acompañamiento psicosocial; la reincorporación económica, con énfasis en las condiciones de estabilización socioeconómica a partir del desarrollo de proyectos productivos individuales o colectivos, y la reincorporación comunitaria, orientada a la creación de espacios de diálogo entre los excombatientes, sus comunidades receptoras, las víctimas y la institucionalidad presente en​ el territorio. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo concertará con los grupos étnicos (afrodescendientes, indígena y rom) la forma de cómo quieren adelantar el proceso de reincorporación. una vez se haya hecho el diagnóstico con la información suministrada por los grupos, se diseñará un programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género, la cual la ARN garantizará la articulación con las entidades competentes para la implementación del programa.