El Tolima en la boca del fuego

El Tolima en la boca del fuego

Por: Marco Hincapie 

Fuegos que se propagan sin control en zonas rurales están devastando nuestros recursos naturales. En el mundo, este tipo de incendios constituye uno de los mayores agentes de degradación de los ecosistemas existentes, lo cual genera daños y afectaciones en la economia de las comunidades, la vegetación, el suelo, la fauna y las fuentes hídricas.

Las causas de los incendios forestales se originan en menor medida por causas naturales, como erupciones volcánicas, rayos o temperaturas demasiado elevadas. Sin embargo, la principal causa de estas conflagraciones es el accionar irresponsable del ser humano en los entornos naturales.

En Colombia, el panorama genera bastante preocupación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José Gonzales, comunicó este lunes que en lo corrido de 2019 se han presentado más de 2.200 eventos de quemas o conflagraciones a nivel nacional, los cuales han generado la lamentable perdida de 128.000 hectáreas de zonas boscosas.

A su vez, manifestó que nuestro departamento del Tolima se encuentra en la lista de los más perjudicados, junto a Cundinamarca, Cauca, Nariño y Huila.

La Gobernación del Tolima confirmó a finales de agosto que en el departamento las llamas han consumido más de 11.000 hectáreas y han afectado a 18 municipios, entre los que se encuentran Ortega, Mariquita, Prado y Carmen de Apicalá.

Frente a esta situación, las autoridades han declarado la alerta naranja. Además, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo afirma que el 90 % de los incendios forestales en el Tolima se deben a la intervención humana, específicamente en el desarrollo de actividades agrícolas.

En diferentes partes del mundo se ha tomado la decisión de prohibir las llamadas quemas “controladas” en los bosques. No obstante, uno de los principales renglones de la economía en nuestra región es la agricultura, motivo por el cual la prohibición rotunda de estas prácticas generaría afecciones en las dinámicas económicas del Departamento.

La Defensa Civil y los cuerpos de bomberos han realizado un excelente trabajo en la atención de emergencias y el control de incendios; pero el verdadero desafio está en la concientización ciudadana y la prevención de este tipo de desastres medioambientales, ello con el propósito de salvaguardar la integridad de miles de hectáreas de bosques, que purifican el aire que respiramos así como también proteger a miles de animales que mueren a causa de esta tragedia.

A nivel nacional ya se están gestando las primeras acciones, en el Congreso de la República de Colombia, cursa un proyecto de ley denominado: ‘Prevención de Incendios Forestales’, el cual busca formular una política integral del manejo de las conflagraciones en el país.

Esta iniciativa legislativa declara como prioridad nacional y de importancia estratégica la conservación del patrimonio forestal del país, enfocado principalmente en reglamentar acciones para prevenir y controlar los incendios que deberán ser adoptadas y ejecutadas de manera conjunta y coordinada entre el Estado, la sociedad civil y el sector productivo, en el

marco de los requerimientos básicos para la conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica. Esta ley debe de corregir algunos errores que tiene la ley 1575 del año 2012, ley que debilito a los cuerpos de bomberos oficiales, llevandolos casi a su exterminio. Ya que en Colombia solo existen 19 cuerpos de Bomberos Oficiales.

Necesitamos que esta nefasta situación que estamos viviendo, este en la agenda política de los mandatarios de todos los niveles desde la gobernación, alcaldías, concejos y Asamblea Departamental, para que trabajen coordinamente en el desarrollo de programas de concientización sobre el uso adecuado de la tierra, el fomento de la cultura ciudadana, la capacitación al sector agrícola y el monitoreo correspondiente en las zonas de alto riesgo.

La madre naturaleza nos regalo a los Tolimenses un gran legado ambiental y de los mas hermosos de nuestro país, proteger su belleza y comprender su importancia desde cualquier punto de vista, es un compromiso que como sociedad tenemos la obligación de asumir.

 

Este sábado habrá jornada de limpieza en el río Combeima

Este sábado habrá jornada de limpieza en el río Combeima

Este sábado 24 de agosto se realizará una jornada de limpieza en la cuenca hídrica del río Combeima, en el sector de Juntas. Esta actividad es promovida por la Dirección de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Carlos Meneses, director de esta dependencia, sostuvo que las personas interesadas en participar deben asistir al punto de encuentro en la cancha de microfútbol a las 8:00 de la mañana. 
 
“Estas acciones de protección de la biodiversidad, la flora y fauna del cañón del Combeima y la ronda hídrica, están enmarcadas en el ambiente de la sostenibilidad turística del destino a certificar”, dijo Meneses. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se vincularán entidades como Cortolima, IBAL, Interaseo, Infibagué, Ejército Nacional, Policía Ambiental, Policía de Turismo, y las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
 
“Hacemos extensiva la invitación para que visitantes y turistas se unan a esta jornada desarrollando un turismo responsable y sostenible velando siempre por la protección de los recursos naturales”, concluyó Meneses.
Plan Nacional de Desarrollo fortalece proceso de reincorporación para excombatientes

Plan Nacional de Desarrollo fortalece proceso de reincorporación para excombatientes

Renta básica mensual
El Plan Nacional de Desarrollo modificó el artículo 8 del Decreto Ley 899 de 2017, que regula el beneficio económico de la renta básica mensual de los excombatientes de las Farc-EP, con lo que se fortalece el proceso de estabilización económica de 13.194 personas en proceso de reincorporación. Por otro lado, para que los excombatientes accedan al 90% del salario mínimo legal vigente, deberán cumplir la ruta de reincorporación que esta conformada por cuatro dimensiones: Formación Académica, Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Acompañamiento Psicosocial y Generación de Ingresos.
Acceso a territorios
Un segundo beneficio es el acceso a territorios para el desarrollo de proyectos productivos que le permitan a la población excombatiente el acceso a ingresos sostenibles a mediano y largo plazo desde la legalidad. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes con extinción de dominio, transferirá las tierras a las personas en proceso de reincorporación que tengan consolidado y aprobado su proyecto, para continuar con la estabilización socioeconómica y tránsito a la legalidad. Este traspaso se hará con el visto bueno de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). “Se materializa el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar a los excombatientes el acceso a tierras para el desarrollo de sus proyectos productivos de manera efectiva y bajo garantías legales, en el marco del proceso de reincorporación”, afirmó Andrés Stapper, Director General de la ARN. Asimismo, la política pública ‘Paz con Legalidad’, impulsada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo garantizando cómo principio institucional el regreso de los excombatientes a la vida civil a través de la legalidad y las oportunidades. El tercer beneficio pretende fortalecer la reincorporación de las personas que dejaron las armas en el marco de los principios de verdad, justicia y garantías de no repetición. Para lograr este objetivo, la ARN articulará la oferta institucional del gobierno nacional bajo tres principios: reincorporación social, con énfasis en el acompañamiento psicosocial; la reincorporación económica, con énfasis en las condiciones de estabilización socioeconómica a partir del desarrollo de proyectos productivos individuales o colectivos, y la reincorporación comunitaria, orientada a la creación de espacios de diálogo entre los excombatientes, sus comunidades receptoras, las víctimas y la institucionalidad presente en​ el territorio. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo concertará con los grupos étnicos (afrodescendientes, indígena y rom) la forma de cómo quieren adelantar el proceso de reincorporación. una vez se haya hecho el diagnóstico con la información suministrada por los grupos, se diseñará un programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género, la cual la ARN garantizará la articulación con las entidades competentes para la implementación del programa.
Excombatientes podrán acceder a programas de formación del SENA

Excombatientes podrán acceder a programas de formación del SENA

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El convenio, que tiene una vigencia de 5 años, permite que los excombatientes de las Farc-Ep se vinculen a uno de los cinco componentes educativos: Formación para el trabajo, Empleabilidad, Fortalecimiento de unidades productivas, Certificación por evaluación de competencias laborales y fortalecimiento institucional.

En lo corrido del 2018, el convenio habilitó 11.595 cupos a programas de formación para la atención de 4.692 excombatientes en 1.822 cursos.

El primer componente, Formación para el trabajo, tiene 35 líneas de conocimiento auxiliar, técnico y tecnológico en las que se resalta la pecuaria, comercio y ventas y agrícola. Allí, el Gobierno Nacional espera vincular, en el primer semestre de 2019, a más de 4.135 excombatientes de las Farc-Ep en producción de especies menores y ganadera; agricultura y construcción, ente otros cursos.

Para el componente de Empleabilidad, serán 1.854 excombatientes que recibirán formación ocupacional, talleres de intermediación laboral y orientación ocupacional, y postularse a una oferta laboral en la Agencia Pública de Empleo.

Así mismo, para el fortalecimiento de unidades productivas, cerca de 2 mil excombatientes de las Farc-Ep que lideran un proyecto productivo en su proceso de reincorporación, recibirán una asistencia técnica y asesorías financieras, de mercado, contable y de pensamiento estratégico.

“A través del fortalecimiento de sus habilidades y competencias y el acompañamiento y articulación institucional, estamos aportando a la estabilización en los territorios más afectados por el conflicto armado y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación, entre otras”, indicó Andrés Stapper, Director General de la ARN.

Finalmente, 128 excombatientes certificarán sus saberes previos relacionados a la instalación de redes, construcción, manejo de maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y conducción de vehículos livianos, entre otros conocimientos.

En lo corrido del 2018, el convenio habilitó 11.595 cupos a programas de formación para la atención de 4.692 excombatientes en 1.822 cursos. Asimismo, 1.689 de los excombatientes hicieron parte del programa de generación de empleo, y se certificaron a 337 personas en proceso de reincorporación en saberes previos.

“Tenemos 16 años de lecciones aprendidas en el retorno de la población desmovilizada a la legalidad. Hoy seguimos avanzando y fortaleciendo a través de procesos formativos las capacidades, habilidades y competencias de las personas en reincorporación para su inserción a la vida civil y sostenibilidad de sus proyectos o iniciativas productivas”, puntualizó Stapper.

 

El fortalecimiento de los movimientos indígenas en Latinoamérica

El fortalecimiento de los movimientos indígenas en Latinoamérica

Por: Victoria Ontiveros  – @VicOntiverosG Para EOM A pesar de la gran heterogeneidad étnica y cultural de sus pueblos originarios, en América Latina el indigenismo se ha articulado en las últimas décadas como un proyecto político unificado a nivel regional. Lo que comenzó como un conjunto de movilizaciones locales de resistencia ha acabado por convertirse en un movimiento político que incide en las instituciones y busca la inclusión de los pueblos indígenas en las estrategias y políticas de desarrollo en la región. Cuando los europeos llegaron a América, el continente no tenía un solo nombre. Cada una de las naciones que lo habitaban la había bautizado de distintas maneras en función de los territorios que ocupaban y sus diferentes cosmovisiones. Lo que hoy sería la península de Yucatán era para el pueblo maya Mayab ‘la tierra de los escogidos’—; los mapuches llamaron Wallmapu ‘la tierra que rodea’— a sus tierras en el Cono Sur, y los incas bautizaron su imperio —el mayor de la América precolombina— como Tawantinsuyu‘la tierra de las cuatro regiones’. Como diría Eduardo Galeano, América fue un invento más del Renacimiento —como la imprenta o el telescopio— cuya Historia comienza en 1492 con la llegada de Colón y el inicio de la colonización. Los procesos de independencia y la creación de los Estados nación en el siglo XIX lo demuestran: las poblaciones indígenas —además de las negras y mestizas— no tuvieron la posibilidad legal ni social de participar en la gestación de las nuevas organizaciones políticas. La construcción de las nuevas fronteras e identidades de la Latinoamérica criolla ignoraron las de los pueblos originarios y se trazaron nuevos mapas, como los de Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México, encima de los de Wallmapu, Tawantinsuyu y Mayab.

No fue hasta 1507 cuando se escribe por primera vez, en el mapa de Waldseemüller, el nombre de América. Fuente: Atlas Latinoamericano

Frente a la discriminación y exclusión que tuvieron lugar en los últimos 500 años, el indigenismo nace durante el siglo XX como un proyecto social y político que busca la inclusión de los pueblos originarios en los procesos de decisión y los modelos de desarrollo económico y social de cada país. Lo que en un principio fue un conjunto de movilizaciones locales de protesta, hoy se ha transformado en organizaciones políticas nacionales y regionales cuyo fin es integrar a los distintos pueblos en las políticas de desarrollo de la zona con una mayor representación política en las instituciones, el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y la obtención de una mayor autonomía colectiva, entre otras demandas. Las movilizaciones sociales en la década de los 90 fueron determinantes para la consolidación del movimiento indígena, especialmente en aquellos países donde la población originaria tiene un gran peso demográfico, como ocurre en Bolivia, Ecuador y México.
El indigenismo desde arriba: ¿colonización pacífica?
La ideología indigenista se manifiesta en distintos actores y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX, se presentó como una forma en la que los Gobiernos se aproximaron a los problemas de las poblaciones indígenas. El mecanismo principal para solucionar a lo que denominaron “el problema indígena” era integrar a los pueblos originarios, mediante políticas de asimilación, a las respectivas nacionalidades de los Estados nación y a sus modelos de desarrollo y mercado. La institución más representativa de este tipo de indigenismo fue el Instituto Indigenista Interamericano, creado en el I Congreso Indigenista Interamericano de 1940 en Pátzcuaro (México) como resultado de un acuerdo entre los países de la región para implementar políticas que incentivaran el desarrollo de los pueblos indígenas y asegurasen su bienestar mediante su integración en la “sociedad nacional”. Más adelante, en 1957, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que enunció los derechos de los pueblos originarios, además de las obligaciones que tenían los Estados con respecto a ellos. Si bien estos dos fueron los primeros mecanismos que trataron los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, lo hicieron desde un indigenismo asimilacionista que más adelante fue criticado por su condescendencia y paternalismo. A pesar de que buscaban incentivar el desarrollo de los pueblos originarios, este tipo de políticas indigenistas fueron interpretadas como un intento de nuevas “políticas pacíficas de colonización” que se dirigía a los pueblos originarios como poblaciones “menos avanzadas”. A ojos del sector intelectual indígena, las políticas de asimilación eran un instrumento de los Estados que perpetuaba las estructuras de poder colonial y destruía las identidades culturales de los pueblos, tratando de integrarlos en una cultura nacional homogénea e ignorando los elementos diferenciadores entre las distintas etnias y sus culturas, religiones, lenguas y modelos de organización. En contraposición al indigenismo de mediados del siglo XX, que se entendía como un intento de “salvar al indio de sí mismo”, surgió el indianismo, una ideología que defiende la autodeterminación de los indígenas y se opone a las estrategias estatales de integración. El indianismo recuperó la palabra indio, que se había empleado de forma peyorativa durante los siglos anteriores para hablar de los pueblos originarios, y la empleó como un símbolo de identidad que reúne las experiencias de todos los pueblos originarios de la región reivindicando su derecho a la autonomía política, identitaria y cultural. Para el intelectual quechua Fausto Reinaga, el indigenismo también era enemigo del indio, mientras que el indianismo era la ideología para su liberación. Más adelante, los organismos e instituciones regionales e internacionales reformularon las políticas indigenistas hacia unas que integrasen en su implementación el respeto a las culturas e identidades de los pueblos originarios. En 1989 la OIT adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que reemplazó al Convenio 107. En él se incluyeron los derechos y las obligaciones relacionados con los territorios y la representación de los pueblos indígenas en los Estados, así como aquellos relacionados con el reconocimiento de sus valores sociales y religiosos. También se señaló la importancia de la autoidentificación como elemento que define a una persona como parte de un pueblo originario.

Uruguay, Belice, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Haití y Panamá son los países latinoamericanos que no han ratificado el Convenio 169. Fuente: Fidel Mignorance

El indigenismo desde abajo: la movilización social
A partir de los años setenta, las tensiones entre los pueblos indígenas y los Estados comenzaron a crecer. La neoliberalización de las economías, la represión política de las dictaduras de la región y la ineficacia de las políticas indigenistas de los últimos años —que no integraban en su implementación a las diferentes culturas, religiones, cosmovisiones y modelos de organización comunitaria de las naciones— alimentaron el descontento generalizado de este sector de la población. La década de los noventa comenzó con las conmemoraciones del V Centenario del “Descubrimiento de América”, que los indígenas transformaron en un símbolo de resistencia. Durante esta década comenzaron las numerosas movilizaciones indígenas que  tuvieron lugar en la región y que transformaron por completo la relación que hasta entonces habían tenido los pueblos indígenas con sus Estados. Comenzaron a emerger organizaciones locales, regionales y nacionales que se manifestaban por el reconocimiento de los derechos de los indígenas sobre la tierra, sobre la representación política y sobre el respeto a su cultura e identidad. A principios del siglo, en la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de 2004, el líder aimara Takir Mamani propuso el uso del término kunaAbya Yala —‘tierra en plena madurez’— para llamar al continente americano con la intención de construir un espacio político común entre los pueblos indígenas del continente. El término se ratificó en la tercera cumbre con la conformación de la Coordinación Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Abya Yala. Cabe aclarar que el movimiento indígena se desarrolló de manera diferenciada entre los distintos países de América Latina, lo que se debe principalmente a las grandes diferencias que existen entre los distintos Estados en lo que se refiere a proporción de población originaria y grado de heterogeneidad étnica dentro de ella. Mientras que en Bolivia la población de pueblos originarios asciende a un 60% de la población nacional, en países como Argentina no llega a un 2%, lo cual determina el peso de las movilizaciones indígenas en cada realidad nacional. En este sentido, los países más relevantes en el desarrollo del movimiento indígena han sido Bolivia, Ecuador y México, que, junto con Guatemala y Perú, concentran más del 90% de la población originaria de América Latina.

Según los últimos censos disponibles, un 8% de la población latinoamericana forma parte de uno de los 522 pueblos indígenas que quedan en la región. Fuente: Banco Mundial

El indigenismo andino: hacia un Estado plurinacional
Los Andes es la región de América Latina en la que el movimiento indigenista ha tenido más importancia en las últimas décadas, lo que se debe principalmente a su peso demográfico en algunos de países. Con la fundación en 2006 de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la región andina se ha constituido en los últimos años como una unidad geográfica en la que los diversos pueblos originarios de la región —quechuas, aimaras, mapuches…— se integran para articular sus demandas con respecto a propiedad de las tierras, plurinacionalidad, representación política y respeto a sus creencias, entre otras.

La wiphala es un emblema comúnmente usado como bandera que representa a los pueblos nativos que habitaban los Andes en las zonas de Bolivia, Perú, Ecuador y partes de Argentina, Colombia y Chile. Fuente: Beatrice Murch

Bolivia y Ecuador destacan por ser los países andinos en los que la movilización ha tenido más fuerza en las últimas décadas y ha llevado al surgimiento de nuevas fuerzas políticas indigenistas, así como a la incorporación en sus Constituciones de nociones de Estado plurinacional e intercultural. En el caso de Ecuador, durante la década de los ochenta se crearon a lo largo del país diferentes organizaciones indígenas regionales —como la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas— que en 1986 se aliaron para formar la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). A partir de entonces, la Conaie se constituye como la principal organización indígena del país y es la que liderará los levantamientos indígenas que tendrán lugar durante la década siguiente. El levantamiento indígena de 1990 obligó al Gobierno nacional a negociar con los pueblos indígenas sobre cuestiones agrarias y relacionadas con sus tierras. Asimismo, sentó un precedente para que los pueblos indígenas ganaran un mayor papel en los procesos de representación y participación política del país, que en 1996 daría lugar a la formación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Este movimiento político participó con siete diputados en la asamblea constituyente de 1998, la cual reconoció por primera vez en la Constitución ecuatoriana el carácter pluricultural y multiétnico del Estado y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador. A partir de entonces, la relevancia del movimiento indígena ecuatoriano lo ha llevado a convertirse en uno de los actores políticos colectivos más importantes del país. Ha sido determinante en la destitución del presidente Abdalá Bucaram en 1997, la asamblea constituyente de 1998; la destitución del presidente Jamil Mahuad en 2000 y el triunfo electoral del presidente Lucio Gutiérrez en 2002.  En la asamblea constituyente de 2008 se pasó del Estado “pluricultural y multiétnico” al Estado “plurinacional e intercultural”, lo que significó el reconocimiento de las reivindicaciones indígenas que llevaban manifestándose en Ecuador desde hacía dos décadas.

La Conaie ha liderado poderosas protestas y movilizaciones contra cuestiones como la firma de tratados de libre comercio, la explotación minera y petrolera o la corrupción. Fuente: Donovan y Scott

Junto a Ecuador, el caso de Bolivia es, sin duda, uno de los de mayor importancia en la actualidad. Si bien ambos movimientos se articulan en la década de los noventa y terminan con el reconocimiento constitucional del Estado plurinacional, las movilizaciones y las transformaciones políticas no han sido las mismas. El movimiento indígena boliviano alcanza su auge entre 2000 y 2005 y su desarrollo se caracterizó por la fragmentación y el conflicto interno —por lo general vinculados a las diferencias entre los dos grupos indígenas más grandes del país, los quechuas y los aimaras—, mientras que el movimiento ecuatoriano se desarrolló de manera organizada y unificada. El movimiento indígena boliviano tiene sus orígenes en las organizaciones campesinas que durante la década de los cincuenta se organizaron para llevar a cabo la Revolución nacional de 1952, que tuvo como resultado principal la llegada al poder del Movimiento Nacional Revolucionario. Sin embargo, no es hasta la década de los setenta cuando se incorporan en las movilizaciones temas relacionados con los derechos étnicos, culturales e identitarios de los pueblos indígenas. El indigenismo boliviano se afirmó tanto en el pensamiento indianista como en el sindicalismo katarista —cuyo nombre se inspira en el dirigente aimara del siglo XVIII Túpac Katari— e incorpora en sus ideas la conciencia étnica y de clase campesina. Las corrientes indianistas y kataristas impulsaron al movimiento campesino y obrero a comprometerse con los pueblos indígenas. En 1979 se fundó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia —principal entidad sindical nacional y base del actual Gobierno de Evo Morales— con la participación de representantes indígenas del país. La confederación asumió en su discurso elementos representativos de la identidad indígena, como la reivindicación de la tierra y el uso de la wiphala. Durante las décadas siguientes, múltiples organizaciones y partidos políticos de distintos sectores e ideologías incorporaron elementos de la identidad indígena en su formulación. Después de dos décadas de movilizaciones, el movimiento indígena boliviano consiguió en 2005 que la identidad cultural y étnica se convirtiera en uno de los elementos centrales de la política boliviana. Si bien a lo largo de la década de los ochenta comenzó a articularse la noción de un Estado plurinacional, con las llamadas “guerra del agua” y “guerra del gas” a comienzos de los 2000 las demandas por el reconocimiento de las diferentes identidades indígenas tuvieron resultados en las instituciones políticas. Las movilizaciones sociales culminaron con la elección en 2005 del primer presidente indígena en Sudamérica, que rompería el récord de permanencia en el cargo: Evo Morales. Dos años después, se convocó una asamblea constituyente en la que se reconocería la plurinacionalidad del Estado boliviano.

La probabilidad de vivir en condiciones de pobreza —con menos de cuatro dólares al día— es de un 43% para la población indígena, el doble que para los no indígenas, cuya probabilidad es de un 21%. Fuente: Banco Mundial

Las víctimas del desarrollo
A partir del año 2000, se desencadenó en América Latina un proceso caracterizado por el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad que llevó a que más de 70 millones de personas dejaran de estar bajo la línea de la pobreza. Sin embargo, este proceso de desarrollo y fue diferente para la población indígena: si bien las últimas décadas han representado un cambio significativo en la visibilidad, participación política y reconocimiento de los pueblos indígenas de América Latina, una familia indígena en la región tiene actualmente tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza extrema frente a una que no lo es. Los pueblos originarios representan el 14% de la población en situación de pobreza de la región, a pesar de que constituyen solo el 8% de su población total. Estas cifras indican que aún quedan muchas cuestiones por resolver, no solo en lo que se refiere a la situación social y económica de los pueblos indígenas dentro de la región, sino también en los mecanismos mediante los cuales los Estados integran las culturas y cosmovisiones originarias en sus políticas de desarrollo e inclusión social.