El proceso de paz en Colombia ha acarreado retos impresionantes para el país: recuperación paulatina y poco eficiente del territorio por parte del Estado, proceso de negociación fallido con el ELN, incremento de la producción de coca de casi un 64% -concentrado en Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca-, aumento de las disidencias de las FARC-EP entre 1000 y 1500 personas por falta de cumplimiento del acuerdo, proceso de rearme por parte de algunos exjefes de las FARC-EP, incremento acelerado del asesinato de los líderes sociales, entre otros temas a los que el país se enfrenta y está tratando de dar la batalla en contexto de construcción de paz.

No obstante, y a pesar los esfuerzos por parte de varios sectores de la sociedad colombiana, parece que estamos forjando el camino para un nuevo ciclo de violencia en Colombia. Esto se debe, en gran medida, a que el Gobierno de Iván Duque: 1) no ha logrado gobernar en los territorios antes gobernados por las FARC-EP; 2) ha implementado nuevamente una política nacional guerrerista que se traduce en la reutilización del discurso antiterrorista para fortalecer la idea de la guerra para el alcance de la paz y; 3) no ha demostrado voluntad política para el fortalecimiento de la construcción de paz en Colombia.

Hoy, viernes 14 de febrero de 2020, tenemos un país que se debate entre la paz y la guerra material, política y socialmente. La disputa tiene como problema central el territorio, una de las principales causas del conflicto armado en Colombia. Por un lado, tenemos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su declaración de un paro armado nacional de 72 horas entre el 15 y el 17 de febrero.

El ELN advirtió a las poblaciones principalmente afectadas -es decir en las que ellos más tienen incidencia como Chocó, Norte de Santander y Antioquia- que no pueden salir durante este periodo de tiempo de sus fincas ni usar medios de transporte terrestre, fluvial y aéreo.  Además, dicha guerrilla afirma que cualquier saboteador o civil que quede en medio del combate entre militares y ELN será responsabilidad del Estado y de la misma población que acepte jugar con otros bandos (ver en: https://www.youtube.com/watch?v=UIu2S6GVV5M).

Por otro lado, tenemos al Ejército Popular de Liberación (EPL) y su declaración de paro armado nacional indefinido. En dicha declaración este grupo guerrillero afirma que no se ha logrado negociar con el ELN para darle solución al conflicto que se ha generado entre ellos.

De acuerdo al EPL, los ataques en Mesitas y en el corregimiento las Mercedes se han dado por parte del ELN en alianza con las “fuerzas militares burguesas” y el Senador Alberto Castilla, lo cual evidencia la falta de voluntad política para negociar y da lugar a justificadas  respuestas militares por parte del EPL (ver: https://www.laopinion.com.co/region/epl-habria-anunciado-paro-armado-indefinido-en-el-catatumbo-191765).

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha manifestado su estrategia de contención de los enfrentamientos entre las dos guerrillas a partir del estado de alerta de las Fuerzas Militares en el país. Según el general Luis Emilio Cardozo, quien es comandante de la Octava División del Ejército, se están articulando la Policía, la Fiscalía y los mandatarios territoriales para enfrentar la guerra entre el EPL y el ELN, la cual se lleva a cabo en Catatumbo, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca y Putumayo particularmente.

Teniendo en cuenta esta situación y amenaza nacional, en Bogotá la Alcaldesa Claudia López ha anunciado el “Plan Candado” para la protección de las entradas a la ciudad y de la policía nacional, ya que han sido víctimas de los ataques terroristas (ver en: https://www.rcnradio.com/bogota/claudia-lopez-anuncia-plan-candado-en-bogota-por-paro-armado-del-eln). Es así como el país se prepara para una guerra que está costando miles de vidas y silenciamientos desde el 2018, de acuerdo a las denuncias de la ONIC y el CRIC.

Y ¿a dónde queda la sociedad civil que está en medio de estos enfrentamientos y a la que no se le está protegiendo de esta guerra? Pues bien, en medio de enfrentamientos, amenazas, asesinatos y muerte, indígenas, jóvenes y, en general, los habitantes de los territorios en disputa piden paz a gritos desesperados.

En el caso del CRIC y de la ONIC, se exige la terminación del enfrentamiento y el inicio de diálogos para superar el conflicto sin muerte (ver en: https://nasaacin.org/pronunciamiento-cric-sobre-paro-armado-y-amenazas/). Este grito de paz se entiende con la situación de la sociedad civil pues, por un lado, el ELN ordena y pide acciones concretas por parte de la población, por otro lado, el EPL ordena lo contrario, pero ambos asesinan en caso tal de verse desautorizados.

En este sentido ¿qué pueden hacer las poblaciones que habitan en los territorios de enfrentamiento? Nada. Nada más que rezar para que una bomba no llegue a su casa o para que los integrantes armados de estas guerrillas no pasen por sus pueblos a matar de forma sistemática en retaliación a su contrincante.

Y ahora nos preguntamos ¿cuál es la causa de este enfrentamiento aterrador y cruel que tiene a Colombia en estado de alarma y temor generalizado? La principal causa de este lamentable contexto nacional es la lucha por el territorio para fortalecer el narcotráfico de la coca.

Los territorios en los que principalmente se llevan a cabo los enfrentamientos entre el ELN y el EPL como Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Putumayo son estratégicos para: cultivo, transporte y venta de coca y para el contrabando de gasolina. Los intereses de ambas guerrillas por estos territorios estratégicos se han desbordado por el vacío de poder que dejó las FARC-EP y la poca efectividad del Estado colombiano en llegar a gobernar.

Esto ha dado lugar al rompimiento de reglas y normas establecidas en el pasado para el manejo de la coca y ha desencadenado una lucha a muerte por territorios de interés económico, sin importar qué pasa con los campesinos, indígenas, jóvenes y, en general, personas que habitan allí y solo quieren tener una vida tranquila (ver en: https://www.rcnradio.com/bogota/claudia-lopez-anuncia-plan-candado-en-bogota-por-paro-armado-del-eln).

Nuestro raquítico proceso de implementación de paz es preocupante y deja un panorama poco alentador para Colombia. Ni los que supuestamente luchan por el pueblo ni el Estado han sabido escuchar a la sociedad civil. Parece que estos gritos son silenciados e ignorados por las ansias de guerra y violencia y por la enfermedad de la codicia tanto de los grupos guerrilleros como de varios servidores públicos que, por sus intereses individuales, se vuelven sordos ante el clamor de quienes han sufrido la guerra toda su vida. A pesar de ello, y con esperanza de paz, desde la sociedad civil continuaremos gritando y clamando ¡BASTA YA!, la paz es el camino necesario para un nuevo país.