La dilación, el cansancio, la incertidumbre, la poca efectividad y la falta de claridad está dando como resultado un agónico ocaso del estallido social más grande de las últimas décadas.

Este escenario demanda revisar con urgencia tres elementos importantes para la comprensión de los acontecimientos y la definición del ¿qué hacer? El primer elemento hace referencia a la necesidad de esclarecer los lineamientos estratégicos (Finalidad) de la movilización social dada en estos días, que a la fecha pareciese no encontrar canalizador o rumbo.

El segundo elemento hace referencia a la necesidad de comprender las causas y el alcance de los lineamientos tácticos (medios) utilizados para alcanzar una meta difusa, estos lineamientos tácticos han tenido como común denominador una dualidad entre la expresión democrática pacífica y la violencia callejera, esta última enaltecida por los medios.

Y, en tercer lugar, es necesario clarificar la naturaleza de algunos reclamos y la disposición del Gobierno para atenderlos, pues la conversación nacional en algunos casos es insulsa, dilatoria e innecesaria, hay compromisos asumidos por el Estado ya institucionalizados y  presentes en el bloque de constitucionalidad que no requieren ningún tipo de discusión.

Ahora, aunque el segundo elemento requiere un complejo abordaje, dado el tratamiento insulso y mediocre, en dónde se subsume el fenómeno a un simple caso policivo que desconoce la carencia de mecanismos institucionales que operen y sirvan para dirimir los conflictos, para confrontar argumentos antagónicos en un espacio agonístico y cambiar la violencia por el dialogo real y sincero.

Por otro lado, aunque el tercer elemento también requiere un tratamiento sin eufemismos para revelar las verdaderas intenciones de este Gobierno, su verdadera voluntad y las reclamaciones que requieran o no ser empujadas por medio de la correlación de fuerzas. Considero aún más prioritario esclarecer el primer elemento, pues los dos anteriores no tendrían sentido si ni siquiera sabemos ¿qué queremos? ¿qué pedimos? O ¿para dónde vamos?

En ese orden de ideas, las preguntas que considero deben ocupar los espacios de diálogo social son: ¿por qué y para qué parar?

En el laxo de 2 meses, del 21N al 21E, una movilización que nace con verdadera potencia, un cumulo de rabias, descontento e indignación que sacó millones de personas a las calles, ha venido perdiendo peso en números. La causa lógica de tal comportamiento corresponde a dos variables, el desgaste y la incidencia o efectividad del paro.

Ambas variables con cargas negativas se entrelazan y tienen como punto de encuentro un problema vigente desde la génesis o el día 0 de las movilizaciones. Este problema es la falta de rumbo, la claridad en las apuestas, los lineamientos estratégicos y la falta de certeza respecto a qué es lo que se persigue.

Es evidente que ese cumulo de rabias e indignaciones expresadas democráticamente dan cuenta de que Colombia no va por buen camino, existen múltiples factores y situaciones que pareciese ameritaran levantarse democráticamente una y otra vez contra el statu quo, pero la incapacidad que hemos tenido como ciudadanos de sintetizar ese mar descontentos hacia nuestro modelo económico, nuestra democracia, nuestro gobierno y nuestra cultura en una serie de reivindicaciones claras y concisas, no ha permitido tener claridad sobre lo que perseguimos, dando como resultado la construcción de listas de mercado con el más variado número de temas que se modifican constantemente según la coyuntura. Condenándonos al desgaste y a una inminente falta de resultados.

¿Qué perseguir? ¿Por qué parar?

Ahora, Pido excusas si excluyo algún elemento de valía, pero, invocando un espíritu más propositivo y en aras de contribuir con un pequeño grano de arena en la búsqueda de ese norte, considero que las movilizaciones deben girar en torno a un paquete de cuatro ejes.

  1. Uno que haga referencia a la concreción de los elementos democráticos y sociales establecidos en la constitución del 91, dado que los diseños institucionales ya establecidos para ampliar el espectro democrático y las etiquetas en donde el Estado se asume garante de mínimos derechos como salario, empleo, vivienda digna, alimentación o educación, especialmente la etiqueta asumida en el artículo 1. Como “Estado Social de Derecho” u otras como las consignadas en los artículos 12, 13,18,19,20,22,25,40,334 etc simplemente no se cumplen. Su cumplimiento ha sido inversamente proporcional a la implementación del modelo económico de los últimos 30 años.
  2. Otro eje debe marcar puntos de ruptura con diferentes apartados del ordenamiento legal vigente, especialmente en aquellas leyes que rigen temas transversales y vitales como la salud, la pensión, el salario y la educación, es decir, ante el inminente fracaso de los diseños institucionales creados para garantizar estos derechos, se requiere un paquete de reformas que replanten los contenidos, los medios y el propósito de estos. Se requiere con urgencia reformar democráticamente y con un amplio sentido social y progresivo la ley 100 de 1993, la ley 50 de 1990, la ley 30 de 1992 y la ley 115 de 1994 entre otras. Nótese que este paquete de reformas no implica resquebrajar el ordenamiento constitucional vigente, por el contrario, los mismo elementos sociales y democráticos consagrados en la constitución reclaman su modificación, aquí el poder legislativo debe jugar un papel importante.
  3. Un tercer eje debe priorizar la paz y el derecho a la vida como principios fundamentales. Esta necesidad nace a partir de la proliferación de la violencia en los territorios (que repunta luego de bajos indicadores en el 2017) y el asesinato sistemático de líderes sociales. Para tal propósito deben darse dos condiciones obligatorias, la implementación de los diálogos de paz de la Habana y tener voluntad de dar una salida negociada al conflicto con diferentes actores armados.

    Dicha apreciación tiene un asidero lógico. En primer lugar, la no implementación de los acuerdos de la Habana, especialmente en lo que respecta a la Reforma Rural Integral (RRI), la sustitución de cultivos, la seguridad de excombatientes y la negligencia en la implementación de proyectos en diversas zonas PDET contribuyó a dos fenómenos, uno de resiembra sistemática de hoja de coca y otro de reocupación de las zonas estratégicas abandonadas por las FARC, dando paso a nuevas lógicas del narcotráfico, la estabilidad de los precios de la coca y la aparición de nuevos agentes armados en las zonas, ahora hasta con talante internacional, en síntesis, dando lugar a las condiciones propicias para la violencia en los territorios, elemento directamente vinculado al asesinado sistemático de líderes sociales; y, en segundo lugar, estos últimos 50 años de guerra irregular han dado cuenta de un fenómeno: las estructuras organizacionales y operativas de los actores armados y las condiciones geográficas del territorio han hecho y hacen de la guerra un juego de suma cero en donde ninguna fuerza se puede anteponer militarmente a la otra, ni siquiera en la era de la seguridad democrática, en dónde como muestran las cifras, las acciones perpetradas por grupos armados se incrementaron[1].

    Es decir, la salida negociada debe ser un mecanismo para restar agentes armados a la ecuación de la violencia que padecen los territorios y particularmente los líderes sociales y, debe ser implementada ante la incapacidad de dar termino definitivo por medio de la vía militar.

  4. Por último, es innegable que debe replantearse el modelo económico, cabe aclarar que esta apuesta no rompe con el ordenamiento constitucional, puesto que como puede apreciarse en el título Xll “del régimen económico y la hacienda pública” no hay una definición tacita sobre un tipo de modelo especifico, por el contrario, comparte una serie de artículos duales entre principios liberales y principios de orden intervencionista.

    Frente a esta ambigüedad la jurisprudencia acuñó el principio de la “Neutralidad” que básicamente implica ajustes o desajustes, la aplicación de un modelo u otro según la fuerza política en poder, es decir, según la voluntad del gobierno y el congreso que se elige, claro está, con ciertos límites jurídicos y valorativos que igualmente permiten una serie de ejes que considero deben replantearse, esto amparado bajo los elementos sociales y de bien público consagrados en los artículos 58, 64, 65, 79, 333, 334, 335 y 336  de nuestra constitución. En ese sentido, hay tres ejes que deben ser tratados en esta apuesta por un nuevo modelo.

  • Romper con el proceso de reprimarización de la economía colombiana “dictada por la división internacional del trabajo”, aquella que nos condena a sólo producir materias primas y a desindustrializar el país, esto se requiere principalmente debido a que un factor determinante y estructural en la generación de desempleo es la carencia de producción con valor agregado.
  • En ese mismo proceso de reprimarización, el extractivismo juega un rol fundamental, dicho proceso ha dejado efectos negativos al medio ambiente, los ecosistemas y la calidad de vida de las personas, en ese orden de ideas, se requiere poner fin a prácticas que con sustento técnico han sido caracterizadas como peligrosas para el medio ambiente y es necesario incursionar en enfoques más saludables para las personas y los territorios en cuanto a formas de producción de riquezas, esto bajo el amparo del artículo 79 de la constitución.
  • Por último, es necesario estimular nuestra propia industria, nuestra propia productividad, replantear el tipo de intervención que el Estado hace en la economía y la forma en que se distribuye la riqueza, ya que bajo el modelo neoliberal, la economía del país se ha volcado hacia la atracción de capitales golondrinas internacionales, la confianza inversionista, las concesiones leoninas con multinacionales y la eliminación del gasto público, salvo generalmente en casos en donde se “garantizan” derechos por medio del subsidio a la demanda (ej: ser pilo paga, familias en acción, jóvenes en acción etc). Esto, aunque ha permitido un crecimiento constante del PIB, no ha representado efectos reales para los bolsillos, la tasa de desempleo y la calidad de vida de los colombianos.

El crecimiento constante del PIB paradójicamente ha sido proporcional a los índices de desigualdad (Somos el tercer país más desigual del mundo), dándonos además de un problema en la producción de cosas con valor agregado, un serio problema de distribución de la riqueza, fenómeno que ha sido potenciado luego de 30 años de implementación del neoliberalismo y la neoregulación. En síntesis, debe replantearse la forma en que producimos riqueza, quienes participan en la producción de la riqueza y como distribuimos la riqueza, ya que como expresaba Manfred Max Neef “el crecimiento económico no es igual a desarrollo”.

Para terminar, los ejes aquí compartidos son una propuesta de dirección temática para abordar y clarificar ese ¿por qué paramos? Ese ¿qué perseguimos? Y ese ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Efectivamente no hay elementos propositivos específicos, pero, por lo menos en el marco de estas generalidades compartidas, se encuentran temas transversales, necesarios y estructurales que pueden dar cabida a esas banderas que requieren la sociedad civil y la coyuntura.

Es una tarea difícil, no sólo porque la lógica del conflicto y cerca de 30 años de orden contrainsurgente cercenaron nuestros horizontes y dieron origen a varias generaciones apáticas y escépticas a cualquier pizca de diferencia, si no también, porque existe un serio problema de liderazgos y de formación de cuadros en el seno de todas las fuerzas democráticas que, aunque sin concretizar sus apuestas, se la juegan por cambiar un poco las cosas.

Más allá de discutir los elementos aquí compartidos, la invitación es a pensar el rumbo, el ¿qué hacer? Y el país que queremos. Los invito a esclarecer la estrategia y luego sí, la táctica, o de lo contrario, esta explosión participativa y democrática vivida en el “paro nacional” que estalla luego de décadas de reivindicaciones, rabias, mártires, violencia y falta de oportunidades acumuladas, caerá por su propio peso.

 

 

 

 

 

 

[1] Tan solo en el caso de las FARC, el número de ataques perpetrados en el periodo 2003-2007 era cerca de 1.000, mientras que tan solo en el año 2008 se pasó a 1.353, en el 2009 a 1.614 y en el 2010 a 1.947 ataques. Fuente: Corporación Nuevo Arcoíris