Por: Kevin Castañeda

 

Antes de hablar sobre Ibagué, he de traer a colación algunos elementos que caracterizan la política de los últimos 30 años. Elementos que, aunque mencionados y abordados por muchos textos, siguen contribuyendo al entendimiento de las realidades y fenómenos políticos contemporáneos.

En América Latina y el mundo proliferaron en los últimos 30 años diversos ejercicios extrainstitucionales con capacidad de incidir en las esferas del poder, estos ejercicios se organizan principalmente entorno a la figura de “Movimientos sociales”.

Aunque existen diversos factores que explican el fenómeno, la causa de tal proliferación obedece principalmente a dos elementos neurálgicos que replantearon la forma de entender la política.

El primer elemento refiere a la premisa de que la democracia no se subsume ni se acaba en la institución, es decir, que esta no se reduce a votar cada cierto periodo, ni opera siempre según los parámetros o tiempos estipulados por las leyes o el Estado. Lo anterior es una condición ontológica de la misma.

En tales circunstancias, los movimientos sociales en tiempos propios y a través de métodos no convencionales para la institución (Marchas, ocupas, bloqueos, barricadas, escuelas populares etc.)  llegaron incluso a tener bastante importancia en la reconfiguración política de la región, cuando la ola progresista de la primera década del siglo en curso se hizo con la mayoría de los Estados.

Por otro lado, el segundo elemento obedece a la crisis de los partidos políticos. En el papel, los partidos políticos tienen la función de servir de puente entre el Estado y la sociedad civil, “comunica los mensajes de abajo hacia arriba (exigencias) o de arriba hacia abajo (ordenes o asignaciones autorizadas)”[1] y se caracterizan por:

“tener un proceso de desvinculación de liderazgos personalistas, su sólida e inequívoca apuesta por un programa que vertebre su ideología y su estructuración a través de ciertos principios organizativos que articulen su funcionamiento cotidiano, de acuerdo con criterios de racionalidad y eficacia, así como los procesos de selección de los líderes y las relaciones de éstos con el núcleo de militantes más activos”[2].

A la luz de la realidad política colombiana, podría plantearse que los partidos políticos en Colombia contrarían la caracterización formal mencionada en el párrafo anterior. Es decir, la definición de lo que es un partido político se queda en el papel, la realidad es muy diferente.

Los partidos políticos están infestados de caudillos, liderazgos personalistas y barones electorales que disuelven la esencia de “lo colectivo”, no existe un rumbo claro o un programa con fundamentos ideológicos fuertes que genere cohesión, por el contrario, los partidos se convirtieron en simples grupos de personas sin rumbo programático, llegando al punto de convertir el transfuguismo en deporte nacional y de difuminar las diferencias entre un partido u otro;  por último, la selección de candidatos no está sujeta a núcleos de militancia activos, en la mayoría de las ocasiones se escogen por conveniencia económica, cómo pago de favores, para cumplir con cuotas de género o por simples cálculos electorales, cabe reiterar, sin un rumbo programático claro e incluso sin tener un vínculo fuerte con el partido; aplica para los partidos de tradición o para los que se denominan alternativos.

Por lo tanto, ante este escenario, característico de Colombia y otras geografías, muchas personas políticamente activas, relegaron la figura del partido y prefirieron vincularse a organizaciones sociales.

Hasta aquí se han traído a colación tres elementos importantes para abordar un poco mejor la política contemporánea y el caso concreto de Ibagué: La democracia no termina en la institución, los partidos políticos colombianos no responden a las características de funcionamiento y propósito estipuladas por cualquier democracia responsable y, como efecto de las dos anteriores, figuras extrainstitucionales de organización política, como los movimientos sociales, aparecen para jugar un papel más importante en la trasmisión o ejecución de lo que necesita la gente.

Ahora sí, en el caso concreto de la realidad política Ibaguereña, bajo el contexto de una jornada electoral que se avecina, tenemos lo siguiente:

En referencia a los tres elementos expuestos, deben sacarse de la ecuación aquellos que obedecen a dinámicas extrainstitucionales, ello en la medida que, en el municipio ibaguereño, no existen grupos representativos organizados bajo la figura del “movimiento” que actualmente puedan tener incidencia sobre la reconfiguración del escenario político y la transición hacia una administración sin fuerzas tradicionales o fami-empresas electorales.

En la actualidad existen ejercicios que poseen algunas características de extrainstitucionalidad. Por un lado, aquellos que bajo la figura de movimiento hoy se articulan a escenarios institucionales, es decir, colectivos sociales que se adhieren a partidos políticos con fines electorales y, por otro lado, aquellos que iniciaron como dinámicas barriales, autónomas y sociales, hoy convertidos en corporaciones, fundaciones o colectivos con registro en cámara de comercio para poder contratar con el Estado.

El asunto es que los primeros quedan a merced de dinámicas con amplias contradicciones en aras de tener incidencia en espacios de decisión institucional, y en lo que refiere a los segundos, no poseen proyecto político, ni enarbolan apuesta programática alguna.

En ese orden de ideas, la incapacidad ibaguereña de ver la democracia más allá de la institución (sin negar esta última), la camisa de fuerza que impone la dinámica real (no formal) del ejercicio democrático a las organizaciones sociales y las décadas de tradición electorera y mercantil de la democracia, hacen que el escenario político ibaguereño quede subsumido en una sola dimensión, el régimen electoral y de partidos.

En ese sentido, para dar cuenta de lo que hay actualmente y bajo el contexto de las elecciones locales y regionales, no queda de otra que hacer énfasis en el plano institucional.

Frente a este plano, se parte de la premisa de que existe una relación liquida entre el partido y el candidato, dado que los partidos no poseen rigidez programática y sus apuestas electorales (candidatos) no encarnan los presupuestos constitutivos del partido. A partir de este escenario pueden apreciarse características bastantes curiosas en el ejercicio democrático institucional, ejemplificadas a continuación:

En primer lugar, los partidos diluyen su rol político y asumen un rol empresarial, en esta ocasión como fábrica de avales, en donde “todo vale si es rentable”. A partir de dicho comportamiento podemos apreciar en el escenario ibaguereño partidos tradicionales dando avales a militantes de partidos que nacieron como disidencia de estos, partidos ideológicamente diferentes lanzando candidaturas en coalición, candidaturas que por las mismas diferencias entre los que la conforman, nacen muertas desde el momento de su creación, partidos indígenas dando avales a millonarios contratistas y partidos de identidad afrocolombiana dando avales a personas que de afro no tienen nada.

En segundo lugar, las relaciones cada vez más extrañas entre partidos y candidatos diluyen la solidaridad y el espíritu colaborativo entre las militancias. Es decir, ni los candidatos apoyan a las demás candidaturas del partido, ni el partido apoya en bloque la campaña del candidato.

A partir de esto, pueden apreciarse en Ibagué militantes de partidos, con amplia cartera, apoyando a 3 y 4 candidaturas para el mismo cargo a la vez, barones electorales de un mismo partido apoyando candidaturas rivales, candidatos recibiendo patrocinio de partidos rivales y sufragantes apoyando candidaturas aparentemente de orillas diversas. Entre otros casos.

Hasta el momento, sin necesitad de traer a colación nombres propios, quizá el lector reconozca algunos de los casos en mención. Pero este no es el quit del escrito, de hecho, la concurrencia histórica de los casos mencionados les restan relevancia.

La característica más grave en este abordaje da cuenta de la imposibilidad de vaticinar un rumbo claro para la ciudad, es decir, la lógica institucional pareciese estar diseñada (por lo menos en el escenario local) para no trazar rutas o caminos hacia un proyecto de ciudad.

A partir de la debilidad programática de los partidos y la carencia de militancias fuertes, no existe en Ibagué (Ni siquiera en Colombia) una organización política con aval institucional, capaz de hacerse con los escenarios de decisión sin alianzas o apoyo de otras organizaciones.

Este panorama tiene tres efectos importantes, el primero de ellos es el salto indiscriminado entre fronteras ideológicas, hasta el punto de difuminarlas y hacer hasta de la apuesta más radical un remedo de gatopardismo; el segundo, corresponde a la distribución del poder cuando las mezcolanzas partidistas se hacen con las instituciones.

Es decir, administraciones que en aras de pagar el apoyo electoral que reciben de diferentes partidos, otorgan como redito secretarías o dependencias, difuminando cada vez más la ruta de maniobra, incluso estando trazadas por la legalidad, por ejemplo, imaginen una administración autoproclamada alternativa con la mayoría de las secretarías manejadas por Cambio Radical, el partido liberal, el partido de la U y otras organizaciones.

Quisiéramos pensar que se trata de una distribución democrática de la institucionalidad para trabajar en torno a un programa de gobierno especifico, pero no, es la simple fragmentación del poder a costa del rumbo colectivo, en donde unas secretarías tiran para la izquierda, otras para arriba, otras para abajo y otras para la derecha. Quisiéramos creer que se trata de la tesis de que los Estados son escenarios de disputa, pero no, se notan bastantes armoniosas las relaciones entre las fuerzas que ocupan la administración.

Por último, los elementos expuestos frente al estado de los partidos políticos y su relación con las candidaturas, la difuminación programática entre las fuerzas y la ejecución de rumbos privados a costa de la negación del rumbo colectivo, hacen que los relevos, la nuevas candidaturas y los nuevos “proyectos de ciudad” no apuesten por reconfiguraciones estructurales.

Por el contrario, presentan minucias técnicas en sus planes de gobierno, le apuesten al cemento como sinónimo absoluto de progreso, enaltezcan la consigna de “hacer política sin política” como si el Estado fuera un simple asunto de gerencia o que simplemente emulen las directrices nacionales de legalidad, emprendimiento y equidad, un paquetazo neoliberal-policivo a rajatabla (Causa principal de los problemas).

En síntesis, la dinámica institucional democrática ibaguereña parece haberse ajustado para que los de siempre manejen las administraciones, para que los que representan cambio no cambien nada o para que las nuevas candidaturas no vean apuestas diferentes a las ya trazadas. La ciudad parece un centro de esparcimiento para pensionados, nos sumimos en el desempleo y, como efecto de esto en la delincuencia, y no existe un rumbo claro para salir adelante…

Las líneas de este escrito, más que incitar a escatimar esfuerzos para reformar y salvaguardar los partidos en un intento de gran dificultad, dado sus casi dos siglos de degradación. Tienen por objetivo poner sobre la mesa una serie de necesidades y recomendaciones.

En primer lugar, se necesita estimular escenarios y ejercicios ajenos a la institucionalidad, sus tiempos y sus dinámicas, pues Ibagué casi no existen, ejercicios que potencien la creación de nuevas ciudadanías, politizadas, solidarias, con elementos de juicio, documentadas y sobre todo beligerantes, que hagan de la democracia un ejercicio cotidiano, no periódico, que atiendan al llamado de las veedurías o al pathos de la indignación cuando el contexto lo requiera, que distingan entre fronteras ideológicas y entiendan lo que cada grupo político representa.

Se necesitan potenciar movimientos sociales, colectivos, organizaciones barriales, culturales, étnicas y demás, que no respondan a directrices de partidos políticos y mucho menos que acojan o reproduzcan sus vicios.

Esta necesidad va de la mano con una apuesta institucional que operativice o por lo menos que entienda y represente lo que la gente (organizada o no organizada) aclama. Por tal motivo, en segundo lugar, se requiere aventurarse en la difícil tarea de corregir o reestructurar no solo la configuración formal y reglamentaria del régimen electoral y de partidos, sino también, su despliegue real en la cotidianidad democrática. Porque, aunque se aclara que la reestructuración de los partidos no es de interés prioritario en este escrito, no se puede restar su importancia y desconocerlos.

En últimas, ambas recomendaciones tienen una misma dirección, pues como se apreció a lo largo de este escrito, hay serios rezagos en la democracia y sus dos dimensiones, en la dimensión institucional y en la dimensión extrainstitucional.

Vale la pena primero mirar el régimen de partidos, la democracia y su comportamiento, antes de mirar a los candidatos, pues frente al caso concreto ibaguereño e incluso en muchas otras geografías, de nada sirve apostar por X o Y candidato, si existe un engranaje democrático formal o cotidiano que resta el margen de maniobra para algunos o simplemente invita a perpetuar los vicios, la carencia de rumbo y la continuidad para otros.

 

[1] Sartori, G. (2005). Partidos y sistemas de partidos (Segunda ed.). Madrid: Alianza Editorial. Pág 80.
[2] Alacántara, M. (2004). Partido políticos en America Latina: precisiones conceptuales, estado actual y retos. Barcelona: Cidob. Pág 15.