Por: Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción

La Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción presenta su segundo balance de período legislativo y recomendaciones con referencia al seguimiento de los compromisos del pacto político del gobierno nacional y de los partidos políticos para crear nuevas y mejores medidas anticorrupción. Pacto que se crea después de la respuesta masiva de más de 11 millones de colombianos a favor de la Consulta Anticorrupción.
El resultado de esta oportunidad política de construir confianza entre el legislativo y sus ciudadanos terminó en un escenario de echada de culpas y pocos resultados, de los 24 proyectos presentados:

  • 10 se hundieron
  • 2 no tienen ponencias
  • 7 no han sido discutidos en comisiones y,
  • 5 tienen algún tipo de discusión. Estos últimos más caracterizados por la inclusión de micos y retrocesos o por ser propuestas con bajo impacto.

Es un hecho que el acuerdo político firmado por el gobierno nacional y los partidos políticos para impulsar medidas que lucharan contra la corrupción fracaso, tanto por falta de liderazgo del Ministerio del Interior como del presidente de la República. A esto se suma, la falta de compromiso y voluntad política de los partidos que asistieron sacando pecho a firmar el pacto anticorrupción y a comprometerse con las 11.674.951 personas que expresaron su voluntad contra la corrupción y que no han hecho más que defraudar a sus electores.

Hacemos un llamado al Congreso a que aproveche positivamente esta oportunidad de construir confianza con los colombianos y que en el próximo período legislativo se genere una discusión seria, pública, transparente, libre de protagonismos, pero sí con liderazgo y voluntad, para sacar adelante lo poco que queda de los proyectos anticorrupción.

Esperamos que el anuncio del presidente Duque de impulsar los proyectos anticorrupción se traduzcan en acciones, no solo las de la generación de mensajes de urgencia para los proyectos anticorrupción, también las relacionadas con su gestión, como la elección de la nueva dirección de la Fiscalía General de la Nación, por lo que significa este cargo para la lucha anticorrupción y por los conflictos de intereses que permearon la gestión del fiscal anterior.

A los ciudadanos, a los cuales como organizaciones de la sociedad civil hemos escuchado y atendido en su mandato, sabemos que ese poder de decisión continúa y se reflejará en las elecciones locales y regionales de octubre.