Tal y como lo advirtió el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo, las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria para la JEP, han sumido al país de nuevo en la polarización, la propaganda negra y la desinformación a causa de los radicalismos y apasionamientos que genera el debate político al rededor del proceso de paz con las Farc.

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En los últimos días, la senadora por el Centro Democrático, Paola Holgín, instaló una valla publicitaria contra la JEP en Medellín. Este tipo de actuaciones corresponden a la estrategia de comunicaciones que el mismo partido político usó para hundir el plebiscito por la paz del 2016.

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Debido a lo anterior y otros casos más en los que esta colectividad se ha pronunciado en contra de los magistrados de la JEP, la Presidenta de este organismo publicó una carta dirigida al senador Uribe, como expresidente y máximo jefe del Centro Democrático, para pedirle llevar el debate político al rededor de la Ley estatutaria en el marco del respeto y en un tono sereno y democrático.

(…) quiero, muy respetuosamente, dirigirme a Usted como expresidente de la República, senador y máximo líder del Partido Centro Democrático, para solicitarle y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos, un ‘ deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo.

Sin embargo y pese al tono conciliador de la magistrada, la carta levantó ampolla y como era de esperarse Uribe respondió desde su cuenta de twitter al comunicado de Linares:

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Sobre la respuesta de Uribe a la carta, lo que planteó Linares en el documento no es una censura contra las opiniones del Centro Democrático, sino un debate en el marco del respeto, los argumentos y sin recurrir a la distorsión y la desinformación.

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En la misiva, también se hace una reflexión a acerca de cómo los servidores públicos deben entender el cumplimiento del artículo 22 de la constitución y por lo tanto, del cómo debería llevarse a cabo las discusiones y diferencias al rededor del tema de la paz.

Un deber que en mi criterio se intensifica cuando lo cumplimos Servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua, en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional

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Por otro lado, en el documento aparece un claro llamado de atención, al ex presidente y todo su partido político, hacia el respeto y por un debate responsable, argumentado y sin insultos o mentiras sobre la labor de los magistrados de la JEP.

En los últimos meses, como se nos impone, hemos observado con respeto, tranquilidad y prudencia las propuestas de reforma en torno al modelo de justicia transicional adoptado por el Estado Colombiano, propuestas que se han impulsado desde el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso, las mismas exigen que quienes tienen la responsabilidad de estudiarlas y tomar decisiones lo hagan propiciando debates ajenos al insulto, la desinformación y la distorsión de las funciones que tenemos a cargo.

Por último, Patricia Linares advierte que pese a los ataques y la estrategia de desprestigio contra la Jurisdicción especial Para la Paz y sus magistrados, no entrarán en esa linea de agresiones, si no que por el contrario, seguirán promoviendo un lenguaje sereno, democrático, sincero y conciliador.

Somos un Tribunal de Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando no impunidad y vocación de reconciliación, nunca recurriremos al lenguaje bélico, ofensivo o degradante.
Reconocemos como necesario el debate político que encuentra en el Congreso su escenario natural, exigiendo, eso sí, el respeto que merecemos como Jueces de la República, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz.

Esta es la carta completa que la presidenta de la JEP dirigió a Uribe:

En septiembre de 2017, cuando el papa Francisco visitó nuestro país, nos dejó una serie de reflexiones que día a día se nos presentan como necesarias para avanzar en el camino de construir una paz estable y duradera. 
Nos dijo, por ejemplo, que “la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos” y que ese esfuerzo “nos debe hacer huir de toda tentación de venganza”. 
Antecedida de esas reflexiones quiero, muy respetuosamente, dirigirme a usted, como expresidente de la República, senador y máximo líder del Partido Centro Democrático, para solicitarle y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos, un deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo. 
Un deber que en mi criterio se intensifica cuando cumplimos  servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua, en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional, dirigidas a jueces de la república que ejercemos nuestras funciones con la autonomía e independencia, con la que nos dota la Constitución, siempre supeditados a sus directrices y mandatos. 
En los últimos meses, como se nos impone, hemos observado con respeto, tranquilidad y prudencia las propuestas de reforma en torno al modelo de justicia transicional adoptado por el Estado colombiano, propuestas que se han impulsado desde el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso, las mismas exigen que quieren tienen la responsabilidad de estudiarlas y tomar decisiones lo hagan propiciados debates ajenos al insulto, la desinformación y la distorsión de las funciones que tenemos a cargo. 
Las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha acompañado el proceso de paz en Colombia, reclaman como derecho la construcción de una paz estable y duradera y de nosotros, los servidores públicos, el trámite democrático de las diferencias, los debates y las controversias que puedan surgir en torno al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición y, concretamente, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Somos un Tribunal de  Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando no impunidad y vocación de reconciliación, nunca recurriremos al lenguaje bélico, ofensivo o degradante.
Reconocemos como necesario el debate político que encuentra en el Congreso su escenario natural, exigiendo, eso sí, respeto que merecemos como Jueces de la República, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz. 
La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje democrático, sereno, sincero, conciliador, el lenguaje que necesita Colombia para por fin pasar la página extensa de la guerra y quedar inmersos en la tarea inmensa de reconstruirnos como sociedad. 
Los colombianos necesitamos la paz y la paz necesita de todos los colombianos, 
Cordialmente, 
Patricia Linares Prieto
Presidenta de la JEP