La Instancia Especial para Contribuir a Garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final, manifiesta su profunda preocupación ante la omisión, en Plan Nacional de Desarrollo, de la destinación específica de rubros presupuestales para el cumplimiento de los compromisos para la implementación del Acuerdo Final y, de manera específica de aquellos que tienen que ver con las acciones afirmativas para las mujeres en toda su diversidad, en cada uno de los seis puntos que componen el Acuerdo Final.

Cada una de las acciones afirmativas contenidas en el Acuerdo Final, fueron resultado de la persistencia del movimiento de mujeres colombianas, que comprendió la oportunidad histórica de este proceso de paz, para avanzar en la garantía real de derechos humanos de las mismas.

Lo anterior, en razón a que el conflicto armado interno ha profundizado las condiciones estructurales de desigualdad basadas en el sexo, agravadas en razón del origen urbano- rural, la pertenencia étnica, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, por nombrar algunas de ellas.

Las acciones afirmativas para las mujeres, fueron recogidas en 51 indicadores del Capítulo de Género del Plan Marco de Implementación (PMI-marzo de 2018-, ratificadas a su vez en el documento CONPES 3932 -junio de 2018-).

Este documento generó los lineamientos que vinculan los compromisos definidos en el PMI con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento de políticas públicas y de sus recursos, con el fin de promover la sostenibilidad de las medidas prevista para la construcción de paz, a ser realizadas entre el 2017 y el 2031.

La Instancia Especial para Contribuir a Garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final entiende que, dado el respaldo constitucional vigente al Acuerdo Final, aprobado por el Congreso de la República mediante los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, no puede ser discrecional para el actual Gobierno, presentar o no, de manera específica los indicadores de género consignados en el PMI y los rubros destinado a su cumplimiento.

Es su deber constitucional, incluir de manera específica lo estipulado por los CONPES que se desarrollaron en virtud del Acuerdo final: CONPES 3867 de 2017, el cual establece que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Alta Consejería para el Posconflicto, serán los responsables de la construcción de un plan plurianual de inversiones para la paz y el posconflicto durante la formulación de los planes de desarrollo.

El CONPES 3932 de 2018 que señala: “como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de implementación, entendido este como el capítulo o los componentes de paz de cada Plan Nacional de Desarrollo, basados en los contenidos del PMI, que permitirán avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final”.

Adicionalmente, el CONPES 3931 de 2018, que es el marco de la Política de Reincorporación, incluye 16 acciones específicas para las mujeres.

En el documento de Plan Nacional de Desarrollo, radicado ante el Congreso, no se incluye el plan cuatrienal de implementación y, si bien, al inicio del articulado se mencionan como parte integrante del plan de desarrollo el pacto por la paz -Pacto 11-, el pacto por la equidad de las mujeres -Pacto 14-, en el desarrollo del documento se omiten.

Lo anterior también ocurre con el Pacto 12, relacionado con la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rom. Tampoco a lo largo del texto se hace alusión específica y directa a la garantía de derechos de las personas LGBTI.

Estos llamados a la OBLIGATORIEDAD normativa y constitucional de incluir de manera específica lo consignado en el Acuerdo de Paz y en los documentos que lo desarrollan, fueron entregados al Departamento Nacional de Planeación –radicado octubre del 2018-, a la Vicepresidenta, doctora Martha Lucia Ramírez –radicado 14 de noviembre de 2018- con copia la CPEM; a integrantes de la CSIVI (Alto Comisionado de Paz, Consejero para la Estabilización, Ministra del Interior –radicado noviembre de 2018-.

Adicionalmente, se entregaron recomendaciones en conjunto con organizaciones de mujeres y nuestras representantes en el Consejo Nacional de Planeación, antes de que se conocieran los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, además, se brindaron comentarios conjuntos e individuales sugiriendo ajustes, después de ser socializados los lineamientos -diciembre de 2018/enero de 2019-. Ninguna de estas recomendaciones fue tomada en cuenta.

Hoy nos embarga una enorme preocupación pues no vemos reflejados los compromisos con la paz, con las mujeres, con las comunidades étnicas, con las víctimas, con la equidad de género; no hay metas trazadoras, no hay indicadores de impacto, no hay presupuestos específicos, no está definido el plan cuatrienal de implementación.

Solicitamos al Gobierno Nacional el cumplimiento con el Acuerdo Final de Paz y con el mandato de la Corte Constitucional extendiendo el llamado al Congreso de la República para que haga cumplir la Constitución, que garantiza los derechos de las mujeres en una Colombia en paz.

Es nuestro derecho. ¡Para una igualdad real y la construcción de una paz sostenible, necesitamos respetuosos concretos y reales! los compromisos pactados en el Acuerdo Final como acciones afirmativas y transversalidad de género en todos los puntos del Acuerdo requieren de presupuestos definidos, establecidos formalmente, tal como lo dicen los CONPES citados.

Cordialmente:

Integrantes de la Instancia Especial para Contribuir a Garantizar el Enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final.

 Magda Alberto, Edilia Mendoza, Martha Lucía Sánchez, Marcela Sánchez, Marina Avendaño, Victoria Neuta, Bibiana Peñaranda, Francisca Castillo, Yuli Artunduaga, Rocío Pineda-García, Maryelis Angarita; Rosa Brito, Ana Isabel Chaverra, Kika Rivera, Miriam Moreno, Elizabeth Pavón.