Un país herido por más de cincuenta años en guerra enfrenta el reto de hacer la paz, más allá de los acuerdos entre el Estado y las Farc. El conflicto nos dejó un saldo de 8,7 millones de víctimas, una sociedad dividida, secuelas sociológicas, sentimientos de vulnerabilidad y deseos de venganza.

Pese a lo anterior, la reconciliación sigue siendo la única salida para frenar el horror de la guerra. De tal manera que una forma de medir la paz es también mirar cómo va el proceso de reconciliación entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado, ya que este punto es fundamental para evitar nuevos brotes de violencia.

Un análisis de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo[1] de la Universidad de los Andes, basado en investigaciones del Programa Transformando Territorios (PTT)[2], presenta cifras concretas de cómo está el nivel de aceptación de las comunidades para adelantar procesos de reconciliación con excombatientes, la posibilidad de pagar más impuestos para financiar la reincorporación y qué tan beneficioso o no consideran la reincorporación de las Farc a la vida cotidiana.

La reconciliación en las comunidades afectadas por la guerra

El estudio del PTT se aplicó en dos tipos de comunidades: (i) los municipios más afectados por el conflicto armado y beneficiarios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y (ii) municipios rural-urbanos del país. La encuesta se aplicó a cerca de 4.500 hogares en 172 municipios del país. Y se inició justo después que se autorizó la salida de los excombatientes de las FARC de las ETCR y antes de la llegada del Estado con los PDET.

Nota de politica 32 (digital)

En la encuesta, se midió el grado de molestia frente a la posibilidad de interacciones cotidianas con excombatientes de las Farc, donde 1 (no me molesta) y 10 (me molesta mucho).

En este punto, el resultado arroja que un 30 por ciento de los encuestados no manifiesta incomodidad por tener que compartir vecindario, puesto de trabajo o que sus hijos estudiaran en la misma escuela con hijos de excombatientes. Y el 70 por ciento restante presentó una calificación entre cinco o menos en la escala del 1 al 10 en molestia.

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Por otro lado, 41 por ciento de los encuestados contestó que les molestaría mucho un posible noviazgo de una hija con un excombatiente. Esto quiere decir que aunque los encuestados aceptan compartir la vida cotidiana con los excombatientes, no parecen estar dispuestos a tener relaciones más cercanas y personales con ellos.

Sobre el tema de que tengan que pagar más impuestos para garantizar así el proceso de reincorporación más del 70 por ciento de los encuestados manifiestan algún grado de incomodidad y el 50 por ciento respondió con 10 puntos de molestia frente a la pregunta.

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Frente a al optimismo de si se logrará la reconciliación y la reincorporación de los actores armados, sólo un 40 por ciento percibe que la reincorporación de las FARC a la vida civil es algo bueno o muy bueno, un 36 por ciento lo considera como regular y un 24 por ciento lo considera como malo o muy malo.

En ese sentido un 52 por ciento creen que los ciudadanos no perdonarán a las personas que hicieron parte del conflicto aunque estas busquen reincorporarse a la vida cotidiana lejos de las armas.

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Pese a que las comunidades medianamente estarían dispuestas a convivir con los desmovilizados de las Farc, la percepción sobre el proceso de paz es otra. Según el análisis que presenta la Universidad de los Andes sobre esta investigación, la mala imagen del proceso de paz podría deberse a:

El resultado de procesos anteriores de paz fallidos, una baja confianza hacia el Estado, una información incompleta sobre el acuerdo de paz o las experiencias vividas durante la guerra, entre otros.

Los más afectados, los más reconciliados

Un factor determinante en la percepción de las personas sobre el tema tiene que ver con sus experiencias en la guerra. Aquellas comunidades con mayor victimización de las Farc son más negativas frente a la idea de reincorporación, tienen menos optimismo sobre la posibilidad de perdón y reconciliación entre habitantes y excombatientes y por supuesto, una mayor molestia a tener que contribuir con más impuestos para este proceso.

De tal manera que en las poblaciones con menos victimización por parte de las Farc y los paramilitares, hay un mayor pesimismo frente a la reincorporación y la reconciliación. Sin embargo, una mayor intensidad en la violencia paramilitar a nivel municipal, está correlacionada con un menor optimismo frente a la reconciliación y a la reincorporación.

En contraste, las poblaciones con mayor victmización directa parecen estar más dispuestos a hacer sacrificios frente al proceso de desmovilización. La mayor intensidad de la violencia, tanto de las FARC como de la guerrilla, disminuye la molestia de interactuar en la vida cotidiana con los desmovilizados de las FARC.

Obstáculos de la reconciliación

Según explica el análisis, en el conflicto, los actores armados no solo afectaron físicamente a las víctimas, el impacto sociológico en las poblaciones dejó “traumas que pueden influir en la capacidad de las víctimas para construir relaciones sociales y agota sus recursos emocionales.”

Esta condición puede explicar la limitada capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas y el pesimismo sobre los procesos de reconciliación.

Por lo tanto, es equivocado pretender que las huellas de la guerra se solucionen con la firma de un acuerdo de paz. Es necesario entender también el perfil de las víctimas y preparar a las comunidades para el posconflicto.

Otro aspecto es el pesimismo de la población frente a la posibilidad de alcanzar la paz. Esta actitud podría deberse a lo extenso de la guerra, los procesos de paz incompletos, desconfianza en el sistema judicial, la policía y el ejército.

“Una mayor confianza en el sistema judicial o en la policía y el ejército está asociada a un mayor optimismo frente al proceso de reconciliación, menor molestia a interactuar con los excombatientes de las FARC y menor reticencia a pagar impuestos adicionales para financiar el proceso de reincorporación.” Así lo explica Notas de Política

El fortalecimiento de estas instituciones y la confianza sobre ellas facilita la convivencia ya que si la protección de la pilicía y el ejército es efectiva se reduce el miedo del resurgimiento de la guerra y la desconfianza de convivir con excombatientes.

En esa medida, una justicia efectiva permite individualizar las responsabilidades sobre los crímenes cometidos durnate el conflicto lo que evita atribuir culpas colectivas a un grupo en particular.

Participación política y social, una opción para reconciliarnos

En la investigación se tomó en cuenta la conexión de los encuestados a redes políticas o de participación social, como también los regalos o trabajos que han recibido de un candidato cualquiera a cambio del voto.

Partiendo de esta información se pudo establecer que las personas con conexiones políticas, incluso las clientelares, tienen una probabilidad del 40 por ciento de considerar la reincorporación como algo muy bueno para la comunidad y igual porcentaje de optimismo frente a una posible reconciliación entre comunidad y excombatientes.

La explicación a este cambio de actitud podría obedecer a tres dinámicas, según el análisis de la Universidad de los Andes:

  • Primero, estas organizaciones pueden transmitir de manera sencilla las complejidades del acuerdo de paz con las FARC y reducir las aprehensiones hacia sus implicaciones.
  • Segundo, el acceso a las redes políticas permite a las comunidades acudir a los líderes políticos y demandar atención importante en el proceso de reconciliación.
  • Tercero, las organizaciones comunitarias en las regiones de conflicto tuvieron que vivir por décadas en medio de la guerra. Esto significó que, para sobrevivir, estuvieron obligadas a convivir, interactuar y negociar con los grupos armados.

Pese a lo anterior, en el punto sobre pagar más impuestos para garantizar estos procesos de reincorporación, el indice de molestia es mayor.

Finalmente, el artículo ¿Cómo nos reconciliamos? El papel de la violencia, la participación social y política, y el Estado en las actitudes frente a la reconciliación[3]propone seis recomendaciones a tener en cuenta para mejorar la percepción de las comunidades en el posconflicto:

  • Promover la reconciliación requiere de acciones concretas a nivel de la comunidad. Los efectos de la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial no son su‑cientes.
  • Diseñar intervenciones a nivel de la comunidad con la participación de los excombatientes residentes en éstas.
  • Fortalecer el sistema judicial y la justicia transicional para aumentar la con‑anza de la población en las instituciones del Estado.
  • Agilizar la presencia del ejército y la policia en los municipios más afectados por el con­icto y proteger a la población en estos municipios.
  • Diseñar e implementar programas psicosociales para contribuir a la recuperación emocional de las comunidades afectadas por el con­icto y las víctimas de la violencia.
  • Trabajar con las organizaciones políticas y sociales para lograr una mayor efectividad de las iniciativas de reconciliación.

Con información de: Notas de Política


[1] El análisis se titula: “¿Cómo nos reconciliamos? El papel de la violencia, la participación social y política, y el Estado en las actitudes frente a la reconciliación” y fue publicado en el portal Notas de Política de la Universidad de los Andes.
[2] 
Acerca del estudio, este trabajo es un resultado del Programa Transformando Territorios (PTT) financiado por International Development Research Centre (IDRC) y coordinado por Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
[3] Acerca de los autores: Leopoldo Fergusson es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Tatiana Hiller es asistente de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Ana María Ibáñez es profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Andrés Moya es profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.