Este fallo de la Procuraduría implica que todos los procesos disciplinarios que involucran a agentes del Estado en este tipo de delitos ya mensionados, seguirán vivos y ya no podrán prescribir a los 12 años como lo determinaba la normativa anterior. En ese sentido, cerca de 1200 procesos por crímenes de estado que estaban a punto de ser archivadas, seguirán siendo materia de investigación.

El fallo en cifras

Hasta el momento, de los 1.100 procesos que investiga la Procuraduría delegada para derechos humanos, 700 corresponden a ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos” de los cuales, 221 ya habían sido archivados en 2018 por prescripción. De esta manera, los 700 casos seguirán su curso de investigación y los más de 2 mil uniformados implicados tendrán que ser hallados culpables o inocentes para claridad de las víctimas.

Por otro lado el Procurador Fernando Carrillo explicó que esta medida también cobija a funcionarios públicos que hayan cometido conductas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos.

Casos emblemáticos

Como ya se había mencionado uno de los ejemplos aplicables del fallo sería la reactivación de 221 procesos sobre “Falsos positivos”, que en el caso de Soacha involucra a al menos 80 militares.

Según reportó Noticias Caracol, también se revive el caso del Coronel Luis Fernando Borja, excomandnate de la Tarea Conjunta de Sucre, quien confesó su responsabilidad en el asesinato de 50 personas para inflar los resultados de la guerra. Aunque el Coronel tiene una condena de 40 años su proceso en la Procuraduría no había terminado y estaba a punto de prescribir.

El mismo medio citó el caso del Mayor Julio Cesar Parga, director del Gaula de Córdoba quien fue hallado responsable del asesinato de 43 personas, su expediente también será retomado por el ente de control.

El asesinato de Luis Carlos Galán también sería reactivado por la Procuraduría ya que el magnicidio tendría participación de agentes del estado junto con el cartel de Medellín.

Otros expedientes aún no resueltos en materia disciplinaria como la masacre de los 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987, la de Segovia en 1988, que dejó 43 muertos; la de La Rochela en 1989, las del Aro e Ituango, en Antioquia, en 1996; y la masacre de Santo Domingo, Arauca, en 1998, entre otras incursiones por las cuales ya fue condenada Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendrían la posibilidad de ser revividos también.


Con información de Noticias Caracol