Desde que la Universidad en Colombia se definió como la máxima institución formadora de profesionales, la Constitución Política de 1991 la considera para la prestación del servicio público educativo con especial tratamiento y particularidad, dotándosela con absoluta propiedad de las  herramientas indispensables para su funcionamiento, organización y desarrollo social.

Deja de ser entonces, un Instituto Descentralizado del Estado, con injerencia absoluta del poder público, para convertirse en un Órgano Autónomo del Estado, con el reconocimiento por parte de la Carta Constitucional Colombiana y desarrollada jurisprudencialmente por la Honorable Corte Constitucional, de su autonomía universitaria para el ejercicio de su actividad académica y la conformación de su estructura orgánica dentro del concepto de alta calidad. (Sentencia C-220 de 1997)

En cuanto a su contenido, ha dicho la Corte, que comprende principalmente dos grandes facultades, 1) la dirección ideológica del Centro Educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la Universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio, los métodos y sistemas de investigación, y 2), la potestad de establecer su propia organización interna, esto significa concretamente que la Universidad puede adoptar las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes y la admisión de sus estudiantes, entre otros aspectos.

Sin embargo, la autonomía universitaria no es una potestad absoluta. Existen límites a su ejercicio que están dados por la Ley y el respeto a los derechos fundamentales de toda la comunidad del centro universitario.

Bajo estas especificaciones y directrices obró en consecuencia el Consejo Superior respecto al nombramiento del Rector Omar Albeiro Mejía Patiño.

Los diversos ajustes normativos se dieron con el fin de normalizar el funcionamiento de la institución universitaria, la que, como era de conocimiento de la comunidad en todos sus estamentos, se encontraba en una situación caótica en lo económico ( se adeudaban tres meses de salarios, primas de navidad y mitad de año, prestaciones, vacaciones), además de una crecida deuda a sus proveedores, lo que incluso ponía en riesgo el mantenimiento del restaurante que sostiene a 1.500 estudiantes durante los períodos académicos anuales, afectando de manera considerable la función social del alma mater, esto entre otros aspectos de la crisis financiera y de gobernabilidad que aquejaba a la Universidad para el momento en que el Doctor Mejía Patiño asumió con gallardía, valentía y compromiso absoluto una tarea con mínimas posibilidades de resultado, todo por el indiscutible amor y
respeto al alma máter del que es profesor de planta.

Es de recordar que para el año 2016, la Universidad venía bajo la responsabilidad de una dirección rectoral, cuya administración había recibido un  presupuesto con superávit de 60.000 millones de pesos, y para el momento de su renuncia con un déficit cercano a los 24.000 millones de pesos, sin mejoras sustanciales para la institución, pero sí, con un número considerable de áulicos conformado por docentes, trabajadores y estudiantes que, durante su administración amamantaron sus apetitos, aprovechando la única bonanza que en los sesenta y tres años de funcionamiento ha tenido nuestra Universidad, y por esa razón guardaron un silencio cómplice, pero ahora ante una dirección honesta y transparente que ha trabajo  arduamente por la organización y recuperación ética, académica, administrativa, financiera y de bienestar de la institución, sorprendentemente asumen una actitud de “lobos esteparios”, con el único propósito de generar caos mediante el uso de cualquier medio sin importar la imagen, proyección y estabilidad de la Universidad, es claro que dichos actores quieren de regreso la loba capitolina de la que fueron beneficiarios en los años
2014, 2015 y 2016

Estos hechos anómalos, de una corruptela empotrada en la Institución fueron conocidos a nivel nacional y denunciados por diversos medios de comunicación, causando extrañeza que algunas decisiones de instancias judiciales departamentales hubiesen omitido un análisis y estudio del contexto y la normatividad propia de la Universidad, así también, sorprende el hecho de que a la fecha, no existan resultados de los entes de control a quienes se han remitido todos los informes de los hechos encontrados por esta administración, de igual manera, el silencio de los distintos órganos encargados de la promoción y prevención de derechos, frente a las acciones de agresión plasmadas en grafitis, panfletos, carteles y alocuciones, conocidas públicamente y debidamente informadas, en las que se emplean términos escatológicos, lumpescos y amenazantes, no sólo por encontrarse
dirigidas contra las directivas, sino porque constituyen en sí mismas una agresión para la Institución que cuenta con cerca de 90.000 profesionales egresados, orgullo para el País.

Sin embargo, lo más absurdo, es que miembros de la comunidad universitaria crean a ciegas, afirmaciones de actores que al interior de la institución, han sido cuestionados por actos de doble moral, responsables de la crisis, que se han dedicado a desangrar la institución, pero que con discursos amañados desde la llegada de un Rector y un equipo directivo del que no son cercanos, su objetivo es desprestigiar y atacar cualquier acción que no responda a sus intereses personales, generando nuevamente como es su especialidad, caos e inestabilidad, pero no es a ellos a los que les hago el llamado a la razón, no merecen si quiera alguna consideración, es a los demás actores universitarios, a los que invito a cuestionar las afirmaciones de las personas malintencionadas, que al interior de la institución se conoce su forma de proceder, no es posible que se olviden los escándalos al interior del campus universitario por hechos relacionados por presuntos acosos para cambio de notas, intereses personales en adquisición de computadores, incumplimiento injustificado de obligaciones adquiridas con su universidad para formaciones posgraduales, responsabilidad en actividades de planeación presupuestal de las que aún se pagan las consecuencias, en fin, diferentes situaciones de las que gran parte de la comunidad es conocedora pero que padece de amnesia selectiva y que quienes las desconocen terminan siendo víctimas de engaños para creer todo lo que les dicen, deberían preguntarse a quiénes escuchan y siguen, para que de esta manera eviten convertirse en los títeres de aquellos que sólo quieren esconder y evadir la responsabilidad que tienen en la Universidad que se recibió a finales de 2016, y que así les duela no quieren que se siga construyendo una nueva historia. No más silencio, es el momento de decirnos las verdades, de asumir responsabilidades y de reconocer el trabajo que ha realizado esta nueva dirección universitaria.

Nos viene a la memoria esa “histórica sentencia” de nuestro insigne estadista y gobernante Darío Echandía cuando cáusticamente refiriéndose a la naturaleza de nuestra inteligencia y creatividad profería “su fallo”, ”Colombia es una Nación de Clientelistas y de Kafres”, con perdón de dicha etnia de origen africano.

Les escribe un miembro de la Universidad del Tolima, que ama la institución, y que en sus 62 años de permanecer allí, vivió con dolor la casi destrucción de la misma y que cree en la recuperación que ha tenido en estos dos años, no dispuesto a permitir que vuelvan los mismos con las mismas y que hagan prevalecer sus intereses que se encuentran bastantes lejos de ser intereses institucionales.

Por: Manuel León Cuartas