Contexto: La JEP le ganó el pulso al uribismo

El sometimiento voluntario a la justicia (JEP) por parte de los actores armados del conflicto y las penas no privativas de la libertad, a cambio de verdad plena y contribución a reparar las víctimas, ha sido muy criticada por quienes la consideran muy benigna –o muy injusta- con (algunos) victimarios.

Sin embargo la JEP ha permitido que 11.468 personas se hayan sometido voluntariamente a la justicia: Farc 9.513, Fuerza pública 1.910; Protesta social 12;Agentes del Estado y otros grupos 33. Con estas cifras, el nuevo reto es demostrar con prácticas judiciales específicas que la justicia transicional separada de la ordinaria es la fórmula más segura para atender los derechos de las víctimas y su participación activa en los procedimientos judiciales.

Contexto: JEP no contempla indultos ni amnistías para delitos sexuales contra menores

Para lo anterior se podría plantear una evaluación de los resultados de la Jep, una evaluación del cumplimiento de sus propósitos y no bajo la lógica del costo-beneficio, ya que es muy temprano para esperar resultados relevantes de este proceso. Eso sin contar con que son al menos diez dependencias y competencias distintas y una sola jurisdicción verdadera.

Evaluar la JEP desde las víctimas

Una opción podría ser analizar las audiencias públicas de la JEP, tomando como criterio la opinión de las víctimas y sus representantes. Esta posibilidad permite que la sociedad y las víctimas puedan reconocer o no la diferencia entre la justicia ordinaria y la transicional, de modo tal que se pueda mejorar el trabajo adelantado por la Jep y el Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Víctimas: “El aporte de los victimarios ha sido decepcionante”

Contexto: Los seis puntos de la Estatutaria de la JEP que la Corte debe mirar con lupa, según Dejusticia

La mayoría de los militares que han comparecido ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, lo han hecho amparados en la posibilidad que les otorgó la Ley 1820 de 2016l (artículo 51) de escoger la Sala a la cual se someten. Esta Sala podría otorgar un mecanismo de terminación anticipada al proceso. Estos beneficios solo serían aplicables a los miembros e la fuerza pública que no hayan tenido una participación determinante en los delitos ni estén involucrados en los crímenes más graves y representativos.

Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”

Esta jugada legal podría convertirse en un mecanismo de los militares victimarios para que no se sepa la verdad sobre los crímenes contra la humanidad en el marco del conflicto armado colombiano, ya que muchos podrían acabar con su proceso mucho antes de aportar a la verdad.

Debe advertirse que algunos militares de alto rango involucrados en ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) se han sometido recientemente a la Jurisdicción, quizá motivados por estos beneficios. Por eso y de manera pública, la Sala citó a audiencia de supervisión de libertad y control de régimen de condicionalidad a:

Contexto: ¡Abran paso que viene la JEP!

El mayor (R) Gustavo Soto Bracamonte, antiguo comandante del Gaula del Ejército en Casanare, condenado por la muerte de más de 13 personas en ese departamento (30 de agosto), el coronel (R) Gabriel de Jesús Rincón Amado, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15 del Ejército, involucrado en los casos de la ejecución de varios jóvenes del municipio de Soacha (27 de julio de 2018), el mayor general (R) Henry William Torres Escalante, antiguo comandante de la XVI Brigada, procesado por la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas (10 de julio de 2018) y el general (R) Mario Montoya Uribe, ex comandante del Ejército Nacional y ex embajador en República Dominicana, a quien la Fiscalía General de la Nación investigaba por su presunta responsabilidad en falsos positivos cometidos entre 2006 y 2007 (13 de septiembre).

El desarrollo de estas audiencias judiciales puso a prueba uno de los supuestos fundamentales de la reforma constitucional que creó la JEP: si bien la búsqueda de la verdad es un objetivo de la jurisdicción y los comparecientes están obligados a aportar a la misma, ello no implica que tengan que asumir ningún tipo de responsabilidad ni auto incriminarse.

Así, mientras el que el mayor (R) Soto pidió perdón a los familiares y reconoció que las víctimas no eran delincuentes, aportando documentos para esclarecer los hechos, el general (R) Torres insistió en que no dio órdenes, ni ordenó ninguna muerte. Por su parte, el abogado del general (R) Montoya fue enfático en su audiencia: “El pedir perdón es para aquel que tiene arrepentimiento, y el general tiene claridad de su inocencia. Hay que dejar claro que nunca tuvo ninguna conducta por fuera de la ley“.

Dada su naturaleza preliminar, esta primera comparecencia no iba a avanzar en el proceso de esclarecimiento judicial. Pero las expectativas de las víctimas eran muy altas, quizá por falta de claridad sobre el alcance de la audiencia.

La mayoría de las víctimas que finalmente pudieron asistir a las diligencias consideraron que el aporte de los victimarios había sido decepcionante, dado que ellas esperaban un reconocimiento de responsabilidad, el restablecimiento de la dignidad de sus seres queridos, y una disculpa pública sincera.

En el caso de los oficiales de insignia, las víctimas contemplaron de manera pasiva como estos reiteraban, una vez más, ante los magistrados de la Sala, su absoluta inocencia. La última palabra la tendrá la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, sobre si estas declaraciones pueden considerarse como una genuina aportación a la verdad plena a la sociedad y las víctimas.

¿Cómo participan las víctimas en las audiencias públicas?

Contexto: Estas son las reglas de juego dentro de la JEP

A la luz del estándar del Derecho Internacional, la JEP debe seguir afinando sus procedimientos para que las audiencias en materia penal dejen de ser un espacio de revictimización -como lo han sido en el pasado- para pasar a ser un escenario de participación activa de las víctimas y con un contenido reparador.

En las audiencias de control de régimen de condicionalidad, las víctimas y sus representantes plantearon públicamente su preocupación por varios asuntos:

  1. Las formas jurídicas de la audiencia habrían sido excesivamente ritualistas, negando así la aplicación de la justicia material.
  2. La forma de convocar las audiencias públicas y de notificar a las víctimas no fue homogénea, y por eso algunos familiares de las víctimas de ejecuciones no pudieron asistir a las mismas.
  3. El procedimiento de acreditación de la calidad de víctima no es claro, dado que no se conoce cuándo se iniciará ese proceso, cuáles son los plazos para lograr la acreditación, o de qué modo las víctimas conocerán la decisión de la Sala. Cómo es de público conocimiento, la audiencia del general (R) Montoya tuvo que ser suspendida después de más de cuatro horas de discusión sobre estos puntos.

Así las cosas, todo el tema del posconflicto, justicia y reparación debe asumirse como un proceso en construcción, donde la sociedad y las víctimas deben incluirse para estar informados y así aportar al mejoramiento de estos procesos, no desde la politización del instrumento sino desde una mirada informada y crítica que beneficie realmente a las víctimas.

 

[Con información de: RazónPública.com ]