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Pese a que la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) sostiene que la estructura neoparamilitar “Águilas Negras” no existe, continúan las amenazas e intimidaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes ambientalistas y militantes de partidos políticos de centro izquierda.

Este fenómeno empata con el el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que van en aumento desde la firma de los acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc-Ep.

Según las autoridades, las “Águilas Negras” no existen pero existieron. La estructura paramilitar habría surgido en el 2006 con la desmovilización de las AUC, sin embargo, para la Dipol, estos grupos armados neoparamilitares desaparecieron en el 2006, aparentemente por dos motivos: uno, habrían sido desarticulados por la fuerza pública y dos, fueron absorbidos por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

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Las (nuevas) amenazas

No obstante, en el municipio de Roncesvalles, al sur occidente del Tolima, han aparecido correos electrónicos y panfletos intimidatorios contra los integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Territorio, líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros del recientemente fundado movimiento político de la Colombia Humana. 

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A la de por sí ya delicada situación, se le suman dos factores que profundizan el riesgo. 

El primero tiene que ver con la falta de garantías por parte del Estado en sus niveles local, departamental y nacional para mantener la integridad de los amenazados, y el segundo, con el discurso mediático de algunos militantes del Centro Democrático y de sectores afines al recientemente nombrado embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, que insiste en relacionar a los líderes sociales, la centro izquierda y al partido Farc con la delincuencia organizada. 

 

 

Milton Restrepo, el cebo que hace arder el candil

La retórica incendiaria contra todo lo que suene a “izquierda” a que el Centro Democrático tiene acostumbrada a la opinión pública, ha puesto a pensar a distintos analistas sobre el posible margen de maniobra que le estarían dando a sectores radicales, legales e ilegales, que llevan su acción política más allá del discurso.

Tal es el caso del Diputado tolimense Milton Restrepo, reconocido militante del uribismo ‘pura sangre’, quien, en una convención del Centro Democrático en el Tolima, conminó a su militancia a no permitir que el “narcoterrorismo”, refiriéndose a la Fuerza Alternativa Revolucionaria, Farc, se “tomara” las alcaldías y la gobernación del Tolima. 

A renglón seguido, el Diputado y aspirante a la gobernación del Tolima, señaló al Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, como “pro Farc”, quien “simpatiza sin lugar a dudas con el narcoterrorismo”, sirviéndose de ejemplo para ilustrar cómo el “narcoterrorismo y sus amigos” sí pueden poner un alcalde “que siga simpatizando con el narcoterrorismo de las Farc”.

Aunque lo que fue noticia sobre el discurso fue la supuesta iniciativa de resucitar a las Convivir en el Tolima, lo cual fue desmentido por el mismo Diputado, Restrepo insiste en equiparar a los movimientos políticos legales con la criminalidad.

 

 

La precariedad del Estado para garantizar la seguridad de los amenazados

Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Estado no protege a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así lo demuestra el informe ‘No son líos de faldas, son líos de tierras’. El nombre del informe obedece a las declaraciones sobre el tema que hizo Luis Carlos Villegas, ex ministro de Defensa del Gobierno Santos.

Casos de victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Informe CINEP “No son líos de faldas, son líos de tierras”

En el informe se destaca que la responsabilidad sobre actos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, recae sobre grupos paramilitares, quienes utilizaron la amenaza como método de victimización en al menos 609 casos durante el 2017

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Cabe resaltar que ante el panorama, la Defensoría Del Pueblo es el único organismo gubernamental que se ha tomado en serio estos casos de amenazas.

En Roncesvalles, esta organización radicó un oficio dirigido a la Comisión Intersectorial Para la Respuesta a las Alertas Tempranas (CIPRAT), informando sobre la situación de los amenazados en el sur del Departamento, el oficio también exige al estado garantizar la integridad de los amenazados y las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría Del Pueblo.

El documento dirigido al CIPRAT ofrece una contextualización del por qué estas organizaciones ambientalistas y electorales han sido declaradas objetivo militar por parte de las “Águilas Negras”. Allí aparece un resumen detallado sobre la problemática ambiental al rededor de un megaproyecto de extracción de energía sobre el Río Cucuana.

 

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