Antes de comenzar los diálogos de Paz en la Habana con la exguerrilla de las Farc, el expresidente Santos sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hoy el balance de la Unidad de Restitución de Tierras no es el mejor: el 63 % de las personas que sufrieron el despojo no han sido reconocidas por los jueces. La restitución de tierras, para más de 3,5 millones de desplazados, es una necesidad para construir la paz en Colombia.

En total, siete años después de que se sancionara esta ley, el gobierno restituyó 313.129 hectáreas a 39.995 víctimas del conflicto armado, el proceso es lento y para que la restitución avance, es necesario el compromiso del presidente Duque, de quien en estos momentos no se tiene certeza sobre su voluntad. Sin embargo, sí existe un peligro seguro; la modificación a la Ley 1448 de 2011 sobre Restitución de Tierras que el pasado 5 de septiembre presentó la congresista María Fernanda Cabal del partido gobiernista Centro Democrático.

Los cambios que propone el centro Democrático

La iniciativa se ampara en el vacío jurídico que todavía existe en la norma sobre la propiedad legítima de los segundos o terceros poseedores que adquirieron legalmente las parcelas de los campesinos despojados, que las vendieron legalmente en el afán de huir de la violencia.

Por otro lado, el proyecto diseña un nuevo marco jurídico y genera un debate de gran relevancia en los procesos de restitución de tierras. Entre los puntos más preocupantes se encuentra la modificación e instauración de los deberes y responsabilidades de las partes, que se encuentran contenidas en artículo 4 del proyecto, que prohíbe los “actos que atenten o perturben la propiedad, así como actos vandálicos que atenten contra personas, instituciones o bienes” entendiendo que estas perturbaciones pueden abarcar desde alteraciones al orden público y por tanto será la fuerza pública (Policía) quien determine si son actos vandálicos en el momento.

Sobre las víctimas despojadas y los propietarios expropiados el artículo 7 del proyecto, incorpora tres parágrafos al artículo 71 de la ley 1448, establece que como medida de compensación se hará la reubicación del solicitante en un predio con características similares. Sin embargo, esta compensación se extiende a los segundos y terceros ocupantes, pues el parágrafo 2, establece que “En todo caso quien sea obligado a entregar en restitución su predio, y no haya tenido relación directa o indirecta con el despojo o agente generador de violencia deberá ser compensado o reubicado en un predio de similares características.”

En ese sentido los grandes empresarios o los terceros a quienes no se les pueda demostrar que hicieron parte del accionar del despojo, tendrían que ser reparados así estos hubieran conocido de la situación del predio. Además, establece que en caso de que los terceros ocupantes no se les demuestre que fueron generadores de la violencia (no realizaron el despojo de manera directa o indirecta) podrán seguir ejerciendo la ocupación del predio y su explotación.

Finalmente, el proyecto establece que incurrirá en prisión quién incite o persuada con fines políticos, ideológicos o económicos a una persona para iniciar el procedimiento de reclamación de tierras. Medida que busca eliminar los apoyos a los reclamantes por parte de las organizaciones sociales que se han especializado en el tema.

En síntesis, la modificación que propone el Centro democrático busca proteger a los empresarios o particulares que ocuparon tierras que fueron despojadas a las víctimas del conflicto.

La senadora se escuda en los principios de “confianza legítima” y de “buena fe” por parte de los propietarios, sin embargo no aplica el mismo principio para las víctimas y reclamantes de tierras a quienes a tildado de “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”. De ser aprobada esta reforma,  la restitución de tierras en el país podría terminar sepultada empeorando el panorama de los campesinos víctimas del conflicto y la tenencia desproporcionada de tierras.

Un golpe a los campesinos víctimas del conflicto

Según cifras del mismo gobierno, el 77 % de la tierra en Colombia está en manos del 13 % de los propietarios y 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas a los campesinos por los violentos. Con la violencia, 17.2 millones de hectáreas productivas en donde podrían trabajar los campesinos están siendo subutilizadas por los grandes propietarios.

Así las cosas, sin tierras, los campesinos se han visto obligados a trabajar en condiciones precarias: el 60 % del empleo rural es informal, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con Jhenifer Mojica Flórez, subdirectora Comisión Colombiana de Juristas, el proyecto de Ley de Cabal “ataca la columna vertebral de la restitución de tierras, pues de ahora en adelante todos los propietarios van a ser de buena fe y así van a justificar el despojo que han tenido que sufrir miles de campesinos.

Los que hemos trabajado en el tema del despojo sabemos que esta fue una empresa de actores criminales, quienes con masacres y desplazamientos le permitieron a los empresarios apropiarse de las tierras. De hecho, la restitución ha tenido muchos obstáculos: esos mismos grupos criminales han amenazado y asesinado a líderes de restitución de tierras” puntualizó Jhenifer Mojica Flórez.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue uno de los autores de la Ley de Restitución de Tierras. Según él, si se aprueba el proyecto de Ley de María Fernanda Cabal se estaría “legalizando el despojo. Evidentemente el proyecto no quiere darle garantías a los ocupantes, que es lo que ella dice. Las garantías ya las tienen y están en la ley. Si usted demuestra buena fe en la compra de un predio ante el Estado colombiano, nadie se lo va a quitar. Lo que ella busca con el proyecto es crear una segunda instancia para los campesinos despojados que reclaman tierras, lo que demoraría más todo el proceso”.

Para Cristo, la pelota queda en el campo de Duque: “Al Centro Democrático nunca le ha gustado la restitución de tierras, y ahora que están en el gobierno quieren modificar la ley. Si lo hacen, le estarían dando cristiana sepultura a un proceso que es ejemplar en todo el mundo”. Para Alejandro Suárez, líder de restitución de tierras, el proyecto de Cabal tiene varios problemas:

  • “No tiene sentido que diga que es para proteger a los campesinos poseedores de buena fe, pues en la Ley 1448 queda claro que quien posea el predio debe demostrar que lo adquirió de buena fe.
  • Segundo, ella quiere que se cree una segunda instancia para beneficiar a los despojadores de la tierra en Colombia.
  • Tercero, pretende cambiar la carga de la prueba, es decir, que la persona despojada demuestre que el predio le pertenece, cuando la ley es clara en que si tú fuiste despojado y tu vida corría peligro por la violencia generalizada la ley te da la razón a ti, porque tuviste que abandonar tu territorio por la violencia. Quien tiene que demostrar que posee el terreno de buena fe es el propietario.
  • Por último, ella olvida que los notarios en muchas regiones participaron de ese despojo, legitimando la forma irregular en la que grupos al margen de la ley adquirieron los predios”.

¿En qué va la restitución?

En medio de esta coyuntura política, la Comisión Colombia de Juristas presentó el informe “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017”. El documento resulta revelador, pues rescata las bondades de la Ley de Restitución de Tierras pero demuestra, al mismo tiempo, que existen varias promesas incumplidas. A la fecha, por ejemplo, el 63 % de las víctimas de despojo no han accedido siquiera a la primera fase del proceso judicial para recuperar sus tierras.

La Unidad de Restitución de Tierras tiene varias tareas por resolver. Según el informe, existen 4.264 sentencias judiciales ordenando la restitución que “no han logrado materializarse en su totalidad por cuellos de botella estructurales de articulación interinstitucional”. Además, de 88.489 solicitudes de víctimas para acceder a la restitución, solo 22.711 han sido aceptadas. Esto quiere decir que a 40.253 víctimas “les han cerrado la puerta para acceder al proceso de restitución de tierras, sin que se pueda precisar en detalle las razones por las que fue fueron negados los procesos”.

Uno de los aspectos preocupantes que revela el informe es el bajo nivel de cumplimiento. En el periodo 2015-2017, por ejemplo, el avance en restitución fue del 26,9 % (midiendo el trámite de inscripciones). En los últimos años, agrega el informe, se presentaron reformas que aumentaron los requisitos de inscripción para las solicitudes de restitución, “lo cual pudo motivar la evacuación de solicitudes acumuladas por medio de negaciones (…) Los avances en el cumplimiento de metas con los que se busca justificar el cierre de la etapa administrativa se basan en decisiones que niegan el acceso a la justicia de los reclamantes”.

Alejandro Suárez nos dijo que la política de la Unidad de Restitución de Tierras falló, pues no tuvo como foco principal restablecer “los derechos perdidos por las comunidades rurales en el país”. Uno de los problemas, señala, es que la Unidad trabaja con una lógica conceptual diferente, pues ellos entienden el conflicto como una lucha entre guerrilla y paramilitares, cuando las Fuerzas Armadas hicieron alianzas con paramilitares y con narcotraficantes que despojaron a miles de familias.

Los casos en donde están implicadas las Fuerzas Armadas son muy difíciles”. La Unidad de Restitución de Tierras, dice el informe, necesita implementar reformas para garantizar los derechos de las víctimas, pues hasta el momento el balance no es alentador.

“El proceso de restitución de tierras constituyó un hito en la garantía y la protección de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado en el país (….) La labor de la Unidad de Restitución de Tierras ha sido imprescindible. Su meta, por tanto, debe ser la de seguir ampliando la protección de los derechos de esta población”, concluye el informe de la Comisión Colombiana de Juristas. Con el proyecto de Ley que propone María Fernanda Cabal, esta meta podría ser inalcanzable.

[Con información de Pacifista y Víva la Ciudadanía]