Desde agosto de 2018, y lo que va de septiembre, se han realizado marchas, pupitrazos, plantones, comunicados o han entrado en Asamblea permanente la mayoría de las 32 universidades públicas del país. Por su parte, la Universidad del Tolima también entró en Asamblea permanente desde el pasado 5 de septiembre.

La Asamblea permanente es un mecanismo de participación y asociación para construir Universidad y resolver situaciones problémicas ante las cuales se hace un diagnóstico y se debaten planes, estrategias, peticiones y acciones concretas; sin que la academia, en cuanto a construcción de conocimiento y vínculo con la realidad, se detenga sino que se aplazan los temas de clase para entrar en un foro de construcción política, un debate-diálogo con organizaciones y gobierno local, regional y nacional (según corresponda) para solucionar la problemática y las diferencias.

Las razones por las cuales las instituciones han entrado en este mecanismo de asociación y participación se deben a las políticas gubernamentales de una seguidilla de gobiernos hasta llegar al anterior presidente Juan Manuel Santos y el actual gobierno de Iván Duque Márquez que, para el presente y para el futuro, condenan a las Universidades públicas a desaparecer.

Inclusive la Universidad más grande y más importante del país, la Universidad Nacional de Colombia, tiene un déficit para poder terminar funcionando este año de $ 60.000 millones de pesos (debe recibirlo máximo en diciembre). Adicional, el desfinanciamiento 2018, sumado de todas las universidades públicas para funcionar, crecer normalmente y el costo de garantizar el derecho a la educación, para una población como la colombiana, está alrededor de los 15 a 18 billones de pesos.

Podría decirse que el problema que arrincona a las Universidades públicas, es una conjunción de políticas tales como:

  • La ley 30 de 1993 estableció una base para los aportes del gobierno nacional a las IES (Instituciones de Educación Superior) públicas, pero esta base tenía un déficit, por lo cual, solo el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) cada año, no compensa el déficit que, crece año tras año hasta ser insostenible, si tenemos en cuenta las exigencias de crecimiento en cobertura, calidad y acreditación institucional que ha hecho el mismo gobierno.

Así las cosas, los aportes del gobierno nacional a las universidades públicas que en 1993 equivalían al 73% de su presupuesto anual, en el 2016 pasaron a equivaler solamente al 48%.

Por esto el derecho a la educación no está garantizado para los estratos 0, 1, 2 y 3 cuyos ingresos mayormente no alcanzan para pagar la      educación profesional que cobran las instituciones -ya no tan públicas- en sus matrículas.

  • Entre los años 2016 a 2017 las IES públicas dejaron de recibir $ 808.165 millones de pesos provenientes de los denominados recursos CREE, que fueron destinados al programa de Ser Pilo Paga, cuyas beneficiarias directas fueron las universidades privadas y entre ellas, unas de las más cara del país, la de Los Andes, la Javeriana y la Pontificia Bolivariana, entre otras, también muy costosas para un país donde el salario mínimo es de $781.242 pesos.

Sobre este programa la actual Ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que se acabaría, pero lo que parece es que sencillamente va sufrir una reconversión y un cambio de nombre y sus recursos no se van a direccionar a las universidades públicas, como debería ser.

  • La financiación contingente al ingreso (Ser Pilo Paga y el Icetex) continúa siendo una política que no lleva a que las IES puedan invertir recursos en lo que necesitan directamente para aumentar cobertura (por lo tanto ampliar la oferta) y disminuir el valor de la matrícula (que debiese ser gratuito), y no que, otra vez, los recursos se vayan mayoritariamente a universidades privadas aumentando la brecha social.
  • Una de las consecuencias de esta desfinanciación consite en la congelación de la planta profesoral desde 1993 y no se ha podido aumentar, llevando a la precarización laboral de una inmensa masa social como son los profesores catedráticos, que en la mayoría de las Universidades públicas representan entre el 70 y 80 por ciento de los profesores.

Por si fuera poco, las reformas veladas que se han hecho al decreto 1279 (que regula los puntos salariales de los profesores) perjudican a todos los que están en carrera docente, cuya labor debiese ser reconocida con suficiencia como ocurre en países que al poder educarse con excelencia, alcanzan un mejor nivel de vida.

  • Por último, la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016, subió el IVA al 19% y la tributación para sectores particulares -no empresariales-, como los profesores universitarios al aumentar en un 1.000% la proporción de impuestos para la vigencia 2017; injusticia que ataca directamente a un sector formador crítico de la sociedad.

Además, detalles que se conocen de la reforma tributaria que pretende presentar el actual gobierno, en cabeza de su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla (investigado por los negocios de favorecimiento propio que montó gracias a sus gestiones como Ministro -también de hacienda- en la segunda presidencia de Álvaro Uribe) como el de ampliar la base de tributación para los salarios de $ 1.900.000 en adelante para que deban presentar el impuesto de renta, hablan de como se ataca a una clase media que apenas sobrevive, que tampoco ahora podría educarse y se amplía la brecha social entre ricos y pobres.

La UT y su necesidad de pronunciarse sobre el tema

Ahora bien, pasando a la situación particular de la Universidad del Tolima, esta quedó sumida en un déficit de $ 24.000 millones de pesos en 2016 debido a los desastrosos manejos del rector José Herman Muñoz, desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2016 cuando la institución quedó ad portas de la intervención del Ministerio de Educación con la ley 550 (pedida por el mismo rector causante de la crisis).

Esta situación hubiese llevado al despido de toda la planta de trabajadores, al cierre de la misma un año o más y a una reapertura con nueva planta de trabajadores y bajas condiciones académicas (por ejemplo, sin las prácticas, que son un factor diferencial de la academia en la UT). Este rector no pudo completar su segundo período y tuvo que renunciar gracias a la concientización de buena parte de la comunidad académica que, con una justa protesta social cuyo cénit fue la huelga de hambre triestamentaria del 6 al 15 de julio de 2016, logró por la vía de la legítima protesta pacífica, que el rector renunciara y el paulatino cumplimiento de los 17 puntos del pliego de peticiones cuyo primer punto era la renuncia del rector.

Desde entonces, con el nombramiento como rector interino de Omar Mejía en septiembre de 2016, la institución empezó a recuperarse paulatinamente del déficit, llegando a una cifra de $ 8.700 millones en diciembre de 2017 y para el cierre de 2018 de alrededor de los $11.900 millones; este último aumento de $ 3.200 millones del déficit de este año, con relación al 2017, se debe a lo planteado más arriba respecto al dinero que el gobierno nacional no transfirió a las universidades públicas y al déficit estructural que sigue su avance.

Por todo lo anterior, la defensa de las Universidades públicas es una tarea de largo plazo, la defensa de la educación para los sectores con ingresos más bajos y medios de la población es una labor perentoria, que busca la justicia social y el acceso a las oportunidades para una población que pueda proyectar el país a unas condiciones de bienestar general.

Si hay bienestar general, si hay justicia social y condiciones dignas de vida para los colombianos, no habrán razones para el surgimiento de conflictos bélicos, se podrán consolidar procesos de paz como el firmado con el antiguo grupo guerrillero de las FARC, y se podrá pensar en una Colombia que ya no esté llena de surcos de dolor, sino en la que, como lo dice el Himno Nacional, algún día “el bien germine ya”.

 

Por: Ricardo Andrés Pérez
Profesor de planta, Facultad de ciencias Humanas y Artes
Universidad del Tolima