Dos días de trabajo y más de setenta personas de varios municipios del Tolima participaron del encuentro regional de Prevención y Seguridad que se llevó a cabo en el ETCR Marquetalia, Cuna de la Resistencia en Planadas Tolima.

Al encuentro asistieron líderes y lideresas en representación de sus organizaciones sociales, así como de las instituciones del estado, entre ellas la y el secretario de gobierno de Planadas y Rioblanco, delegados de la gobernación del Tolima, la ONU, policía, ejército, fiscalía, ARN, UNP, veedurías ciudadanas, ASTRACATOL, representantes de víctimas y líderes de derechos humanos, exguerrilleros y exguerrilleras en proceso de reincorporación a la vida civil de los dos espacios territoriales y dirigentes del partido Farc-Ep departamental.

El objetivo, discutir sobre la seguridad en el departamento para los exguerrilleros y exguerrilleras, así como las y los líderes sociales, en el taller se realizó un mapeo de la región, y se dejó ver el vacío de poder que tienen las instituciones del estado en temas de prevención e implementación del punto tres del acuerdo de la Habana.

Mientras las instituciones insisten en la militarización de las regiones, las comunidades y la Farc-Ep sustentaron que el camino no es ese, por el contrario, la salida es la implementación del acuerdo de paz y así mitigar el anarquismo en las regiones donde antes operaban las Farc-Ep.

El argumento del estado para su propuesta militar es que “los problemas en las regiones en temas de seguridad, falta de educación, salud, vivienda, tierras para trabajar y la pobreza era por culpa de la guerrilla”

Con la firma del acuerdo de paz quedó demostrado que no es así, ni mucho menos el problema del narcotráfico era exclusivo de las guerrillas, el problema de fondo es el abandono del estado en todos los sentidos con las comunidades; sin empleo, sin tierras para trabajar, sin proyectos productivos, sin salud, sin educación, la juventud pierde su horizonte de vida y termina cayendo en la descomposición social.

Aunque la fuerza pública planteó que el problema ahora es el narcotráfico, las Farc-Ep señalaron que debe implementarse el punto cuatro del acuerdo, sobre sustitución de cultivo de uso ilícito, donde se aplique en su cabalidad la sustitución por cultivos lícitos, con proyectos que a futuro.

Frente al flajelo de la drogadicción, se planteó que es un problema de salud pública por atenderse y que el estado debe atacar el fenómeno del micro tráfico, el cual es financiado por el paramilitarismo.

Respecto al tema de la inseguridad, las comunidades plantearon la necesidad de impulsar la conformación de ‘guardias campesinas’, a lo que el comisionado de paz se opuso, argumentando que esta figura “es ilegal”.

De inmediato, el representante de la guardia campesina del municipio de Chaparral, con la conformación de Zonas de Reserva Campesina ANZOR y los cabildos indígenas, manifestaron la necesidad de fortalecer sus guardias, ya que las autoridades son incapaces de solucionar los problemas de la región.

De igual manera, exigieron a las administraciones municipales y departamentales que apoyen estas iniciativas con recursos y garantías, mientras tanto la veeduría ciudadana del departamento del Tolima, reclamó garantías en su participación de control político al acuerdo de paz.

Otro punto importante de este encuentro fue la necesidad inmediata de hacer un pacto político por la paz, pacto que es necesario aterrizarlo a nivel departamental y en cada municipio, entre las fuerzas políticas, organizaciones sociales, sectores del comercio y empresariales.

Finalmente, el escenario sirvió para intercambiar los puntos de vista de cada quién, pero quedó demostrado una vez más, que el estado muestra poco interés en fortalecer el desarrollo de las organizaciones sociales y las comunidades.