Las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre los asesinatos y persecuciones a líderes sociales, han desencadenado preguntas y prejuicios sobre el por qué y quiénes están detrás de estos crímenes. A falta de garantías lo que el Estado ha ofrecido es estigmatización y mitos sobre el liderazgo social en Colombia.

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La organización Somos Defensores dice en su informe semestral que evaluó el periodo entre enero y junio de 2017, que los asesinatos habían aumentado en un 30%. La ONG Indepaz asegura que en Colombia 170 líderes y lideresas fueron asesinados sólo en 2017, casi 53 asesinatos más que en 2016. Estas cifras, concluye la organización, muestran un incremento del 45,29%. Es como si asesinaran a un líder cada 2 días.

La ONU, apenas en marzo de 2017 ya alertaba sobre el aumento de los asesinatos. Alegó que el año pasado la cifra llegó a 127 líderes asesinados y que la mayoría murieron en zonas previamente ocupadas por las Farc, lo cual podría debilitar la implementación de los acuerdos.

Aunque no coinciden respecto del número de muertes registradas, estas tres organizaciones concluyen que entre 2016 y 2017 hubo un escalamiento en estos asesinatos. Una de las razones por las cuales es complejo determinar el número exacto de asesinatos, es que las organizaciones tienen distintas definiciones de lo que es y no es un líder social.

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En medio de este escalamiento de la violencia, surgen algunas afirmaciones sobre el liderazgo social que La Paz en el Terreno agrupó en tres mitos sobre el liderazgo social en Colombia.

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Jose Luis Prieto, Líder asesinado

Los matan porque son guerrilleros

Históricamente los líderes y lideresas sociales han sido estigmatizados y señalados de simpatizar e incluso, de pertenecer a grupos guerrilleros como las Farc, recientemente desmovilizadas, o el ELN, entre otros. Debido a esto pasan a ser sujetos de amenazas, persecuciones y asesinatos, pero hace falta entender un poco mejor este proceso.

En los años cincuenta, cuando se acentuó el discurso anticomunista en el país, el miedo hacia la izquierda se transformó en aversión y finalmente en violencia. Así lo explicó el historiador Juan Carlos Chaparro en el programa radial “Hitos contra el liderazgo social”, de Rutas del Conflicto.

El temor de algunos sectores tradicionales de que la izquierda se tomara el poder, puso en el mismo saco a sectores reclamantes de derechos, junto con militantes de la izquierda política y grupos armados simpatizantes de esta ideología. Es decir, en su más alto punto, este discurso tildó de guerrillero a todo aquel que, con acciones o por medio de la opinión, se opusiera a la continuidad de la política tradicional en el país.

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Barrancabermeja es un caso ilustrativo. Esta ciudad santandereana en el Magdalena Medio fue escenario de una arremetida paramilitar a finales de la década de los 90 y principios del siglo XX, en la que las Autodefensas de Santander y del sur del Cesar, que posteriormente se unieron al Bloque Central Bolívar, se tomaron a sangre y fuego los barrios en los que consideraba habían bases urbanas subversivas.

Lo cierto es que ‘Barranca’ reunía tres elementos que marcaron su historia del conflicto, la industria petrolera más próspera de la región, movimientos sindicales que velaban por condiciones laborales dignas y la presencia del ELN en el territorio. A su llegada, los paramilitares señalaron a los sindicatos y otros movimientos sociales como simpatizantes, colaboradores y promotores de la guerrilla y fue con esta excusa que perpetraron más de 10 masacres de grandes magnitudes en ese período. Sólo en la masacre del 16 de mayo de 1998, los ‘paras’ mataron a 7 personas y secuestraron a otras 25, a quienes también asesinaron y desaparecieron en el transcurso de las dos semanas siguientes.

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Pero no es sólo una cuestión de discurso malversado. Existen sectores políticos y económicos que al ver amenazados sus intereses debido a un liderazgo social, optan por señalamientos hacia líderes y organizaciones comunitarias, a sabiendas del riesgo que eso les implica.

“Si uno lo mira en su conjunto, este fenómeno estaba orientado a garantizar el orden establecido, es el caso del paramilitarismo. No fue exclusivamente una herramienta para combatir el comunismo, sino que en muchas regiones fue un instrumento para garantizar la cooptación del poder local, político y económico asociado a la tenencia de la tierra.”, explica Juan Carlos Chaparro, historiador y profesor de la Universidad Nacional.

Es decir, que no se trata sólo de un asunto ideológico, sino también de un uso estratégico de la estigmatización para la defensa de intereses particulares.  El caso de la empresa bananera Chiquita Brands, hallada culpable por hacer pagos a las Auc, ilustra muy bien esta situación. La investigación judicial que condenó a la empresa, en 2007, a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, arrojó que la alianza entre la empresa y el grupo armado estaba pensada para garantizar el control del territorio y ejercer control sobre los trabajadores reclamantes de condiciones dignas.

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Archivo de Rutas del Conflicto

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Un caso que ilustra los peligros de la estigmatización es el de la comunidad indígena Nasa, en Cauca, históricamente señalada de ser simpatizante de la guerrilla de las Farc. “Si usted analiza a los medios de comunicación sobre lo que hablan  sobre los pueblos indígenas, especialmente en el Cauca, cuando han habido movilizaciones, todas las movilizaciones siempre se dice que es auspiciada o promovida por la guerrilla de las Farc. Como si nosotros no pudiéramos tomar nuestras propias decisiones”, afirma Gustavo Ulcué, periodista indígena Nasa.

La prensa tuvo también una participación en este caso. Luego de varias tutelas, el 14 de septiembre de 2016, la Corte Constitucional ordenó al programa Séptimo Día rectificar la información que publicaron en su especial sobre esta comunidad indígena. En el reportaje afirmaban que la diferencia entre un indígena y un guerrillero se había perdido en varias regiones del departamento.

“Seguimos sufriendo siempre las violaciones de derechos humanos. Hemos tenido constantes amenazas, asesinatos, hurtos, mucho personal extraño recorriendo el territorio y frente a eso estamos trabajando en estrategias para ver cómo proteger el territorio”, agregó Fidelina Díaz, miembro de la Guardia Indígena.

No existe sistematicidad en el asesinato de líderes y lideresas en el país

Mientras que desde hace varios meses el Gobierno nacional ha insistido en que estos asesinatos no son sistemáticos, alegando que no es posible identificar un único grupo armado,  varios sectores sociales han insistido en que existen estructuras actuando organizadamente en contra de líderes en región.

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¿Qué hace que unos asesinatos puedan considerarse sistemáticos? El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le explicó a Noticias Uno el pasado 16 de diciembre de 2017 que si se pudiera comprobar que hay una sola organización dedicada a asesinar a líderes y lideresas a nivel nacional, reconocería la sistematicidad. Afirmó que los líderes mueren en el país por diversos motivos.

La sistematicidad, definida por la Corte Penal Internacional,“es un elemento de carácter cualitativo y hace referencia a la naturaleza organizada de los actos y la improbabilidad de que estos hubiesen ocurrido de manera aislada. Esta definición de sistemático desde la perspectiva del DIH, coincide con aquella según la cual se le puede dar este calificativo a algo que ‘procede de acuerdo a un plan.’”.

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En resumen, el número de actores armados detrás de estos crímenes no es lo que determina si hay o no sistematicidad, el carácter premeditado y organizado para matar líderes y lideresas en región sí. Puede que no haya un único grupo, sino varios, dispersados por todo país y que cada cual opere con sistematicidad a nivel local.

Si es cierto que estas organizaciones proceden de acuerdo a un plan, la pregunta no es sólo quiénes están matando a los líderes y lideresas, sino, por qué. ¿A qué actores o instituciones no les interesa que un liderazgo concreto se haga visible?

“Estamos identificando unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de la eventual presencia de reductos de autodefensas, que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”, afirmó el el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al diario El Espectador, a finales de 2017.

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Luego de las declaraciones del Martínez, el expresidente Santos, sin admitir que hay una sistematicidad en estos asesinatos, afirmó que pondría en marcha un plan para defender a los líderes y lideresas. “La iniciativa contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del “Plan Orus”, que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacía presencia las Farc.”, concluyó el exmandatario.

“Mientras se insista en que estas muertes no son sistemáticas, las investigaciones sobre estos hechos se alejan de la posibilidad de comprender el funcionamiento de estas estructuras que hoy operan en la penumbra, sin que sepamos muy bien quiénes son, para quién trabajan y qué es lo que buscan”, explicó el profesor Yann Basset, director del Observatorio de Participación Política.

A los líderes y lideresas los asesinan por conflictos de convivencia (líos de faldas)

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En la misma entrevista en que dijo que no creía en la sistematicidad de los asesinatos, Villegas dijo que estas muertes eran en realidad producto de problemas de convivencia. “Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría un tema de linderos, un tema de faldas, un tema de reivindicación, un tema de pelea por rentas ilícitas”, afirmó el funcionario.

Esta frase causó revuelo entre quienes consideran que afirmaciones como esta invisibilizan la magnitud de lo que está pasando. Aunque es posible que algunas muertes no estén vinculadas con su liderazgo, no son pocos los casos en hay indicios fuertes para creer que sus muertes estaban relacionadas con su participación en la comunidad.

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El 10 de noviembre de 2016, el líder social José Luis Prieto Tristancho estaba en su casa en Galapa, Atlántico, cuando un hombre, identificado como Joaquín Damiant de Moya Rodríguez, llegó y le disparó repetidas veces hasta matarlo.

Moya, quien había sido parte de la banda criminal Los Rastrojos, era empleado de Prieto y fungía como vigilante del barrio. Pasado el tiempo el líder se percató de que Moya utilizaba su trabajo para favorecer el expendio de drogas en la zona y resolvió despedirlo. En aquella confrontación, Moya amenazó de muerte a Prieto y un par de meses más tarde, cumplió su promesa.

¿Quién determina si esta es una muerte que se enmarca en el conflicto armado? En tiempos del llamado posacuerdo, pareciera que falta mucho por discutir en materia de reinserción y sobre estas formas de violencia que han llegado a las comunidades por cuenta del contexto actual.

Afirmar que los problemas de convivencia son la causa principal de estas muertes desvía la atención, una vez más, de las preguntas importantes. “¿Acaso la Unidad Nacional de Protección está atendiendo de manera oportuna a quienes denuncian estar en riesgo? A pesar de que múltiples ongs nacionales e internacionales publican informes de riesgo ¿por qué terminan muertos aquellos sobre los cuales se había alertado?”, intervino Basset.

 

Con información de [La paz en el Territorio]