Sobre la primera inquietud hay más certezas porque ha habido un seguimiento importante de varias instituciones especializadas, pero sobre la segunda hay mucha incertidumbre y solamente se podrían plantear hipótesis.

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Sobre el tema de la implementación, el balance es agridulce, sobre todo si recordamos que la negociación se hizo para construir la paz y la reconciliación nacional sobre la base de lograr un acuerdo político nacional, encaminado a realizar las reformas y ajustes institucionales que son necesarios para atender los retos que la paz demande.

Por el contrario, lo que hemos visto es que el país continúa polarizado entre quienes buscan hacer trizas los acuerdos y quienes defienden su consolidación.

Hay hechos que han enrarecido este proceso como el pedido en extradición de Jesús Santrich por un supuesto envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, su encarcelamiento y la imposibilidad de posesionarse en la Cámara de Representantes, lo mismo que la negativa de asumir su representación en el Senado de la República por parte de Iván Márquez aduciendo falta de garantías e incumplimiento de los acuerdos firmados.

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Los logros

1. La dejación de las armas por parte de las Farc y su transformación en un movimiento político.

Se debe recordar que se entregaron a la ONU 8.112 armas en los 26 campamentos ubicados en todo el país. Esta cifra se convirtió en la mayor, si la comparamos con cualquier otro proceso similar en Colombia y en otras regiones del mundo, pues equivale a más de un arma por combatiente.

2. La llegada de los representantes de esta exguerrilla al Congreso de la República con sus curules en Senado y Cámara de Representantes.

Las Farc deberán no solamente defender la implementación de los acuerdos de paz, sino también ampliar su agenda política incorporando otros temas referidos a la inclusión de amplios sectores sociales del ámbito urbano. Tendrán un duro camino que recorrer, abandonar las armas luego de 53 años de lucha armada, implica que se asuma con seriedad y compromiso el cambio de las balas por las ideas.

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3. El avance, así sea precario, del punto de Reforma Rural Integral con el impulso a los PDET, que tienen en el Tolima una de las regiones con mayor avance.

Se construirán participativamente los Planes de Acción para la Transformación Regional que tendrán una duración de diez años que buscan resolver los problemas más importantes de la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

4. La creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, que busca aclarar las responsabilidades colectivas del Estado, de las Farc, de los paramilitares y otros grupos en el conflicto.

La CEV trabajará por develar lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado en Colombia. Esta comisión parte de un activo muy valioso e importante y es tener como su presidente a Francisco De Roux, sacerdote jesuita, incansable defensor de los derechos humanos en el país.

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5. La entrada en vigencia de la Jurisdicción de Paz JEP, aún en medio del interés de algunos sectores por estigmatizarla.

La JEP está llamada a satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación y a la lucha contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.

Las dificultades

1. El asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos que se ha disparado preocupantemente luego de la segunda vuelta presidencial y que no ha tenido un rechazo contundente de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

Los líderes asesinados han sido básicamente reclamantes de tierras, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de la campaña de la Colombia Humana, además de miembros de la comunidad LGTBI, entre otros.

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2. La reintegración a la vida civil de los excombatientes, que sienten gran incertidumbre por su seguridad personal y jurídica, además del abandono e incumplimiento en lo referido al aspecto de los proyectos productivos y acceso a la tierra para trabajar.

Este es uno de los temas más complejos puesto que ante esta situación, se dan las condiciones para que los excombatientes sigan abandonando los ETCR y se puedan vincular a la disidencia de las Farc y otras bandas criminales que vienen emergiendo en las diferentes zonas que antes controlaba esta guerrilla.

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3. La intención de acabar la JEP de algunos partidos políticos como el Centro Democrático que solamente entienden la justicia como la cárcel para las Farc e impunidad para los demás actores que participaron en la guerra.

En los últimos días las críticas a este mecanismo de justicia transicional se ha arreciado e incluso ya se anticipa la iniciativa de un referendo para eliminarla, a pesar de que muchos actores participantes del conflicto armado están dispuestos a someterse a este mecanismo judicial.

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Frente a lo que hará el nuevo gobierno, solamente se conoce la intención expresada del presidente electo, de unir al país para pasar la página de la polarización, no impugnar el acuerdo de paz pero si hacerle algunas “correcciones”, sin embargo preocupa que su nuevo ministro de defensa ya anuncie que habrá una iniciativa legislativa para regular la protesta social, propuesta que levanta suspicacias alrededor de su verdadero propósito.

Dentro de las “correcciones” se ha conocido que:

1) Se presentará una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en ningún caso;

2) Frente a la JEP se promoverá una reforma para que los guerrilleros que cometieron delitos atroces paguen prisión en un sitio de reclusión permanente así no sea una cárcel y no solo una pena alternativa;

3) que los guerrilleros no puedan hacer política antes de pagar esa pena de prisión y que los agentes del Estado no sean juzgados por la JEP sino por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia,

4) Eliminar las nuevas instituciones del agro y reforzar el Ministerio de Agricultura a través de bienes públicos y de incentivos tributarios a la agroindustria a cambio de que cree empleos formales para los campesinos.

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La participación política de las Farc y la Juridiscción Especial de Paz son la columna vertebral del acuerdo, por lo que estas modificaciones perturbarían sin duda la implementación del mismo. Lo que está por verse es si lo anunciado en campaña será lo que va a hacer en el gobierno, especialmente si no solamente defienden el proceso de paz, las fuerzas democráticas y progresistas en el país, sino también la comunidad internacional.

La paz imperfecta del acuerdo sin duda es mejor que la más perfecta de las guerras y sobre eso ha llamado la atención al presidente electo Iván Duque, la comunidad internacional, las Naciones Unidas y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional que con diferentes intereses reivindican la necesidad de consolidar este proceso en Colombia.

Finalmente, no debemos olvidar que más de ocho millones de colombianos votaron por la defensa de la paz, por la implementación de los acuerdos y especialmente porque entendamos que esta, no solamente es el silencio de los fusiles de los ejércitos en contienda, sino una serie de transformaciones sociales que garanticen la inclusión económica, social y política de gigantescos sectores sociales tradicionalmente excluidos.