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Lo aprobado

La ley de procedimiento de la JEP

En una maratónica jornada la plenaria del Senado el pasado 27 de junio aprobó el proyecto de ley que da herramientas procesales para actuar a la Jurisdicción Especial de Paz.

Tras varios aplazamientos del debate, 27 Senadores impedidos y la poca efectividad de la subcomisión que se conformó para unificar una propuesta y presentarla a la plenaria, finalmente y a dos días hábiles de terminar el plazo que daba el decreto que cita a las sesiones extras, el Senado aprobó este proyecto de ley con dos grandes modificaciones, introducidas por la Senadora Paloma Valencia y que da muestra del reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso.

Los impedidos

Este proyecto de ley fue aprobado con un quórum reducido a 38, dado que de 102 “honorables” Senadores, 4 de ellos están con medida de aseguramiento o condenados y por la naturaleza de sus delitos se le ha aplicado silla vacía.

Otros 30 se declararon impedidos argumentando conflicto de interés directo en el proyecto, de los cuales a 27 se los aceptaron. De esos, 8 fueron de Centro Democrático; 6 del Partido Liberal; 5 del Partido de la U; 4 de Opción Ciudadana; 3 del Partido Conservador y 1 de Cambio Radical.

De ellos, 20 lo hicieron por tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia o familiares investigados o condenados por parapolítica o delitos relacionados de manera directa o indirecta con el conflicto armado y los 7 restantes son víctimas del conflicto.

La discusión

El debate en la plenaria del Senado no logró desentramarse, hasta último momento se mantuvo el pulso entre algunos Senadores del partido de la U, Roy Barreras y Roosevelt Rodríguez, el ministro del Interior y la bancada del Centro Democrático liderada por la Senadora Paloma Valencia quien se empeñó en introducir reformas sustanciales al proyecto y no escuchó argumento alguno sobre la constitucionalidad y viabilidad de lo que estaba proponiendo.

Finalmente, con la certeza de quien tenía las mayorías no se le dio más largas al asunto y por unanimidad aprobaron la mayoría de los artículos sobre los cuales no había discusión; y sin mas, los dos artículos sobre los cuales no existían acuerdo fueron sometidos a votación.

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Los dos ‘micos’ que tendrá que revisar la Corte Constitucional

El primero tiene que ver con la forma en la que procederá la Sección de Revisión de la JEP a la hora de estudiar una solicitud de extradición.

El texto aprobado impedirá a dicha sala practicar pruebas para determinar la fecha de la comisión de un determinado delito, se limitará únicamente a verificar que los hechos a los que se refiera la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos.

 

“No podrá decretar pruebas.  En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición”. Esto claramente va en contravía del articulo 19 del acto legislativo 01 del 2017.

El segundo hace referencia al procedimiento especial para los militares y policías que se acogerán a la justicia transicional por cuenta de su participación directa o indirecta en el conflicto armado.

El Centro Democrático insistió en que a los “héroes de la patria” se les debe crear un nuevo mecanismo que deberá ser reglamentado dentro de, máximo año y medio. Sin embargo, para los militares que conserven los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigor del nuevo sistema.

A pesar del lobby que hizo la cúpula militar para que no se aprobara este artículo esto no se logró. El ministro de defensa manifestó su preocupación frente a la puerta que se abre con este artículo para que en el caso de los militares intervenga la Corte Penal Militar.

A las 12:05 am del 28 de junio se citaron las plenarias para dar trámite a las conciliaciones que estaban pendientes, sin mayor discusión en ambas cámaras por unanimidad se acogió el texto que dos horas antes había aprobado el Senado con los micos del Centro Democrático.

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El desinterés de Santos por objetar los ‘micos’ y su inconstitucionalidad

El presidente Santos afirmó que las facultades que tiene no le permiten rechazar artículos concretos sino el conjunto del proyecto. En ese sentido, afirmó que espera que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre los micos introducidos por la bancada uribista.

Lo que no dijo es que él tenía la opción de objetar la ley para que la Corte Constitucional en un término de 6 días se pronunciara sobre la constitucionalidad, y la Corte sí podría modular y declarar la inexequibilidad de estos dos artículos, y darle vía libre al resto de la ley.

En tiempos muy apretados podría haber sido el mismo Juan Manuel Santos el que sancionara la ley, sin embargo, si los tiempos no se ajustaban la ley la tendría que sancionar Duque y de no hacerlo se le traslada la facultad al presidente del Congreso. Al perder esta posibilidad aun queda la esperanza que la Corte Constitucional rectifique y los declare inconstitucionales, sin embargo, mientras eso sucede podemos tener una ley inconstitucional operando por varios meses.

Fondo de ciencia y tecnología para proyectos de paz

Con 51 votos a favor y 4 en contra, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto que modifica los programas de inversión que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

El proyecto que busca regular programas y proyectos que se financien con el Fondo de Ciencia y Tecnología a través de convocatorias públicas, tratará de agilizar la inversión en los planes departamentales que puedan ajustarse a los temas regionales. Esto con el fin de dar cumplimiento al acto legislativo 04 de 2017.

Las prioridades del proyecto como lo hacen evidente sus 10 artículos se centran en la implementación de energías renovables y adelantos en Colciencias que beneficien a los territorios.

Solo resta que el ejecutivo sancione la norma que entrará a regir apenas sea publicada en la gaceta de la presidencia.

 

Comisiones constitucionales

El proyecto fue aprobado por las plenarias de Senado y Cámara el pasado jueves cerca de la 1:00 am en una sesión extraordinaria. Si este proyecto no hubiese sido aprobado habría generado un obstáculo en el legislativo, pues no se habrían podido posesionar las comisiones del Congreso.

La iniciativa establece que la ampliación de los cupos disponibles para los nuevos congresistas estará en las comisiones Primera (dos cupos), Tercera (dos Cupos) y Quinta (un cupo) de cada cámara durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Es decir, se amplían los cupos de dichas comisiones, pero la adjudicación de las curules se hará por la regla del cociente electoral y no será una adjudicación a dedo como varios congresistas temían.

También dispone que los legisladores del partido político FARC no harán parte de la Comisión Segunda de ninguna de las dos cámaras dado que esta maneja los temas de relaciones internacionales y de defensa Nacional. Dicha proposición fue presentada por la senadora Paloma Valencia y fue aprobada en el texto del Senado y acogida en la conciliación.

 

Sometimiento de las bandas criminales

Cabe recordar que el proyecto de sometimiento de bandas criminales fue aprobado el pasado 20 de junio, antes de que fuese expedido el decreto que convocaba a sesiones extraordinarias. El proyecto que espera ser sancionado por la presidencia de la república desde el 21 de junio es parte fundamental del punto 3 del Acuerdo Final y ayudaría a desmantelar y desarticular a las estructuras sucesoras del paramilitarismo.

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Lo aplazado

Adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal se discutirá a partir del 20 de julio

La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que autoriza la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-productoras y que hace parte integral de los acuerdos de paz. Sin embargo, la plenaria del Senado aplazó el debate del proyecto para el próximo 20 de julio, esto a petición de diferentes bancadas y en especial de la senadora Myriam Paredes que mostró su inconformismo con dos proposiciones aprobadas en el texto de la Cámara.

El texto aprobado por la Cámara y las proposiciones aprobadas establecen que las comunidades que habitan estas zonas de reserva deben llevar no menos de cinco años en el sitio y pueden acceder a tres millones de hectáreas, familias a las cuales se les garantizará apoyo en procesos de conservación, desarrollo forestal y negocios verdes. Además, se permitirá la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en dichas zonas de adjudicación, cuando éstas respondan a los criterios de conservación y protección de la reserva, así como las actividades económicas que desempeñen no afecten negativamente el ecosistema.

Varios senadores han argumentado que dichas zonas no pueden declararse como ZRC por su naturaleza de ecosistemas y conservación. También estos mostraron reparos por la inclusión de las ZIDRES dentro del proyecto, dado que lo consideran contraproducente.

El argumento para esta última situación se basa en que la implementación de grandes proyectos agrícolas en estas zonas resultaría nefasta para los ecosistemas y que la adjudicación debe darse solo y exclusivamente a quienes carecen de la tierra necesaria para subsistir en estas zonas y debe emplearse como una estrategia de conservación ambiental e hídrica con las comunidades.

Reforma a la Ley 152 de 1994 y un salvavidas constitucional

La iniciativa que parecía iba a ser archivada por el Congreso, vio luz verde mediante el artículo 162 de la Constitución Política. Dicho artículo establece que todos los proyectos de ley que hayan tenido al menos un debate pueden hacer tránsito entre legislaturas, sin importar que la siguiente legislatura empiece un nuevo Congreso.

En este orden de ideas, la iniciativa del Ministerio de Hacienda tiene de nuevo oxígeno para avanzar dentro del legislativo y permitirle al Acuerdo final tener sostenibilidad fiscal y programática a nivel territorial en los próximos doce años. Pero debe ser el Ministerio de Hacienda quien saque adelante el proyecto en los próximos doce meses, atendiendo a la necesidad de darle un soporte económico y jurídico al acuerdo en los niveles territoriales.

 

Lo que se tiene que volver a presentar

Dentro del paquete de las iniciativas parlamentarias y del ejecutivo que fueron archivadas se encuentran nuevamente varios proyectos de la Reforma Rural Integral. Las iniciativas de adecuación de tierras y de catastro multipropósito fueron archivadas nuevamente dado que ninguna de estas contó con un solo debate.

También se suman a estas pérdidas el proyecto de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores que, a pesar de tener ponencia para primer debate, nunca logró concretarse la discusión del mismo.

Los proyectos de las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, la Reforma Política, ni la ley de garantías de participación y protesta para las organizaciones y movimientos sociales fueron presentados por el ejecutivo y deberían presentarse como cumplimento del acto legislativo 02 de 2017.