En la mesa de conversaciones de La Habana, la preocupación por la seguridad jurídica fue un asunto sobre todo de los militares. El de la dignidad, si se quiere en clave política (e histórica), era el de la guerrilla. No se quiere decir con esto que a los militares no les hubiera interesado un tratamiento digno para efectos de la terminación del conflicto armado, o que la guerrilla no hubiera querido garantizar seguridad jurídica para sus combatientes y comandancia. 

De facto, las acciones de la fuerza pública han gozado de una narrativa que atornilla legalidad, legitimidad y reconocimiento. No es gratuito que la propaganda oficial los ensalce todavía hoy, a pesar de todo, como los “héroes” (realmente existentes) de la Patria. Por el contrario, la guerrilla, como alter ego del héroe y enemiga del statu quo que este defiende, ha sido representada históricamente como ilegítima, criminal y terrorista.

Por fuera de la ley, la guerrilla, y en nombre de la ley, el ejército, es lógico que en la mesa los enemigos militares hubieran tratado de recuperar lo que perdieron por efecto de la guerra: el reconocimiento (y la dignidad) del alzamiento en armas, por un lado, y la garantía de que “los desafueros” cometidos con ocasión del conflicto armado no rebasaran la interpretación de la (justicia en la) defensa del orden, por el otro.

Fue eso es lo que la nueva coalición uribista hizo trizas en el Congreso la semana pasada:

  1. Al insistir en la retórica de “no equiparar a los héroes de la patria con los terroristas” y por eso mismo crear una sala exclusiva para juzgar a los militares distinta de las salas de reconocimiento y amnistía e indulto de la JEP, con lo que los expone ante la Corte Penal Internacional (como ya lo han señalado varios expertos).
  2. Por su preocupación obsesiva con la narrativa del final del conflicto, es decir, sobre quién escribe la historia de los hechos de la guerra, de lo cual depende el legado de Uribe y paradójicamente, su propia seguridad jurídica.

Contexto: Estos son los dos ‘articulitos’ que el uribismo le cambió a la JEP

Por el lado de la dignidad, lo que ha estado de fondo es una tensión entre el carácter ordinario o extraordinario de los dispositivos de justicia transicional, fundamentalmente de la JEP. 

El asunto, llanamente, es si tratar a las guerrillas como delincuentes, siguiendo un modelo de justicia ordinarizante; o si tratarlas en una perspectiva político-militar, de acuerdo a un modelo extraordinarizante.

El primer punto de vista pertenece a quienes siempre propugnaron por una victoria militar: su consideración era que la justicia transicional debía ser solo una expresión de la justicia ordinaria. Desde este punto de vista, la contraparte es asumida como criminal y terrorista, y debe ser sometida a la justicia.

Por el otro lado, quienes asumen la justicia transicional como justicia extraordinaria, han considerado que se debe reconocer el estatus político de la contraparte, y en correspondencia, reconocer la politicidad de la escena judicial. De esta manera, rompen con la visión ordinarizante y criminalizante de la justicia transicional. 

Eso es lo que no le gusta al Centro Democrático y a eso debe su pelea a muerte con el Tribunal de la JEP. (Contexto: Paloma Valencia se refiere a magistrados de la JEP como “jueces del terrorismo”)

Justicia y paz, lo que está en debate

Los modelos de judicialización producto de las negociaciones políticas tienden a inclinar la balanza hacia la paz. Por el contrario, aquellos producto de las victorias militares se inclinan más hacia la justicia (de vencedores).

El Acuerdo de Víctimas de La Habana, construido en el marco de una negociación política para la terminación del conflicto armado, no es ajeno a dicha “tendencia”. En esa dirección, el acuerdo suscribe tanto el derecho de las víctimas a que se haga justicia, como el derecho que tienen todos los colombianos a vivir en paz.

El famoso aparte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la masacre de El Mozote, en El Salvador, es esclarecedor en ese sentido:

“Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla”.

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el Acuerdo logra un balance entre justicia y paz, debido, por lo menos, a cuatro aspectos: i) al modelo como tal (a la visión de sistema), ii) a la bidireccionalidad de sus mecanismos, iii) al reconocimiento de la politicidad de la escena judicial, y (iv) a la manera como se definirán las responsabilidades.

El primer aspecto tiene que ver con la visión holística propuesta por Naciones Unidas en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de 2012.

El segundo es coherente con el primero: la vocación de sistema apunta a que los distintos mecanismos que vehiculan los principios de la justicia transicional (la JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad de personas dadas por desaparecidas y los programas de reparación, para el caso colombiano) sean implementados de manera coordinada e interconectada, lo cual no debe suponer ni un solapamiento de funciones ni algún tipo de superioridad de unos mecanismos sobre otros.

La consideración de estos dos aspectos comprende un concepto de justicia ampliado, en el que la perspectiva retributiva – el castigo – es alimentada por perspectivas de justicia restaurativa y distributiva (la verdad, la reparación y la no repetición, por ejemplo). 

El tercer aspecto se sigue del debate sobre la vocación ordinarizante o extraordinarizante de la JT anteriormente expuesto.

La visión “despolitizada” de la escena judicial provista por el uribismo y por el mismo gobierno a través del derogado Marco Jurídico para la Paz, tuvo que ceder paso al reconocimiento del delito político en la JEP, por medio de la incorporación de una Sala de Amnistía e Indulto. 

Esta fue una concesión a las Farc dado que se les reconoció como actor político en la mesa, bajo la promesa de que posterior a su desmovilización podrían ingresar a la competencia política institucional, como lo señaló el propio ex comisionado de paz y actual embajador en Bruselas, Sergio Jaramillo. (Contexto: La inclusión política garantiza que no se repita la violencia)

Por último, la imputación de responsabilidades no se descargará sobre los máximos responsables, sino que se “administrará” de acuerdo a la comprobación de la participación determinante en los hechos. Esta fue una concesión tanto a la guerrilla como a la cúpula militar, bastante comprometida con asesinatos a sangre fría de civiles que se hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate (Falsos positivos). 

He ahí el meollo de su seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que la nueva coalición uribista en el Congreso hizo trizas.