El balance de la gestión de Omar Mejía al frente de la UT se puede medir por el cambio en la relación con el Ministerio de Educación Nacional en estos dos años, que pasó de ofrecer la intervención y reestructuración por ley de quiebras (2016), a aceptar las condiciones iniciales para la acreditación de alta calidad (2018).

En palabras del representante de los profesores al CSU, Alexander Martínez Rivillas:

 

“Pasamos de un escenario de ingobernabilidad, con un déficit que superaba los $24 mil millones después de haber contado con un superávit superior a los $30 mil millones, no había plata para pagar las deudas con trabajadores, profesores y proveedores, los bancos no prestaban plata por la propia crisis, y la única salida que nos ofrecían eran cierre temporal o la ley de quiebras.

Entonces, desde septiembre de 2016 hasta acá, con la posesión de Mejía,  se ha logrado rebajar el déficit a un poco más de $8 mil millones, se han pagado los salarios, se han saldado las deudas y la universidad se logró estabilizar financieramente y desde el punto de vista de la gobernabilidad”.

 

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Eso es lo que, según lo que se escucha en el campus universitario, le reconoció el consejo superior hoy y la propia ministra de educación, Yaneth Giha, quien presidió personalmente la sesión extraordinaria para la designación del rector.

 

 

Quienes conocen la movida política en la UT saben que ese apoyo no es menor (aun ad portas del cambio en el gobierno nacional, que volverá a repartir las fichas), porque, primero, le da el empujón que necesita para la acreditación de alta calidad, que es casi un hecho; y segundo, porque manda un mensaje de legitimidad que blinda la elección, precisamente en este momento en el que ante la incapacidad de movilizar a la comunidad universitaria en contra de Mejía, sus opositores han emprendido un ataque judicial sin precedentes.

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La Pipa conoció que la institución se ha notificado de cinco tutelas y se especula que hay otras 30 que reposan en los tribunales, todas con la pretensión de suspender el nombramiento en propiedad del rector.

De acuerdo con nuestras fuentes, estas tutelas – una negada por un juez, las demás a espera de fallo – en términos generales alegan que no hubo garantías para que los demás candidatos pudieran competir en igualdad de condiciones (ellos mismos tutelaron), el vencimiento del periodo de algunos de los consejeros del CSU y la supuesta violación al derecho de elegir y ser elegido. 

Detrás de la “tutelatón” en contra de la designación de Mejía, a parte de los dos decanos candidatos, Luis Alfredo Lozano Botache y Andrés Felipe Velásquez Mosquera, están dirigentes sindicales de vieja data en la UT: Félix Salgado, presidente de la Asociación Sindical de Docentes de la Universidad del Tolima; y Pedro Galeano, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol.

Aunque por ahora estas fuerzas no se han expresado por fuera de los tribunales (habrían estado detrás de la demanda que se encuentra en este momento en el Consejo de Estado), según una fuente que consultamos, “es posible que traten de movilizar la gente alegando que el proceso fue ilegítimo, aunque en la UT pocos les creen porque se sabe que eran amigos de la administración anterior y son viudos del poder“.

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Dado que Mejía ha logrado una estabilización paulatina del alma mater, como aseguró Martínez Rivillas, por ahora el mayor reto que tiene en el corto plazo son las reformas que quedaron aplazadas por la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Solamente la culminación exitosa de la reestructuración académico administrativa, y la modernización de los estatutos general, de estudiantes y de profesores, en conjunto con la reorganización de la planta global, le permitirán contar una “Nueva historia”, por lo menos desde el punto de vista institucional.