Fondo de Capital Humano para la Transición en Colombia

Contexto: “La implementación va a media máquina”: Instituto Kroc

Experiencias nacionales e internacionales han demostrado que la polarización, tanto política como social, es un factor que incentiva la intolerancia y la violencia y desacelera el desarrollo.

En el actual contexto electoral en el que se encuentra Colombia, es de suma relevancia trabajar en la construcción de propuestas y espacios de diálogo para superar la polarización entre distintos sectores políticos, especialmente en asuntos de interés nacional como la seguridad, la inclusión y los derechos de las víctimas.

Con el propósito de aportar a este diálogo, el Fondo de Capital Humano (FCH), coordinado y liderado por el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), comparte una serie de recomendaciones dirigidas a todos los sectores políticos y orientadas a contribuir con la definición de algunos elementos básicos de lo que sería importante que el próximo Gobierno tuviera en cuenta durante sus primeros cien días en las áreas señaladas, con el fin de contribuir a la construcción de una paz sostenible.

La idea de hacer estas recomendaciones surgió de una reflexión con líderes que se opusieron al acuerdo de paz y/o su implementación. Para ello, se elaboró una propuesta al interior del FCH, teniendo en cuenta su conocimiento de primera mano sobre el Acuerdo y la negociación. Esta propuesta se socializó con distintos sectores políticos a favor y en contra del acuerdo, en un diálogo en el cual se escucharon sus principales inquietudes y preocupaciones. Producto de este diálogo se reforzaron aquellos temas en los cuales podría existir un consenso entre los distintos sectores políticos en torno a la construcción de paz y la consolidación del Estado de Derecho.

Las recomendaciones están organizadas en cuatro ejes temáticos: (i) estabilización de los territorios más afectados por el conflicto, (ii) desarrollo social y económico en áreas rurales, (iii) satisfacción de los derechos de las víctimas y (iv) fortalecimiento del sistema político. Vistas en su conjunto, estas recomendaciones trazan una hoja de ruta para que quien llegue a ser Gobierno pueda consolidar los esfuerzos y avanzar en estos temas. Sin duda, de cada una de ellas se derivan medidas mucho más específicas y complejas. Por ahora, con éstas se pone a disposición del público un mapa general, sin que pretendan ser exhaustivas.

I. Estabilización de los territorios más afectados por el conflicto

Contexto: Juntos pero no revueltos: seguridad rural en zonas violentas

Las acciones de bandas criminales y de crimen organizado en varias regiones del país, así como la persistencia de la violencia contra líderes sociales y políticos, muestran la importancia de que el próximo gobierno continúe adoptando medidas orientadas a fortalecer la presencia institucional en los territorios, garantizando la seguridad para todos los ciudadanos y el tránsito a economías legales.

Asegurar la estabilización de los territorios más afectados por el conflicto exige un análisis del cambio de contexto de seguridad y del rol de la fuerza pública en los territorios. De igual manera, exige la adopción de medidas de seguridad inmediatas y acertadas, incluyendo un efectivo proceso de reincorporación social y económica de excombatientes y una estrategia territorial de combate al crimen organizado, al narcotráfico y una estrategia de administración de justicia.

El otro elemento esencial para estabilizar los territorios pasa por dar una solución adecuada al problema de los cultivos ilícitos, el cual se aborda en el segundo eje sobre desarrollo económico y social en las áreas rurales.

En el marco de su compromiso con la no repetición, consideramos prioritario que el próximo Gobierno:

1. Ponga en marcha una estrategia de seguridad que se adecúe a la nueva coyuntura y a las particularidades de los territorios y que incluya, como mínimo, (i) sentar las bases para replantear el concepto de seguridad ciudadana, de una visión nacional hacia versiones más locales y cercanas a los ciudadanos, (ii) iniciar el diseño de fórmulas de seguridad ciudadana en territorios que requieren una transición de aproximaciones exclusivamente militares hacia intervenciones policiales; (iii) fortalecer la presencia de la fuerza pública, de manera diferenciada por territorio, en particular en las zonas más afectadas por la violencia producto de las disidencias de las FARC, otros grupos armados u organizaciones de crimen organizado; (iv) ofrecer medidas para atacar los factores orgánicos (lavado de activos, por ejemplo) y territoriales que reproducen el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción; (v) dar garantías de protección idóneas para líderes sociales, dirigentes políticos, incluidos los miembros del partido político FARC y ex combatientes; y (vi) articular estas medidas con mecanismos efectivos de persecución judicial y administración de justicia a nivel local.

2. Desarrolle un programa de reincorporación social y económica de los ex combatientes de las FARC con elementos educativos y de proyectos productivos, garantizando que éste cuente con i) un enfoque diferencial que incluye tener en cuenta las dimensiones rurales y urbanas y el enfoque de género; ii) medidas individuales y colectivas con una orientación comunitaria para la contribución e inclusión de los ex combatientes a la vida de los territorios; iii) herramientas que en coordinación con la institucionalidad competente estén orientadas a garantizar y verificar el contenido reparador de dichas medidas; y iv) un esquema fuerte de seguimiento y evaluación institucional que certifique el cumplimiento de dicho programa.

II. Desarrollo social y económico en las regiones

Contexto: Retos y oportunidades para la transformación del campo: los PDET

Hay un consenso amplio con respecto a que el salto cualitativo en términos de desarrollo y modernización de Colombia pasa por cerrar el ciclo de violencia, el cual a su vez depende de fortalecer la presencia del Estado en los territorios, generar condiciones para un crecimiento sostenible e incluyente en las zonas rurales que permita mejorar la situación de los habitantes del campo, especialmente en aquellas donde se requiere dar alternativas efectivas a los cultivos de coca de uso ilícito.

Por ello, le recomendamos al próximo Gobierno:

1. Orientar la inversión sectorial hacia la provisión de bienes públicos rurales que jalonen la competitividad y el desarrollo social, especialmente aquella dirigida a mejorar la infraestructura (vías terciarias y vivienda), los servicios sociales (educación y salud), la extensión rural (incluye entre otros temas de transferencia de tecnología, asistencia técnica y procesos de educación no formal) y las cadenas de comercialización.

2. Priorizar la inversión y la intervención del Estado en los territorios más afectados por el conflicto y las economías ilegales, garantizando que haya recursos suficientes y una oferta pertinente y oportuna. En lo inmediato, esto supone asegurar la financiación y continuidad en la gestión de las instituciones a cargo de los procesos de planeación participativa del desarrollo a nivel territorial, que a su vez deben velar por garantizar espacios de diálogo y encuentro de los diferentes actores presentes en el territorio, incluido el sector privado, que se constituyen, además, en espacios fundamentales para la reconciliación y la convivencia en los territorios.

3. Promover el acceso y la formalización de la tierra como activo productivo esencial para salir de la pobreza rural. Esto implica, entre otras cosas, terminar de regularizar y clarificar los derechos de los ocupantes de baldíos con medidas diferenciadas según tipos de ocupantes que respondan a las realidades de los territorios.

4. Avanzar en la consolidación del catastro multipropósito para dar seguridad jurídica de la propiedad, mejorar el uso de la tierra y en beneficio de la protección y preservación ambiental del suelo rural, así como de los recaudos municipales.

5. Tomar medidas para establecer mecanismos oportunos y adecuados de resolución de conflictos sobre la tenencia y el uso de la tierra, como la creación de la jurisdicción agraria.

6. Unificar la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos bajo una sola estrategia que esté orientada por criterios de efectividad y, en la medida en que se articule con el desarrollo rural, de sostenibilidad y no resurgimiento de los mismos. En los casos en los que se logren acuerdos con las comunidades, el Gobierno deberá privilegiar la sustitución voluntaria, y en los casos en los que no se logren acuerdos o haya incumplimiento de los mismos, el Gobierno deberá acudir la erradicación, así como en los casos en los que las condiciones de seguridad, geográficas o el tamaño de los cultivos no permitan llevar a cabo la sustitución.

7. Brindar un tratamiento penal especial para los campesinos en condición de pobreza vinculados a los cultivos ilícitos, siempre y cuando se comprometan con la sustitución voluntaria.

8. Reforzar la estrategia de inteligencia, persecución policial y judicial y desmantelamiento del crimen organizado y del narcotráfico, especialmente en la cadena de distribución y comercialización.

III. Satisfacción de los derechos de las víctimas

Uno de los principales objetivos del próximo Gobierno debería orientarse hacia la dignificación de las víctimas, la reconciliación y la convivencia. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, trae las herramientas para que la sociedad colombiana pueda trabajar hacia ello, velando por la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas a través del reconocimiento de lo que ocurrió y de la gravedad de las violaciones, de la definición de responsabilidades y de la generación de nuevas oportunidades para las víctimas, los responsables y toda la sociedad.

En este marco, consideramos prioritario para el próximo Gobierno:

1. Asegurar la asignación de recursos y la autonomía administrativa de los mecanismos del Sistema orientados a establecer la verdad, justicia, reparación y no repetición, de tal manera que puedan cumplir con sus funciones, garantizando la satisfacción de los derechos de las víctimas.

2. Adelantar las acciones necesarias para una debida articulación y cooperación entre los componentes y medidas del Sistema Integral, incluida la política pública de víctimas y el programa de reincorporación de excombatientes.

3. Comprometerse con la adecuada y pronta entrega de información por parte de los diferentes sectores del Gobierno a los mecanismos del Sistema, en concordancia con la normatividad vigente sobre reserva de la información, así como con promover que la Fiscalía, altas Cortes y otras entidades estatales hagan lo propio.

4. Adelantar todas las acciones para velar porque todos aquellos que han tenido alguna responsabilidad en el marco del conflicto la reconozcan y se comprometan con el esclarecimiento de la verdad.

5. Garantizar que todos aquellos que hayan causado daños en el marco del conflicto armado puedan participar en el desarrollo de acciones concretas de contribución a la reparación dentro del programa administrativo de reparación a víctimas. De igual manera, exigirle a los responsables de crímenes graves la contribución a la reparación. En ambos casos deberá hacerse evidente el carácter reprochable de los hechos victimizantes que provocan dicha reparación y así evitar que sean utilizados para fines políticos.

6. Reafirmar su compromiso con la persecución de bienes adquiridos ilícitamente colaborando con los entes competentes.

7. Comprometerse con la adecuación y fortalecimiento de la política pública de víctimas en temas críticos como su temporalidad, la reparación simbólica, la atención psicosocial, y la relación entre la reparación colectiva, los retornos o reubicaciones y/o la restitución de tierras y el desarrollo rural.

IV. Fortalecimiento del sistema político

La consolidación del Estado Social de Derecho tiene como condición la ampliación y cualificación de la democracia, lo que involucra tanto al Estado en sus diferentes ramas y niveles como a los ciudadanos. Uno de los principales objetivos del próximo Gobierno debería centrarse en la búsqueda de un mayor consenso sobre las transformaciones necesarias dentro del sistema político colombiano, con el fin de ampliar el pluralismo y la inclusión política, y en recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En ese sentido sugerimos al próximo Gobierno:

1. Retomar e identificar propuestas de reformas estructurales al sistema electoral con el fin de promocionar la transparencia en las elecciones nacionales, departamentales, municipales y locales, así como a la financiación de las campañas.

2. Comprometerse con el fortalecimiento del sistema de partidos políticos promoviendo reformas que garanticen mayores oportunidades para los pequeños y medianos partidos y una mayor representatividad y coherencia dentro del sistema, por ejemplo, desligando la obtención y conservación de la personería jurídica del logro del umbral electoral y a través de listas cerradas. Sería importante que estas reformas incluyan medidas que eviten la proliferación de partidos, promuevan la adquisición progresiva de derechos políticos, y fomenten la toma de decisiones democrática al interior de los partidos.

3. Comprometerse con las transformaciones necesarias en aras de una mayor participación política territorial a través de mecanismos transparentes de representación de víctimas y de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

4. Tomar las medidas necesarias para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel nacional, departamental, municipal y local, con el fin de que las políticas públicas se construyan sobre la base de las prioridades de las comunidades. De igual manera sería importante promover una mayor participación de la ciudadanía en los mecanismos de veeduría efectiva y rendición de cuentas. Así mismo, será conveniente que el próximo Gobierno tome todas las medidas para evitar que los nuevos espacios de participación sean cooptados por el clientelismo político, y asegurar que puedan contribuir a canalizar y tramitar conflictos emergentes.

5. En los territorios, velar por la consecución de consensos mínimos sobre lo fundamental, así como promover un lenguaje de respeto, aún entre actores antagónicos, apoyado, por ejemplo, en los consejos territoriales de paz y a partir de iniciativas como la cátedra de paz en los colegios.

 

El próximo Gobierno, cualquiera que sea, tiene una gran oportunidad de formar nuevas alianzas políticas y sociales, a nivel nacional e internacional, a partir de la construcción de consensos frente a estos temas que son esenciales para la estabilidad del país. Adicionalmente, los puntos que se mencionan en este documento constituyen una herramienta para afrontar la creciente polarización que amenaza cualquier esfuerzo en materia de seguridad, tolerancia y desarrollo.