Por Camilo Tamayo Gómez*, vía Razón Pública

Expectativas e interrogantes

El jueves de esta semana comenzó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es la columna vertebral del Acuerdo entre el Estado y las FARC y de la cual dependerá principalmente el éxito o el fracaso del postconflicto.

Por eso este año es crucial para Colombia en materia de justicia para los victimarios, reparación para las víctimas, integración a la sociedad civil para los excombatientes y construcción de memoria histórica para todos los colombianos.

El proceso comenzó con la elección de 31 de los 38 magistrados que hacen parte de la JEP, el nombramiento del director de la Unidad de Investigación y Acusación, y la posesión de los 11 integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

La  principal  responsabilidad de estas instituciones será reconstruir la historia de las últimas cinco décadas para garantizar la reparación simbólica de las víctimas y la certeza de que estos aterradores episodios no volverán a suceder jamás.

¿Cuáles son los retos de estos organismos?, ¿qué lecciones del pasado deberán tener en cuenta?, ¿qué aliados necesitarán para lograr su cometido?

Dos lecciones del pasado

En el año 2017 el Proyecto Antonio Nariño (PAN)  publicó el documento “Los retos para el acceso a la información en la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las FARC”, donde llamaba la atención sobre la falta de transparencia del proceso de Justicia y Paz – cuyo objetivo fue reincorporar a la vida civil a los excombatientes de organizaciones al margen de la ley, particularmente de grupos paramilitares -.

Este proceso presentó numerosos obstáculos que dificultaron el esclarecimiento de los hechos, la reconstrucción de la memoria histórica, la reparación de las víctimas y la integración exitosa de los excombatientes a la sociedad civil.

A menos dos de estos obstáculos necesitan ahora volver a recordarse:

  • El desconocimiento del paradero y las condiciones materiales de los registros que contienen la información completa sobre los delitos cometidos por los ex combatientes.

Según el PAN, hasta el 26 de diciembre de 2016 habían rendido versión libre 7.531 implicados y se habían emitido 49 sentencias. De acuerdo con la Fiscalía General, existen 76.981 registros técnicos de las versiones libres; sin embargo, hasta el día de hoy, no se conoce su ubicación de manera precisa ni se conoce el estado en que se encuentran.

  • La imposibilidad de que todos los colombianos podamos acceder a esta información, pues de acuerdo con la Ley 975 de 2005 (o sea la ley de “Justicia y Paz), sólo las personas involucradas en los hechos pueden consultar los archivos de vídeo de las audiencias, los documentos elaborados y los datos recolectados.

Estas fallas en el proceso de Justicia y Paz son muy claros llamados de atención para la JEP y la Comisión de la Verdad. Evidentemente la recolección y conservación de información referente a lo sucedido en los últimos 50 años de la historia colombiana, así como su difusión a toda la población son fundamentales para que tenga éxito el proceso de transición que actualmente experimenta la sociedad colombiana.

La JEP y la Comisión de la Verdad deben evitar a toda costa la repetición de los errores cometidos bajo la ley de Justicia y Paz. Para ello tendrán que desarrollar mecanismos efectivos para recolectar y archivar tanta información como sea posible – pues solo a partir de aquí cabe pensar en la justicia y en una verdad que sea verdadera e incorpore las verdades de los que las vivieron.

Así mismo la JEP y la Comisión deberán garantizar que la totalidad de la sociedad colombiana acceda a esa información y participe activamente del proceso de reconstrucción del tejido social.

Algunos retos del proceso actual

Tanto el panorama como los precedentes descritos anteriormente, permiten identificar los principales retos que enfrentarán la JEP y la Comisión de la Verdad en el momento de esclarecer lo sucedido durante las últimas cinco décadas. Éstos son:

  • Recolectar información de forma rigurosa y responsable con el objetivo de construir una verdad histórica amplia e informada que dé cuenta de la complejidad y los múltiples matices  del conflicto armado.
  • Evitar que los partidos políticos distorsionen esa verdad para ganar seguidores y aumentar la polarización en la población civil.
  • Garantizar que la información recolectada por la Comisión de la Verdad y la JEP sea accesible para todos los colombianos.
  • Dar a conocer oportunamente la información, con la ayuda de los distintos medios de comunicación nacionales.
  • Prestar atención a la forma como esos medios van a presentar las narrativas de las víctimas que fueron recopiladas por la Comisión de la Verdad. Es fundamental constatar que les den espacio a las víctimas, presentando sus narraciones con dignidad y respeto.

Los últimos tres numerales merecen especial atención porque muestran que los medios de comunicación jugarán un papel central tanto en la construcción de conocimiento y memoria colectivos como en su divulgación al pueblo colombiano. Indudablemente su labor será vital para recuperar el tejido social y promover una cultura de paz que les devuelva a los damnificados su derecho a vivir una vida digna.

Por lo tanto, la JEP y la Comisión de la Verdad deberán establecer vínculos estrechos con los medios de comunicación y permanecer atentos a la forma como estos transmitan la información referente al conflicto armado. Importa sobre todo asegurar que se le dé visibilidad al testimonio de las víctimas, que se presenten con exactitud  pero con justicia las perspectivas de los actores del conflicto, que se restituya simbólicamente a las víctimas y que produzca en los ciudadanos el deseo de participar de la construcción de una sociedad pacífica.

¿Posconflicto?

Por otra parte, la reconciliación entre los actores del conflicto armado es uno de los aspectos de los Acuerdos de Paz en el que menos se ha progresado hasta el momento.

La JEP y la Comisión de la Verdad tendrán que propiciar esfuerzos y consensos entre las distintas partes del conflicto. En la misma línea, estos organismos deberán definir si en el contexto colombiano es posible hablar de post-conflicto y, si lo es, bajo qué términos y en con qué particularidades.

Así mismo, es indispensable que la JEP y la Comisión de la Verdad garanticen que se lleven a cabo los procesos de justicia transicional para dar espacio a las narrativas del conflicto que han permanecido ocultas hasta hoy.

Nada de lo anterior será tarea fácil debido –además- a que el conflicto armado sigue operando en algunas regiones del país.

Hoy, más que nunca, es primordial contar con el respaldo de todos los colombianos y de las instituciones gubernamentales para lograr que la implementación de los Acuerdos de Paz conduzca de verdad a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

 


*Doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Huddersfield (Reino Unido), coordinador de la Especialización en Comunicación Política de la Universidad EAFIT.