Luego de tres semanas de puja por la valorización y la actualización del catastro urbano de Ibagué, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo finalmente cedió. Lo obligó el multitudinario ‘cacerolazo’ que promovió el “Colectivo de periodistas y ciudadanos del No al predialazo en Ibagué”, liderados por los locutores Mauricio Vargas, de la emisora Ondas de Ibagué; Rubén Darío Correa, de La Cariñosa; y el abogado Wilson Leal Echeverry.

El proceso, que ha sido interpretado por distintos analistas como “el primer round por la alcaldía de Ibagué”, reveló varias cosas, que acá les contamos:

 

1. La voz del pueblo sigue siendo la voz de Dios

Se calcula que por lo menos cinco mil personas salieron a protestar el pasado jueves en contra del cobro del impuesto predial, por cuenta de la actualización del catastro urbano que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac.

Aunque el alcalde en principio fue renuente a la idea de revertir el cobro que inició la Secretaría de Hacienda, en cabeza de Juan Vicente Espinosa (cuota de Cambio Radical en el gobierno municipal), luego del ‘cacerolazo’, Jaramillo no tuvo otro remedio que recular.

Decidió suspender el convenio con el Igac, desplegar un equipo para supervisar la ejecución de la actualización catastral y solicitarle al concejo que el incremento del predial no sobrepase el 25 por ciento para los estratos 1, 2, 3 y 4.

Por ahora la puja sigue, y, como dice el dicho: “perder una batalla no es perder la guerra”, Jaramillo, un hombre de mil batallas, seguramente no se quedará con la espinita que le sembraron quienes, tras dos años de gobierno, ya se graduaron como sus contradictores no mediáticos sino políticos. 

Está por verse también si los errores en torno a este asunto menguan la popularidad del alcalde, que por ahora sigue bien posicionada.

 

2. No solo intereses altruistas

Aunque el “Colectivo de periodistas y ciudadanos del No al predialazo en Ibagué” que como ya dijimos, lideran los periodistas Mauricio Vargas y Rubén Darío Correa, y el abogado Wilson Leal Echeverry, se ha presentado como una iniciativa desinteresada, desprovista de intereses políticos y electorales, motivada exclusivamente por el interés general, lo cierto es que varios opositores políticos del alcalde estuvieron colaborando activamente en la convocatoria y en la recolección de documentos y testimonios que la mesa de trabajo presentó como primicia.

Es el caso de Agustín Angarita, ex candidato a la alcaldía de Ibagué y ex asesor de Luis H. Rodríguez, procesado por el desfalco de los Juegos Nacionales; Gustavo Ramos Arjona, militante de Centro Democrático, ex congresista, muy cercano a Ricardo Ferro; y de Alexander Castro, ex asesor del gobernador Oscar Barreto y coordinador de la campaña de Germán Vargas Lleras en Tolima; entre otros, como los concejales conservadores (opositores de Jaramillo) Jorge Bolívar y Carlos Andrés Portela. 

Otros, encampañados, también se subieron al bus contra el predial, como Adriana Magaly Matiz y Miguel Barreto. De hecho, la politización de la actualización catastral de Ibagué trascendió las fronteras del Tolima, y el mismo Ex presidente y Senador, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció en contra.

 

Ibagué protesta contra el exceso de avalúo catastral que abusa, frena inversión y empleo y empobrece más a los pobres

Δημοσιεύτηκε από Álvaro Uribe Vélez στις Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

 

Detrás de todo esto, según conoció lapipa.co por varias fuentes, estaría el empresario y terrateniente Henry Escobar, el opositor más poderoso que tiene Jaramillo en el Tolima.

Escobar es quien habría sentado a los periodistas, enemistados hace varios años, y habría posibilitado la unión de distintos sectores en contra del proceso. 

 

3. El proceso sí tuvo errores, pero Jaramillo también tiene razón

La clientelización del Igac por cuenta del partido liberal, al parecer, en cabeza del Representante Ángel María Gaitán; el presunto maltrato a los contratistas, las dudas que se han sembrado sobre el procedimiento y el hecho de que se haya avanzado con el cobro apenas con la mitad de los predios actualizados, hirieron profundamente la legitimidad del proceso.

Esto también obligó al alcalde a ordenar la supervisión técnica de la actualización, a fin de blindarla ante las autoridades y la ciudadanía.

Sin embargo, Jaramillo también tiene razón respecto de que ha habido pactos entre grandes propietarios y políticos para que la actualización no se haga, o que en el mejor de los casos (para ellos, no para la ciudad), tengan que pagar cifras exiguas que no corresponden con el valor real de la propiedad que tienen sobre el suelo urbano y rural.

El profesor de la Universidad del Tolima, Alexander Martínez Rivillas, mostró esa realidad a través de cifras y registros en una entrada en lapipa.co: 

 

https://lapipa.co/defensa-del-latifundio-objetivo-de-clase-politica-que-se-opone-al-cobro-del-predial-en-ibague/

 

Por otro lado, el secretario de Planeación municipal, Héctor Cervera, evidenció que el exclusivo condominio Las Victorias, aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial como zona rural, cuando tiene todas las condiciones de una zona urbana. 

Esto, que no se hace a espaldas del gobierno municipal, le da a los propietarios de estas lujosas casas muchas ventajas frente a los demás ciudadanos que sí tienen que pagar impuestos de acuerdo a lo que tienen.

Algunas de estas propiedades, cuyo valor comercial supera los $2.000 millones, aparecen avaluadas en catastro por $150 millones, según dio a conocer el portal A la luz pública, provocándole un daño enorme a la ciudad.

 

4. Para la política, Jaramillo está solo

La gente que conoce la administración municipal por dentro, cuenta que, una vez posicionado en el cargo, el alcalde le impuso al gabinete las responsabilidades administrativas y técnicas y dejó para él solo las políticas. 

La coalición en el concejo, por ejemplo, es una prerrogativa del mandatario. También lo es la relación con los líderes en los barrios, y nadie más que él, con excepción de los temas de rutina, habla con los medios de comunicación en nombre de la administración. Y más si se trata de enfrentar las críticas. 

De las relaciones con las cabezas visibles de los partidos políticos o del movimiento social, como en el caso de los ambientalistas, ni se diga.

Ese proceder, característico de gobiernos de coalición como el de Jaramillo, que lo que busca es no dejar crecer a nadie que se abrogue la sucesión (que es lo que está pasando al interior del gobierno departamental, por el vuelo que Barreto le ha dejado coger a algunos funcionarios) le ha afectado especialmente en esta coyuntura. 

De acuerdo con un ex concejal que prefirió no revelar su nombre, “mientras los del Colectivo estaban por los barrios recogiendo recibos de predial y hablando con líderes con el apoyo de los sectores políticos opositores, el equipo de Jaramillo estaba en la alcaldía, de manos amarradas“.

“Este no era un tema técnico, es un tema político, y el alcalde no podía dar abasto para responder en los medios, botar línea y aparte reunirse con la gente. Es que mire, hay políticos que perdieron hasta 600 contratos con la llegada de Jaramillo a la alcaldía, ¿Usted cree que no iban a aprovechar para debilitarlo? Y el alcalde sabe eso y no pudo hacer nada, ¿Por qué? Porque no tenía quién lo respaldara y se lo comieron vivito”.

 

5. El triunfo de la democracia puede ser la derrota de las instituciones

Aunque para los demócratas es un excelente síntoma el que la ciudadanía se movilice y logre sobreponerse a sus mandatarios, el sentido político o el mensaje que quede posterior a la movilización puede constituir un efecto negativo no solo sobre el gobierno de turno sino sobre la institucionalidad o la propia convivencia.

Este es el caso del cobro del impuesto, o al contrario, del pago.

Por ejemplo, desde algunos sectores se promovió no el no pago de la actualización sino del impuesto como tal. El riesgo es que con la fuerza que tomó el movimiento, se pierda la oportunidad de crear una cultura del pago de impuestos y el “chico” lo gane el no pago y la evasión (una práctica que, como se dijo, acostumbran sobre todo los estratos más altos).

El mayor afectado del proceso, más que el alcalde o sus secretarios de Hacienda y Planeación, fue el Igac, debido a su clientelización, precisamente el instituto técnico facultado para llevar a cabo la actualización y avalúo del catastro municipal.