Por Jefferson Jaramillo Marín

Los once integrantes

El pasado 9 de noviembre se conocieron los nombres de las once personas que harán parte de la Comisión de la Verdad.

La novedad consiste en que los escogidos no son “expertos consumados”, ni personajes notables de la vida política y social, como estábamos acostumbrados en Colombia.

Por el contrario, los comisionados tienen en común trayectorias sensibles a los desafíos territoriales de la paz en Colombia. Claro que hay académicos, además de defensores de derechos humanos, expertos en trabajo psicosocial, periodistas y un militar ampliamente conocido en las Fuerzas Armadas.

Pero todos comparten un conocimiento de las comunidades locales, ya sea por acompañamiento directo, por investigación académica no extractiva, por asesoría legal o psicosocial para el empoderamiento local, o por haber hecho pedagogía de memoria con potencial transformador.

A diferencia de otras comisiones que han sido enteramente masculinas, esta vez resalta la participación de cinco mujeres:

  • Una abogada indígena (María Patricia Tobar);
  • Una conocedora en carne propia de la violencia en el Urabá (Ángela Salazar);
  • Una economista con doctorado en estudios de género (Alejandra Miller Restrepo);
  • Dos expertas en estrategias de difusión pública de la información y de pedagogías locales y regionales de la memoria (la periodista Martha Cecilia Ruiz y la arquitecta Lucía González Duque). Ellas dos en particular aportarán estrategias pedagógicas para divulgar lo que la Comisión produzca.

El presidente de la Comisión será el padre jesuita Francisco de Roux, sin duda uno de los mejores tejedores de vasos comunicantes entre Desarrollo y Paz en territorios fracturados por la guerra.

Con Francisco de Roux a la cabeza, es posible que la Comisión contribuya a bajar la tensión entre víctimas y victimarios. Su papel no será académico. De Roux servirá como levadura crítica para propiciar empoderamientos creativos de las comunidades para la convivencia pacífica en el presente y en el futuro.

¿Para qué la verdad?

La verdad es una de las columnas vertebrales de todo proceso de justicia transicional. La Comisión tiene en sus manos una tarea desafiante, porque la verdad hace parte tanto de un mandato institucional como de una necesidad social, y el balance y equilibrio reflexivo entre ambas dimensiones no siempre se logra.

Como mandato institucional, la producción de verdad se relaciona con imperativos legales, que la enarbolan como deber y le otorgan la función de esclarecer lo ocurrido en situaciones históricas de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos e innumerables daños a colectivos sociales.

Con la verdad en las manos, se espera que las instituciones puedan responder como se debe a la obligación moral, política e histórica de dar trámite a las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos, consagrados por ejemplo en los principios de Joinet (1997) o en el Estatuto de Roma (1998).

Como necesidad social, la verdad es importante para dignificar a las víctimas, para acceder a la justicia y para producir narrativas sobre el pasado. Se espera que la verdad se traduzca en prácticas de reconciliación de mediano alcance y en medidas para prevenir la repetición de estas violaciones.

En todos los casos, el concurso de muchos actores (institucionales, comunitarios, globales, académicos) es decisivo para garantizar y monitorear o ampliar y profundizar la democracia. La producción de verdad en ambos casos es un asunto complejo en la medida que implica trabajar con la negación, el engaño y los relatos dolorosos para los que muchas veces no estamos preparados.

Las comisiones de la verdad

En general, las comisiones de la verdad se entienden como un “marco comprensivo” de lo ocurrido. Un marco que no sustituye la justicia ordinaria y que tiene una función temporal, atada a unos mandatos y unos contextos políticos.

Las comisiones de la verdad son un mecanismo extraordinario para reconocer las condiciones políticas que permitieron la violación de derechos humanos y la reproducción de estructuras que hicieron posible que estos hechos tuvieran lugar.

Por lo tanto, su potencial no radica solo en contribuir al “esclarecimiento del pasado”, sino también en aportar a una toma de conciencia sobre lo que significaron dichas violaciones para la sociedad. Más que descubrir y difundir una Verdad histórica —tarea descomunal—, el potencial de estas comisiones reside en lo que pueden desencadenar en el futuro.

Desde luego, no hay que dejarse embrujar por la ingenuidad. Se debe reconocer con realismo crítico que a las comisiones pueden llegar y de las comisiones pueden salir relatos opuestos, de enorme tensión y controversia para el país respectivo.

Gran parte de lo que logre la comisión colombiana dependerá de la voluntad política, el respaldo social y el momento histórico en el que esté insertada. La Comisión podrá tener distintos enfoques, que conduzcan a distintos logros. Por ejemplo:

  • La Comisión para la Verdad y la Reconciliación Sudafricana (1995) se propuso apuntarle a la reconciliación y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas;
  • La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (1997) le apostó al esclarecimiento de la verdad histórica y la formulación de recomendaciones para la agenda pública;
  • Y la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001) se orientó al análisis diferenciado de las violencias.

Nuestra comisión

La Comisión de Esclarecimiento, Convivencia y no Repetición en Colombia (CEV) surge y es regulada con el Acto legislativo 01 de 2017 (artículo transitorio 2) y por el Decreto 588 del mismo año.

El primero condensa las principales disposiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y el segundo, las funciones, el mandato, las atribuciones y la metodología de esta Comisión.

Estas normas fueron producto del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, como parte de un sistema de transición política y jurídica hacia la terminación del conflicto armado entre las partes.

La Comisión se concibe como un instrumento extrajudicial, cuyas decisiones deben entenderse como complementarias de los distintos mecanismos que conforman el SIVJRNR. La Comisión actuará durante tres años y contará con un período previo de seis meses para preparar su funcionamiento y elección de los comisionados.

Retos y desafíos

Hoy, el principal reto de la Comisión es adoptar el diseño micro-institucional que necesita para entrar en marcha.

Aunque todavía no pueda decirse con certeza cómo actuará, ya se prevén algunos de los retos y desafíos que ha de enfrentar esta comisión:

  1. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, nuestra Comisión de la Verdad surge después de otros intentos por producir verdad histórica.Ya tenemos como ejemplos las experiencias del Grupo de Memoria Histórica (2007-2011), del Centro Nacional de Memoria Histórica (2011-Hoy) y de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015). La Comisión deberá reconocer lo que estos grupos han encontrado y ensamblarlo a su propio trabajo.
  1. Al igual que todas estas experiencias, la nueva comisión tendrá el reto de producir verdad histórica en medio de un conflicto que sigue vivo. Este proceso de paz es como un cóctel que combina la terminación de una confrontación armada, con transiciones de diverso tipo y continuidad de violencia contra otros grupos. Quiérase o no, la Comisión producirá “narrativas en caliente”.

A lo anterior se añade que la Comisión deberá enfrentarse a enormes zonas grises para esclarecer la responsabilidad de los diversos victimarios (no solo de las FARC). Tendrá también el enorme desafío de darle un lugar privilegiado a las víctimas y los sobrevivientes, sin ceder al exhibicionismo del dolor y de la taxonomía del relato trágico.

  1. La Comisión tendrá que decidir por qué tipo de narrativa apostar:
    • Una que recuente lo que ya se sabe;
    • Una que integre lo anteriormente dicho y que profundice en las zonas grises;
    • Una que permita escenarios de convivencia;
    • Una que avance en catarsis políticas y sociales;
    • Una que no exacerbe y dificulte construir desde las diferencias.
  2. La Comisión también tendrá que decidir cómo desclasificará documentos de inteligencia que contengan información sobre violaciones de los derechos humanos.

Sin el acceso a archivos, la labor de la Comisión se va a complicar en su búsqueda de la verdad.

  1. Sobre las personas que acudirán a la Comisión para contar la verdad hay algunas preguntas obligadas:
  • ¿Cuál y cómo será la participación de los responsables para la búsqueda de la verdad? ¿Será un acercamiento voluntario?
  • ¿Qué sucederá con aquellas personas de las que se desconoce su participación en la guerra y por ende no tienen interés en lograr beneficios judiciales?
  • ¿Cómo enfrentar en la Comisión la negación, la justificación, el engaño, el revisionismo como sucedió con las declaraciones de los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz?
  1. Por último, la Comisión debe retomar el aprendizaje de algunas experiencias internacionales:
    • La apuesta por escenarios de convivencia y reconciliación (Sudáfrica);
    • La importancia de los testimonios de mujeres y los efectos diferenciados sobre ellas (Perú);
    • El carácter pedagógico en la forma de transmitir lo consignado en los informes (Guatemala);
    • El lugar central de las comunidades étnicas (Guatemala);

Además, tendrá la tarea de reconocer la importancia de los comités de verificación y de seguimiento a la ejecución de sus recomendaciones.

Los acumulados en términos de experiencias obtenidos de otros procesos, deberían convertirse en una especie de espejo que permita prever las dificultades y la forma de afrontarlas desde nuestra realidad.

 


Publicado originalmente en Razón Pública.

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