Uno de los principales retos del conflicto armado ha sido contar la realidad y la magnitud de los hechos que se han perpetrado durante décadas de guerra. Pero no ha sido una tarea fácil, todo lo contrario. A pesar de los testimonios de víctimas y de victimarios, la impunidad se ha mantenido como una de las principales dificultades.

Por eso, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), creada por la ley 1424 de 2010, se puso en la tarea de realizar varios informes sobre el origen de los bloques paramilitares que pulularon en el país.

El primero de estos informes se concentró en el accionar entre 1998 y 2005 del Bloque Tolima de las AUC.

Puede leer: Memoria Histórica publicó informe sobre el Bloque Tolima

Según Álvaro Villarraga Sarmiento, director de Acuerdos de la Verdad, el documento “aporta información y análisis sobre el surgimiento, conformación, formas de actuación e impactos del paramilitarismo en cada uno de los contextos regionales e históricos”.

Este informe, titulado “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)” aborda el origen, la trayectoria y la desmovilización de este grupo armado, así como las formas de adiestramiento de sus integrantes, sus características, el control que tenía en los territorios y la búsqueda de legitimidad en los mismos, los vínculos con actores estatales y sociales, y, por último, lo que Villarraga llama “memorias de resistencia”, refiriéndose a la forma en cómo las comunidades se enfrentaron al actuar violento de este grupo que hizo varias masacres.

Contexto:“Diez grupos surgieron tras desmovilización del bloque Tolima”: CNMH

Lapipa.co reproduce algunas de las revelaciones de este informe en una serie de informes especiales, como microcápsulas de lectura del mismo para conocimiento de la opinión pública y así contribuir al ejercicio de la memoria histórica.

Especial 1: Los Congresistas salpicados por los paramilitares en informe del Bloque Tolima

Especial 2: Los alcaldes salpicados por los paramilitares en informe del Bloque Tolima

Descargue el informe completo aquí. 

Fuentes de financiación y vínculos con actores económicos

Las fuentes y formas de financiación así como los vínculos del Bloque Tolima con sectores económicos del departamento requieren ser comprendidos en su articulación con las dinámicas de las economías de las diferentes zonas de operación.

En el sur del Tolima, lugar originario de la estructura paramilitar, se encuentran algunos de los municipios con menor desarrollo económico, los cuales aportan menos del 1% al PIB departamental (Fedesarrollo, 2015, página 22). El desplazamiento y expansión del Bloque Tolima en los inicios de la década del 2000 hacia el centro del departamento le permiten incursionar en municipios con mayor nivel de desarrollo económico, lo cual representó un punto de inflexión en lo financiero.

En el año 2001 el grupo llegó al municipio de Ibagué, el cual concentra el 37% del PIB departamental; El Espinal, que aporta el 8% y Purificación, con una participación del 6,8%. Adicionalmente, el Bloque inició operaciones en otros municipios con un PIB per cápita superior al departamental, como Piedras, Purificación, Melgar, Ambalema, Espinal, Prado, Cajamarca, Alvarado, Lérida, Ibagué, Guamo y Saldaña (Fedesarrollo, 2015, páginas 20 y 21).

Las zonas centro, norte y una parte del oriente del departamento eran de anclaje inestable, caracterizadas por presentar diferentes niveles de integración económica, con predominio del latifundio ganadero y la producción agroindustrial. Allí, la operación de la guerrilla era esporádica y se concentraba, principalmente, en el cobro de extorsiones a los gremios de la región.

Ahora bien, en 1999 el país se encontraba inmerso en una profunda crisis económica, la cual impactó de manera particular al Tolima al coincidir con “[…] las exenciones tributarias y arancelarias establecidas en la Ley 44 de 1987 por el desastre de Armero” (ver Campos, Álvaro (2004) y López, H (2008), citado en Centro de Estudios Económicos, página 61).

Esta situación llevó al cierre o traslado de empresas manufactureras que se habían establecido en busca de los beneficios mencionados. El impacto de la crisis se reflejó en tasas de crecimiento negativas entre 2002 y 2003 en el departamento. La ciudad de Ibagué se vio particularmente afectada, sufriendo en mayor medida consecuencias de la crisis, al presentar en el año 2000 una caída de 12 puntos porcentuales en el PIB (Ayala, 2014, página 6).

A pesar de la crisis, en el año 2001 el sector agrícola experimentó un crecimiento de 13.9%, jalonado por el aumento de los principales cultivos de ciclo corto como el arroz, el cual aumentó en 9.1% su área cosechada, alcanzando un total de 101.458 hectáreas (Banco de la República, 2012, página 10).

Así mismo, en el 2001 hubo un alza en los precios del ganado vacuno a nivel nacional, lo cual generó un “incremento promedio del 33.4% (…) en las diferentes clases de ganado comercializado en [el] principal certamen pecuario que se efectúa en la región, como es la feria ganadera del Guamo” (Banco de la República, 2002, página 12). Esta situación da cuenta de la fortaleza que tenía el sector agropecuario en el departamento, con una especialización en esta actividad.

En este contexto, la incursión del Bloque Tolima en los centros productivos del departamento coincidió con una crisis en la zona urbana, así como con la expansión de la producción agroindustrial y de ganado vacuno. La actividad financiera de la estructura paramilitar estuvo beneficiada por esta situación, dadas las posibilidades económicas que le permitían el control impositivo ilegal y los nexos referidos con estos sectores.

La crisis económica urbana puede explicar, en parte, el papel marginal que tuvo la ciudad de Ibagué en las finanzas del Bloque Tolima, a pesar de ser la primera economía del departamento.

En esta ciudad, la financiación del grupo se concentró en la extorsión al comercio urbano a cambio de la prestación de servicios de seguridad. Un ejemplo es el barrio El Salado, en donde “[…] se reúne a los comerciantes de graneros y abarrotes [….] se dijo que a raíz de la otra urbana que ya no estaba, debíamos continuar haciendo presencia y se necesitaba de la colaboración, para prestarles seguridad” (Versión libre conjunta Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, Giovany Andrés Arroyabe, Jhon Alber Rivera, Jhon Eider Valderrama, Hernán Perea Moreno, Edgar González Mendoza, Chovis Toral Garcés, 11 de febrero de 2011, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

Adicionalmente, existieron aportes de grandes empresas con actividad económica en la ciudad “Como Carrefour, como El Éxito” (CNMH, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 10 de febrero).

En contraste, el centro del Tolima y la meseta de Ibagué, zonas de producción agropecuaria, jugaron un papel determinante en la financiación de este Bloque. Esta organización armada encontró en la producción arrocera y ganadera su principal fuente a través del cobro de contribuciones, en parte de los casos, volunta- rias. Como contraprestación al apoyo financiero, el grupo armado ofrecía protección a los gremios en contra de las extorsiones de la guerrilla, así como de delincuentes comunes dedicados al robo de ganado.

Algunas versiones de exintegrantes de esta estructura señalan a los referidos gremios como instigadores y responsables de la incursión de los paramilitares:

“[…] nosotros no llegamos al Tolima porque quisiéramos, nosotros llegamos porque los ganaderos y arroceros venían siendo extorsionados por la guerrilla y vieron en las AUC el apoyo que necesitaban, eso fue en el 2001 y 2002, el Estado no estaba en condiciones de contrarrestar a la guerrilla, por eso la gente apoyó a las AUC, se puede decir que fuimos traídos por ellos” (Versión libre conjunta Saúl García Zanabria, Leonardo Lozano, Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, 19 de mayo de 2011, Fiscalía 56, Ibagué – Tolima).

En este sentido, hacen mención específica de Manuel Bernate, arrocero del municipio de San Luis e Ignacio Alvira, dirigente de la Asociación de Ganaderos del Guamo. El primero es señalado como “uno de los pilares y casi fundadores del Bloque Tolima, él fue uno de los que patrocinó la llegada del grupo de autodefensas al departamento” (Versión libre conjunta Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, Álvaro Cruz, Enoth Gualteros Bocanegra, Carlos Lazo Urbano, Edwin Carvajal Rodas, 14 de abril de 2011, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

Los relatos dan cuenta de esta apreciación, al señalar que a los paramilitares “los trajeron, dicen que los ricos, esos que tienen haciendas […] entonces trajeron esa gente para que calmara algo de ese ladronismo de entonces” (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2015, 4 de junio).

En el caso del arroz, sentencias judiciales y contribuciones voluntarias coinciden en señalar la relación de diferentes sectores del encadenamiento productivo de ese producto en el centro del Tolima y la meseta de Ibagué con el Bloque Tolima. Por ejemplo, se mencionan cobros a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Rio Saldaña, Usosaldaña, empresa que administra el recurso hídrico: “allí se le cobraba a arroceros (…) Usosaldaña, la orden la daba la Casa Castaño” (Versión libre conjunta Saúl García Zanabria, Leonardo Lozano, Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, 19 de mayo de 2011, Fiscalía 56, Ibagué – Tolima).

De igual manera, exintegrantes del Bloque Tolima señalan a la Cooperativa Serviarroz, agremiación de arroceros de la meseta de Ibagué, de haberlos financiado: “El gerente del 2001 de esta empresa se reunió con nosotros en la finca los Chivos, él bajaba cada rato a reunirse con Elías, y él fue y habló en nombre del gremio arrocero, bajaba en una camioneta Hilux, beige o blanca. Por intermedio de este señor entregaron quinientos millones de pesos (…) ellos no fueron obligados, nosotros recogimos prácticamente todo el gremio arrocero” (Versión libre conjunta Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, Pompilio Quiñonez Sánchez, José Armando Lozano, Pedro Hurtado Toledo, Cesar Mora Guzmán, Luis Conde Valencia, 8 de marzo de 2012, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

Sin embargo, la participación del gremio arrocero en la financiación de la estructura se presentó, en mayor medida, por parte de los cultivadores, quienes recibían como contraprestación la protección de la estructura frente a las extorsiones de la guerrilla.

El Bloque Tolima habría establecido un cobro de 15.000 pesos por hectárea de arroz cosechada, pago realizado de acuerdo con el ciclo productivo de este cultivo. Debido a la extensión del mismo en el departamento, la estructura paramilitar tuvo potencialmente acceso a una importante fuente de financiación.

En versiones libres se nombra a cultivadores de arroz como Orlando Ramírez, Pedro Tovar y Humberto Prada, además del ya mencionado Manuel Bernate, como contribuyentes y colaboradores del Bloque Tolima (Versión libre conjunta Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, Álvaro Cruz, Enoth Gualteros Bocanegra, Carlos Lazo Urbano, Edwin Carvajal Rodas, 14 de abril de 2011, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

La relación de la producción ganadera con la estructura fue similar. El Bloque estableció una contribución de 15.000 pesos anuales por cabeza de ganado, además de un cobro de 50.000 por camión que transportara ese tipo de mercancía. En algunas ocasiones se pedían contribuciones en especie para el consumo del grupo o su posterior comercialización. Como forma de presión y castigo, la organización armada hurtaba cabezas de ganado a quienes se negaban a contribuir.

Las fuentes también señalan algunos empresarios de esta actividad como responsables de las incursiones del Bloque Tolima en algunos municipios. En Prado se identificó la invitación de un grupo de ganaderos: “[…] llegaron a un arreglo económico y aportaron para que la gente hiciera presencia y retomara la zona, así fue la expansión para el lado de Prado” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Jus- ticia y Paz, 2014, mayo 19, Sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, página 136).

Existen diferentes versiones respecto de a qué tipo de propietarios se les solicitaba contribuciones. Algunos relatos señalan que era proporcional al número de cabezas de ganado, incluyendo a quienes tenían “diez, doce vacas”. (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2013, 24 de julio).

Otras fuentes muestran la existencia de estudios previos y el establecimiento de contribuciones a los ganaderos “más pudientes”. (Versión libre conjunta Saúl García Zanabria, Leonardo Lozano, Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, 19 de mayo de 2011, Fiscalía 56, Ibagué – Tolima). Según esta fuente, el Fondo Ganadero del Tolima suministraba los datos de los ganaderos que tenían mejores posibilidades económicas.

Además de mencionar a Ignacio Alvira, se identifica a Alberto Vargas y Enrique Salas, empresarios ganaderos, como financiadores de la organización. (Versión libre conjunta Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, Álvaro Cruz, Enoth Gualteros Bocanegra, Carlos Lazo Urbano, Edwin Carvajal Rodas, 14 de abril de 2011, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

En la zona central del departamento el Bloque Tolima incluyó el cobro por el tránsito de mercancías y pasajeros por las vías de la región. El control de las carreteras de municipios como El Espinal, paso obligado hacia el suroriente y suroccidente del departamento, así como al sur, al departamento del Huila, permitía este tipo de acciones.

En el municipio de Natagaima “[…] se le repartía volantes a todos los camioneros […] el Mono Miguel iba y recogía las finanzas, se recogían entre 100 y 150 millones” (Versión libre conjunta Saúl García Zanabria, Leonardo Lozano, Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, 19 de mayo de 2011, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

Según relatos, versiones libres y sentencias, las siguientes empresas de transporte habrían aportado económicamente al bloque paramilitar: Cootransal, Coointrasur, Velotax, Coomotor y Cotrasur.

Las empresas que se negaban a contribuir se exponían al hurto de mercancías o vehículos de transporte. Este tipo de acción tenía un doble propósito. Por una parte, era una forma de retaliación y medio de presión para el pago de extorsiones: “Taxis Verdes se les habló y no colaboraban, entonces se les quitaron unos vehículos” (Versión libre conjunta Saúl García Zanabria, Leonardo Lozano, Humberto Mendoza Castillo, Ricaurte Soria Ortiz, 19 de mayo de 2011, Fiscalía 56, Ibagué, Tolima).

Por otra parte, permitía el sostenimiento de la organización a través de la venta o consumo de los bienes robados, como cabezas de ganado y abarrotes. Estas acciones las realizaban integrantes de la estructura vestidos de civil y equipados con armas cortas.

A inicios de la década del 2000 se intensificó la exploración petrolera en el departamento, abarcando once de los 47 municipios (El Tiempo.com, 2000, consultado el 22 de septiembre a las 6:00 p.m.). A mediados del año 2000 Petrobrás anunció el hallazgo de petróleo en el municipio de Melgar, estimando reservas de 1.400 millones de barriles. La producción de este campo generó un aumento en la explotación petrólera entre los años 1999 y 2001. Adicionalmente, el departamento era y es zona de tránsito del oleoducto del Alto Magdalena así como de un poliducto.

En este contexto, según los relatos, el Bloque Tolima se financió de la economía petrolera a través de dos modalidades. La primera forma fue la prestación de servicios de seguridad, sobre lo cual un relato asegura que la presencia del Bloque en las zonas de explotación y tránsito de sus productos obedeció a una solici- tud de Ecopetrol, con el fin de cuidar los intereses de la empresa” (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 14 de febrero).

Ecopetrol también habría hecho contribuciones económicas para que se permitiera la exploración y explotación de nuevas zonas en el departamento, “si llegaba Ecopetrol hoy a escavar un pozo aquí tenían que ir a cuadrar eso con Juancho en el norte” (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, Ibagué, Tolima, 2013, 15 de agosto).

La segunda forma de obtención de recursos de esta economía consistía en el hurto de petróleo y sus derivados. En el municipio de Saldaña hay una estación del Oleoducto del Alto Magdalena, además del ya mencionado tránsito del poliducto. Según los relatos, el Bloque Tolima obtenía parte importante de sus ingresos a partir del hurto de gasolina “[…] entre Guamo y Saldaña, entre Saldaña y Castilla y entre Guamo y Espinal” (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 14 de febrero).

Según las fuentes, se obtenía información previa sobre “[…] qué días estaba pasando ACPM y qué días estaba pasando gasolina (…)” (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 5 de mayo). Teniendo en cuenta esos horarios, se sustraían los hidrocarburos del poliducto y se vendían a las estaciones de gasolina de la región. Uno de los relatos asegura que el Bloque no robaba directamente la gasolina, sino que cobraba a un cartel “el 50% de lo que sacaban” (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 5 de mayo).

Sin embargo, las dos formas expuestas presentan una evidente contradicción. Sugieren la prestación de un servicio de seguridad por parte del Bloque Tolima a la infraestructura petrolera, al tiempo que señalan a esta estructura como responsable del hurto de los productos de este sector.

Finalmente, frente al sector minero, se señaló la contribución de 40.000.000 de pesos por parte de Gustavo Giraldo Duque, propietario de Cementos Diamante (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, página 79). Esta empresa cuenta con una moderna planta en la vía que comunica a Ibagué con el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis.

En ese lugar se ubica una mina de calizas, de la cual la planta obtiene parte de las materias primas necesarias para la elaboración de cemento. Relatos corroboran la colaboración de esta empresa (CNMH-DAV, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2013, 24 de julio).

Economías ilícitas

El departamento del Tolima no se ha caracterizado por la presencia de cultivos de uso ilícito o laboratorios para el procesamiento de estupefacientes. Sin embargo, como se explicó, a diferencia de otras zonas del país donde las economías ilícitas han estado basadas en la coca, en el sur del departamento fue el cultivo de amapola el que desde los noventa presentó un incrementó y se convirtió en parte del sustento de uno de los grupos precursores del Bloque Tolima, el Rojo Atá.

La presencia del narcotráfico obedeció, principalmente, a ser lugar de tránsito de algunos productos relacionados con esa economía, provenientes del sur del país, y la presencia de algunos narcotraficantes del cartel del norte del Valle. Diferentes fuentes han permitido identificar la financiación del Bloque Tolima con la economía del narcotráfico, a través del cobro de impuestos a los cargamentos que transitan por el departamento, así como el robo de cargamentos de coca y látex de amapola. (VerdadAbierta.com, 2013).

Del mismo modo, las fuentes han permitido situar la relación de cooperación entre el grupo paramilitar y Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, narcotraficante del cartel del norte del Valle residente en la ciudad de Ibagué: “lo que se decía era que el Socio financiaba el Bloque Tolima y que el Bloque Tolima le prestaba seguridad al Socio (…)” (CNMH-DAV, exfuncionario público del Tolima, entrevista, Acuerdos de la Verdad, Contribución Voluntaria, Bogotá, 2016, 26 de enero).

La cooperación entre El Socio y el Bloque fue posterior a su secuestro por parte de este último en el año 2001. Esta situación le permitió al narcotraficante entablar amistad con alias Daniel, comandante del Bloque Tolima en ese momento (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, página 180).

Algunas versiones sitúan los motivos del secuestro en una orden de Carlos Castaño, quien buscaba de esta manera presionar a un amigo de Restrepo Victoria (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, página 180). Otra versión señala que el secuestro fue orden de Elías, uno de los comandantes del Bloque, quien posteriormente fue asesinado por este hecho” (CNMH-DAV, Guillermo Alfonso Jaramillo, entrevista, Acuerdos de la Verdad, contribución voluntaria, Ibagué, 2016, 28 de marzo).

La relación de este narcotraficante con el Bloque Tolima lo habría inclinado a proponer la compra del Bloque y su posterior desmovilización con la estructura: “se sabe que al señor Eduardo Restrepo, alias El Socio, se le señaló de querer comprar el Bloque Tolima” (CNMH-DAV, entrevista, Acuerdos de la Verdad, Contribución Voluntaria, 2016, 24 de febrero).

Esta información fue corroborada por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirma que “[…] ese bloque lo trata de comprar, o lo compró, dicen que lo compró, Restrepo, Eduardo Restrepo Victoria. Y Restrepo Victoria alcanzó a estar en Ralito, sino que no lo vincularon, no lo aceptaron, lo descartaron, pero él compró el bloque y trató de pasarse como paramilitar, pero no lo recibieron, no lo aceptaron a él ahí” (CNMH, Guillermo Alfonso Jaramillo, exgobernador del Tolima, y alcalde de Ibagué periodo 2016-2019, entrevista, Acuerdos de la Verdad, Contribución Voluntaria, Ibagué, Tolima, 2016, 28 de marzo).

En conclusión, las finanzas del Bloque Tolima estuvieron basadas sobre todo en hechos delictivos o asociados a economías lícitas del departamento, principalmente resultado de extorsiones y aportes voluntarios. Las fuentes de financiación tienen una estrecha relación con la expansión territorial de la estructura paramilitar, ya que esta se ubicó en zonas de integración económica y centros productivos del departamento. En este sentido, fue determinante el papel de gremios agropecuarios, ganaderos y minero energéticos del Tolima y, en algunos casos, las acciones propias del grupo.