Esta semana el Comité de Escogencia publicó los nombres de quienes harán parte de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tanto en las diferentes Salas como en el Tribunal para la Paz. En estos tiempos en que, quizá, como en ningún otro en la historia del país, la justicia está tan herida y tan deslegitimada, resulta crucial que esta nueva Jurisdicción traiga consigo la esperanza de un cambio que nos haga volver a creer en una justicia genuina.

La JEP tendrá la titánica tarea de investigar, juzgar y si es el de caso, sancionar las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron con ocasión del conflicto armado en Colombia. No será una labor fácil, por el contrario son muchos los retos y los desafíos que debe enfrentar esta nueva jurisdicción para hacer realidad el fin último para el que fue concebida: lograr la transición del conflicto a la paz.

Precisamente uno de los mayores retos será hacer de este modelo de justicia transicional un buen ejemplo no solo para Colombia sino para el mundo. Colombia tuvo la fortuna de contar con varias experiencias internacionales para aprender de sus aciertos y no repetir los fracasos. De esta manera, intentó crear un ambicioso Sistema Integral que tomando lo mejor de aquellas experiencias, respondiera a las demandas de las víctimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahora su mayor compromiso con la justicia global será constituirse en un ejemplo exitoso de justicia transicional.

Para ello, será fundamental lograr una armonización entre las normas jurídicas que regulan la Jurisdicción Especial para la paz con las disposiciones constitucionales existentes y con aquellas del orden internacional que resulten aplicables.  La primera institución que está llamada a realizar esta tarea es la Corte Constitucional, al revisar las normas de implementación del Acuerdo Final. No obstante, será la propia Jurisdicción Especial para la Paz la encargada de hacerlo a través del reglamento que debe redactar sobre su funcionamiento y en la resolución de los casos de su competencia.

Una de las figuras que  hoy por hoy sigue estando en el ojo del huracán es la denominada Responsabilidad de mando o para ser más precisos la Responsabilidad del Superior. Con la reciente visita de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia -Fatou Bensouda- regresó del debate aún no clausurado acerca de la regulación de este tema. Y no es para menos, pues existen serias discrepancias entre la forma como se ha definido esta clase de responsabilidad en el Derecho Internacional y como se estableció en el Acuerdo de Paz junto con las normas de su implementación.

Bajo la figura de la Responsabilidad del Superior, los mandos militares y los civiles que ejerzan algún tipo autoridad,  responden por las conductas ilícitas de sus subordinados y no cometidos directamente por ellos, pero que tenían el deber de prevenirlos, reprimirlos o sancionarlos.

A pesar de existir una regulación en el Derecho Internacional sobre esta clase de responsabilidad, en el Acuerdo y en las normas de implementación se quiso redactar “a la colombiana” los supuestos bajo los cuales, tanto los mandos de las Fuerzas Militares como de las FARC, responderían por los crímenes cometidos por sus subordinados, flexibilizando en algunos casos los requisitos previstos a nivel internacional, obviándolos en otros, o creando condiciones que hacen prácticamente inoperante la figura.

Por tal razón, la Fiscal de la CPI ha manifestado en varias ocasiones su preocupación sobre estas discrepancias. En su reciente visita al país, sostuvo que sus preocupaciones seguían vigentes y al indagar acerca de las investigaciones que se están adelantado -al menos en teoría- en contra de altos mandos militares que pudieron tener responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales o también denominados “falsos positivos”, manifestó no haber recibido información precisa que habían solicitado a la Fiscalía General de la Nación.

De esta manera, si a nivel interno no se logra una genuina investigación y juzgamiento de los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos, nada evitaría que la CPI pudiera hacerlo a futuro. Tengo la convicción de que el modelo de justicia transicional que se ha creado puede evitar que se llegue a esas instancias, siempre y cuando se armonice nuestras regulaciones internas con las disposiciones del derecho internacional, particularmente, del Derecho Penal Internacional en lo que tiene que ver con la responsabilidad el superior y, en la práctica, se logren garantizar los derechos de las víctimas.

Para alcanzar semejante objetivo, se requieren juristas con altas calidades humanas y profesionales que comprendan la enorme tarea que nos demanda la historia. Por ello, este es un momento clave para empezar a construir sobre las ruinas del pasado, un futuro donde la justicia enfrente con determinación al mal, se acerque con humildad a las víctimas para escuchar su dolor y sancione ejemplarmente todo aquello que jamás debió ocurrir.