En 2003 inició la desmovilización de más de treinta bloques de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero Álvaro Villarraga, director de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), aclaró que hubo varias estructuras no desmovilizadas y que el conjunto de las que habían actuado durante las últimas décadas se aproximaba a cuarenta.

Un dato muy preocupante, que reflejan los elementos estadísticos, descriptivos y analíticos que contienen los informes: Bloque Tolima, Bloque Calima, en Valle y Cauca; Bloques Cacique Nutibara, Metro y Héroes de Granada, en Antioquia; y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, y un Informe cuantitativo de aproximación al fenómeno paramilitar en Colombia, que serán entregados este año.

Mientras Colombia, después de la desmovilización de las AUC, ha tenido como ciertos algunos hechos, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), tras años intensos de investigación ha logrado demostrar que detrás del conflicto armado hay una red compleja que no solo nos revela una realidad aún en buen grado desconocida, sino lo que no podemos volver a repetir.

Estos informes son muy significativos, por ejemplo en el de Bloque Tolima logramos esclarecer orígenes del paramilitarismo desde los años 50 con una línea de continuidad histórica y territorial en sus actuaciones, que hizo parte de las expansiones y de diversas expresiones en contextos cambiantes, hasta llegar al Bloque Tolima de las AUC entre 1998 y 2004”, explicó Villarraga.

 

 

Sobre el origen, trayectoria y desmovilización del Bloque Tolima*

Entre los muchos hallazgos que se pueden destacar del informe De los grupos paramilitares precursores al BLOQUE TOLIMA (AUC), está precisamente la revelación del hilo conductor de continuidades en diversos aspectos, entre estructuras paramilitares previas surgidas desde los finales de los años 40 e inicio de los 50 del siglo XX, hasta el Bloque Tolima. Desde las voces y testimonios de protagonistas, se constata que por varias generaciones actúan dinámicas cíclicas de violencia y de conflicto armado desde la región del sur y el occidente del Tolima que involucran una línea de continuidad en expresiones diversas asociadas al paramilitarismo.

Desde allí, tales experiencias asociadas al paramilitarismo se relacionan con las autodefensas campesinas de los 50, “Los Limpios” o guerrilleros liberales que en conexión con el Ejército atacaron a las autodefensas y las guerrillas comunistas entre esta década y el 60. Los pobladores recuerdan “la guerra vieja” o “la guerra de las yucas y los plátanos” y la prolongación de sus conflictos derivados hasta el presente. Asunto que pasa por la conformación por las Fuerzas Militares de Juntas de Defensa Civil desde los 60 y por la instrumentalización a través de la Policía de la Defensa Civil con actuaciones paramilitares, con episodios en los 70. Reconocen desde allí también grupos paramilitares nombrados como Autodefensas del Tolima, de los cuales tuvo particularidad el Rojo Atá, porque se liga con la expansión paramilitar nacional que atentó contra el proceso de paz y realizó ataques de exterminio contra la UP, en la segunda mitad de los años 80. Y en los 90 hacen referencia a las Convivir, reconociendo su articulación con dispositivos paramilitares en la región, para dar lugar luego, entre 1998 y 2005, al Bloque Tolima. Éste grupo que hereda el carácter regional y endógeno de los “grupos precursores” referidos, a la vez se asocia a las AUC, proyecto exógeno de expansión nacional entre los 90 y los 2000.

Lo importante en los hallazgos es que se establecen líneas de continuidad en todo ese amplio periplo de más de seis décadas, de manera que se identifica a un núcleo de protagonistas compuesto por una veintena de familias y de actuación en una serie de veredas y zonas de algunos municipios del sur del Tolima. Se da cuenta de rasgos de continuidad como el carácter contrainsurgente y anticomunista. De los tránsitos entre lo legal e ilegal. De fases y mutaciones de la violencia y las expresiones de conflicto bélico regional, las cuales parten de la agresión conservadora con apoyo policial y de civiles armados, autoridades locales y curas, para dar lugar a la fase de agrupación de los civiles agredidos en veredas, nutriendo autodefensas liberales y comunistas que forjaron una fuerte resistencia armada guerrillera en las montañas. Así mismo, narran el paso de las intensas confrontaciones y disputas por el territorio entre los Comunes vs los Limpios, para luego tener continuidad en el conflicto de décadas entre las FARC vs agrupaciones paramilitares. Y en el largo curso de los hechos, involucra con arraigo en la región a líderes emblemáticos como Pedro Antonio Marín (Marulanda) de los primeros y a Ernesto Caleño Rubio (Canario) de los segundos.

Los análisis se alimentan con documentación, testimonios y fuentes secundarias y se ilustran con tablas de referencia, mapas y ejercicios de cartografía social. Se analiza así en detalle cada una de las dinámicas de la actuación del Bloque Tolima de las AUC, entre 1998 y 2005. Se establece su ruta de expansión asociada principalmente a ataques sistemáticos contra sectores de la población y también a pasajes de combates en algunas zonas con las guerrillas. Estudia la secuencia de la expansión paramilitar de este Bloque consecutivamente entre las zonas Sur, Occidente, Centro, Zona Indígena –entre centro y sur-, Oriente y Norte del Tolima. Ruta que se inicia en el contexto y la alta tensión ante la mutua expansión nacional de las FARC a finales de los 90 e incluso en medio de los diálogos con el gobierno Pastrana en el Caguán a inicio de los 2000 y, en réplica, la dramática expansión de las AUC con sus propios propósitos estratégicos, lo cual en el sur del Tolima se expresó como la retoma de la disputa histórica en Rioblanco y Ataco, entre el paramilitarismo y las FARC, entre 1998-2002.

Entre 2000 y 2002 el Bloque Tolima se expande al Centro y al Suroccidente del departamento en medio de intensa disputa territorial con esta guerrilla. Llega al norte entre 2001 y 2002, donde tiene que ceder terreno tanto ante la previa presencia al FOI de las ACMM como ante la limitación de su incursión por la notoria presencia del ELN y de las FARC, en la zona montañosa noroccidental. En términos bélicos la situación se le hizo difícil y le implicó un repliegue en el 2000, cuando se concentró en el corregimiento de Puerto Saldaña, en medio de intensos combates con las FARC, lo cual llevó a que el año siguiente tuviera que evacuar ante el acoso de esta guerrilla e iniciar un repliegue territorial defensivo, a la vez que la población local de apoyo es agredida en Puerto Saldaña por la guerrilla y termina desplazada.

Entre 2004 y 2005 el Bloque Tolima se debilita tras el asesinato de Carlos Castaño, lo que le genera alejamiento y tensiones con las AUC que se complementan con el surgimiento de operativos de la fuerza pública en su contra. Se agrega el efecto de las pugnas internas que llevaron al asesinato sucesivo de sus principales jefes y la notoria reducción de efectivos. Y se precipita su crisis, en medio del repliegue que le impone ante todo la presión guerrillera en varias zonas. En resumen, el Bloque Tolima sufrió una derrota frente a las FARC que le obligó a desalojar la zona de disputa histórica en el sur, no logró incursión en las zonas de montaña del occidente y del oriente ante la intensa resistencia guerrillera, y tras sufrir un fuerte debilitamiento por los factores anotados, acuerda los términos de su entrega para la desmovilización y el desarme ante el Gobierno Uribe en 2005.

Como lo ilustra el informe, en estos eventos de entrega hubo irregularidades y se produjo la vinculación para fines de desmovilización de un más de un centenar de personas, que se reunieron con otro tanto de efectivos reales del Bloque Tolima, para dar lugar a la ceremonia de entrega ante el gobierno. También se constata que algunos mandos e integrantes de este Bloque no se desmovilizaron o se rearmaron, dando lugar a agrupaciones armadas que persisten hasta la actualidad. Tales agrupaciones, se siguen aprovechando de las economías ilegales y mantienes dinámicas de actuación en cierto grado similares al anterior paramilitarismo, a la vez que se ligan a las disputas y reacomodos entre agrupaciones de este tipo en el ámbito nacional.

Versiones recogidas por el informe señalan que inicialmente el entonces Alto Comisionado para la Paz cuestionó la posibilidad de la desmovilización paramilitar en Tolima, dado el reducido número de efectivos y del armamento que proyectaban. Esto, de acuerdo con los relatos de exparamilitares, motivó el reclutamiento final que también incluyó la vinculación de anteriores paramilitares que estaban marginados, pero que principalmente se hizo con jóvenes y otros allegados que fueron adiestrados en Puerto Saldaña, para ser llevados con la mínima preparación requerida a la ceremonia de desmovilización y desarme.

Expresan en los relatos: “Los vi al momento de preparar la desmovilización, se trataba de personas sin conocimiento en el manejo de armas, eran de la zona pero no pertenecían al Bloque Tolima”. “A los Panchos se les instruyó a marchar, al orden cerrado, que no hicieran quedar mal, se dijo que les daban plata y una pensión del gobierno”. “El reencauche con los Panchosfue de 150 más o menos”. “Éramos bastantes Panchos”. Este tipo de versiones señalan que habría funcionarios civiles y militares que conocieron y habrían participado de tales circunstancias. También afirman que hubo armas no entregadas que luego retomaron los grupos rearmados con parte de los paramilitares, que se recogieron implementos utilizados para los castigos, torturas y homicidios y no fueron entregados y que a la vez habrían traído desde Los Llanos unas “armas viejas e inservibles” que se agregaron a las pocas entregadas.

 

Escuela de terror, formas violentas de adiestramiento

El informe realiza una aproximación a las motivaciones de vinculación, el entrenamiento, los roles y funciones, y la representación de la estructura; elementos distintivos que pueden contribuir a esclarecer la pregunta sobre el porqué de la violencia paramilitar del modo en que ocurrió. Además, sitúa problemas estructurales que han alimentado dinámicas del conflicto armado tales como la prolongación de la violencia permeando diversos ámbitos de la vida social; la pobreza, la inequidad, la falta de acceso a oportunidades y desempleo; razones que en algunos casos, han sido motivación principal de vinculación de personas a grupos armados.

Se revela el alto peso del reclutamiento familiar inducido frente a jóvenes y menores de edad; a la vez, una alta composición de las filas paramilitares con personas que pertenecieron a la fuerza pública y en otros casos de otros grupos armados ilegales. Se destacan motivaciones económicas y familiares, por lo regular asociadas a venganzas acumuladas desde la infancia o de generaciones anteriores o en reacción a hechos recientes o actuales, lo que se estima fue, así mismo, factor central de cohesión.

Los testimonios revelan que el entrenamiento paramilitar era a través de métodos de terror y para ejercer terror y actuar con sevicia, aunque incluyen aspectos de formación militar ante todo sobresalen aprendizajes y utilización sistemática de tal tipo métodos de violencia extrema dirigidos contra personas civiles e incluso aplicada durante la misma instrucción al interior de las propias filas. Ex militares, algunos líderes políticos regionales e incluso funcionarios del DAS, habrían estado entre los instructores que justificaban y alentaban este tipo de actuaciones.

Se imponían torturas, mutilaciones, homicidios y descuartizamiento de personas y cadáveres como hechos frecuentes en los entrenamientos. Los reclutas eran obligados a cometer homicidios como prueba, de no hacerlo eran asesinados. Estaban sujetos a participar en actos de sevicia y horror bajo amenaza de que si no los hacían se cometerían los mimos contra ellos. En prácticas con desplazamientos y obstáculos a los rezagados los iban matando. Nadie que no se asimilara el empleo del terror podía sobrevivir. Además, se imponía que alguien presente en estas situaciones no podría salir de filas para evitar “que sapeara” –se informara- de lo ocurrido. Así, se revela que, por ejemplo, en el centro de entrenamiento en Las Delicias, se produjo la matanza de 40 entre 150 reclutas, configurando la masacre del 27% de ellos, incluidas mujeres y menores de edad.

De tal manera, entre los hitos en la formación paramilitar se destacan el presionar a los reclutas más allá de los límites físicos, la eliminación de principios éticos mínimos, la disciplina asociada a la naturalización y uso sistemático de prácticas trasgresoras del sentido humanitario y el adoctrinamiento enfocado en la construcción de un enemigo que se asocia al comunismo y al ataque a familias y comunidades estimadas cercanas o supuestamente colaboradoras de las guerrillas. Llama la atención el que retoman cantos utilizados en la formación del Ejército Nacional y la propagación de consignas asociadas a comportamientos y a la mentalidad de violencia extrema, como es el caso de: “¡quiero bañarme en una piscina llena de sangre guerrillera!”.

Otra característica que se destaca en la formación es exigencia de eliminar por parte de las mujeres de sus características de feminidad, expresión de androgenización, con empleo de castigos y tratos indignantes como raparlas, humillarlas y exigirles de manera forzada comportamientos y actitudes en tal sentido. En el caso de los niños y niñas además del reclutamiento forzado se aplicaban iguales métodos violentos e incluso castigos reforzados.

 

Revelaciones sobre características y actuaciones del Bloque Tolima

El informe en lo relativo a la organización interna del Bloque Tolima destaca tres aspectos fundamentales. El primero se refiere a quiénes conformaban el Bloque Tolima, en lo cual se encontró una notable influencia de militares y exmilitares, así como de familias tolimenses históricamente ligadas a guerra y la violencia desde los grupos antecesores del paramilitarismo en la región. El segundo aspecto se enfoca en las motivaciones y los incentivos de vinculación al grupo, siendo las principales las económicas y las familiares, estas últimas asociadas con la venganza por la pérdida de algún pariente o una afectación directa por las acciones de grupos guerrilleros. Y el tercer aspecto se enfoca en el entrenamiento en lo cual impresiona el que más que instrucción militar los reclutas de manera violenta recibían instrucción técnica para propiciar actos de terror, horror y sevicia contra las víctimas.

En consecuencia, la característica general del Bloque Tolima fue la de una actuación paramilitar con extrema violencia y crueldad contra determinados sectores políticos, sociales y poblacionales. Hecho que se hizo sistemático y llevado a extremo con la articulación con las AUC, que traía el montaje de esta escuela y este modus operandi. El epicentro de los ataques se dirigió contra la militancia del PCC y la UP, la cual principalmente representaba liderazgos indígenas, campesinos, sindicales y en ámbitos comunitarios. A la vez se atacaban sus aliados y se afectó de manera especial a la organización indígena ACIT en tal contexto, con efectos diferenciados contra los pueblos indígenas. Así se afectaron sus derechos colectivos como el territorio, la cultura y la autonomía y con consecuencias asociadas al etnocidio histórico que han sufrido.

A la vez, la violencia paramilitar en sus estrategias de control territorial y poblacional se extendió contra sectores campesinos y sus organizaciones, contra delincuentes menores, drogadictos, los considerados transgresores del orden paramilitar impuesto y de forma diferenciada y con prácticas indignantes contra mujeres y población LGTBI. En sus relatos reconocen: “Se castigaba a las mujeres infieles”. “El homosexual se iba o se moría”. Y de igual forma la carga de discriminación étnica también se revela con expresiones frente a las víctimas tales como “era un negrito”, “era un indiecito”. En tal escenario, la comisión de violaciones contra la población civil fue masiva, grave y sistemática.

Este informe organizó una base de datos con la información de distintas fuentes que evidencia 456 casos de graves violaciones documentadas atribuidas al Bloque Tolima de las AUC, de forma que grosso modo los homicidios contra determinados sectores políticos, sociales y poblacionales, con sentido principal de exterminio político tuvo connotaciones de exterminio hacia determinadas organizaciones políticas, sociales e indígenas, representando  el 40%. Entre tanto, los homicidios contra otros sectores de la población con sentido de exterminio social, ocupan el 60%. De otras formas de victimización se destacan el desplazamiento forzado con el 30% de los casos registrados, la desaparición forzada con 20% y las torturas con 18%.

Los homicidios de carácter discriminado contra supuestos miembros o colaboradores de la guerrilla, por lo regular se hacía contra personas de la población que pertenecían a familias o comunidades o veredas o localidades, donde habían personas que se habían ido a las guerrillas, siendo muy frecuente el señalarlas como supuestos milicianos. Sin embargo, no necesariamente eran ni la gran mayoría de las víctimas tenía compromiso con la insurgencia. Las revelaciones de los ex paramilitares ponen de presente que no se reparaba en investigar cada situación, sino bastaba un señalamiento o la condición referida para proceder a atacar estos sectores de pobladores. “Les iban cascando de una vez”.

Se daban casos de homicidios como castigos ejemplarizantes con el propósito de aterrorizar a la población, como el caso de asesinato público bajo el señalamiento de supuesto informante de la guerrilla o de no obedecer la orden de desplazarse. Los relatos reconocen casos de homicidios motivados por señalamientos que partían de otros pobladores, bien espontáneamente o producto de la coacción. Las 24 masacres cometidas en el departamento sumaron más de un centenar de víctimas y se asocian a hechos como destrucción y pillaje de bienes, estrategias de arrasamiento, amenazas generalizadas a sobrevivientes y desplazamiento forzado. En algunas masacres se menciona la participación de la fuerza pública.

Los relatos afirman que en fosas comunes podría haber despojos mortales de entre 300 y 400 personas y señalan sitios especiales como la Laguna del Hato y los ríos de cada zona. En contribuciones voluntarias se conoció de testimonios de campesinos y pescadores que en sus labores encontraban restos humanos, en ocasiones ubicaban fosas o acuafosas. De tal manera, se afirma la existencia de cementerios clandestinos y acuofosas aún sin identificar por las autoridades. Se revela que llegó a configurar “un nuevo oficio” de rescate de restos humanos, de manera que personas dedicadas a tal labor recibían colaboraciones económicas de familiares de las víctimas fatales. Por su parte, paramilitares postulados a la jurisdicción de Justicia y Paz han revelado 129 fosas con al menos 165 despojos mortales en la región.

Es notorio el silencio y la resistencia a reconocer los casos de violencia sexual, pero se consiguió que un 5% de los desmovilizados participantes en los Acuerdos de la Verdad lo hiciera. Evidenció la participación de mandos y de tropa en los hechos. La afectación principalmente de mujeres, casos de menores de edad y alta afectación contra las trabajadoras sexuales. Resulta impresionante la revelación de la cohabitación forzada de paramilitares con niñas menores de edad y muy jóvenes de los pueblos controlados, sometidas a la vez a frecuentes castigos públicos, tratos denigrantes, desnudez y exhibición forzada y casos de embarazos prematuros y abortos forzados. Impresionan también los casos de violaciones masivas contra mujeres, que denominaron “vaca muerta”, hechos bajo el pretexto de “ser mujeres que andaban de parriba y pabajo”, o bajo el señalamiento de que frecuentan discotecas o bares. El hecho además de ser torturante en varios casos producía la muerte.

Sobre el reclutamiento de menores de edad los relatos de paramilitares desmovilizados hablan de familias que los entregaban, de supuestas vinculaciones voluntarias ante ofrecimientos económicos y de casos donde serían niños guerrilleros que no habrían matado bajo la condición de reclutarlos. Parte de ellos habría muerto en entrenamientos en condiciones de terror, producto de castigos o en medio de combates con la guerrilla.

 

Sobre la regulación y control social autoritario y la búsqueda de legitimación

Explora el informe en otras formas no de violencia directa sino de recursos de presión social, imposición de regulaciones y búsqueda de formas de legitimación, en aras de ejercer control poblacional y territorial. Aunque al respecto fueron diferentes las experiencias en las distintas zonas e incluso entre estructuras y dadas las propias inclinaciones o perfiles de los comandantes o mandos respectivos, se encuentran estrategias y prácticas coincidentes y frecuentes en tal sentido. Entre ellas, la participación y promoción de eventos públicos de distinto orden, intervención en conflictos comunitarios cotidianos, promoción de obras de infraestructura y de aparente beneficio social o comunitario, difusión de discursos y actuaciones que propendían por justificar sus incursiones violentas, interferencia en las instituciones y organizaciones sociales y comunitarias, entre otras.

Estas estrategias estaban articuladas al control violento y la imposición arbitraria de reglamentos, de forma que permanentemente obraran advertencias que derivaban en amenazas públicas de imponer castigos, a quienes desacataran o trasgredieran las órdenes impuestas. “Primero venían los llamados de atención, que se evitaran problemas”. De tal forma, ante el señalamiento de trasgredir las órdenes, la carga de la responsabilidad en los hechos quedaba aparentemente en la misma población victimizada. “Se les advirtió, pero se lo buscaron”. De forma que se imponía el discurso justificador de la coerción impuesta. Los castigos podían ser golpes, “planazos”, retenciones ilegales, tratos humillantes, escarnio público, trabajos forzados, multas o despojo de bienes, destierro y hasta la tortura o muerte. Numerosos relatos ponen de presente el trato diferencial contra las mujeres en los castigos. “A las mujeres por meterse con los maridos de otras”. “Se les castigaba por chismosas o por cachonas”.

El control poblacional impuesto de tipo policivo se extendía a los comercios, el transporte, el obstáculo para el ingreso de personas desconocidas, la imposición de toques de quedas, limitaciones a la libre circulación, los censos locales, el decomiso de celulares, la revisión de remesas y correos y la interferencia en todos los eventos públicos afectando costumbres, tradiciones, las fiestas locales y el turismo. En los lugares de mayor consolidación fungían como un para-poder que imponía regulaciones sociales, tributaciones, formas de justicia y asumían funciones de seguridad, de forma que buscaban imponerse e interactuar frente a autoridades locales de distinto orden, funcionarios e instituciones, diversos actores institucionales, políticos, sociales y comunitarios. El presupuesto era subordinarlos o hacerlos funcionales a sus actuaciones e intereses o presionarlos y atacarlos de no lograrlo. Las alternativas en sus advertencias eran claras: “Se arregla, o se va, o se muere”.

El informe destaca que entre las formas no violentas en busca de legitimación entre la población estaban el involucrarse en la cotidianidad y normalizar la presencia paramilitar, la participación en las festividades y eventos sociales de distinto orden, la entrega ocasional de regalos y el impulso o participación de obras sociales o de interés comunitario. Por ejemplo, expresan desde los relatos: “En San Luis se celebraba el cumpleaños del comandante Juancho, era super, él le compraba regalos a los niños”. “El médico del Bloque Tolima también beneficiaba a la comunidad”.

 

Los vínculos reconocidos con actores estatales y sociales

El informe establece que el Bloque Tolima sostuvo alianzas amplias, involucramiento de determinadas autoridades e integrantes de la fuerza pública y relaciones con sectores de élites políticas y gremiales de la región. Los relatos afirman, entre otros hechos, el que en algunas fincas de empresarios eran cedidos terrenos para el acampamiento e instalar campos de entrenamiento y control paramilitar y la colaboración con suministro ilegal de combustible desde instalaciones de Ecopetrol. Se entrega la versión de una reunión importante de coordinación en Venadillo entre las AUC y personas de la élite regional y la fuerza pública. Se mencionan los casos de contribuciones de distinto orden y las formas de coordinación operativa, de forma que por acción o inacción se favorecía al Bloque Tolima.

Los relatos de los Acuerdos de la Verdad hacen referencia a hechos tales como operaciones del Bloque Tolima que llegaron a ser presentados como éxitos del Ejército, a formas de coordinación en ejecuciones extrajudiciales comúnmente referidas como “falsos positivos”, a los compromisos de actuación conjunta con estructuras de la fuerza pública y al suministro o venta de material de guerra, información y víveres. Dicen en sus testimonios: “Los que quedaban vivos se los pasaban al Ejército que los pasaba como positivos”. “Llegaba el Ejército porque era un convenio”. “El Ejército entregaba víveres, raciones, en bolsas con insignias (oficiales)”. “Muchas veces se patrulló con el Ejército, con la Policía”. “El Ejército les llevó apoyo aéreo”. “Nosotros echábamos pa´delante y ellos más atrás”. “Del Batallón Caicedo iban con el Avantel abriendo campo”. “El comandante de la Policía nunca realizó operativos en contra”. “En El Espinal no capturaban a los miembros del Bloque Tolima”.

Desde estos relatos también se afirma que personal del DAS les vendía información confidencial y se hace alusión a una acción conjunta con personal de ésta institución durante la cual les habrían suministrado chaquetas oficiales. Igualmente se asevera que con varias registradurías municipales conseguían “borrar datos de personas del Bloque Tolima”. Así mismo, se narran interferencias en los hospitales al personal y para conseguir la atención de sus heridos, de forma que se mencionan casos en San Juan, Fresno y Guamo, en los cuales “no los reportaban en los registros”. Se afirma que en San Luis “el alcalde nos apoyó harto”. “Los paras andando en la camioneta del Alcalde”. Sobre alcaldías del norte y de la zona indígena, se dice que les brindaban apoyo electoral a los candidatos y que luego las administraciones le suministraban apoyo y recursos al Bloque Tolima, lo cual pasaba por reuniones directas con los alcaldes, según los relatos se habrían dado ese tipo de situaciones en Purificación, Natagaima y Prado.

Con empresas arroceras, ganaderas, de transporte, petroleras, mineras, cementeras y comerciales, se hace referencia a acuerdos de colaboración económica o de imposiciones extorsivas a favor del Bloque Tolima. “Taxis Verdes se negó y les quitaron unos vehículos”. Con las economías ilegales hay referencias a participación en las economías de la amapola y la coca e imposición de cuotas en sus rutas. De forma que se concluye que el Bloque Tolima obtuvo financiación principalmente de economías ilícitas, de extorsiones y de aportes voluntarios.

 

Aproximación a impactos y daños, memoria de la resistencia

El informe estudia asuntos relativos a impactos y daños sobre dos comunidades campesinas representativas por el tipo de incursiones y efectos producidos contra ellas por el Bloque Tolima: la vereda del Neme, Valle de San Juan, donde el Bloque cometió una masacre en el mes de abril del año 2001; y el corregimiento de Santa Teresa, en el municipio del Líbano, donde el Bloque instaló una base en el año 2003. En el capítulo correspondiente toma especial relevancia la voz de las víctimas, de aquellos que fueron testigos directos, y de personas y organizaciones sociales que han resistido y adoptado estrategias de afrontamiento. Para el informe se realizaron visitas, entrevistas y talleres de memoria y de validación con colectivos de estas poblaciones.

El Valle del San Juan, 24 de abril de 2001. Zona de latifundio con campesinos sin tierra y numerosos minifundios pero al que solo accede el 12% del campesinados. Estigmatización de la población como supuesta colaboradora de las FARC, guerrilla que a la vez realizaba extorsiones y hurtos contra las élites económicas locales. El Bloque Tolima ocupó la vereda Tomogó en San Luis, en el 2000 ingresaron encubiertos integrantes suyos a realizar inteligencia. Al siguiente año realizaron ataques, torturas, desaparición forzada y homicidios que incluyeron una masacre contra pobladores. Divulgaron comunicados con listas de amenazados. Buena parte de la población se desplazó. La Policía no realizó ninguna acción reconocida de persecución, a pesar de la incursión paramilitar en sus alrededores. “Sentenciaban personas en la esquina de la estación de Policía, sin ser percibidos por las autoridades”.

El informe hace referencia a daños causados en la economía, el colectivo social y las familias. Hubo cierre de locales comerciales, abandono de los cultivos y de estanques de piscicultura. Ante la imposibilidad de sembrar no podían responder por los créditos en los bancos. Los paramilitares procedieron al pillaje de bienes, animales, productos agropecuarios y de víveres. Luego quemaban las viviendas y los enseres que quedaban. Se agregaron los daños inmateriales, morales, emocionales, psicológicos y graves efectos sociales, culturales y políticos. Los niños y las niñas dejaron de ir a la escuela y el colegio, el personal docente era llamado “a rendir cuentas” por los paramilitares y los mayores no podían ir a las fincas. “Nadie salía ni a la calle”.

ASOPEMA (Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima) y la ANUC fueron señaladas de tener vínculos con el ELN y el PCC y la UP con las FARC. Perdieron líderes y sus integrantes ante la persecución no pudieron mantener sus actividades. En los testimonios de los pobladores se expresa: “El Estado macartizó a la organización campesina de tener vínculos con los elenos”. “Los paramilitares pero también el Ejército decían que yo era de la guerrilla, me buscaban, entonces salí”. Se afectó la vida comunitaria y cundió la inseguridad, el temor y la desconfianza.

En medio de la incursión paramilitar hubo expresiones de resistencia y estrategias de afrontamiento desde la población y de las víctimas. El interrogar directamente a los jefes paramilitares por parte de las familias de las víctimas fatales o desaparecidas, tuvo escenas de valentía y verdadero heroísmo ante el alto riesgo que implicaba. Relatos en Acuerdos de la Verdad llegan a reconocer manifestaciones de vergüenza y dificultad de tales jefes para responder en tal situación, especialmente cuando eran precisamente las madres y los propios hijos e hijas quienes acompañaban tales demandas. Los resistentes que no salieron del territorio y quienes lo hicieron aún bajo alto riesgo. “Si nos matan que nos maten, pero aquí estaremos”.

Habitantes de Santa Teresa encararon al comandante “Juancho” para aclararle que no eran guerrilleros. La orden era matarme pero mi mamá habló con el comandante, él me llamó y fui, entonces los paracos me dijeron que era un verraco por haber ido y no me mataron”. Los relatos de ex paramilitares coinciden al describir con importancia el reclamo colectivo de pobladores de una vereda que se movilizaron con fuertes exigencias para reclamarles sobre la violación sexual de una niña menor de edad, lo que los puso a la defensiva y los llevó a adoptar medidas en respuesta. En El Neme los encuentros religiosos revistieron la forma de resistencia y solidaridad. “A la de Dios me regreso para allá, por lo que es nuestro”. Algunas instituciones oficiales entraron a colaborar pero de forma deficiente y lejana a lo que la dimensión de la crisis humanitaria y los graves daños sufridos demandaban, por lo cual las voces de las víctimas son críticas al respecto.

 


*Tomado de la reseña del informe escrita por Álvaro Villarraga Sarmiento.