No es de poca monta lo que se requiere, técnicamente hablando, para lograr el uso racional del agua que drena la meseta de Ibagué. Por eso es desconcertante el matoneo mediático a que han sido sometidos los elementos que dan soporte científico a la propuesta de un modelo agropolitano para el desarrollo urbano-regional de la ciudad. 

En contra de las opiniones que han circulado en algunos medios, sostengo en este artículo que la propuesta del mandatario local, Guillermo Alfonso Jaramillo, consistente en la administración sostenible del inventario biofísico de la región a través de la manejo del agua, es pertinente y conveniente para el futuro de la ciudad.

El problema

En la meseta se irrigan en superficie por lo menos 7.525 litros por segundo. Sus ríos subterráneos ofertarían por lo menos otros 15.000, según se colige de varios estudios. Número alto dada la naturaleza sedimentaria de sus rocas, las cuales facilitan las filtraciones o lixiviaciones a los acuíferos subterráneos.

En ese sentido, la alta porosidad de las rocas, la dominante arenosidad de sus suelos y la alta evaporación de la zona, se convierten en factores negativos para el reúso del agua, ya sea en la forma de irrigación o bajo formas lagunares.

Por lo mismo, lo concesión de más de 4.500 litros por segundo de los canales Laserna y Aceituno (con bocatomas en el río Combeima) termina siendo aberrante. Sin mencionar el uso de las aguas residuales que se emplean para el riego de cultivos de arroz, especialmente, con riesgos ambientales que no hemos estudiado (canal Lambafer, por ejemplo).

Este aforo es, de hecho, el que consumía la ciudad hasta hace pocos años, y efectivamente, la tasa retributiva por el uso no ha significado un aporte importante.

De hecho, el arroz Paddy verde de la meseta puede llegar a consumir en promedio 1.200 metros cúbicos de agua por tonelada, cuando el umbral de sostenibilidad recomendado es de 1.000 por tonelada.

Por tanto, se requiere una economía de 200 metros cúbicos de agua por tonelada de arroz Paddy verde producida en la meseta para enfrentar este derroche del recurso. 

La presión demográfica

Además del problema ambiental de la meseta, debemos enfrentar otro: el incremento acelerado de la población urbana de Ibagué y sus conurbaciones hacia el Totumo, Cocora-Coello, el cañón del Combeima, San Bernardo, Picaleña, etcétera, con posibles conurbaciones regionales hacia Alvarado.

Esta demanda nos obliga a pensar en un millón de habitantes urbanos o metropolitanos para los próximos años. Por lo cual, el uso del agua debe ser absolutamente racional o sostenible en el largo plazo, o en el nivel intergeneracional.

En la Figura 1 se pueden apreciar de manera intuitiva los flujos migratorios de la banda oriental de la región de Ibagué, y de allí se infiere que estará sometida a una fuerte presión demográfica, la cual se deberá atender con políticas del agua serias, rigurosas y bien planificadas.

También se muestra la red de ciudades de Ibagué-región, pero corrigiendo el impacto negativo que tendría una propuesta de desarrollos urbanos e industriales en el corredor Bogotá-Girardot/Melgar-Ibagué, y de la hipertrofia misma de la ciudad de Ibagué.

También sugiere que Ibagué deberá compactarse de modo eficiente en sus núcleos urbanos, y deberá empezar a regular los usos del suelo rural disponible en una estrategia de protección de su Estructura Ecológica Principal (EEP), o de su malla ambiental mínima. En consecuencia, habrá que controlar de modo eficiente sus procesos de suburbanización y conurbación, y reorientar de modo eficiente el desarrollo urbano de sus corredores viales.

Por otro lado, habrá que desarrollar medidas de ordenamiento territorial departamental e interdepartamental que faciliten la pérdida de presión demográfica sobre Ibagué, la cual deberá reorientarse hacia Mariquita, Girardot y Espinal, principalmente.

De esta suerte, la producción agraria de la meseta y las terrazas bajas del valle del Magdalena deberán empezar a incrementar la captación de las corrientes subterráneas, optimizar el uso del agua para arroz, ampliar el mosaico de productos agrícolas que no demanden altos consumos de agua, y operar reconversiones tecnológicas con arreglos institucionales para subsidiar de manera diferenciada a los medianos y pequeños productores, e incentivar a los grandes productores.

Se debe implementar en el corto plazo un plan de levantamiento de las concesiones de agua de las fuentes de la región, respetando los caudales ecológicos, en unos casos, o maximizarlos para conservar otros servicios ecológicos.

En esa dirección, el tratamiento del agua residual de los emisarios finales de la meseta de Ibagué (los terratenientes por los que se ha generado el debate) es una obviedad, como también es una consecuencia técnica y jurídica elemental tener que negociar con ellos el uso del recurso tratado o pretratado.

La negociación debe involucrar elementos de compensación monetaria o en bienes ambientales, o su combinatoria, como es usual en nuestro débil marco normativo. Lo que es más, esta plusvalía ambiental debe ser retenida, y deberíamos apoyar estas políticas sin miramientos.

De hecho, la comunidad debe saber que las plusvalías derivadas de nuevas normas y obras urbanísticas nunca han sido retenidas con seriedad en la ciudad de Ibagué.

Por ejemplo, para 2006 el avalúo catastral de la hectárea en varios sectores de la meseta de Ibagué era de $30.ooo, por lo cual el impuesto predial nunca pudo absorber, con las tasas existentes, el incremento extraordinario de la renta del suelo (fenómeno generado desde los años cincuenta del siglo pasado).

Otra aberración politiquera que sí suelen callar la mayoría de los medios locales y regionales.

La ciudad-región sostenible en el largo plazo

El modelo agropolitano es una alternativa compleja e implica muchos arreglos políticos y económicos con distintos actores sociales. Existen otros modelos, como ciudades verdes y compactas, ciudades jardín, ciudades ambientalizadas, ciudades bioclimáticas, etcétera. La propuesta es rica en consecuencias y virtuosa en sí misma.

En mi grupo de investigación en Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad del Tolima, se ha propuesto un Modelo de Ocupación Territorial (MOT) de enfoque agropolitano respetando la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Ibagué, el cual se representa en la Figura 2, con sus respectivas metas en el largo plazo.

Se muestra una apuesta de Modelo de Ocupación Territorial (MOT) que para 2075 busca disminuir gradualmente la tasa de expansión de la urbanización, desestimular la tasa de crecimiento demográfico, optimizar la tasa de renovación y consolidación urbana, y fomentar las tasas de crecimiento agrícola, agroindustrial, industrial, y de servicios educativos, ecoturísticos y tecnológicos principalmente, a niveles de crecimiento constante en virtud de un marco de sostenibilidad de la oferta ambiental del Municipio.

Asimismo, se busca incrementar de manera siempre positiva las tasas de protección del suelo, al mismo tiempo que aumentan las tasas de crecimiento económico. En la fase de inflexión de la expansión de la urbanización, los anteriores cambios en la política de desarrollo territorial deberán ser explicados fundamentalmente por la construcción de una cultura agropolitana afincada en la noción del terruño.

 

Recomendaciones de política de sostenibilidad ambiental para Ibagué

En virtud de lo anterior, puedo sugerir algunos lineamientos de política de sostenibilidad ambiental orientados a la implementación de un modelo agropolitano de Ibagué-región, lo que por supuesto no será suficiente y requerirá de enormes esfuerzos de otras políticas alternativas de desarrollo.

  • El modelo “desarrollista” implementado en Ibagué debe ser reestructurado en la perspectiva de la “sostenibilidad fuerte”, para obtener cambios significativos en los procesos de planificación territorial y ambiental de sus territorios rurales. La materialización de dicha “sostenibilidad fuerte” representa un reto casi “insurreccional” por vías civilistas, dadas las limitaciones de nuestra democracia; y cuestiona de forma radical tanto el homo oeconomicus, como las conductas consumistas, autoritarias y violentas de los actores sociales inmersos en la modernización tradicionalista; lo que en efecto implican cambios de habitus generalmente enmarcados en procesos de larga duración.
  • La “revolución verde” en las zonas mecanizadas y de montaña de Ibagué, con una larga historia de procesos de degradación ambiental, se caracterizan por altos consumos de inputs de materia y energía. En este contexto, los recambios relacionados con mejores prácticas agrícolas que optimicen el uso del agua y sostengan los umbrales de materia orgánica, representan ya un reto histórico que se debería asumirse desde ya en las agendas de gobierno de CORTOLIMA y el Municipio de Ibagué, con distintas alianzas multinivel con otros gobiernos e instituciones. Para este propósito, se hace indispensable fortalecer los procesos de investigación agroecológica orientados a mejorar los rendimientos energéticos de los agrosistemas, disminuir los costos de producción y asegurar cierta sostenibilidad ambiental de los suelos productivos. Dichos resultados de investigación deberán ser incorporados a las políticas de “desarrollo rural” e implementados de forma eficiente con la participación activa y decisoria de los actores económicos.
  • Se hace necesario el fortalecimiento institucional de los programas de vigilancia y monitoreo de las áreas con distintos niveles de protección ambiental y regulaciones de uso por diferentes riesgos, dadas las pobres condiciones de implementabilidad de la política territorial y ambiental del municipio, especialmente aquellas inherentes a las funciones de CORTOLIMA, la Secretaria de Planeación, y la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.
  • Los programas de educación ambiental implementados por el sistema educativo municipal no han tenido los impactos deseados en las prácticas productivas cafeteras, arroceras y ganaderas (agenciadas por pequeños, medianos y grandes productores); por lo cual se requiere la intervención adicional y coordinada de las autoridades ambientales y los gremios económicos, con fuertes enfoques participativos e incentivos económicos en los distintos niveles de la planificación territorial de la zona rural.
  • Aprovechando el posible marco legal del “posconflicto”, se deben diseñar acciones de restitución y redistribución de tierras en zonas de vocación productiva agropecuaria y agroecológica, especialmente en el Abanico, y las partes medias y altas de las cuencas del Combeima, Toche y La China, a fin de impactar en la mejora de las condiciones de vida de la población campesina sin tierra, y en el marco de una política de “desarrollo” rural integral, constituida e implementada con la participación activa de los productores.
  • Los procesos de planificación del “desarrollo local” deberán ser sometidos a escenarios de participación ciudadana mediante figuras legales preexistentes, como “Presupuestos Participativos”, “Consejos Territoriales de Planeación”, entre otros.
  • Finalmente, es necesario fortalecer los estudios científicos sobre las condiciones biofísicas, socioeconómicas y socioculturales de los “territorios” que no fueron estudiados en esta investigación, a fin de obtener una “radiografía” a escala detallada de las condiciones objetivas de implementación de las políticas de “desarrollo” rural integral. Con estos estudios sería factible monitorear a nivel predial los impactos ambientales de los procesos productivos, para lo cual se podrían emplear indicadores y umbrales de “sostenibilidad fuerte”.

Asimismo, con estas valoraciones también sería posible, junto con otras propuestas, iniciar una mesa de discusión entre la Universidad del Tolima y la administración municipal, a fin de esbozar estrategias o mecanismos generales de implementación de los instrumentos de planificación territorial con enfoque agropolitano.

 


Notas

1. En cuanto a las recomendaciones a sugerir, se siguen las aportaciones conceptuales de Ángel Massiris Cabeza, Gestión Territorial y Desarrollo, UPTC, Tunja, Colombia, 2012, pp. 99-123. Se aprovecharon algunas propuestas técnicas de gran importancia y pertinencia, previa revisión de sus implicaciones, contenidas en algunos instrumentos de planificación territorial de Ibagué, las cuales no han sido aplicadas: POT (2000), POMCA (2006), POMCA (2007), POMCA (2008), FRM (2001), CSCC (2006), POF (2007), EVRM (2009) y AAI (2010). Y de otras localidades, con avances significativos en la ordenación ambiental, como los Determinantes Ambientales de Caquetá (CORPOAMAZONÍA, 2014). Las medidas sugeridas aquí no pueden suponer desplazamiento forzoso de población de las áreas de interés ambiental, y deberán estar mediadas por profundos procesos de participación y concertación con las comunidades campesinas.