Sin otro recurso que las vías democráticas, las comunidades consiguieron lo que ninguna guerrilla en todas las décadas de conflicto armado puso conseguir: paralizar lo que el Gobierno nacional y el mismo gremio proyectaron y presupuestaron para el futuro de “economía nacional”.

Cajamarca y Piedras en el TolimaJericó en Antioquia, Cabrera y Arbeláez en Cundinamarca, Cumaral en Meta, Pijao en el Quindío y nueve municipios del Huila, decretaron a través de consultas populares y de sus consejos municipales, que la minería a cielo abierto, la explotación petrolera y la construcción de represas en sus territorios, no tenía cabida.

La premisa, en todos los casos, es una sola: el agua vale más que el oro y el petróleo, la tradición agrícola prevalece por encima de la explotación de los recursos naturales. Muchos medios han catalogado estas pujas como la de David y Goliat.

Declaraciones de voceros del gremio mineroenergético, como el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, afirman que se están poniendo en riesgo recursos por el orden de los $215 billones y la misma inversión del Estado en los territorios dado que, como se sabe, de la explotación de hidrocarburos dependen las regalías para los municipios y departamentos.

 

Los presidenciables frente a la coyuntura

De cara a las elecciones del próximo año, el periódico El Nuevo Siglo hizo un rastreo de la opinión de algunos precandidatos presidenciales, con la pretensión de rastrear sus posturas frente al tema. Esto es lo que encontró: 

Para Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo Democrático Alternativo, las consultas deben hacerse pero “habría que mirar cómo se pueden hacer”. Para el Senador, “el Gobierno no puede hacer lo que quiera porque es el dueño del subsuelo”, y con ese argumento, “atropellar a los que viven en el suelo”.

Lo mejor es que se tomaran determinaciones muy precisas y de detalle de cómo realizar eso, pero en el entendido de que las consultas deben realizarse”.

Clara López, quien acaba de lanzar su candidatura por firmas, dijo que ve las consultas como una necesidad, pues son una forma de participación ciudadana, pero que deben entrar en convergencia y diálogo con el Gobierno nacional y los diferentes estamentos que tienen que ver con el uso del suelo.

Iván Duque, del Centro Democrático, y Martha Lucía Ramírez, de Partido Conservador, coinciden en que hace falta una reglamentación que ponga en sinergia a comunidades, medio ambiente y Gobierno. Un marco de estabilidad jurídica.

En el plano económico, Carlos Holmes y María del Rosario Guerra, ambos del CD, expresaron que no se puede frenar el desarrollo minero-energético del país y que se deben tomar medidas que le permitan a la ciudadanía estar informada, al tiempo que prime le economía nacional y que el tema no se traslade a una discusión sobre el uso del suelo, porque según ellos, de eso no se trata.

Alejandro Ordóñez, quien también está recogiendo firmas, enfatizó en que hay varios aspectos.

Primero la actividad extractiva debe estar enmarcada en la responsabilidad ambiental y en la responsabilidad social. Segundo, las regiones en las cuales se realice esa extracción debe recibir los beneficios de las regalías, deben entender los beneficios de esa actividad”.

Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal, puso en primer plano la voluntad de las comunidades, afirmando que no se debe desconocer sino que deben enterarse de los beneficios, para que se aparten de los prejuicios que la actividad minera suscita.

Antonio Navarro, precandidato presidencial de la Alianza Verde, indicó que presentó un proyecto de ley que organiza bien esa relación entre la actividad de la industria extractiva y la comunidad.

Lo que pasa es que tiene que haber una relación del trabajo conjunto más elaborada, hay que ganarse la licencia social”.

Finalmente, el informe expone la postura de Roy Barreras, precandidato por el Partido de La U, quien advierte que los recursos naturales y el medio ambiente están por encima de la minería.

 

Cambio de paradigma

La imagen noventera que nos vendieron de que petróleo es bonanza y ‘plata’ para las comunidades, se ha venido derrumbando como fichas de dominó en seguidilla.

En su retórica, los precandidatos presidenciales no aportan nada concreto a lo que ya es generalizado tanto a favor como en contra de las consultas, tratando el tema con pinzas, debido a los intereses electorales que tienen.

El sector de hidrocarburos y minería, se preocupa porque su gremio se encuentra directamente afectado. A la fecha, según la Asociación Colombiana de Petróleos, existen en total 44 iniciativas de consultas populares en contra del sector mineroenergético, de las cuales, 20 son contra hidrocarburos, antecedidas por victorias contundentes del No. 

 

Ver: consolidado de Mecanismos de Participación ciudadana

 

Esta es apenas es la punta del iceberg de un problema a escalas mayores, en el que se encuentran en juego una base fundamental de las rentas del Estado y la protección del medio ambiente, sin reglas suficientemente claras para ninguno.

Mientras los resultados las consultas y las decisiones de las corporaciones son celebradas por las comunidades y los ambientalistas, el Gobierno y su cartera de Minas, en contraposición a la Corte Constitucional, persisten en un choque de trenes con la institucionalidad del Estado y la voluntad popular.

 

¿Y Cajamarca qué?

 

Foto: Conciencia Campesina

Luego del anuncio de cese de actividades y retiro de Anglogold Ashanti del municipio, el alcalde Pedro Marín ha insistido en que los resultados de la consulta y la posterior salida de la multinacional, afectó la estabilidad económica del municipio.

La respuesta de otros líderes políticos del municipio como Julio Roberto Vargas, en este medio, y del concejal opositor, Camilo Andrés Padilla, en El Espectador, dejan abierto el debate sobre la supuesta inevitabilidad de los proyectos mineros o la presumida autosuficiencia de la agricultura. 

 

Puede ver: La crisis de Cajamarca es la crisis del campo, no de la minería

 

La victoria del No parece estar opacándose con el paso del tiempo. Lo que pareció una posición consensuada y unánime pierde fuerza, y aunque Anglogold parece que salió, declaraciones desde el ministerio de Minas deslegitiman y desconocen dichos resultados, dándole facultades a Anglogold para que vuelva cuando quiera, posición a la que la empresa no ha hecho alusión.

Amanecerá y veremos.